Carta a los comités de aplauso para el gobierno: Nuevas ideas, mismas mañas. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 20 julio 2019

“Obviamente estamos viviendo en una situación de excepción. Si no tuviéramos a los elementos de la Fuerza Armada en las calles, la Policía no diera abasto”. Con esta afirmación justificó el presidente Bukele su decisión de aumentar en 3 mil efectivos la Fuerza Armada.

El presidente enfrenta un problema de constitucionalidad, porque la Constitución define claramente que la Fuerza Armada no tiene competencias dentro de la Seguridad Pública, que es tarea exclusiva de la PNC. No es suficiente que diga la justificación arriba citada en un discurso o en un tuit. El presidente está obligado a someter a la Asamblea Legislativa una declaración formal en la cual expone los factores de excepcionalidad que justifican la necesidad de transitoriamente usar la Fuerza Armada para tareas de Seguridad Pública. Y luego tiene que brindar informes a la Asamblea de cómo ha logrado superar la emergencia que le ha obligado a recurrir a la Fuerza Armada.

Este problema serio de inconstitucionalidad no es nuevo, no lo creó Bukele. Este problema lo crearon los últimos 4 gobiernos que han usado la Fuerza Armada de esta manera inconstitucional, sin cumplir los requisitos establecidos. Funes y Sánchez Cerén, quienes paulatinamente movilizaron a casi todo el ejército para apoyar a la PNC, violaron sistemáticamente la Constitución obviando las declaraciones razonadas de excepcionalidad y los informes a la Asamblea. Y la Asamblea, lamentablemente, se los dejó pasar.

Irónicamente ahora, siendo presidente, el señor Bukele hace precisamente lo mismo que “los mismos de siempre” que tanto atacó en su campaña. Ojalá que la Asamblea retome su responsabilidad de control.

Pero el plan de Bukele de reactivar el reclutamiento masivo del Ejército para resolver la crisis de inseguridad no solo choca con la Constitución, choca frontalmente con la lógica. Si el punto de partida es, como el mismo presidente dijo, que existe una crisis de inseguridad y violencia que sobrepasa la capacidad de respuesta de la PNC, y que por esto el ejército está desplegado para apoyarla; y si aun con todo el ejército desplegando las fuerzas de seguridad no dan abasto; la única conclusión lógica sería aumentar el número de agentes policiales, no de soldados. Solo aumentando la capacidad de respuesta de la PNC (en números de efectivos, en entrenamiento, en formación profesional…) se resuelve el estado de emergencia y de excepcionalidad que obligó a meter a la Fuerza Armada donde por Constitución no debe estar empleada. Solo reclutando y formando policías adicionales el gobierno daría solución a la excepcionalidad de la Fuerza Armada asumiendo tareas de seguridad pública. En cambio, reclutando a miles de soldados para recuperar el control territorial vuelve permanente lo que la Constitución solo permite transitoria y excepcionalmente.

Claro, incorporar y adiestrar a 3 mil policías es más caro y más tardado que agarrar a 3 mil jóvenes y medio entrenarlos a como marchar, obedecer ordenes y usar armas. Pero esto es precisamente la razón detrás de la prohibición constitucional de usar las tropas en tareas de seguridad pública: los militares no son adecuadamente entrenados para tareas policiales. El modo de operar de la policía es sustancialmente diferente al modo de operar militar. El policía está entrenado para investigar, para persuadir y para arrestar a los delincuentes. El soldado está entrenado y equipado para el enfrentar y matarlos. Por eso los Acuerdos de Paz llegaron a la conclusión que la seguridad pública no puede estar bajo el mando y en manos de militares. Por esto se creó la Policía Nacional CIVIL.

Si el gobierno de verdad quiere resolver la crisis de violencia e inseguridad que vive el país, tiene que regresar al espíritu original de la creación de la PNC, eliminar las tendencias de militarización que los últimos gobiernos han introducido a la policía, depurarla, reorientar su formación profesional y, adicionalmente, formar miles de policías nuevos libres de la historia de la contaminación militarista e ideológica de la PNC.

Todo lo demás es hacer lo mismo que ya sabemos que no funciona, sólo disfrazado de nuevas ideas.

Saludos,

La reconversión del FMLN. De Manuel Hinds

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 19 julio 2019

Con el cambio de cúpula, el FMLN ha dado un primer paso para reconvertirse. Ahora comienza su verdadero reto: el realizar los cambios sicológicos y culturales que tienen que tener lugar al nivel individual. La transformación no es fácil. Los cambios requieren digerir una nueva realidad tan incontestable como trágicamente sorprendente para ellos; inferir de esa realidad lo profundamente que ella contradice lo que ellos habían creído por su vida entera; reconstruir una nueva estructura de ideas para dar soporte a su partido, y cambiar su comportamiento para acoplarse al nuevo mundo que no habían logrado ver que se había formado a su alrededor.

El enfrentamiento con la realidad ha sido terrible. En sus ilusiones marxistas, el FMLN siempre soñó que ellos estaban del lado de la marcha de la historia, que eran la manifestación de lo nuevo y de lo joven, que por eso la juventud iba a estar siempre con ellos, y que, por las profecías de alguien que ellos creían era un científico de la historia, tenían el éxito asegurado. Ellos iban a triunfar en sus revoluciones, iban a establecer la Dictadura del Proletariado y luego el Paraíso Comunista.

Este sueño se comenzó a desbaratar con la caída de la Unión Soviética y el descubrimiento de lo mal que vivían los soviéticos, sujetos a tiranías terribles y escaseces que ni en los países en desarrollo existían. Se retrasó más cuando en El Salvador mismo las masas del FMLN se dieron cuenta de que todas las promesas que su partido había hecho se habían desvanecido al estar en el poder. El país no solo no progresó sino se retrasó durante sus 10 años en el poder, en los que se volvió obvio que los líderes del partido habían embrocado a todos los que los siguieron para hacer una guerra con 80,000 muertos no para el bien del país sino para el de ellos mismos.

Más pruebas de que el sueño era falso las tuvieron cuando vieron lo que está pasando en Venezuela, en donde una pequeña minoría de revolucionarios afines a ellos ha destruido una sociedad que en un momento fue democrática.
Pero nada de eso realmente afectó al FMLN, lo cual en sí demuestra la profundidad del cambio que necesita. No les afectaba porque ellos pensaban que nada de eso le iba a disminuir su acceso al poder. Venezuela era un desastre, pero para el pueblo, no para los dirigentes ni para los miembros del partido, que gozaban de la enorme red de clientelismo que el partido había creado para ellos.

El verdadero golpe vino cuando sintieron que ya ellos no son los “progresistas” sino los “retrógrados” en los ojos de los jóvenes y el pueblo en general, que la nueva población urbana ve como ridículos los dogmas ideológicos que ellos pensaron que contenían la clave de la sabiduría humana, que ya la gente no quiere realmente oír de “ideologías” sino quiere acciones concretas que respondan no a retorcidos esquemas marxistas sino a las necesidades pragmáticas de desarrollar el país y mejorar el estándar de vida de los salvadoreños.

Ellos, que se creían el zumo de lo moderno, aún en los últimos treinta años, cuando el mundo entero ya se reía de las supersticiones marxistas, de pronto se han dado cuenta de que la gente, con justa razón, los ve como residuos arcaicos de un siglo que ellos inyectaron con odio, y de que ya no quieren saber más de ellos. De pronto se han dado cuenta de que no era cierto que la historia les aseguraba la victoria.

Estos ajustes no se realizan sólo con el cambio de cúpula —que como muestra de la rigidez del partido ya les ha costado muchísimo hacerlo—. Requiere un cambio en ellos mismos, en todos los que creyeron que con odio se resolverían los problemas del país. Afortunadamente los salvadoreños ya se convencieron de que el camino del odio no es ni correcto ni efectivo para el desarrollo, y ya se los hicieron saber. Ahora es sólo si los miembros del FMLN logran hacerse ese lavado de alma y entender esta verdad que van a lograr llegar al pueblo en general con sus mensajes. Si no es así, se van a quedar solos, los viejos comandantes y los viejos comandados, rumiando sus propios odios y resentimientos.

Carta a Gallegos: ¡Vamos a la guerra!. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 18 julio 2019

Diputado: Usted quiere ir a la guerra. Disculpe, más bien: Usted quiere que otros vayan a la guerra. Y no estamos hablando solo de guerra en el sentido del hablar popular. Esta ya la tenemos. La Fuerza Armada está movilizada para enfrentar la delincuencia. La policía está siendo militarizada. El gobierno decidió reclutar a 2 mil soldados más. Hay bajas de ambos lados.

Usted está hablando de guerra en el sentido jurídico y constitucional. Usted pide a la Asamblea una declaración formal de guerra. Suena bien macho, pero más bien es cobarde, porque los sacrificios los van a poner otros…
Quiere guerra con todo lo que significa: estado de excepción, toque de queda, suspensión de derechos civiles como el de la libre movilización, la libre organización, la libre expresión y la inviolabilidad de las comunicaciones. Significa que se pueden suspender a cualquier ciudadano las garantías procesales en caso de detenciones…

A todo esto usted se refiere cuando dice que la Asamblea tiene que formalmente declarar la guerra, porque de otra manera el gobierno no tiene los instrumentos para exitosamente combatir a las pandillas.

Usted piensa que el gobierno no debe combatir el crimen con los instrumentos y principios del Estado de Derecho, fortaleciéndolo, sino con poderes excepcionales e ilimitados. Todo esto implica la declaración de guerra que usted promueve. No sé si con esta solicitud, la cual no tiene fundamento constitucional, usted le está haciendo un favor al Presidente. Que él está decidido a seguir en la ruta de la militarización de la seguridad pública, ya trazada por los gobiernos del FMLN, es obvio. Se nota en sus declaraciones, en sus instrucciones, en las fotos de su gabinete de seguridad, donde siempre aparecen más militares que policías y civiles juntos.

Pero una cosa es profundizar la militarización, comprometiendo más a la Fuerza Armada en la conducción y ejecución de las políticas de seguridad pública, y reforzando la operatividad tipo militar de las unidades policiales, y otra cosa es lo que usted pretende: declarar la guerra, luego el Estado de Emergencia y la suspensión de los derechos civiles.

Usted sabe perfectamente que no hay manera que la mayoría de diputados se meta en este terreno inconstitucional. Tampoco el Gobierno va a retomar su solicitud. Usted lo sabe. ¿Cuál es entonces su propósito? ¿Qué gana usted con este show? Usted se quiere poner a la cabeza de los resentimientos más profundos que en la población existen contra la delincuencia y contra los políticos que no han sabido enfrentarla. Usted sabe que en el 2021 la marea celeste no va a producir alcaldes y diputados de GANA, sino de Nuevas Ideas. Entonces, ustedes se tienen que perfilar como los más fieles soldados de la guerra contra la delincuencia, los que no hablan de “tejido social” y otras tonteras (según ustedes), como “inclusión social” y “transformación de barrios” con grafitis, skateboards y hip hop… No, los de GANA hablan como hombres: hablan de guerra, de pena de muerte, de ejecuciones… Y así se quedan con los votantes frustrados de ultraderecha, que no tienen mucho uso para las nuevas ideas de “la Choly” y de Carlos “Slipt” Marroquín.

Espero que la Comisión Política de la Asamblea se niegue a tomar en serio y discutir una propuesta tan indecente y tan claramente demagógica. Es más, deberían pedirle la renuncia de su cargo de vicepresidente de la Asamblea.

Saludos, 

PD: Si tanto le encanta la guerra, ¿por qué no se enlistó en 1989 para defender la Patria?

Las instituciones importan. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, presidente de Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 16 julio 2019

Lo que hace o deja de hacer el Estado nos afecta a todos. En cualquier república democrática las instituciones estatales son importantes para cumplir el fin previsto en el artículo 1 de la Constitución: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado”. Las preocupaciones del día a día no permiten a todos los ciudadanos detenerse a reflexionar cómo el desarrollo de las instituciones afecta la calidad de vida de cada uno. Pero se trata de un tema trascendental si queremos que El Salvador avance.

Si lo ponemos en retrospectiva, en la óptica del “qué habría pasado si las instituciones se hubiesen desarrollado de forma ideal”, los resultados del Estado probablemente serían distintos en la actualidad. Por ejemplo, si la Corte de Cuentas hubiese hecho el trabajo que la Constitución le ordena, el Estado no sumaría cientos de millones desfalcados por gobiernos pasados. Si esta institución supervisara correctamente el manejo del dinero público, el presupuesto general de la nación no cargaría una planilla de empleados públicos excesiva, no comprara bienes a precios inflados y no desperdiciara el dinero en asuntos superfluos.

A la Corte de Cuentas le corresponde “la fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución del presupuesto en particular”, pero cuando vemos el despilfarro, los chocantes gastos de algunas instituciones en asuntos innecesarios, el descontrol en el manejo de las finanzas públicas, no podemos más que poner en duda la efectividad de esta institución tan importante. Cada dólar que se malgastó por la falta de supervisión estatal es dinero que pudo invertirse en mejorar áreas prioritarias para los ciudadanos como salud, educación, carreteras o infraestructura.

Así podríamos evaluar institución por institución, considerando los resultados que ofrecen a la ciudadanía. La Asamblea Legislativa tiene muchos asuntos pendientes sobre los cuales legislar; el Órgano Judicial tiene una mora considerable, sobre todo teniendo en cuenta que para cada ciudadano su caso en juicio es el más importante; el Órgano Ejecutivo y las autónomas tienen miles de peticiones en sus distintas dependencias. El Ministerio Público, las municipalidades, la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral tienen años de retrasos en sus tareas pendientes. Todas las instituciones tienen algo que hacer para mejorar la vida de los salvadoreños.

A todos nos interesa que se cumpla y se respete el Estado de Derecho. Esto implica varias cosas: primero, que cada una de las instituciones trabaje de verdad, realizando de manera seria y efectiva las labores que les encomiendan la Constitución y las leyes. Segundo, que todas las instituciones respeten el marco de competencias que se les otorga a las demás. Tercero, que se cumpla el control y fiscalización entre unos y otros. No se trata de que jueces, fiscales o diputados le demuestren al Órgano Ejecutivo “de qué lado están”, sino de que todas trabajen de manera coordinada para resolver los problemas de la población. Siempre bajo el cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Las instituciones y el servicio público tienen que dejar de verse como fincas o privilegios personales de quienes tienen la oportunidad de ocupar un puesto pagado con fondos estatales. Las instituciones son patrimonio público y lo que en ellas se realiza es un trabajo; por ello, los funcionarios y trabajadores están en la obligación de brindar resultados a la población. La calidad de las instituciones públicas depende mucho de las labores que realicen las personas que están al frente y empujando dentro de cada una de ellas. No nos cansemos de exigir que las instituciones cambien y que nos den más y mejores resultados.

Carta sobre un barco a la deriva. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 16 julio 2019

Si la El Grupo CEL durante 10 años bajo el mando de gobiernos del FMLN fue un barco con rumbo equivocado, ahora en el gobierno de Bukele es un barco a la deriva, sin rumbo ni mando ninguno.

Estamos hablando de la CEL, dueña de los rebalses hidroeléctricos, casa matriz de la Geotérmica que controla una de las tecnologías del futuro, y controladora de ETESAL que controla la red de transmisión eléctrica. Es en la CEL donde se decide la política energética del país, y por tanto, la competitividad de nuestro aparato productivo.

David López, capitán de este barco en los últimos 5 años, tuvo que ir, no solo porque fue hombre de confianza de Medardo González, sino por los fracasos de su gestión. El símbolo de este fracaso es la presa El Chapparral, proyecto hidroeléctrico en el Norte de San Miguel, que según los estudios de factibilidad debiócostar no más de 160 millones de dólares y estar generando energía desde el año 2016. Todavía no estáterminado, pero los costos ya sobrepasaron los 400 millones – y falta 30% de la obra... 

El otro símbolo del fracaso de CEL se llama GEO. Los gobiernos de Saca, Funes y Sánchez Cerén paralizaron y sabotearon el ambicioso plan de inversión y ampliación de la energía geotérmica,con el cual la GEO, junto con su socio estratégico italiano ENEL, iba a abaratar la electricidad para la industria y las residencias y hacer el país independiente de las importaciones de petróleo y gas y de electricidad generada en Guatemala.

Al fin, la CEL tuvo que pagar 300 millones para comprar las acciones de la ENEL en la GEO – y con esto expulsaron el socio que introdujo capital, tecnología y expertica. La CEL quedócomo único accionista de la GEO, pero de una GEO que ya no tiene capacidad de inversión, de crecimiento y ni siquiera de mantener el  mínimo mantenimiento.

Sin la ampliación de la generación de energía, tanto la geotérmica (por el autoboicot a la GEO), como la hidroeléctrico (por es fiasco con el Chaparral), el país queda condenado a tener precios altos de energía y de la dependencia de las importaciones, tanto de petróleo y gas, como de electricidad. 

El gobierno de Bukele no ha dicho ni una palabra sobre esta problemática, que es una de las más importantes para el desarrolla económico del país. En vez de buscar a los mejores profesionales para dirigir la CEL, la GEO, la INE y ETESAL, Bukele dejótodo el sector energético en manos de gente sin ninguna experiencia ni visión sobre el tema de la política energética y la innovación técnica. No han dicho nada sobre qué van a hacer con el Chaparral, ni tampoco una solo palabra sobre cómo piensan desbloquear el desarrollo de la generación de energía geotérmica. Pero,¿qué impulsos podemos esperar para esta tecnología del futuro de un funcionario como Mynor Gil, cuyo record profesional se agota con haber ejercido como director de distrito en la alcaldíade San Salvador de Bukele y como fundador de Nuevas Ideas? 

Por suerte, el presidente de CEL nombrado por Bukele para dirigir la CEL, William Granadillo, ya tiróla toalla. Mauricio Funes lo había puesto a dirigir PROESA, solo para quedar bien con Luis Merino y su entonces poderoso conglomerado ALBA. Todo el mundo se preguntó porqué estaban poniendo a un importador de cerveza cubana para atraer inversiones al país. Igual ahora la gente se preguntó: Si este hombre no supo hacer nada en PROESA, cómo esperar que sepa dar rumbo a CEL y toda la política energética?

Bueno, al renunciar Granadillo a la CEL, seguramente porque se dio cuenta que allásolo podía fracasar estrepitosamente, el presidente Bukele lo vuelve a mandar a PROESA – qué extraño método de reciclaje... 

La CEL la va dirigir el que hasta ayer fue su director ejecutivo, Daniel Álvarez. Nadie sabe nada de sus visiones y capacidades. En el contexto de un presidente, que ni en campaña ni en la transición ni en los primeros 6 semanas de su gestión ha dado pistas sobre su política energética, esto es sumamente preocupante. CEL sigue siendo un barco a la deriva. La corrupción comienza con nombrar funcionarios ineptos.

Saludos,

Políticas de #throwback. De Cristina López

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 15 julio 2019

De la vacuidad substantiva de las promesas y programas que durante la campaña política Nuevas Ideas presentó como plan de gobierno, la vertical temática que a muchos nos parecía más importante conocer por resultar un reto prioritario para el país del que muchos de nuestros obstáculos hacia el desarrollo emana, eran las políticas de seguridad. La espera ha terminado y lo que se nos ha presentado es un tributo a la nostalgia. O por emular el estilo de nuestro presidente tuitero, lo que tenemos son políticas de #throwback.

En las redes sociales se le llama #throwback a aquel contenido que emula épocas anteriores, ya sea fotos pasadas, modas no actualizadas, o simplemente, contenido que evoca recuerdos. Y ¿cómo no evocar el recuerdo de las políticas de mano dura de Francisco Flores en 2003 con tanto despliegue publicitario? O, ¿cómo no reconocer en el rol de protagonismo que continúa teniendo la Fuerza Armada en la ejecución del plan de seguridad un atisbo de las medidas extraordinarias de Salvador Sánchez Cerén? Y el problema de este “copy paste” de tantas políticas de seguridad anteriores es que como una película que ya vimos, sabemos de entrada que los efectos no son la reducción de la criminalidad, porque los problemas estructurales permanecen intactos.

Como bien señalara la investigadora salvadoreña Jeannette Aguilar en una columna para la revista digital Factum, muchas de las medidas que Nuevas Ideas está intentado re-empacar como novedosos enfoques a través de publicidad y una agresiva estrategia de comunicaciones líderada por el mandatario online, no son más que acciones que ya se encuentran comprendidas en la ley y que ya se practican como protocolos de seguridad; por ejemplo, el bloqueo de señales telefónicas y las transacciones monetarias electrónicas en centros penales. Que sí, que ya existían estas medidas, pero es que no las estaban ejecutando a su totalidad. Que ahora va a ser diferente, dicen algunos, porque la gente a cargo es diferente.

Pero los incentivos, que son al final lo que mueve a los individuos a ejecutar o dejar de ejecutar una medida, no han cambiado en nada. Y no necesitan ser económicos: uno de los incentivos más poderosos es el afán de supervivencia y evitar ser víctima de la violencia criminal empuja a más de algún custodio a ejecutar a medias la regla, a hacerse el del ojo pacho con aquél celular que entró, o a permitir privilegios entre reclusos. Al final, si algo hemos aprendido de las políticas pasadas es que su aplicación no ha sido consistente, ni sostenible.

La solución, por supuesto, no es ignorar el tema y no hacer nada. Claro que la batalla por preservar el Estado de Derecho a través de la aplicación de leyes y medidas existentes de manera consistente es permanente. Pero, como señala Aguilar en su columna, muchas de las figuras en posiciones de liderazgo dentro de entidades para la seguridad pública como la PNC, continúan siendo las mismas de siempre, pertenecientes a la vieja guardia y sin incentivo alguno de cambiar el enfoque autoritario y represivo de nuestras políticas de seguridad para enfatizar más la prevención y la rehabilitación.

Según Aguilar, abunda la evidencia empírica de que el reduccionismo de las políticas de seguridad al enfoque de combate unilateral a las pandillas, es “una receta al fracaso”, porque las pandillas al final sólo son un elemento más de una estructura de criminalidad mucho más compleja en la que participan todo tipo de actores con diferentes incentivos, incluso muchos desde entidades estatales. Solo un plan de ruta distinto a los anteriores, uno que atienda a la enfermedad (que es social) y no solo a sus síntomas de criminalidad, podrá encaminarnos a un destino diferente.

@crislopezg

No es solo nuestra culpa, presidente Bukele. De Oscar Martínez

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en una conferencia de prensa en San Salvador el 2 de julio de 2019 CreditJosé Cabezas/Reuters

Oscar Martínez, reportero de El Faro

Publicado en EL NEW YORK TIMES/ES el 12 de julio 2019

EL SALVADOR — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo algo acerca de las miles de personas que se van hacia Estados Unidos que ningún presidente de Centroamérica había pronunciado con esa claridad: “Es nuestra culpa”. Lo dijo en referencia a Óscar y Valeria Martínez, padre e hija salvadoreños que se convirtieron en ícono de la tragedia migratoria tras aparecer ahogados en la ribera del río Bravo.

La frase de Bukele es meritoria al haber sido pronunciada en una región de migrantes, donde muchos políticos prefieren decir que todo está bien en sus países, que estos prosperan a ritmo galopante, incluso que no hay desplazamiento forzado. Y también refleja una nueva posición sobre el tema, pero se trata de un discurso conveniente para la clase política antiinmigrante de Estados Unidos.

Habría que corregir al presidente: es nuestra culpa, pero no solo nuestra culpa. No hay ningún líder reciente en Centroamérica que, además de reconocer su culpa, exija con contundencia respeto para sus ciudadanos que migran y ponga su voz en beneficio de sus denuncias y su tragedia humanitaria. Bukele aún tiene una oportunidad de ser el primero en esto.

En el tema migratorio, los gobiernos centroamericanos suelen actuar como paracaidistas en la tragedia. Cuando aparece una foto como la de Óscar y Valeria; cuando ocurre una masacre como la de agosto de 2010, en el estado mexicano de Tamaulipas, donde 72 personas que migraban hacia el norte fueron acribilladas por Los Zetas; cuando una caravana tras otra atraen la atención mundial, los gobernantes de estos países aparecen y dicen algo. Usualmente hacen llamados estériles a que la gente no migre. Les aseguran que en el camino pondrán en riesgo sus vidas, como si estos pueblos forjados en la migración no lo supieran en carne propia.

En realidad, Centroamérica también persigue a sus migrantes. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, envió en varias ocasiones a sus policías antimotines a detener el paso de caravanas. El gobierno guatemalteco ha bautizado como Operación Gobernanza a la instalación de retenes militares en la ruta interamericana para capturar migrantes, en su mayoría salvadoreños y hondureños.

Sí, Bukele hizo algo muy poco habitual entre los mandatarios centroamericanos, pero en otro sentido es igual que el resto de los líderes del Triángulo del Norte. Si hay algo que unifica el discurso de todos los presidentes de la región respecto a la migración es la incapacidad de criticar con contundencia las posturas antiinmigrantes de los gobiernos de Estados Unidos y México.

En México, los migrantes centroamericanos son extorsionados por autoridades desde hace décadas. México, actualmente, implementa una política migratoria que obliga a decenas de miles de personas a caminar por montes en el sur del país, expuestos a violaciones y asaltos. El presidente de Estados Unidos nos llamó “países de mierda” y amenazó a la región con cortar toda ayuda si no detiene a más centroamericanos en Centroamérica. Los gobiernos de la región responden, cuando ocurre el extraño caso, con tímidas declaraciones en las que ocupan verbos como “lamentar”, “exhortar”, “sugerir”.

La admisión de toda la culpa no ha sido la única frase de Bukele que será música para los oídos de algunos de los políticos estadounidenses más conservadores. El 8 de mayo, Bukele dijo en Washington a un grupo de congresistas: “Estamos alineados, ustedes no tienen que comprarnos para que estemos alineados porque pensamos de manera similar”. En esa ocasión, como respuesta al congresista republicano Ted Yoho, quien cuestionó el uso del dinero que Estados Unidos entrega a El Salvador, Bukele comparó a su país con un hijo que está dejando las drogas y a Estados Unidos con un papá que podría darle una oportunidad más y ayudarlo.

Yoho respondió a Bukele: “Tengo tres hijos y es lo que hacemos todo el tiempo: te voy a ayudar una vez más. Y creo que esta nación te ayudará”.

Aquello pareció una teatralización del problema que generan los discursos pusilánimes de los gobernantes centroamericanos ante Estados Unidos. Esa falsa idea de que en Centroamérica somos como hijos desastrosos de un padre magnánimo que por más que nos ayuda no logra componernos. Ese padre, siguiendo con la metáfora absurda, ha sido un déspota y en gran medida el culpable del desastre de hijos que tiene.

En El Salvador, por ejemplo, la violencia actual y la migración están directamente relacionadas con la guerra civil. Las grandes oleadas de salvadoreños en California llegaron huyendo de ese periodo de doce años que dejó más de 75.000 muertos. Las pandillas que ahora provocan que miles de salvadoreños huyan de la región nacieron allá, no muy lejos de Hollywood, con jóvenes que buscaban huir de una guerra patrocinada y sostenida por Estados Unidos. Llegaron, en el caso salvadoreño, en vuelos de deportados a un país destruido por esa guerra.

Miles huyen del norte centroamericano porque la violencia es extrema; miles migran porque la vida es precaria. Y eso es así porque sus gobiernos son corruptos y la mayoría de sus partidos políticos, máquinas de enriquecer a sus dueños. Pero también porque Estados Unidos ha tenido una incidencia directa en las decisiones de múltiples gobiernos centroamericanos. En muchas ocasiones, esa incidencia ha terminado en catástrofe.

Decenas de muertes de migrantes en la actualidad se deben a la decisión de gobernantes estadounidenses que amurallaron grandes tramos de su frontera y presionaron a México para que militarizara la suya. Hay mujeres que son violadas en los montes mexicanos y niños moribundos perdidos en el desierto estadounidense, en buena medida, gracias a que políticos de ambas naciones han decidido dejarles esas rutas peligrosas como única opción.

Sostener que los gobiernos centroamericanos no tienen parte de la culpa y que su corrupción no es factor clave en la migración es de cínicos o mentirosos. Pero decir que Estados Unidos no tiene otra parte de la culpa y de la responsabilidad de mejorar estas sociedades es de miopes o cobardes.

El presidente Bukele realmente hará un cambio de discurso ante el fenómeno de la migración si incluye esta última parte. Ha habido decenas de gobiernos centroamericanos que se disputan el primer lugar como el más genuflexo ante Estados Unidos, y eso no ha generado que el trato hacia los migrantes mejore. Es momento de completar el discurso, presidente, y dejar de contribuir a que Estados Unidos siga creyendo que es solo nuestra culpa.

Lea también la columna de Paolo Luers: ¿Mea Culpa?

El efecto Bachelet. De Alberto Barrera Tyszka

Michelle Bachelet, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
saluda a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, en el Palacio de Miraflores 
el 21 de junio de 2019. Foto: Yuri Cortez/AFP

Alberto Barrera Tyszka,
escritor, guionista y
columnista venezolano

Publicado en EL NEW YORK TIMES/ES el 14 de julio 2019

CIUDAD DE MÉXICO — De todas las reacciones que el madurismo —nacional e internacional— lanzó en contra del informe de Michelle Bachelet, la más desconcertante fue la del gurú. Dos días después de que la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentara un demoledor reporte sobre la crítica situación de los derechos humanos en Venezuela, Nicolás Maduro apareció con Sri Sri Ravi Shankar en el Palacio de Miraflores, anunciando gozoso: “Estuvimos hablando sobre la necesidad de una nueva humanidad. […] Me habló de la necesidad de construir la unión nacional”. ¿Lo dice en serio o se está burlando? ¿En realidad piensa que algo así puede contrarrestar la investigación de la ONU? ¿En qué cree Nicolás Maduro?

Una de las consecuencias más contundentes del informe de Bachelet tiene que ver con el problema de la verdad en Venezuela. Con lo que —más a allá de la fe o de las especulaciones— ocurre en temas como la salud, la alimentación o la violencia en el país. El documento destaca cómo el gobierno ha impuesto una hegemonía comunicacional para aniquilar el periodismo independiente y esconder la realidad. Con información precisa, deja sin sustento a la narrativa oficial. Frente a la investigación de la ONU, la retórica chavista queda al desnudo. Se reduce a un balbuceo infantil, predecible. La mayoría de las reacciones oficiales se han centrado en señalar que se trata un informe “manipulado”, “falso”, “sesgado”, “cargado de mentiras”, “descontextualizado” sin aportar ningún dato concreto que pueda refutar lo que señala la investigación. Siguen un método viejo y conocido: no cuestionan lo que se dice, solo lo descalifican. Es más fácil decir que Bachelet es una marioneta del imperio que enfrentar la responsabilidad del Estado en más de 6 800 ejecuciones extrajudiciales.

Dos argumentos se repiten de manera insistente en casi todas las críticas. El primero es de carácter metodológico. Se trata de desautorizar el informe denunciando que, en gran parte, está basado en entrevistas realizadas fuera de Venezuela. Esto es cierto. Pero no desacredita ni deslegitima la investigación. Responde a una realidad específica y a las formas con que los organismos internacionales indagan y monitorean la realidad de los llamados “países cerrados”. Hasta marzo de 2019 el Estado venezolano no permitió la entrada de representantes de la ONU al país. No puede ahora, ese mismo Estado, denunciar la poca presencia de esa organización en su territorio. Este argumento, por otro lado, también ignora la enorme diáspora de venezolanos en el exterior. Hay un país real —más de 4 millones de personas— expulsado del mapa, con todo el derecho a dar testimonio de sus propios procesos.

El segundo argumento fundamental no ataca tampoco las denuncias concretas del informe. Se centra en tratar de establecer responsabilidades. El chavismo niega que todo lo que ocurre sea real pero, al mismo tiempo, denuncia que todo lo que ocurre es culpa la “guerra económica” en contra de “la revolución”. Es otra forma de mudar el debate, de esquivar la verdadera confrontación. La élite que domina Venezuela necesita desesperadamente que la palabra “bloqueo” aparezca en cualquier análisis. De eso depende su relato. Pero, por desgracia para ellos, la historia económica, las cifras y las estadísticas, ya no pueden sostener esa ficción. Como bien lo señala el informe, las sanciones de Estados Unidos agravan la ya terrible situación social venezolana, pero no son la causa fundamental de la crisis. Los responsables de la tragedia no son los enemigos externos. Están adentro y siguen gobernando al país.

En el año 2009, cuando era presidenta de Chile, Michelle Bachelet visitó a Fidel Castro y criticó el bloqueo estadounidense a Cuba. La polémica, en ese entonces, fue grande. Esa anécdota, y su propia historia personal, también influyó para que el sector más radical de la oposición venezolana la acusara —antes del informe— de ser cómplice del oficialismo, una camuflada agente de Maduro. Ahora, desde el otro bando, se ponen a la par y repiten la misma simpleza: la acusan de ser cómplice de los gringos, una camuflada agente de la CIA. No es un detalle menor del efecto Bachelet: ha evidenciado el absurdo de la narrativa chavista.

Dice Nicolás Maduro que los aportes de Sri Sri Ravi Shankar “vienen a fortalecer el proceso de diálogo y paz” en Venezuela. No importa mucho si él cree o no en eso. Importa que cada vez más gente, dentro y fuera del país, entienda que ese encuentro religioso solo es un disparate, una ceremonia que se desinfla hasta el ridículo. El informe Bachelet es un paso fundamental por restituir la noción de verdad con respecto a lo que sucede en Venezuela. Más de 6 800 ejecuciones extrajudiciales destruyen cualquier espejismo discursivo. Deja claro que la violencia, más que una amenaza extranjera, ahora es una cruda acción interna. El chavismo debe asumir que su relato ya no es verosímil, que su versión de lo real es insostenible. Debe entender que la comunidad internacional no va a cesar su vigilancia ni su presión. Debe aceptar que la negociación no es una forma de distracción. Que el diálogo no se da de manera aislada, en una comisión o en una isla. Que se trata más bien de un proceso permanente que toca todos los ámbitos, que exige cambios concretos. Que la fantasía de la revolución se agotó.