Carta a los médicos graduados en Cuba

Chicos:

¡Bienvenidos a casa! No se dejen confundir por esta extraña campaña que se está haciendo contra ustedes. Son bienvenidos. Los necesitamos aquí.

No exijan privilegios, sólo porque ahora están en el poder los amigos políticos de Cuba. Pero tampoco acepten que les sigan marginando, sólo porque han sido becados por Cuba.

Me consta que aquí les pusieron cualquier traba a la incorporación profesional en su propio país. Mi hija Kharis vino de Cuba, graduada de médico, con un enorme entusiasmo porque al fin, luego de exilios y estudios, regresaba a su país. Aquí le hicieron imposible trabajar. Se fue para España, con el corazón roto, e inmediatamente le reconocieron el título cubano y le dieron plaza para sacar su especialidad. Ahora está feliz en España, porque se siente reconocida, acogida, y retada como profesional. Pero le queda una herida por el rechazo que sufrió aquí.

En el pasado, a la mayoría de ustedes los han marginado a su regreso, no sólo porque se graduaron en Cuba, sino por pobres. Porque ustedes se fueron a Cuba, no por razones políticas, sino porque aquí no había becas para ustedes.

Les reclaman que sólo han cursado cinco años, que “sólo” son licenciados. Bueno, en Alemania también la mayoría de los médicos son licenciados - sólo los que tienen ambiciones de una carrera de docencia luego sacan el doctorado.

Mejor buenos licenciados que malos doctores. Estoy seguro que entre ustedes hay médico excelentes, médicos mediocres y médicos malos – igual que entre los egresados de las Universidades salvadoreñas. Por esto no puede haber ni preferencias ni marginaciones, sino un trato justo. Que cada uno se gane su puesto, según sus capacidades, conocimientos y disposición de entrega.

Si el gobierno de izquierda ahora da trato preferencial a los graduados en Cuba, hay que parar este abuso. Pero no con difamaciones, ni con argumentos clasistas, ni con criterios políticos. Haber estudiado en Cuba no califica a nadie encima de sus colegas que estudiaron aquí, pero tampoco lo descalifica.

Repito: ¡Bienvenidos en su patria que los necesita!, les dice Paolo Lüers

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Carta al viceministro de transporte

Estimado Nelson García:

Ayer estuve en el programa de Pencho y Aída, y se armó una gran jodedera por las cartas que escribo en el MAS!, sobre todo a los funcionarios públicos. Y sobre todo criticándolos. La gente habló por teléfono a la radio y me pidió cartas. ¿Y sabe a quién? A Usted.

Hasta me dieron los temas para la gran regañada: por la gran trabazón en el Boulevard del Ejército que usted armó con el cuarto carril; por las horas de tortura que pasa la gente cada día dos veces, camino al trabajo y a la casa; por haberlo robado a Norman Quijano su Metrobus, pero para no hacerlo...

Tal vez sea por la hora del programa, cuando todo el mundo está tratando de llegar a su trabajo. Tal vez por esto en la mañana la gente odia al viceministro de transporte. Puede ser que si fuera a un programa radial nocturno, la gente me pidiera cartas al ministro de seguridad, porque a esta hora lo que mas siente es el miedo y la impotencia frente al toque de queda que los pandilleros imponen en la colonia...

Pero la gente tiene razón. El caos de transporte público y del tráfico que vivimos es insoportable. Y usted como responsable no tiene un plan para que esto se solucione. En vez de sacar a los buses del centro histórico, usted quiere convertir Catedral en una terminal de buses. En vez de apoyar la iniciativa de Norman de ordenar la ciudad, usted le pone más obstáculos.

En vez de poner a sus agentes de tránsito a sacar de circulación a los vehículos que no andan sin luz y frenos, los pone a multar a los que se pasan un mes de renovar la licencia o la tarjeta de circulación.

La gente tiene razón, señor viceministro de Transporte: Reprobado.

La gente pide su renuncia, yo sólo se lo transmito, Paolo Lüers

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“El nuevo contexto político del país”

Exposición del Dr. Pedro Nikken en la ‘Reunión de Análisis del Nuevo Escenario Nacional 2011’, el 4 de enero 2001,
en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas/Venezuela

Agradezco al Rector Virtuoso el honroso y comprometedor encargo de introducir la nueva situación política, surgida como consecuencia de la súbita irrupción de un nuevo marco institucional que violenta la Constitución así como estándares universales de la democracia y del estado de derecho. Después de haber completado mi carrera académica en la Universidad Centra de Venezuela, no puedo ocultarles mi emoción al regresar a la Universidad de donde egresé en 1968 para compartir con la comunidad reflexiones sobre los graves momentos por los que atraviesan la Universidad venezolana y la República misma.

Comienzo con dos puntos aclaratorios de esta introducción. El primero consiste en pedir disculpas anticipadas por un análisis predestinado a ser incompleto. Dada la envergadura de las transformaciones del orden jurídico-político involucradas en el paquete de leyes y medidas decididas por la Asamblea Nacional y el gobierno como un todo, estoy seguro de que esta presentación olvidará o no tendrá presentes algunas de ellas. El segundo, está referido a la naturaleza de esta presentación, que no se referirá de manera particular al contenido concreto de cada ley componente de ese paquete. Se trata entonces de una visión global, que tratará de determinar en qué punto del proceso político de la Revolución Bolivariana nos encontramos.

El nuevo cuadro político, surgido de la asonada parlamentaria de diciembre de 2010, se caracteriza por el abandono desembozado de principios fundamentales de la democracia y del estado de derecho. Esto se manifiesta en dos órdenes concurrentes. Por una parte, tenemos una nueva sobredosis de concentración del poder en cabeza del Presidente Chávez. Por otra parte, se ha tomado medidas que agravan dramáticamente la asfixia de la sociedad y cercenan la disidencia y la crítica

I. Más concentración de poder: autoritarismo

La primera medida que tomó la Asamblea Nacional en diciembre, el día 8, fue la atropellada designación de nuevos Magistrados (9 principales y los 32 suplentes) al Tribunal Supremo de Justicia, sin atenerse a los requisitos prescritos por la Constitución, toda vez que se ha designado a abogados sin la experiencia judicial ni académica exigida, como lo son varios parlamentarios actuales del partido de gobierno, cuyo mandato como tales se extingue el 5 de enero de 2011. Si la politización e instrumentalización del poder judicial eran un hecho notorio, esta última designación agudiza el vicio hasta lo grotesco. Tan grave, que una ex magistrada, no caracterizada precisamente por su posición crítica frente al régimen, como lo es la profesora Hildegard Rondón de Sansó, la resumió diciendo que un sector fundamental del poder del Estado, va a estar en manos de un pequeño grupo de sujetos que no son juristas, sino políticos de profesión, y a quienes corresponderá, entre otras funciones el control de los actos normativos.” Se completa así el anonadamiento de la justicia que ha venido fraguándose desde que se instauró el actual régimen.

Sin menoscabo de la importancia de esas designaciones, lo más grave ha sido lo que no vacilo en calificar como golpe de estado contra el parlamento electo el 26 de septiembre de 2010. Una Asamblea Nacional agónica delegó en el Presidente de la República la potestad de legislar durante un período que excede de su mandato, durante el cual esa potestad correspondía y ciorresponde a quienes eligió el pueblo para ejercerla. Más allá de las formas jurídicas, es obvio que se incurrió en un claro abuso de poder, que defrauda ilegítimamente la voluntad del soberano. La mayoría circunstancial de 2005 encontró un ardid para imponerse sobre el voto de 2010 y extender el efecto de aquel precario mandato hasta 2012. Es una imposición a la vez ilegítima y antidemocrática, que se prevale de la sumisión del poder judicial para garantizar que se la comete impunemente.

Adicionalmente, haciendo abstracción de la justificación invocada para semejante delegación legislativa y de su fundamentación formal en la Constitución venezolana, con ella se ha facultado al Presidente a decretar leyes que, bajo conocidos estándares internacionales de universal aceptación, sólo pueden emanar de los órganos legislativos previstos en la Constitución y democráticamente elegidos, como lo son el establecimiento de nuevos delitos y penas, y las limitaciones a los derechos humanos, incluida la anunciada restricción de la cooperación internacional que reciben las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que luchan en defensa y promoción de los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Este es un aspecto inderogable del principio de legalidad, esencial para la vigencia del estado de derecho y la democracia constitucional.

A esto se agrega que se ha reformado el Reglamento de la Asamblea Nacional, en términos que restringen de manera irrazonable y abusiva las posibilidades reales de que los diputados elegidos el 26 de septiembre de 2010 puedan ejercer efectivamente su mandato. Se reducen las sesiones a una semanal y limita el tiempo que puede usar un parlamentario en los debates a diez minutos máximo y a tres minutos de réplica. Para privar a los 65 diputados que eligió la oposición del ejercicio real de su mandato, se ha procedido a sepultar al parlamento como tal. Se ha configurado así un verdadero golpe de estado contra la Asamblea Nacional elegida el 26 de septiembre de 2010, a la que se pretende condenar a ser un parlamento que no legisla y que no debate.

Adicionalmente, la Asamblea Nacional saliente ha aprobado, sin un debate abierto y participativo en su seno ni en la sociedad, un conjunto de leyes que se apartan del concepto de Estado federal descentralizado pautado en la Constitución de 1999 para sustituirlo por el Estado comunal centralizado, con lo que se culmina un proceso ilegítimo iniciado hace dos años destinado a dar vida, por la vía legislativa, a la reforma constitucional propuesta por el Presidente de la República en 2007 y rechazada por el pueblo en el referéndum que tuvo lugar el 2 de diciembre de esa año. Se consolida una reordenación territorial fundada en las denominadas comunas y la creación de un “Poder Popular”, no previstos en la Constitución; se sustituye al municipio como “unidad política primaria de la organización nacional”, como lo pauta la Constitución, por la comuna y se pretende despojar, en cambio, de sustanciales competencias a órganos constitucionales electos popularmente, como lo son los alcaldes municipales y los gobernadores estadales.

Adicionalmente, a través de una ley especial, se ha concebido una “sistema económico comunal” al margen y en contra de la Constitución, en el cual se impone el llamado modelo productivo socialista, se crea una banca comunal, se ignora la propiedad privada y se la sustituye por una indefinida “propiedad social”, se introduce una “moneda comunal” al margen del Banco Central de Venezuela y establece el trueque como medio institucional de comercio de bienes y sevicios.

Esta estructura, que afecta a todos los estados y municipios, es particularmente nociva en las entidades territoriales donde el partido de gobierno perdió las elecciones, pues se traduce en el desplazamiento de alcaldes y gobernadores electos por el pueblo conforme a la Constitución por funcionarios y entidades no constitucionales, que obedecen las líneas y directrices del Presidente de la República. Este es un punto de inflexión en la asfixia a la sociedad y a la disidencia, característica que no limita el momento político actual a los riesgos de autoritarismo, sino a que el Estado cope todos los espacios del cuerpo social, en un proyecto totalitario.

II. La asfixia de la sociedad: el totalitarismo

Otras leyes vulneran las reglas del juego democrático y evidencian franca contradicción con disposiciones explícitas de la Constitución de 1999, con el inocultable propósito de ahogar y penalizar a quienes disienten del proceso político impulsado por el Presidente Chávez. Entre éstas se encuentran una reforma a la ley que rige los medios de comunicación audiovisuales, que restringe aún más la libertad de expresión y que afecta incluso la libertad de utilización de Internet en Venezuela; una ley con conceptos vagos que permite sancionar a las organizaciones de derechos humanos que reciban financiamiento de la solidaridad internacional, como se autoriza y promueve en cánones aprobados por las Naciones Unidas; y una ley que priva a las universidades del pluralismo y la autonomía que son de su esencia y que les reconoce la Constitución. Se trata de sofocar todo foco de disidencia, con la imposición de un pensamiento único o, lo que es peor, de abolir el pensamiento crítico y abatir el pluralismo democrático.

Adicionalmente, se han agudizado las confiscaciones de la propiedad privada. Se ha burlado la norma constitucional según la cual “sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.” Con el apoyo de la Fuerza Armada, vale decir, de las armas de la República, se ocupan tierras, inmuebles e instalaciones industriales y comerciales productivas, sin juicio de expropiación ni pago de indemnización. Se avanza así hacia el estado propietario de los bienes de producción, conforme a los reconocidos cánones del llamado socialismo real.

Por último, pero no por ello menos importante, el Consejo Nacional Electoral, con una composición aún más radicalizada de partidarios del gobierno, ha establecido nuevas restricciones a la observación electoral. Se suprimió, en la práctica, la observación internacional, mientras que se ha sometido a la observación nacional a restricciones inadmisibles, como la confidencialidad de sus resultados. Tras una amenaza de cancelar el reconocimiento de Ojo Electoral como observador nacional en las elecciones parlamentarias de septiembre, no se lo acreditó como tal en las elecciones parciales del 5 de diciembre. Las elecciones de 2012 se avizoran así como un evento en el cual el Presidente Chávez no invitará al electorado a reelegirlo sino que le ordenará así hacerlo.

Conclusión: Se traspasó la frontera de la democracia.

Con estas acciones, ejecutadas sorpresivamente en un lapso de pocos días, se han afectado elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia según la Carta Democrática Interamericana, como lo son, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, la transparencia de las actividades gubernamentales y la libertad de expresión y de prensa.

Creo que esto se explica porque el gobierno ha constatado que su verdadero proyecto político carece de respaldo popular y ha resuelto imponerlo a como dé lugar.

En el plano político, a partir de su reelección en 2006, el Presidente Chávez ha venido propulsando un mayor radicalismo de su proyecto político y, en paralelo, ha visto disminuir progresivamente su popularidad, su credibilidad y su capacidad de convocatoria. Desde entonces sólo ha ganado claramente una elección, que fue la enmienda para permitir la reelección, en la que tuvo que emplearse a fondo, abusando, como nunca, de los recursos del Estado y presentándola no como un mecanismo para permitir su perpetuación como Presidente vitalicio, sino como una ampliación de los derechos del pueblo elector, e implicando a gobernadores y a alcaldes en la propuesta. Perdió el referéndum constitucional de 2007, sufrió un descalabro en las elecciones locales de 2008 y perdió, en las cifras nacionales de votación, las parlamentarias de 2010, aun cuando, dadas las características de los circuitos electorales, consiguió mayoría parlamentaria, aunque menor a las tres quintas partes de los diputados electos. Estas mermas no son casuales, y pueden encontrar explicación parcial en el rechazo mayoritario a las medidas más radicales del gobierno, en particular cuando se asocia con el modelo cubano, cuando ataca la propiedad privada y cuando vulnera la libertad de expresión.

Adicionalmente, la situación económica ha venido empeorando, como seguramente será explicado por la profesora Patricia Hernández. La devaluación de cerca del 70% del bolívar sobre el dólar, para bienes de primerísima necesidad, tendrá un efecto devastador sobre la economía de los más necesitados y redundará sin duda en un aumento significativo del malestar social. Los avances que, según las estadísticas oficiales, se han producido en el combate a la pobreza crítica, se desvanecerán con esta nueva carga tributaria a los pobres, que se traduce en aumentos de no menos del 50% en alimentos de la cesta básica y en medicamentos.

Ese contexto presagia que la caída de la adhesión al proyecto político del Presidente Chávez se agudizará en lo inmediato. Curiosamente, cuando la mayoría ha mostrado que repudia la radicalización, lejos de seguir democráticamente ese parecer mayoritario, se escoge el camino de transgredir gravemente las reglas de la democracia constitucional, para imponer por la fuerza el proyecto radical. Me atrevo a decir que entre la situación política y la situación económica al proyecto bolivariano se le acabó la gasolina de la democracia y ha optado por recurrir a esquemas conocidos del llamado socialismo real. El pregonado socialismo del siglo XXI muestra entonces su verdadera cara de estalinismo del siglo XX.

El régimen del Presidente Chávez hizo abandono de su legitimidad democrática de origen y la pervirtió en su ejercicio. Entramos en la etapa de la dictadura, una palabra que muchas veces me rehusé a pronunciar cuando pervivían, aunque precarios, los espacios democráticos que se han cerrado abruptamente con la asonada parlamentaria de diciembre último. Se ha orquestado un golpe de estado contra las instituciones democráticas y contra la mayoría que votó contra el gobierno en las elecciones parlamentarias, al abrigo de la sorpresa y en plenas festividades navideñas. Ha sido una estratagema premeditada y bien tramada, propia de un gobierno que utiliza la astucia de los militares que gobiernan para tender emboscadas.

Es natural que el actual estado de cosas despierte la indignación de la sociedad, tanto por las medidas que han configurado un golpe contra la democracia, en los ya reducidos espacios que quedaban, como por las consecuencias sociales de la devaluación de la moneda. Por lo tanto, es previsible también que el porvenir sea de mayor represión y de mayor espionaje, como corresponde a un gobierno que ha decidido abandonar el camino de la democracia. No es concebible que el gobierno haya tramado este sorpresivo escenario en diciembre si no está listo para ahogar brutalmente las protestas en enero, como ya lo han hecho en el pasado los gobiernos impuestos por la extinguida Unión Soviética en Europa del Este.

Sólo la magnitud de la reacción de la sociedad será capaz de inhibir la represión. Ese es un reto para la sociedad. Creo que no tiene otro camino que la protesta masiva, la desobediencia y la resistencia para enfrentar la destrucción de las instituciones democráticas; pero debe prepararse para hacerlo con éxito. La sociedad no está suficientemente organizada para el reto que tiene frente a sí. Corresponde a sus líderes improvisar esa organización y trazar una estrategia eficaz y coherente para obligar al gobierno a retroceder.

Otra dificultad de la reacción contra el nuevo cuadro político es la desmoralización de la sociedad, agotada por luchas fracasadas, atizadas por una alarma que no siempre se justificaba. Es capital que las luchas que se avecinan se encarguen de levantar la autoestima y la confianza en la capacidad del pueblo para imponerse sobre la ilegitimidad que se abate sobre el país. Si la sociedad no se levanta de inmediato, el gobierno aplicará todo el paquete legislativo de diciembre sin dificultad y anonadará a una sociedad pasiva. Pero es necesario que la protesta esté impregnada de optimismo y de la ilusión de construir la grandeza de Venezuela.

La comunidad internacional debe ser movida a considerar la nueva situación venezolana. Esto no será posible sin una reacción popular adecuada. A la vez, una iniciativa de los foros internacionales de debatir el último giro del gobierno venezolano, puede ser un aliento importante para esa reacción popular. Sin embargo, no deben cifrarse ilusiones en lo internacional. Puede ser un respaldo, pero no es la solución. La solución está en nosotros mismos, llamados hoy por la historia a estar a la altura de un desafío que es de vida o muerte. La supervivencia de la Universidad autónoma, científica y fecunda y de la República democrática, constitucional y pluralista dependerá del éxito de las luchas populares para su salvación. Es nuestra decisión llevarlas adelante con determinación y con brío, contra la represión, el autoritarismo y el totalitarismo de la dictadura que se instaura ante nuestros ojos. Con todos los medios pacíficos legítimos de los demócratas, pero también con la determinación de sostenerla por el tiempo que sea necesario hasta vencer. ¡Nunca nos rendiremos! ¡Nunca!

(Pedro Nikken: Abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, (1968). Diplomado de Estudios Superiores de la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París (París II) (1973). Doctor en Derecho de la Universidad de Carabobo, Venezuela (1977). Profesor de la Escuela de Derecho y del Postgrado en Derecho y Política Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Ex decano de la misma Facultad (1978-1981). Juez (1980-1989) y ex presidente (1983-1985) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miembro de la Comisión Andina de Juristas (1986). Vicepresidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1988). Ha sido Relator Especial de Nacionaes Unidas para El Salvador en materia de Derechos Humanos.)

Carta a los abuelos que se tomaron catedral


Queridos padres de los caídos en la guerra:

Este es el colmo de los colmos: A ustedes, que han perdido a sus hijos que combatieron en cualquiera de los dos bandos durante la guerra, les concedieron una pensión mínima de $50 al mes. Como ya eran viejitos -y además pobres- los gobernantes pensaban que al final del año 2010 el problema de ustedes ya se habrá resuelto. Pensaban que a esta altura todos ustedes hubieran tenido la decencia de morirse para ahorrar al Estado estas pensiones.

Por esto, al decreto que crea la pensión para los padres de los caídes en la guerra, le pusieron fecha de vencimiento: el 31 de diciembre del 2010.

El problema es que muchos de ustedes (se estima unos 10 mil) se han negado a morirse. ¡Viejitos tercos! Se niegan a morir a tiempo y siguen jodiendo – además a un gobierno ‘de izquierda’, que tiene otras preocupaciones más urgentes, como comprar aviones y nuevas camionetas Prado.

El gobierno de apellido ‘cambio’ (y que por matrimonio con el FMLN se pone ‘de izquierda’) no ve ninguna razón de seguir pagando estas sus pensiones.

Es el colmo. Si ustedes necesitaban la pensión cuando terminó la guerra, ¿cómo no la van a necesitar, con más urgencia, ahora que son más ancianos?

Funes les ofreció un aguinaldo y ustedes tuvieron la decencia de mandarlo al carajo. Comen todos los meses, no sólo en diciembre. Ustedes merecen que no se les corte su pensión. Se tomaron catedral, porque nadie les hizo caso. El FMLN se queda callado, porque ustedes ni militan en su partido. Los padres de los combatientes caídos sólo son militancia histórica, y esto ya no cuenta. Además ustedes andan juntos con los papás de soldados caídos. Sospechoso...

Quédense en Catedral hasta que les hagan caso. Ustedes son la reserva moral de este país. Tienen derecho de morir con dignidad.

Un gran abrazo, Paolo Lüers

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A clear and present danger to Free Speech

THE so-called Shield bill, which was recently introduced in both houses of Congress in response to the WikiLeaks disclosures, would amend the Espionage Act of 1917 to make it a crime for any person knowingly and willfully to disseminate, “in any manner prejudicial to the safety or interest of the United States,” any classified information “concerning the human intelligence activities of the United States.”

Although this proposed law may be constitutional as applied to government employees who unlawfully leak such material to people who are unauthorized to receive it, it would plainly violate the First Amendment to punish anyone who might publish or otherwise circulate the information after it has been leaked. At the very least, the act must be expressly limited to situations in which the spread of the classified information poses a clear and imminent danger of grave harm to the nation.

The clear and present danger standard has been a central element of our First Amendment jurisprudence ever since Justice Oliver Wendell Holmes Jr.’s 1919 opinion in Schenk v. United States. In the 90 years since, the precise meaning of “clear and present danger” has evolved, but the animating principle was stated brilliantly by Justice Louis D. Brandeis in his 1927 concurring opinion in Whitney v. California. The founders “did not exalt order at the cost of liberty,” wrote Brandeis; on the contrary, they understood that “only an emergency can justify repression. Such must be the rule if authority is to be reconciled with freedom. Such ... is the command of the Constitution. It is, therefore, always open to Americans to challenge a law abridging free speech and assembly by showing that there was no emergency justifying it.”

On the other hand, the First Amendment does not compel government transparency. It leaves the government extraordinary autonomy to protect its own secrets. It does not accord anyone the right to have the government disclose information about its actions or policies, and it cedes to the government considerable authority to restrict the speech of its own employees. What it does not do, however, is allow the government to suppress the free speech of others when it has failed to keep its own secrets.

We might think of this like the attorney-client privilege. If a lawyer reveals his client’s confidences to a reporter, he can be punished for violating that privilege — but the newspaper cannot constitutionally be punished for publishing the information.

There are very good reasons why it makes sense to give the government so little authority to punish the circulation of unlawfully leaked information.

First, the mere fact that such information might “prejudice the interests of the United States” does not mean that that harm outweighs the benefit of publication; in many circumstances, it may be extremely valuable to public understanding. Consider, for example, classified information about the absence of weapons of mass destruction in Iraq.

Second, the reasons that government officials want secrecy are many and varied. They range from the truly compelling to the patently illegitimate. As we have learned from our own history, it is often very tempting for government officials to overstate their need for secrecy, especially in times of national anxiety. A strict clear and present danger standard — rather than an unwieldy and unpredictable case-by-case balancing of harm against benefit — establishes a high bar to protect us against this danger.

And finally, a central principle of the First Amendment is that the suppression of free speech must be the government’s last rather than its first resort in addressing a problem. The most obvious way for the government to prevent the danger posed by the circulation of classified material is by ensuring that information that must be kept secret is not leaked in the first place.

Indeed, the Supreme Court made this point quite clearly in its 2001 decision in Bartnicki v. Vopper, which held that when an individual receives information “from a source who obtained it unlawfully,” that individual may not be punished for publicly disseminating the information “absent a need ... of the highest order.”

The court explained that if the sanctions now attached to the underlying criminal act “do not provide sufficient deterrence,” then perhaps they should be “made more severe” — but “it would be quite remarkable to hold” that an individual can constitutionally be punished merely for publishing information because the government failed to “deter conduct by a non-law-abiding third party.” This is a sound solution.

If we grant the government too much power to punish those who disseminate information, then we risk too great a sacrifice of public deliberation; if we grant the government too little power to control confidentiality at the source, then we risk too great a sacrifice of secrecy. The answer is thus to reconcile the irreconcilable values of secrecy and accountability by guaranteeing both a strong authority of the government to prohibit leaks and an expansive right of others to disseminate information to the public.

(The New York Times. Geoffrey R. Stone is a professor of law at the University of Chicago and the chairman of the board of the American Constitution Society)