Carta al votante inteligente: Voten por carácter y principios. De Paolo Luers

Bertha Deleón, Sulen Ayala, Aída Betancourt

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, sábado 14 noviembre 2020

Estimados amigos y amigas:

¿Quién dice que en política ser buena persona no importa? ¿Quién dice que carácter y principios no cuentan? Puede ser que cuenten más que ideologías y propuestas políticas.

Biden ganó a Trump porque es un hombre decente. No sé si sus votantes conocen y comparten sus políticas, pero conocen su carácter. Por eso ganó.

Yo no comparto muchas de las políticas de Frau Angela Merkel, pero estoy convencido que su carácter y sus principios, probados en varias crisis, han logrado que los populistas de derecha y de izquierda no puedan dividir al país, y que haya confianza entre gobernados y gobernantes.

En la crisis que vivimos en El Salvador, hay que convertir la elección de diputados en un asunto de carácter y principios. Voy a explicar ese concepto con algunos ejemplos.

Suelen Ayala y Bertha María Deleón son dos candidatas muy diferentes. Bertha viene de la izquierda; Sulen, de la derecha. Bertha es luchadora por los derechos de las mujeres, incluyendo el aborto. Sulen es conservadora provida.

Quiero ver a ambas en la nueva asamblea, porque encima de todas sus diferencias políticas y culturales, tienen algo en común que es esencial para esta elección: son guerreras, ambas comprometidas con defender el estado de derecho contra la insaciable sed de poder de Bukele. Ninguna de ellas va a abandonar esta lucha, ni por amenazas, ni por sobornos, ni por claudicación. Posiblemente estas dos mujeres en algún momento serán protagonistas opuestas en un gran debate sobre el aborto. Pero ambas tienen claro que ante la amenaza para la democracia sería irresponsable dividir al país entre conservadores y liberales. Saben que tiene absoluta prioridad ganar la batalla entre demócratas y autoritarios. Por esto, no tendrán problemas para trabajar juntas.

Esta elección será de rostros. Los votantes tenemos que valorar el carácter de los candidatos. Bertha De León y Sulen Ayala son de diferentes partidos, una de Nuestro Tiempo y la otra del Partido Demócrata Cristiano. Probablemente ustedes no están de acuerdo o incluso ni siquiera conocen las propuestas políticas de estos dos partidos y de estas dos candidatas, pero pueden estar seguros que van a trabajar juntas con todos los que están dispuestos a defender la Constitución y la independencia de las instituciones democráticas. 

En esta elección hay pocos candidatos que son decentes y confiables; muchos que no son ni chicha ni limonada; y demasiados que son malos, no solo en el sentido de incapacidad, sino malos malos. La mayoría de estos malos, una vez diputados, serían totalmente serviles a Bukele. Para ellos no existirá la independencia del Órgano Legislativo.

Los candidatos oportunistas, aunque estén en partidos de oposición, no serán combativos a la hora de enfrentar al gobierno, e incluso pueden ser comprables. Hay que identificar y apoyar a los candidatos decentes, combativos y comprometidos con la democracia, que pueden estar en cualquiera de los partidos no gobiernistas.

Algunos de estos buenos, aunque de diferentes partidos, están corriendo en La Libertad: Cristina Cornejo es candidata del FMLN, y su valentía y competencia serán indispensables en la siguiente Asamblea. Lo más lógico sería que votantes de ARENA, que decidan no votar por bandera sino por cara, incluyan a esta candidata del Frente. Igual merecen apoyo interpartidario Aida Betancourt, de Nuestro Tiempo; Juan-Marco Álvarez, del PDC y Alex Kravetz, de ARENA. Los tres representan otras cualidades: racionalidad, competencia profesional y capacidad de construir acuerdos. Estas cualidades son igualmente importantes para los desafíos de la siguiente Asamblea, no solamente cuenta la combatividad.

Solamente son ejemplos, cada uno de ustedes puede hacer este análisis en su departamento y escoger a los candidatos que por su carácter y principios inspiran confianza. Lo importante es que suficientes mujeres y hombres valientes entren a la Asamblea.

Saludos, 

Carta a los diputados: Hoy o nunca. De Paolo Luers

Comisionado Mauricio Arriaza, director general de la PNC

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, jueves 12 noviembre 2020

Estimados legisladores:

Esta carta va en especial a los diputados del FMLN y ARENA, quienes si logran ponerse de acuerdo pueden cambiar la historia y detener el desmontaje de nuestra institucionalidad democrática.

Si ahora no actúan de manera rápida y contundente, luego no se quejen de la pérdida de garantías constitucionales y libertades civiles. Tienen que aprobar hoy mismo la solicitud que les hizo el Fiscal General de iniciar un antejuicio al comisionado Mauricio Arriaza, director de la PNC, para que pueda ser procesado penalmente por los delitos que la Fiscalía le imputa. No olviden que el presidente Bukele cometió fraude legal cuando lo nombróviceministro de Seguridad Pública con el único propósito de garantizarle la inmunidad que corresponde a ministros y viceministros, pero no a los jefes policiales. De todo modos, Arriaza no puede ejercer como viceministro, porque esta es la instancia que ejerce el control civil sobre la Policía. Sería un oficial policial ejerciendo control civil sobre sí mismo…

Las razones para remover a Arriaza de su cargo son múltiples y evidentes: su actuación en los eventos del 9 de febrero, cuando se apersonó en la Asamblea para preparar la toma militar de esta institución; su negativa a obedecer instrucciones de la Fiscalía General, por ejemplo en el caso del bloqueo a los camiones de basura. La fiscalía ordenó a la PNC remover a los manifestantes progubernamentales que bloquearon las carreteras, y Arriaza dio una contraorden. Resultado: San Salvador se hundió en basura durante una semana. Y como botón de muestra, la policía comandada por Arriaza obstaculizó los allanamientos que la Fiscalía, por orden judicial, ejerció en el Ministerio de Salud, para recabar documentación en sus investigaciones de corrupción.

Tres razones de peso para retirarle a Arriaza su fuero, removerlo de su cargo y procesarlo. La fiscalía ya dio el paso. Se tardó mucho, pero lo dio. Ahora la suerte de Arriaza y el apego de la PNC a la ley están en manos de ustedes. No queremos ver muestras de claudicación ni oportunismo de ningún tipo. Queremos ver que procedan de acuerdo a la ley.

Es más, ustedes hubieran tenido que actuar mucho antes, sin necesidad de esperar una decisión de la Fiscalía. Como Asamblea, ustedes pueden pedir la cabeza de ciertos funcionarios, y la Constitución obliga al presidente a removerlo, siempre cuando se trate del responsable de Seguridad Pública. Es difícil entender por qué la Asamblea, al investigar los hechos del 9 de febrero, cuando unidades armadas de la PNC y del ejército tomaron control del recinto legislativo, procedió contra el ministro de Defensa y no contra el comisionado Arriaza. 

Igual no entiendo por qué la Asamblea no actuó en el caso del director general de Centros Penales, Osiris Luna, quien también goza de fuero porque el presidente lo nombró viceministro de Justicia. Otro fraude de ley del presidente…

Había varias razones de remover a Osiris Luna: su negación de explicar su viaje en avión privado en una misión nunca explicada en México; su rol en presuntas negociaciones del gobierno con la MS13; y su rol protagónico en la campaña de propaganda que inundó los medios y las redes sociales con fotos y videos que proyectaron nuestras cárceles de alta seguridad al estilo de campos de concentración. No hubo investigación de la Fiscalía, en estos momentos aún muy influenciada por la administración Trump; no hubo investigación de la Asamblea, así que el señor Osiris Luna no tuvo que rendir cuentas a nadie. Ustedes lo hubieran podido remover de sus cargos, porque igual que Arriaza es parte de la cúpula de Seguridad Pública. Lean el artículo 131-37 de la Constitución…

Y no nos vengan con comentarios sobre un ‘conflicto entre poderes del Estado’. Es un ataque del poder Ejecutivo contra la Fiscalía.

Tienen la pelota en su cancha. Juéguenla. Procedan. Faciliten que el director Arriaza sea sustituido y procesado. Es su deber. Urge detener el desmontaje del Estado de derecho. Si no, este proceso puede llegar a un punto sin retorno.

Saludos, 

Carta a los amigos en Washington: Lo que esperamos de ustedes y de Biden. De Paolo Luers

 

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, martes 10 noviembre 2020

Dear friends:

Primero, reciban mis felicitaciones. Mostraron que, a pesar de cuatro años de Trump, la democracia estadounidense funciona. Los malos presidentes no son reelectos porque los ciudadanos, en su mayoría, sí se dan cuenta cuando han sido engañados, sí votan y sí cambian el rumbo de su país. Esto en sí es un excelente mensaje al mundo y en El Salvador lo entendemos.

Segundo, sepan que nadie quiere que la nueva administración Biden intervenga en las elecciones nuestras de febrero 2020. Lo que sí estamos exigiendo (y para esto pedimos su ayuda, porque muchos de ustedes tendrán influencia en la formulación de las políticas del nuevo gobierno hacía nuestro país) es que Estados Unidos deje de consentir los ataques que el gobierno Bukele está sistemáticamente haciendo a la Constitución. La administración Trump ha consentido estos ataques. Estados Unidos no puede seguir haciéndose del ojo pacho con estos ataques, ni mucho menos fomentarlos.

Estados Unidos histórica y sistemáticamente ha ejercido una fuerte influencia sobre la Fuerza Armada salvadoreña; sobre nuestras políticas de Seguridad Pública y su instrumento central, la Policía Nacional Civil; y sobre la Fiscalía General de la República. Esperamos que la administración Biden ejerza esta influencia para garantizar que estas tres instituciones cumplan con su rol constitucional para proteger el Estado de Derecho.

Las tres instituciones (Fuerza Armada, PNC, Fiscalía) en gran medida dependen de Estados Unidos: en cuanto a doctrina, cooperación institucional, financiamiento, asesoría, logística. Es en gran parte por la cooperación de Estados Unidos que estas instituciones han logrado modernizarse, democratizarse y profesionalizarse, y así han jugado un papel clave para cumplir con los Acuerdos de Paz. 

Sin embargo, la administración Trump ha sido cómplice (o por lo menos observadora pasiva) del intento del presidente Bukele de politizar la Fuerza Armada y la PNC, obligándolos a privilegiar su obediencia al presidente encima de la obediencia a la Constitución y sus instituciones de control. Por otra parte, el gobierno Bukele ha expresado su menosprecio a la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía General, y por parte de la administración Trump ha habido un silencio cómplice.

Esperamos (y por qué no decirlo: exigimos) de la administración Biden que corrija proactivamente estos errores de las políticas de Trump. Estados Unidos tiene que usar su influencia en la Fuerza Armada y la PNC para garantizar que no sigan actuando al margen de la Constitución y se supediten al control civil ejercido no solo por el presidente sino también por la Fiscalía, los jueces y la Asamblea Legislativa. Y Estados Unidos tiene que usar su influencia fuerte sobre la Fiscalía para que los fiscales se sientan respaldados para abrir las investigaciones de corrupción o abuso de poder contra quien sea.

Si la nueva administración en Washington cambia su discurso frente a los jefes militares y frente a la cúpula policial, exigiéndoles el estricto apego a sus responsabilidades y limitaciones constitucionales; y si corrige el discurso frente a los magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general, asegurándoles el apoyo de Estados Unidos para ejercer sus mandatos de forma valiente, todos ellos van a cambiar su actuación inmediatamente.

Solo con esto, la situación entre los diferentes poderes del Estado salvadoreño cambia. Solo con esto, la cancha electoral se nivela, y tanto la oposición política puede ir a unas elecciones más justas y defender la independencia de la Asamblea Legislativa. 

Pero para que este efecto se dé, tienen que escucharse a tiempo señales claras del equipo de transición de Biden y Harris. Tiene que decirse a tiempo que Estados Unidos no será aliado incondicional del gobierno de Bukele, sino aliado incondicional de la democracia salvadoreña. De nada nos servirá escuchar estos mensajes en marzo, luego de unas elecciones en una cancha desnivelada. Y tiene que decirse loud and clear, en voz alta y sin ambivalencia. La administración Trump y su embajador mandaron sus mensajes de respaldo incondicional a Bukele hasta con trompetas, así que para corregirlos no basta con wishy-washy diplomático. 

Por supuesto que el solo cambio de discurso que hemos escuchado desde Washington con la llegada de Joe Biden y Kamala Harris es importantísimo. Para los salvadoreños es como bálsamo escuchar al futuro presidente de Estados Unidos hablar de poner fin al odio y regresar a la racionalidad, al respeto y la tolerancia. Este nuevo lenguaje tendrá mucho impacto aquí, por razones obvias. Será más difícil para Bukele mantener su discurso de división, de ataque a opositores, de descalificación al periodismo independiente.

Si el nuevo discurso democrático se convierte en acción, y no solo en los asuntos internos de Estados Unidos sino también en sus políticas hacía Centroamérica, aquí habrá un reseteo importante de la política y de las correlaciones de fuerza. Ayúdenos a que esto se dé pronto y de manera contundente. Nosotros nos encargaremos del resto.

Saludos y felicitaciones, 

El Mozote, fracaso del manual de contrainsurgencia. Columna Transversal de Paolo Luers

Foto: Paolo Luers / diciembre 1981 

Publicado en EL DIARIO DE HOY, domingo 8 noviembre 2020

Todos hablan de El Mozote, de la masacre, de la imposibilidad de que la justicia tenga acceso a los archivos militares. Pero todos sabemos quiénes fueron responsables de la masacre: el batallón Atlacatl, entrenado por Estados Unidos en contrainsurgencia, y el oficial estrella que lo conducía: el coronel Domingo Monterrosa.

El concepto de la “guerra contrainsurgente” lo desarrollaron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en su guerra en Vietnam, y paradójicamente, aunque fracasaron con esta estrategia y perdieron esta guerra, la elevaron a doctrina y la aplicaron en El Salvador. El concepto de counterinsurgency se resume en dos consignas que se convirtieron en recetas en el entrenamiento que recibieron los batallones especiales salvadoreños en Estados Unidos y Panamá: “Quitarle el agua al pez”, siendo las fuerzas insurgentes el pez y el agua la población civil; y para lograr esto “Tierra arrasada”, lo que en la táctica militar consiste en destruir absolutamente todo lo que pueda ser de utilidad al enemigo: población civil, organizaciones campesinas o eclesiales; comercio, que puede nutrir la logística de la guerrilla; vegetación que da cobertura a la guerrilla; sus fuentes de agua…

Ambas recetas significaron, por definición, violaciones a los Derechos Humanos de la población civil. Significaba diseñar acciones militares con el fin de sacar la población civil de los territorios con presencia insurgente. Y si la población no se dejó desalojar por las buenas, someterla a masacres y despoblar los teatros de guerra o por eliminación o por intimidación de la población campesina. Significaba también quemar cultivos y bosques, intoxicar fuentes de agua, destruir casas, escuelas e iglesias: “tierra arrasada”. Luego quedaría solamente la población orgánicamente vinculada a la guerrilla, contra los cuales la Fuerza Armada podía proceder con todos los medios y armamentos militares: bombardeos, ataques con morteros, emboscadas.

Para ejecutar con contundencia y sin remordimientos esta estrategia contrainsurgente radical, era necesario crear batallones especiales bien entrenados e indoctrinados. Como el Atlacatl, y luego el Atonal, el Belloso, el Bracamonte, el Arce. Y se necesitaba a comandantes militares que asimilaran esta doctrina de counterinsurgency. Comandantes como el teniente coronel Domingo Monterrosa. Las fuerzas y los oficiales regulares del ejército salvadoreño no servían para esta forma de guerra que consideraba enemigo y sujeto a eliminación a la población civil.

Esta estrategia la implantaron los asesores militares de Estados Unidos a partir de la ofensiva guerrillera de enero 1981, con la esperanza que de esta forma podía romper la vinculación de los núcleos guerrilleros con la población campesina, de esta forma evitar su crecimiento, y al final aniquilarlos.

Luego de pruebas limitadas en Chalatenango, Guazapa y Morazán, sometieron a la estrategia y al nuevo batallón Atlacatl a la prueba con un ensayo general: en El Mozote. En un sentido técnico les funcionó: lograron motivar a las unidades del Atlacatl a proceder contra una población visiblemente civil, no beligerante, y a eliminar con frialdad a todos los que encontraron: niños, hombres, mujeres, ancianos. Alrededor de 1,000 ejecuciones. No es fácil motivar a una unidad militar de convertirse en asesinos masivos, y lo lograron. Lograron también el efecto deseado: miles de familias se refugiaron en la zona norte de Morazán y terminaron en campos de refugiados en Honduras o en Gotera.

Pero no calcularon el efecto contraproducente. Una gran porción de los hombres mandaron a sus familias a refugios, pero se quedaron para incorporarse a la guerrilla. Las fuerzas insurgentes, luego de El Mozote, comenzaron a crecer sustancialmente, y ya en la segunda mitad del año 1992 se habían convertido en un ejército con capacidad ofensiva.

Pero había otro impacto contraproducente de su ensayo general de El Mozote: la reacción política en Estados Unidos. Traumatizado por la guerra de Vietnam, la opinión pública de Estados Unidos no toleraba que otra vez su país iba a ser protagonista de genocidios. De manera que con El Mozote se murió la estrategia de la “tierra arrasada”, y se tardaron hasta el año 1984 a desarrollar nuevas estrategias contrainsurgentes eficientes. Sólo que a esta fecha la guerrilla había ya crecido tanto en números, en armas, en logística y en influencia popular que ya no la podían aplastar. Conocemos el desenlace de esta historia: Al final el gobierno tuvo que negociar la paz y aceptar la desmilitarización y la democratización del país.

La moraleja de la historia: El juicio que deberíamos a hacer sobre el caso El Mozote es contra la administración Reagan que quería implementar en El Salvador una estrategia ya fracasada en Vietnam. Y esto obviamente no sería un juicio penal, como el de Gotera, sino uno ético en manos de historiadores.