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miércoles, 20 de mayo de 2009

El Watergate guatemalteco

Hace 36 años, unos fontaneros, sorprendidos mientras husmeaban en el cuartel de la oposición, fueron la primera pieza del dominó que terminó con la renuncia del presidente de EE.UU., Richard Nixon. Esta pista marcó el inicio de una investigación que llevó a dos reporteros del Washington Post, Woodward y Bernstein, a descubrir el mayor escándalo político en la historia de EE.UU.

La difusión de esta investigación periodística desbarató la falsa creencia de que lo que conviene al Gobierno de turno se confunde con los intereses supremos del Estado y, por ende, el público siempre debe quedar condenado a la desinformación y a la ignorancia. Una connivencia de este tipo entre prensa y Gobierno es tierra fértil para la corrupción y el crimen.

El periodismo investigativo debe ser un contrapoder al servicio del gobernado. Esa es su maravillosa esencia. Tiene que desconfiar de la verdad oficial y darla por falsa mientras no se demuestre lo contrario.

La prensa independiente debe ser fiscalizadora del Gobierno. Ese es el periodismo que es útil para la democracia. Sin ese compromiso la prensa termina convertida en vehículo de publicidad o propaganda de los poderosos.

En América Latina ha habido investigaciones periodísticas que han puesto al descubierto a ídolos de barro, especialmente sus abusos como gobernantes. Algunos de estos pararon en la cárcel, en tanto que otros evadieron el castigo a través de la impunidad judicial, pero no pudieron eludir el juicio de la historia.

Los casos de Alberto Fujimori Fujimori (Perú), Rafael Ángel Calderón Fournier (Costa Rica), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Carlos Saúl Menem (Argentina), Arnoldo Alemán Lacayo (Nicaragua), Carlos Salinas de Gortari (México), Carlos Andrés Pérez Rodríguez (Venezuela) y Lucio Gutiérrez Borbúa (Ecuador), son grandes victorias patrióticas del periodismo de investigación.

Las denuncias del malogrado abogado Rodrigo Rosenberg Marzano son terreno fértil para un periodismo de investigación comprometido con la democracia institucional guatemalteca, por lo que la prensa independiente no debe escatimar esfuerzos en desentrañar la verdad.

En todo caso, la verdad no debe ocultarse en una genuina democracia; la verdad es libertad positiva, es esencial para el crecimiento y la vida, es fundamento de la integridad espiritual. Una sociedad que no privilegia la verdad, está en bancarrota moral.

(El Periódico, Guatemala)

martes, 12 de mayo de 2009

Otro asesinato espeluznante

El pasado domingo, en horas de la mañana, Rodrigo Rosenberg Marzano, ex vicedecano de Derecho de la Universidad Rafael Landívar y ex director de la Cámara de Comercio de Guatemala, fue asesinado a pocos metros de su residencia localizada en la zona 14 de la capital. Los sicarios le acertaron 7 impactos de bala y quedó tendido en el asfalto.

Ha trascendido que Rosenberg Marzano era el abogado del industrial Khalil Musa Bassila, quien fue asesinado junto a su hija Marjorie Musa hace aproximadamente un mes, y que el móvil del crimen es que Rosenberg Marzano había profundizado en las pesquisas del doble asesinato de sus clientes y que había detectado quiénes fueron los autores intelectuales.

Asimismo se sabe que Rosenberg Marzano fue amenazado en reiteradas ocasiones, presuntamente con el propósito de que no denunciara el resultado de sus investigaciones.
El asesinato de Rosenberg Marzano coincide con la visita a nuestro país del relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy. La misión principal del relator Despouy es apoyar la transparencia del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones.

En nuestra opinión, el relator Despouy debe imponerse del crimen del abogado Rosenberg Marzano, sobre todo porque fue precedido por otro doble asesinato que él mismo investigaba.

Todo apunta a que el asesinato Rosenberg Marzano, así como los de los señores Musa, fueron perpetrados por cuerpos ilegales o aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) que operan en el marco del denominado Estado Paralelo, que investiga la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), bajo la conducción del español Carlos Castresana.

Son las “gusaneras” incrustadas en el sector público que en su oportunidad denunció y evidenció el ex vicepresidente Eduardo Stein, y que, con absoluta impunidad, siguen segando vidas de seres humanos en este suelo ensangrentado.

Por tanto, resulta imperativo que este crimen, así como los otros cometidos contra operadores de justicia y abogados, se esclarezca y que los responsables sean debidamente castigados. La impunidad sería, además de injusta, intolerable e inadmisible.

(El Periódico, Guatemala)