Si nuestro Gobierno no fuera tan disfuncional, habría que esperar y
presionar que asuma su responsabilidad y un rol activo para consolidar
el proceso iniciado con la tregua entre pandillas y para convertirlo en
un proceso definitivo de paz y reinserción de los pandilleros y su
entorno social. Todas las condiciones están dadas. Existe un mecanismo
de mediación, apoyado por la Iglesia Católica, que durante ya seis meses
de manera exitosa ha logrado consolidar los compromisos adquiridos
públicamente por las pandillas.
La sociedad y la opinión pública
comienzan a tomar conciencia de la oportunidad que se ha abierto para
resolver el problema de la violencia endémica. Poco por poco empresarios
e instancias internacionales llegan a la conclusión que hay que
invertir en este proceso y abrir oportunidades de reinserción. Parece
que está preparado el terreno para que, en una siguiente fase, también
el Gobierno pueda asumir compromisos, sin comprometer la
institucionalidad y el principio de la legalidad. Todas las condiciones
están dadas, menos una: este Gobierno ya no tiene la capacidad ni la
voluntad de reinventarse y hacer una apuesta audaz.
Así que hay
que partir del hecho de que el Gobierno salvadoreño va a seguir tomando
crédito por un proceso exitoso de reducción de violencia criminal, en el
cual no está invirtiendo nada. No está reorientando sus programas
sociales para aprovechar la oportunidad histórica de entrar en las
colonias y las comunidades más conflictivas con proyectos de
mejoramiento de los barrios. El presupuesto para el 2013 no refleja, por
nada, que el Gobierno haya alterado sus prioridades. Los presupuestos
reflejan la voluntad política de los gobernantes, y el presupuesto 2013
no refleja ni siquiera la existencia de la tregua...
¿Por qué
hablo de una oportunidad histórica? Por dos razones: primero, porque en
las gavetas gubernamentales tienen una década de dormir planes
detallados y bien fundamentados para una intervención focalizada de
comunidades, elaborados por la difunta Comisión Nacional de Seguridad
Pública, y luego desechados en favor de los planes de mano dura. Sólo
hay que desempolvarlos, actualizarlos y ejecutarlos. Segundo (y sobre
todo), porque hoy, con la tregua y la mediación exitosa, se ha abierto
la oportunidad de ejecutar estos planes de saneamiento de los barrios
sin enfrentamiento con las pandillas, sino en base de un consenso con
ellas y con su participación activa.
Esto es la verdadera
oportunidad que ha abierto la tregua: Por primera vez los planes
educativos, de empleo, de inserción productiva, de mejoramiento de
infraestructura en los barrios saldrían del contexto y del concepto de
contrainsurgencia. Los pandilleros siempre han visto los proyectos de
prevención de violencia (independientemente de la buena o mala voluntad
de los pastores, alcaldes o ONGs que los promovieron) como complemento
de la represión: con la mano dura el Estado los quería destruir, con la
mano amiga quería quitarle el agua al pez. Igual que en la guerra
contrainsurgente de los 80: Primero entraban los batallones
contrainsurgentes, luego los "operativos cívicos" con doctores,
maestros, enfermeros y trabajadores sociales, para "ganarse las mentes y
los corazones" de la población civil.
Hoy, con la disposición
mostrada por las pandillas de extender la tregua a una reducción gradual
de hostilidades contra la sociedad, existe la posibilidad de intervenir
los barrios conflictivos sin tener que chocar con los pandilleros (con
todos los riesgos que esto siempre ha significado para todos los
participantes en los programas de prevención), sino en coordinación y
con participación de las pandillas.
Y en este sentido, tal vez es
una ventaja que el Estado, con este Gobierno actual, tenga tan poca
capacidad de aprovechar los espacios abiertos. Tal vez de todos modos
sea mejor que lo hagan la sociedad civil, las ONGs, las iglesias, la
empresa privada. Tal vez sea mejor que nos encaminemos a un proceso de
paz de las pandillas con la sociedad, y no con el Gobierno.
Los
organismos internacionales que han decidido apostar a este proceso,
porque entienden que es la mejor inversión que pueden hacer en pro del
desarrollo de El Salvador, ya están buscando formas creativas de
canalizar sus aportes mediante instancias independientes del Gobierno.
Tal vez así se logre que todo este proceso se salve del mayor peligro
que enfrenta: convertirse en sujeto del pleito electoral que se avecina.
Si
es así, lo único que hay que exigir al Gobierno es que siga facilitando
el proceso que se está dando entre las pandillas, entre pandillas y la
sociedad, y entre sectores de la empresa privada y la cooperación
internacional. Y que de manera más decisiva ahora asuma la tarea de
remover obstáculos burocráticos y legales, y de desarrollar formas de
actuar de sus fuerzas de seguridad que no entorpezcan el proceso de paz.
