Erika Saldaña, presidente de Centro de Estudios Jurídicos CEJ
Publicado en EL DIARIO DE HOY, 16 julio 2019
Lo que hace o deja de hacer el Estado nos afecta a todos. En cualquier república democrática las instituciones estatales son importantes para cumplir el fin previsto en el artículo 1 de la Constitución: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado”. Las preocupaciones del día a día no permiten a todos los ciudadanos detenerse a reflexionar cómo el desarrollo de las instituciones afecta la calidad de vida de cada uno. Pero se trata de un tema trascendental si queremos que El Salvador avance.
Si lo ponemos en retrospectiva, en la óptica del “qué habría pasado si las instituciones se hubiesen desarrollado de forma ideal”, los resultados del Estado probablemente serían distintos en la actualidad. Por ejemplo, si la Corte de Cuentas hubiese hecho el trabajo que la Constitución le ordena, el Estado no sumaría cientos de millones desfalcados por gobiernos pasados. Si esta institución supervisara correctamente el manejo del dinero público, el presupuesto general de la nación no cargaría una planilla de empleados públicos excesiva, no comprara bienes a precios inflados y no desperdiciara el dinero en asuntos superfluos.
A la Corte de Cuentas le corresponde “la fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución del presupuesto en particular”, pero cuando vemos el despilfarro, los chocantes gastos de algunas instituciones en asuntos innecesarios, el descontrol en el manejo de las finanzas públicas, no podemos más que poner en duda la efectividad de esta institución tan importante. Cada dólar que se malgastó por la falta de supervisión estatal es dinero que pudo invertirse en mejorar áreas prioritarias para los ciudadanos como salud, educación, carreteras o infraestructura.
Así podríamos evaluar institución por institución, considerando los resultados que ofrecen a la ciudadanía. La Asamblea Legislativa tiene muchos asuntos pendientes sobre los cuales legislar; el Órgano Judicial tiene una mora considerable, sobre todo teniendo en cuenta que para cada ciudadano su caso en juicio es el más importante; el Órgano Ejecutivo y las autónomas tienen miles de peticiones en sus distintas dependencias. El Ministerio Público, las municipalidades, la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral tienen años de retrasos en sus tareas pendientes. Todas las instituciones tienen algo que hacer para mejorar la vida de los salvadoreños.
A todos nos interesa que se cumpla y se respete el Estado de Derecho. Esto implica varias cosas: primero, que cada una de las instituciones trabaje de verdad, realizando de manera seria y efectiva las labores que les encomiendan la Constitución y las leyes. Segundo, que todas las instituciones respeten el marco de competencias que se les otorga a las demás. Tercero, que se cumpla el control y fiscalización entre unos y otros. No se trata de que jueces, fiscales o diputados le demuestren al Órgano Ejecutivo “de qué lado están”, sino de que todas trabajen de manera coordinada para resolver los problemas de la población. Siempre bajo el cumplimiento de la Constitución y las leyes.
Las instituciones y el servicio público tienen que dejar de verse como fincas o privilegios personales de quienes tienen la oportunidad de ocupar un puesto pagado con fondos estatales. Las instituciones son patrimonio público y lo que en ellas se realiza es un trabajo; por ello, los funcionarios y trabajadores están en la obligación de brindar resultados a la población. La calidad de las instituciones públicas depende mucho de las labores que realicen las personas que están al frente y empujando dentro de cada una de ellas. No nos cansemos de exigir que las instituciones cambien y que nos den más y mejores resultados.
