Me tomo la libertad de usar este espacio
para comentar el desarrollo de la audiencia del “caso tregua”. Es
necesario, porque los medios seguirán limitándose a repetir las
acusaciones de la Fiscalía. Porque hasta ahora, al terminar el tercer
día, solo la Fiscalía ha hablado.
En
tres días los fiscales han logrado algo extraordinario. Comprobaron,
sin dejar espacio a dudas, la tesis principal de la defensa: facilitar
la tregua entre las pandillas fue una política pública oficial del
Estado del Gobierno de Mauricio Funes.Relatando cientos de documentos y docenas de testimonios, la Fiscalía comprobó que:
• En marzo 2012 se dio una tregua entre las pandillas.
• Para gestionarla intervinieron mediadores.
• Que esta mediación podía dar como resultado la reducción de homicidios, solo si las autoridades facilitaban su gestación.
• El gobierno decidió dotar la mediación con un equipo de apoyo, incluyendo dos oficiales de la PNC como enlaces institucionales, y con los recursos necesarios para su labor.
• Que en este contexto, el Gobierno de Funes permitió la libre entrada de los mediadores a los penales, las veces que fuera necesario.
• Una vez que hubo un acuerdo de tregua entre las pandillas, para implementarla hubo necesidad de trasladar a los líderes de Zacatraz a las otras cárceles de pandilleros – y que el Gobierno permitió este traslado.
• Que en los siguientes 15 meses el Gobierno siguió facilitando los mecanismos de la mediación para hacer sostenible la tregua, permitiendo múltiples reuniones de los principales jefes pandilleros con los mediadores para resolver focos de conflicto en el terreno y hacer sostenible la tregua.
Todo esto quedó establecido y comprobado
con las pruebas que ofreció la Fiscalía. Pero nada de esto comprueba los
delitos que la Fiscalía imputa a los acusados. Por lo contrario: la
Fiscalía comprobó que todos los funcionarios involucrados actuaron
cumpliendo órdenes en el marco de una política pública adoptada por el
gobierno, la cual dotó de los recursos necesarios.
Lo más que pudieron establecer los fiscales es que con todo esto el Gobierno creó oportunidades teóricas a cometer delitos, pero no que los hayan cometido. Por ejemplo: con las facilidades que Centros Penales dio a los mediadores, teóricamente tenían la oportunidad de introducir materiales o mensajes ilícitos a los penales. Pero no existe nada decomisado a ningún miembro del equipo mediador.
Otro ejemplo: la Fiscalía sostiene que las reuniones que se facilitaron entre los diferentes jefes de las pandillas fueron aprovechadas para planificar delitos. Pero no ofrecen pruebas. La defensa sostiene que fueron aprovechadas para prevenir delitos, por ejemplo, acordando cese de hostilidades contra escuelas, transporte público y personal policial. Las estadísticas de delitos del 2012/13 más bien indican que fue así.
El lunes será la hora de la defensa. Con todo lo comprobado por la Fiscalía, le saldrá más fácil sostener su tesis: los acusados (mediadores, funcionarios de Centros Penales y los oficiales de la PNC), lejos de hacerse culpables de asociación ilícita para cometer delitos, todos actuaron cumpliendo órdenes y implementando una política pública oficial, autorizada por el presidente de la República.
Hay un juicio paralelo, de carácter eminentemente político y mediático, que es contra esta política pública y la tregua. La Fiscalía solo abonó a este juicio paralelo, pero en el juicio jurídico todo esto no tiene relevancia. Políticamente han convertido la tregua y la mediación en pecado. Jurídicamente tendrían que haber comprobado delitos, y no lo lograron.
La otra semana veremos el siguiente capítulo. Saludos,
(MAS!/El Diario de Hoy)
