sábado, 20 de mayo de 2017

En vez de carta: Comentando un juicio fallido

Me tomo la libertad de usar este espacio para comentar el desarrollo de la audiencia del “caso tregua”. Es necesario, porque los medios seguirán limitándose a repetir las acusaciones de la Fiscalía. Porque hasta ahora, al terminar el tercer día, solo la Fiscalía ha hablado.
En tres días los fiscales han logrado algo extraordinario. Comprobaron, sin dejar espacio a dudas, la tesis principal de la defensa: facilitar la tregua entre las pandillas fue una política pública oficial del Estado del Gobierno de Mauricio Funes.

Relatando cientos de documentos y docenas de testimonios, la Fiscalía comprobó que:

• En marzo 2012 se dio una tregua entre las pandillas.
• Para gestionarla intervinieron mediadores.
• Que esta mediación podía dar como resultado la reducción de homicidios, solo si las autoridades facilitaban su gestación.
• El gobierno decidió dotar la mediación con un equipo de apoyo, incluyendo dos oficiales de la PNC como enlaces institucionales, y con los recursos necesarios para su labor.
• Que en este contexto, el Gobierno de Funes permitió la libre entrada de los mediadores a los penales, las veces que fuera necesario.
• Una vez que hubo un acuerdo de tregua entre las pandillas, para implementarla hubo necesidad de trasladar a los líderes de Zacatraz a las otras cárceles de pandilleros – y que el Gobierno permitió este traslado.
• Que en los siguientes 15 meses el Gobierno siguió facilitando los mecanismos de la mediación para hacer sostenible la tregua, permitiendo múltiples reuniones de los principales jefes pandilleros con los mediadores para resolver focos de conflicto en el terreno y hacer sostenible la tregua.
Todo esto quedó establecido y comprobado con las pruebas que ofreció la Fiscalía. Pero nada de esto comprueba los delitos que la Fiscalía imputa a los acusados. Por lo contrario: la Fiscalía comprobó que todos los funcionarios involucrados actuaron cumpliendo órdenes en el marco de una política pública adoptada por el gobierno, la cual dotó de los recursos necesarios.

Lo más que pudieron establecer los fiscales es que con todo esto el Gobierno creó oportunidades teóricas a cometer delitos, pero no que los hayan cometido. Por ejemplo: con las facilidades que Centros Penales dio a los mediadores, teóricamente tenían la oportunidad de introducir materiales o mensajes ilícitos a los penales. Pero no existe nada decomisado a ningún miembro del equipo mediador.

Otro ejemplo: la Fiscalía sostiene que las reuniones que se facilitaron entre los diferentes jefes de las pandillas fueron aprovechadas para planificar delitos. Pero no ofrecen pruebas. La defensa sostiene que fueron aprovechadas para prevenir delitos, por ejemplo, acordando cese de hostilidades contra escuelas, transporte público y personal policial. Las estadísticas de delitos del 2012/13 más bien indican que fue así.

El lunes será la hora de la defensa. Con todo lo comprobado por la Fiscalía, le saldrá más fácil sostener su tesis: los acusados (mediadores, funcionarios de Centros Penales y los oficiales de la PNC), lejos de hacerse culpables de asociación ilícita para cometer delitos, todos actuaron cumpliendo órdenes y implementando una política pública oficial, autorizada por el presidente de la República.

Hay un juicio paralelo, de carácter eminentemente político y mediático, que es contra esta política pública y la tregua. La Fiscalía solo abonó a este juicio paralelo, pero en el juicio jurídico todo esto no tiene relevancia. Políticamente han convertido la tregua y la mediación en pecado. Jurídicamente tendrían que haber comprobado delitos, y no lo lograron.

La otra semana veremos el siguiente capítulo. Saludos,
 
(MAS!/El Diario de Hoy) 

viernes, 19 de mayo de 2017

COLUMNA TRANSVERSAL: SÓLO PARA EMPEZAR. DE PAOLO LUERS

Todavía estamos esperando a un candidato que se lanza a la política con un catálogo de primeras medidas que se compromete a tomar al sólo llegar a Casa Presidencial. No esperamos que llegue con un programa de gobierno o un plan quinquenal debajo del brazo. Pero sí que nos anuncie los cambios concretos y radicales que hará en la forma de gobernar – y que de manera simbólica marcan el rumbo que quieren dar a sus gobierno.

Paolo Luers, viernes 19 mayo 2017 / EDH

La sociedad salvadoreña no está harta de política. Está harta de la política “más de lo mismo”. Los ciudadanos mandan este mensaje de múltiples formas, unos con protestas, otros con apatía, otros siguiendo a políticos antisistema. ¿Pero cómo pueden los partidos y sus candidatos convencer a los ciudadanos que entendieron estos mensajes, si bajo la promesa de “el cambio” llegó al poder un grupo de personas que resultaron más corruptos que los políticos tradicionales?

La crisis de credibilidad ya no se resolverá con discursos que invocan conceptos generales como “cambio de rumbo”, “nueva forma de hacer política”, “renovación”, “buen vivir”, “nueva sociedad”, “nuevas ideas”, “nueva visión”.

Ahora que comienzan a surgir las figuras que pretenden gobernarnos luego de tres administraciones con grandes promesas de renovación y miserables resultados, no podemos permitir que nos sigan hablando en términos generales, bonitos, pero en última instancia vacíos.

Tienen que ofrecernos, desde el inicio de las contiendas internas que definirán los candidatos, no “nuevas ideas” sino compromisos concretos, realistas, valientes y verificables.

Todavía estamos esperando a un candidato que se lanza a la política con un catálogo de primeras medidas que se compromete a tomar al sólo llegar a Casa Presidencial. No esperamos que llegue con un programa de gobierno o un plan quinquenal debajo del brazo. Pero sí que nos anuncie los cambios concretos y radicales que hará en la forma de gobernar – y que de manera simbólica marcan el rumbo que quieren dar a sus gobierno.

Si yo tuviera que escribir este “Plan para comenzar”, sería más o menos así:

  • Limpiar Casa Presidencial: Disolución de la Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana; Disolución de la Secretaría de Gobernabilidad.
  • Creación de una Comisión Presidencial de Reforma al Estado.
  • Transformación de la Secretaría Técnica en un Ministerio de la Presidencia.
  • Creación de la Oficina de Asesoría Académica del Estado, adscrita al Ministro de la Presidencia, compuesta por los mejores expertos y académicos que representan diferentes corrientes de pensamiento.
  • Conversión de la Secretaría de Inclusión Social en Ministerio Social.
  • Conversión de la Secretaría de Cultura en una institución independiente del Ejecutivo, con un estatus de autonomía comparable al de la Universidad de El Salvador.
  • Reducción de la Secretaría de Comunicación a una Oficina de Prensa
  • Conversión de los medios estatales en una entidad autónoma fuera del ejecutivo.
  • Regreso de Protección Civil al Ministerio de Gobernación.
  • Creación de un Ministerio de Justicia y un Ministerio de Seguridad Pública.
  • Reducir número de viceministros.
  • Reglamente claro y estricto para la publicidad del gobierno. Eliminar cualquier publicidad política desde Casa Presidencial, ministerios y autónomas. Solo permitir publicidad informativa. Reducir drásticamente el presupuesto de publicidad gubernamental.
  • Reducir el uso de cadena nacional a casos de emergencia, eliminando cadenas para promover posiciones políticas del gobierno.
  • Dar plena autonomía al ISSS; cambiar mecanismo de nombramiento del director.
  • Venta de las flotas de camionetas de lujo del gobierno. Creación de un servicio central de transporte que atiende a ministerios y Casa Presidencial. Con vehículos funcionales, y todoterrenos solo para ciertos viajes. Medidas correspondientes en las autónomas e superintendencias.
  • Abolir las plazas de asesores de los ministros y viceministros. La Oficina de Asesoría Académica del Estado asume la asesoría de los ministerios.
  • Promover medida similar en la Asamblea: Creación de un Tanque de Pensamiento Legislativo de alta calidad académica y no partidaria. Reducir al mínimo las plazas de asesores para las fracciones.
  • Restablecer la representación del sector privado en las Juntas Directivas de las autónomas.
  • Volver a establecer las dos instituciones consultivas que han sido exitosas y productivas: la Comisión Nacional de Desarrollo; y el Consejo Nacional de Seguridad, ambos con amplia autonomía y dirigidas por personas de alto profesionalismo.
  • Delegar a estos dos organismos las consultas con la sociedad civil (incluyendo la creación de Consejos Consultivos, etc.), que en las dos últimas administraciones han sido manipuladas desde Casa Presidencial y su Secretaría de Gobernabilidad.

Esta lista puede ser incorrecta, y seguramente es incompleta, sujeta a definir prioridades. Pero algo así la sociedad está esperando. Estos cambios despertarán fuertes resistencias entre políticos, funcionarios y burócratas. Quien los anuncia se hará enemigos.

Pero, ¿de qué nos sirven líderes que no están dispuestos de enfrentarse a resistencias y superarlos?

Obviamente, el siguiente presidente de la República necesitará desarrollar nuevas políticas de Seguridad, Educación, Salud, etc., por las actuales no funcionan – pero nadie espera que ya las tenga bajo el brazo. Requiere de muchos estudios. Pero sí esperemos que tenga claro que desde el primer día tiene que limpiar el gobierno. Es como si alguien que compra una casa: Lo primero que hace es limpiarla, y luego comienza a planear como transformarla.

jueves, 18 de mayo de 2017

Carta a los que creen en la justicia: Acusar es más fácil que comprobar

Estimados amigos:
Los columnistas no solemos ir a audiencias judiciales. Las dejamos a los reporteros. Pero para opinar, a veces hay que ir a la fuente de las noticias. Fui al inicio de la audiencia, en la cual se va a decidir si el llamado “caso tregua” merece pasar a vista pública.

La jueza levantó la reserva sobre el caso. Buena noticia, porque ya era absurdo que los acusados y sus defensores no podían hablar en público, mientras que los medios estaban llenos de filtraciones de la Fiscalía, hechas para conseguir pre-condenas.

Si se hubiera mantenido la reserva, no podría contar lo que pasó una hora antes de la audiencia. La Fiscalía había solicitado un “reconocimiento”: un jefe pandillero criteriado tenía que identificar a dos acusados. La diligencia fue declarada nula, porque la Fiscalía sentó a su “testigo” en la entrada, donde podía ver a los dos acusados en su ingreso para luego “reconocerlos”. Pero a pesar de esta maniobra burda, el criteriado declaró que no sabía a quién tenía que reconocer. De paso, la FGR quemó a su criteriado, identificándolo con nombre y apellido en su escrito de acusación…

Luego la Fiscalía comenzó a exhibir sus pruebas. Reprodujeron el audio de una reunión de los mediadores con pandilleros presos: monseñor Fabio Colindres, uno de los mediadores, dando una especie de sermón, diciendo a los pandilleros que “los que han hecho el mal, pueden encontrar el amor y hacer el bien”… A la media hora, la jueza interrumpió y señaló a los fiscales que no había escuchado nada relevante para comprobar las acusaciones. Pero me gustó que hayan reproducido el audio de monseñor, porque perfectamente caracterizaba el esfuerzo de los mediadores: convencer a los líderes pandilleros que en vez de seguir delinquiendo deberían contribuir a reducir y superar la violencia.

Obviamente no era lo que los fiscales querían transmitir. Presentaron un montón de elementos para comprobar algo que todo el mundo sabe, que nadie (ni los acusados) niegan y que además no forma parte de los delitos que les imputan: Establecieron que los mediadores (entre ellos el acusado principal Raúl Mijango) gestionaron una tregua entre las pandillas y que el gobierno de Mauricio Funes adoptó una política pública de facilitar esta gestión, con el fin de reducir la violencia.

Pero esto no aporta nada a la comprobación de los delitos que la Fiscalía imputa a los acusados. La tregua no es sujeto de este juicio. Nadie definió como delito la tregua, mucho menos la política oficial del Estado que facilitó su gestión.

La FGR tendrá que presentar pruebas concretas para sustentar acusaciones concretas de delitos concretos: por ej. que los acusados introdujeron (o permitieron la introducción) de ilícitos en los penales. Las argumentaciones de los fiscales son suposiciones. No hay “cuerpos de delito”, no hay actas de decomiso, no hay fechas y lugares de entrada de ilícitos. Con este vacío se les va a caer más de la mitad del caso.

Lo que queda es “asociación ilícita”. ¿Pero asociación ilícita para qué? Los fiscales tuvieron que aclarar que nadie está acusado de pertenecer a una pandilla. Tampoco puede ser asociación para gestionar la tregua, porque la tregua no es tipificada como delito.

“¿Asociación ilícita para qué?”. Esta será la pregunta central que la Fiscalía tendrá que contestar para que este caso pueda ir a vista pública. Y hasta ahora no hay elemento visible de cómo van a comprobar que estos 21 hombres y mujeres conspiraron para cometer delitos.

Queden pendientes de este caso y mantengan su mente abierta. Hasta ahora no hay caso.

Saludos,

(MAS!/El Diario de Hoy)


martes, 16 de mayo de 2017

Carta a los presidenciables: Hablen claro

Arrancando el proceso electoral para diputados y alcaldes, está arrancando el presidencial del 2019. Esto no es malo.

En ambas elecciones se trata de la misma cosa: definir el rumbo del país. Son dos estaciones de la misma disyuntiva: Alternancia o continuidad. Pero la campaña de las elecciones legislativas no generará el debate necesario para que los ciudadanos tomemos decisiones trascendentes. Para el 2018, ambos partidos mayoritarias apuestan a más de lo mismo. Son los mismos candidatos, atrincherados en las mismas posiciones, y ambos partidos con las puertas cerradas a la renovación y el debate.

El debate sobre el gobierno que necesitamos no se genera en la competencia por alcaldes y diputados, sino alrededor de las personas que se apuntan para la presidencia. Y es este debate necesario que va a dar sentido y contenido a las elecciones del 2018.

Ambos partidos tienen que decidir si van a las presidenciales con candidatos tradicionales que representan la militancia propia (como hicieron en el 2014 con Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén), o con liderazgos nuevos que representan mucho más que su partido – y algo diferente que la generación que hizo la guerra y la paz. En el caso del FMLN está bien planteada esta disyuntiva: o es Nayib Bukele, o es otro comandante…

En el caso de ARENA, hasta ahora se han apuntado tres figuras fuera del partido: los empresarios Carlos Calleja y Javier Simán, y el abogado Luis Parada. Conociendo sus trayectorias, se puede adivinar que representan diferentes formas de relación entre partido y sociedad civil y distintas visiones del país, igual que en el caso de Nayib y los comandantes.

Los partidos no deberían seguir tapando estas diferencias, ni pretender manejarlas en círculos cerrados. Por lo contrario: Será beneficioso para ustedes, sus partidos y el país iniciar este debate desde ya y de la forma más transparente y abierta. Sólo así la campaña 2018 se escapa del más de lo mismo.

Bukele hace bien al provocar el debate sobre el futuro de la izquierda. Si estuviera esperando que el FMLN lo abriera, nunca se daría. Estoy en desacuerdo con sus posiciones, pero es positivo que las exponga de manera provocativa.

Los precandidatos de ARENA aún no han dado este paso. El que más ha hablado es Carlos Calleja, pero hasta la fecha no escuchamos nada capaz de provocar debate. El partido ARENA, al ser la fuerza que quiere provocar un cambio, debería incentivar a sus candidatos a que discutan el contenido y rumbo de este cambio. Es además la única manera de involucrar a la sociedad.

Nadie apoyará a candidatos que muestran miedo de que sus propuestas pueden ofender a alguien dentro o fuera de sus partidos. Métanse desde ya en la contienda, en el debate, sin afán de caer bien a todos. Obliguen a sus partidos a que las primarias para la presidencia se hagan pronto, parar poder convertirse en líderes antes de las elecciones del 2018.

Saludos,


(MAS!/El Diario de Hoy)