La sociedad y la opinión pública comienzan a tomar conciencia de la oportunidad que se ha abierto para resolver el problema de la violencia endémica. Poco por poco empresarios e instancias internacionales llegan a la conclusión que hay que invertir en este proceso y abrir oportunidades de reinserción. Parece que está preparado el terreno para que, en una siguiente fase, también el Gobierno pueda asumir compromisos, sin comprometer la institucionalidad y el principio de la legalidad. Todas las condiciones están dadas, menos una: este Gobierno ya no tiene la capacidad ni la voluntad de reinventarse y hacer una apuesta audaz.
Así que hay que partir del hecho de que el Gobierno salvadoreño va a seguir tomando crédito por un proceso exitoso de reducción de violencia criminal, en el cual no está invirtiendo nada. No está reorientando sus programas sociales para aprovechar la oportunidad histórica de entrar en las colonias y las comunidades más conflictivas con proyectos de mejoramiento de los barrios. El presupuesto para el 2013 no refleja, por nada, que el Gobierno haya alterado sus prioridades. Los presupuestos reflejan la voluntad política de los gobernantes, y el presupuesto 2013 no refleja ni siquiera la existencia de la tregua...
¿Por qué hablo de una oportunidad histórica? Por dos razones: primero, porque en las gavetas gubernamentales tienen una década de dormir planes detallados y bien fundamentados para una intervención focalizada de comunidades, elaborados por la difunta Comisión Nacional de Seguridad Pública, y luego desechados en favor de los planes de mano dura. Sólo hay que desempolvarlos, actualizarlos y ejecutarlos. Segundo (y sobre todo), porque hoy, con la tregua y la mediación exitosa, se ha abierto la oportunidad de ejecutar estos planes de saneamiento de los barrios sin enfrentamiento con las pandillas, sino en base de un consenso con ellas y con su participación activa.
Esto es la verdadera oportunidad que ha abierto la tregua: Por primera vez los planes educativos, de empleo, de inserción productiva, de mejoramiento de infraestructura en los barrios saldrían del contexto y del concepto de contrainsurgencia. Los pandilleros siempre han visto los proyectos de prevención de violencia (independientemente de la buena o mala voluntad de los pastores, alcaldes o ONGs que los promovieron) como complemento de la represión: con la mano dura el Estado los quería destruir, con la mano amiga quería quitarle el agua al pez. Igual que en la guerra contrainsurgente de los 80: Primero entraban los batallones contrainsurgentes, luego los "operativos cívicos" con doctores, maestros, enfermeros y trabajadores sociales, para "ganarse las mentes y los corazones" de la población civil.
Hoy, con la disposición mostrada por las pandillas de extender la tregua a una reducción gradual de hostilidades contra la sociedad, existe la posibilidad de intervenir los barrios conflictivos sin tener que chocar con los pandilleros (con todos los riesgos que esto siempre ha significado para todos los participantes en los programas de prevención), sino en coordinación y con participación de las pandillas.
Y en este sentido, tal vez es una ventaja que el Estado, con este Gobierno actual, tenga tan poca capacidad de aprovechar los espacios abiertos. Tal vez de todos modos sea mejor que lo hagan la sociedad civil, las ONGs, las iglesias, la empresa privada. Tal vez sea mejor que nos encaminemos a un proceso de paz de las pandillas con la sociedad, y no con el Gobierno.
Los organismos internacionales que han decidido apostar a este proceso, porque entienden que es la mejor inversión que pueden hacer en pro del desarrollo de El Salvador, ya están buscando formas creativas de canalizar sus aportes mediante instancias independientes del Gobierno. Tal vez así se logre que todo este proceso se salve del mayor peligro que enfrenta: convertirse en sujeto del pleito electoral que se avecina.
Si es así, lo único que hay que exigir al Gobierno es que siga facilitando el proceso que se está dando entre las pandillas, entre pandillas y la sociedad, y entre sectores de la empresa privada y la cooperación internacional. Y que de manera más decisiva ahora asuma la tarea de remover obstáculos burocráticos y legales, y de desarrollar formas de actuar de sus fuerzas de seguridad que no entorpezcan el proceso de paz.
