Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 21 diciembre 2019
Detesto los debates que se escenifican cargados de pasiones y moralismo, pero sin un análisis completo del problema a solucionar. Este tipo de debates se arman, más o menos un año sí y el otro también, sobre el transporte público.
Todos sabemos que el transporte público no funciona. De todos los requisitos que debe cumplir cualquier forma que demos al sistema de transporte público urbano, el existente solo cumple uno: ser económicamente accesible, Lo cumple porque el Estado gasta millones en subsidiarlo, con un solo fin: mantener fijas y bajas las tarifas.
Todos los demás requisitos no los cumple: no es eficiente, ni seguro ni cómodo para los usuarios - por tanto no logra sustituir el uso individual del carro para movilizarse al trabajo; no es ecológicamente sostenible; no es moderno ni integral.
Hablar mal de los motoristas y empleados de los buses se ha vuelto deporte nacional, y cada vez que se desata el debate en la Asamblea, aparecen diputados que se presentan como justicieros contra estos ‘cafres al timón’ y ‘empresarios mafiosos’ del sector transporte. Hablan en tono de indignación sobre los pecados de los buseros en el cotidiano caos vehicular. Predican contra los subsidios que ‘nosotros los ciudadanos honestos y respetuosos de la ley” les pagamos año con año a “estos criminales que ni siquiera pagan sus cientos de multas de tránsito”… Populismo legislativo.
En todo este debate ya nadie se acuerda que el subsidio es para las tarifas. Los reciben los buseros para compensarlos, porque el gobierno no deja que reflejlen todos sus costos en la tarifa que cobran. En este sentido es absurdo, exigirles ahora a los empresarios de buses que, para mantener el subsidio, asuman nuevos costos e inversiones: que pongan GPS a las unidades, que introduzcan un sistema digital verificable de cobro, que contraten seguros…
Las únicas dos cosas que dentro del sistema actual se puede exigir a los buseros son: que mantengan las tarifas; y que cumplan con sus obligaciones de ley. Y por supuesto la autoridad competente (el VMT) tiene los instrumentos legales y administrativos para enforzar estas dos reglas. No requiere de unos debates apasionados en la Asamblea, y ciertamente no de una nueva ley…
Todo este debate sobre -si dar otra prorroga a los subsidios; si crear nuevos requisitos para ganarse o para perder el subsidio- no tiene ningún sentido, mientras que nadie presente propuestas de cómo organizar, modernizar y hacer eficiente el sistema de transporte público. ¿Se necesitan nuevas tecnologías, por ejemplo un metro subterraneo o trenes elevados? ¿Se necesitan nuevos modelos de gestión empresarial, empresas nacionalizadas o municipales, o APPs entre gobierno, municipalidades y empresarios privados?
¿Cuánto estamos como Estado dispuestos a invertir en un nuevo sistema? Ahora gastamos sólo en subsidiar las tarifas, pero si el Estado quiere controlar también la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia técnica del sistema, ¿cuánto podrá asumir y de qué fuentes lo pagará durante años? En muchas ciudades del mundo ya están discutiendo en serio que el sistema de transporte público tendrá que ser gratis si realmente se quiere que disminuya el uso del carro particular…
Sobre esto nadie habla, porque nadie tiene nada que decir. Ni el gobierno, ni los partidos, ni la sociedad civil. No nos vengan a tratar de tapar este vacio con sus debates populistas sobre los subsidios, y con unos discursos hipócritas que ponen a los motoristas y empresarios al margen de la sociedad. Que hay malos motoristas, sí. Pero en las condiciones del sistema y del tráfico es difícil esperar que sean ejemplares. Que hay empresarios mafiosos en el transporte, sí, igual que en la construcción, los mercados, las consultorías, etc.
Seamos serios. Saludos,
