Carta a los diputados: $1,261 millones de déficit . De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 16 noviembre 2019

Estimados diputados:
Primero, no dejen pasar al Gobierno la mentira de que el déficit fiscal del 2020 será de $755 millones. La verdad es que será de $1,261 millones si ustedes aprueban el presupuesto y los préstamos así como el gobierno los presentó. 

El Gobierno presentó un presupuesto con $755 millones de déficit y solicita cubrirlo con un préstamo. Pero, contrario a lo que dicta la Constitución, no metieron todos los gastos previsibles en su presupuesto. Para cubrir los gastos que quieren hacer, porque no los incluyeron en el presupuesto, solicitan paralelamente varios préstamos.

$91 millones              Plan Control Territorial, fase 2

$109 millones           Plan Control Territorial, fase 3

$200 millones          Banco Mundial para FISDL-Municipios

$86 millones             Reactivación del café

$20 millones             Para Bandesal, para emitir créditos

$755 millones           Brecha entre gastos e ingresos en el presupuesto 2020

$1,261                      Total del déficit 2020

Primera pregunta: si ya el gobierno calcula todos estos gastos extras a la hora de presentar el presupuesto, ¿por qué no los incluye en la Ley de Presupuesto 2020? Hay una explicación: porque entonces el déficit que hay que cubrir prestando sería de $1,261 millones. O sea, este número puede asustar a cualquiera…

Los presupuestos extraordinarios, financiados por préstamos adicionales, son para gastos que no se podían prever a la hora de elaborar el presupuesto general. Estas solicitudes se presentan en el curso del año fiscal. Pero ahora la Asamblea recibe al mismo tiempo el presupuesto y los complementos, y esto es inconstitucional. Por ello, antes de discutir el presupuesto rubro por rubro, exijan al gobierno que incluya los gastos que ahora tiene en las solicitudes de préstamos.

En los préstamos para la Fase 2 del Plan de Control Territorial, como abarca gastos que no son estrictamente para seguridad, sino para medidas de prevención e inversión social, hay rubros que a todas luces corresponden a Educación, Salud y MOP. La única forma en que ustedes pueden examinar si tienen sentido estos gastos es en el contexto de los planes generales y del presupuesto general para los respectivos ministerios. Si no se consolidan de esta manera, puede haber gastos de personal, compras y proyectos repetitivos (tal vez esto sea incluso la intención).

Si el planteamiento del Gobierno es que su concepto integral para la Seguridad exige que se definan de otra manera las prioridades en Educación, Salud, MOP y otras dependencias, entonces esto tiene que reflejarse en el presupuesto de cada ministerio. Los presupuestos son los documentos que ordenan y priorizan los gastos. Son el plan de gobierno traducido en números, o sea “sin paja”. Pero solo lo son cuando nadie miente, encubre, confunde, como es el caso de este presupuesto, el primero del gobierno Bukele.

La Asamblea debe ser muy estricta, exigiendo que el Gobierno incluya en su presupuesto todos los gastos e ingresos previsibles y todo el déficit que habrá que cubrir. Una vez que el Gobierno haya cumplido esto, ustedes pueden comenzar a cuestionar y, si hay necesidad, cortar gastos. No se olviden, ustedes como diputados no pueden aumentar gastos, pero sí pueden reducirlos o reorientarlos.  

Por ejemplo, al consolidar todos los diferentes presupuestos en uno, ustedes verán que los $28 millones para las capacitaciones en el CIFCO no corresponden a ningún plan integral ni de educación ni de ninguna otra institución, y pueden proponer al gobierno a reorientar estos fondos para que instituciones como INSAFORP o el ITCA asuman estos proyectos de educación vocacional. Y si quieren cambiar su plan, ustedes tienen todo el derecho de no aprobar estos fondos.

Al comparar los gastos regulares con los extraordinarios (de los préstamos) se darán cuenta de múltiples ejemplos como el del CIFCO. 

Mucho trabajo por hacer. 

Saludos, 

La increíble debilidad del presidente Piñera. De Manuel Hinds

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 15 noviembre 2019

¿Cómo es posible que los gobiernos chilenos de izquierdas y derechas de las últimas décadas y las elites económicas e intelectuales que los han sustentado no vieron el monstruo que se les venia encima? ¿Por qué no vieron la gasolina regada en el piso y no vieron el peligro de que un fósforo podía tirar todo en llamas?

No hay duda de que en el fondo de esta historia hay una élite política y económica que se durmió en sus laureles, pensando que si mantenía una tasa alta de crecimiento económico todo lo demás se resolvería por añadidura. Pero también era muy difícil darse cuenta del descontento. Hace solo dos años los chilenos le dieron el voto a Sebastián Piñera para Presidente de la República, por segunda vez, de modo que los ellos no pueden decir que no lo conocían. También, aunque tampoco hay duda de que ha habido muchas razones para el descontento —las hay en todos los países— éste había sido asintomático hasta hace unas semanas. Aún más, los descontentos no han podido identificar con claridad los motivos de su repentina rabia. Sólo han citado la falta de igualdad que prevalece en Chile y otras cosas, no muy bien especificadas, que ellos dicen han causado gran descontento desde hace treinta años, aunque nunca habían dado muestras de su cólera.

Por otro lado, se vislumbra en estas protestas un fenómeno de sicología de masas que podría explicar por qué en un país democrático, en donde por treinta años nunca hubo ninguna protesta ni remotamente similar a las que se están dando en este momento. Podría explicar también por qué las élites no pudieron ver llegar la marejada.

Lo que se observa es un fenómeno no lineal, en el que una cosa pequeñita (4 centavos de dólar de aumento al tiquete del metro) provoca una respuesta que crece exponencialmente en ciclos de acción y reacción de mutuo reforzamiento hasta que se hacen inmanejables. El presidente Piñera ha jugado un papel crucial en esta multiplicación de las protestas. Ante las primeras de ellas, el presidente mismo legitimó su terrible violencia diciendo que era cierto que él y todos los gobiernos anteriores por treinta años no habían puesto suficiente interés en respetar las aspiraciones de los electores, y pidió perdón por esa falla. Cualquiera que oye al presidente decir esto se torna contra él. ¿Qué otra reacción puede alguien tener si el presidente mismo confiesa que él y sus colegas lo han estado engañando por treinta años? ¿Qué más gasolina necesitaban las protestas? Por otro lado, lo que dijo el presidente es increíble. Ningún país puede lograr los triunfos que Chile ha logrado —incluyendo una rápida reducción de la desigualdad de ingresos— sin mucha dedicación de políticos y funcionarios. Es claro que el presidente degradó todos esos esfuerzos no porque fuera cierto sino en un intento vano de ganarse a los manifestantes. La marejada no se veía porque, si existía, era muy pequeña. Piñera la hizo grande.

Luego Piñera dijo estar dispuesto a cambiar la Constitución, abriendo las puertas para que los más radicales empujen más fuertemente para romper el orden institucional y tomar el poder absoluto. De esta forma, este ciclo ha llevado a niveles cada vez más graves de protestas y de violencia, que el presidente Piñera insiste en condonar cada vez más. Ahora los manifestantes están atacando al ejército en sus cuarteles, retándolos a que le quiten el poder a Piñera y establezcan una dictadura militar. Si esto pasara, sería un retroceso de 30 años. Si el régimen cayera y el poder pasara a los radicales que queman estaciones de metro y edificios, el retroceso sería peor.

Así, con su voluntad de confirmar cualquier acusación que los manifestantes hagan al estado chileno y de hacerles caso en todo lo que piden, el presidente Piñera ha hecho un mal servicio a los ciudadanos chilenos, que han trabajado tanto bajo un sistema que, aunque con fallas, les ha dado un crecimiento y un desarrollo que supera el de cualquier otro país latinoamericano.

Con su debilidad, el presidente Piñera ha trazado un camino que llevará al país a la ruptura de sus libertades y su progreso.

Carta a todos que están de acuerdo en que cerremos bien el capítulo de la guerra civil. De Paolo Luers (+el texto del proyecto de Ley de Reconciliación)

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 14 noviembre 2019

“¡Desacato!”, gritaron algunos. “La Asamblea desobedeció. Es bastante simple“, sentenció un connotado abogado.

No es cierto. No es nada simple. Es cierto que la Sala le dio un plazo a la Asamblea para aprobar una Ley de Reconciliación que llene el vacío dejado por la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía del 1993. Es cierto que la Sala dijo que este plazo es “improrrogable”.

Lea el texto completo del 

anteproyecto de la Ley de Reconciliación 

al pie de esta nota

Pero antes de indignarse, reflexionen un rato: es fácil dar órdenes, pero a veces es muy difícil o incluso imposible obligar a su cumplimiento. ¿Cómo se obliga a que un parlamento llegue a un acuerdo político, sobre todo en un tema tan sensible y que casi vuelve obligatorio que sea avalado por una amplia mayoría?

A una instancia administrativa se puede ordenar que cumpla con una sentencia en determinado plazo, pero la Asamblea consiste de 84 diputados que por Constitución tienen plena autonomía de decisión. No hay forma de obligar a un acuerdo legislativo.

La Asamblea hizo lo correcto al pedirle a la Sala una nueva prórroga. ¿Cuál hubiera sido la alternativa? ¿Someter a votación los dos proyectos de ley existentes y ver cuál llega a 43 votos? Construir acuerdos cuesta el tiempo necesario y no es conveniente someterlo a plazos.

Leyendo la propuesta actual de la subcomisión correspondiente, nos damos cuenta que los diputados han avanzado bastante y en la dirección correcta, comparado con los borradores que hace unos meses no encontraron apoyo mayoritario ni en la Asamblea ni en el debate nacional. ¿Y cómo avanzaron? Haciendo al fin lo que muchos desde el principio les urgimos, abrir el proceso de debate y de construcción de una propuesta.

El intento de consensuar esta ley entre los dos bandos enfrentados en la guerra, ambos con cuentas abiertas con la justicia y la verdad, era torpe y contaminó el pozo. Yo lo advertí en varias columnas. 

Al ver el rechazo y la desconfianza a su primera propuesta, los diputados entendieron el mensaje y abrieron el debate. Había dos formas de abrir el debate que se propusieron y que se enfrentan hasta hoy. Una decía que hay que concertar la ley con las víctimas, o más bien con las organizaciones que pretenden representar a las víctimas, aunque es obvio que no existen “las víctimas” como sector. Las víctimas que estas organizaciones pretenden representar son exclusivamente las víctimas de la represión gubernamental y militar. Es lo que se puede llamar la propuesta simplista, que negocien con las víctimas. Y el punto central, las penas de cárcel para los victimarios. Es una vista muy simplista del conflicto y por ende, de la tarea de la reconciliación.

La otra manera de ampliar el debate era involucrar algunas de las figuras sensatas del país, personas que pueden ejercer interlocución de confianza con los diferentes actores y afectados, como los diferentes partidos, militares y excombatientes, la academia, iglesia, organizaciones de derechos humanos. No se trata de una negociación, sino de construir con ellos una nueva propuesta que tome en cuenta las necesidades y sensibilidades de todos los actores. 

Esta segunda vía fue exitosa. La propuesta que surgió se centra no en castigo, sino en verdad y reconciliación, y luego de mucha discusión fue asumida por varios partidos, incluyendo ARENA y FMLN, pero también PCN y PDC. Hubo consenso de que esta propuesta vuelve obsoletas las propuestas originales resultadas de negociaciones entre los partidos. Se convirtió en la propuesta de los partidos. 

El problema es la férrea oposición que contra esta y cualquier otra propuesta que no sea de ellos organizan un conjunto de organizaciones que dicen que hablan a nombre de las víctimas. Por negligencia de todos los demás, fueron ellas las que monopolizaron durante años el debate sobre justicia y verdad, memoria y reconciliación. Hoy sienten que solo ellas tienen autoridad para proponer o avalar una ley de reconciliación. Por presión de este sector, tanto el FMLN como otros sectores que ya habían expresado su apoyo a la propuesta, medio se replegaron y vuelven a plantear que hay que tomar en cuenta el proyecto de ley alternativo presentado por las organizaciones de derechos humanos. El hecho que el presidente de la República está tratando de pescar en las aguas revueltas de este conflicto, tampoco ayuda…

Ahora hay que aprovechar la nueva prórroga para someter al debate nacional las dos propuestas y sus lógicas opuestas: la lógica de verdad y reconciliación versus la lógica del castigo. Es un asunto que trasciende los bandos del conflicto, víctimas y victimarios, y los intereses partidarios actuales. 

Saludos, 

Lea también: 

Mejor no legislar que mal legislar

Cállese, señor presidente

EL ANTEPROYECTO DE LEY

El punto de partida es la visión. De Carmen Aída Lazo

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 12 noviembre 2019

“Si no sabes a donde vas, cualquier camino te llevará ahí…” (Lewis Carroll).

Recientemente, desde la ESEN dimos a conocer lo que pretendemos sea un aporte para el país, con la presentación del libro “Una propuesta para el progreso de El Salvador. Tareas pendientes para el desarrollo económico”. Preguntas que naturalmente surgen cuando se produce un documento como este son: ¿por qué un libro más de este tipo? ¿Acaso no está ya el país sobre diagnosticado? ¿Cuál es la novedad y cuáles son los mensajes principales?

Respecto a la primera pregunta (¿por qué una propuesta más para el desarrollo), la respuesta es que nos motivó la realidad y también la oportunidad. La realidad porque, como ha sido ampliamente documentado y comentado, El Salvador ha estado a la zaga en la región en términos de crecimiento económico, lo que se traduce en una insuficiente generación de empleos de calidad —que limita las posibilidades de progreso de las familias salvadoreñas— y actúa como una fuerza que expulsa del país a miles de salvadoreños cada año. Y esta tendencia no se ha revertido: el crecimiento de este año es bajo (2.3%), los empleos formales se han reducido en lo que va del 2019 y las perspectivas de crecimiento para 2020 son prácticamente las mismas.

El reconocimiento de esta realidad vuelve pertinente todo esfuerzo para trata de abonar a la discusión sobre cómo revertir esta situación. Una necesidad que es acentuada por las enormes transformaciones globales en los mercados laborales y los modelos de negocios, derivadas de la revolución digital.

Por otro lado, está la oportunidad, pues consideramos que como país estamos en un momento favorable para comenzar a hablar del largo plazo, para que colectivamente discutamos la importancia de definir una visión que trascienda el ciclo político, y se acompañe de acciones que se ejecuten con disciplina y paciencia. Esta necesidad de discutir el país que queremos construir en 10, 15, o 20 años es oportuna, pues debemos admitir que lo que prevalece es el cortoplacismo: se dedica mucho más tiempo y energía a reaccionar a la coyuntura, a la noticia del momento, que a discutir los temas trascendentales para nuestro bienestar de mediano y largo plazo. ¿En verdad creemos que podremos dejar la inercia del bajo dinamismo sin una visión compartida? ¿Sin una hoja de ruta y sin apuestas claras? La repuesta es que no, el progreso económico no es obra del azar ni se da de forma espontánea.

De hecho, una de las secciones del documento la dedicamos a comentar rasgos comunes que comparten países que lograron crecer sostenidamente partiendo de puntos de partida similares a El Salvador. Hemos incluido los casos de Singapur, Corea del Sur, pero también el interesante caso de República Dominicana, que desde hace más de 10 años ha venido trabajado en su Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. El rasgo distintivo es que estas naciones se embarcaron en estrategias de desarrollo con visión de largo plazo, con respaldo político al más alto nivel, con estrategias pragmáticas y disciplinadas en las que se puso al centro la formación de capacidades y habilidades de las personas.

Además de querer motivar una discusión en diferentes actores de nuestra sociedad en torno a la visión y apuestas de largo plazo, el estudio pone especial énfasis en la importancia de impulsar una transformación productiva, para así poder alcanzar mayores niveles de crecimiento económico. Esto significa que necesitamos apuntarle a una estructura productiva y exportadora más diversificada y sofisticada. Solamente produciendo bienes y servicios de mayor valor agregado podremos aumentar la calidad y cantidad de los empleos.
Ahora bien, ¿cómo identificar oportunidades de transformación? En el estudio, proponemos hacer apuestas fundamentadas en datos. Por eso recurrimos al Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, que facilita la comprensión de las posibilidades de diversificación al mostrar en cuáles bienes un país ya tiene ventajas comparativas reveladas, es decir, en cuáles bienes ya tiene un posicionamiento en el comercio mundial, y a partir de ello, hacia cuáles bienes puede orientar su diversificación.

Las tres secciones del documento responden a las preguntas que nos hicimos en el equipo: 1. ¿Qué podemos aprender de analizar estrategias implementadas por otros países? Aquí planteamos cinco lecciones, que incluyen la relevancia del liderazgo, la centralidad de la inversión en la gente y la orientación hacia afuera. 2. A la luz de esas experiencias, ¿cuáles son las brechas o taras pendientes que persisten en El Salvador? Estas tareas pendientes son: elevar la competitividad y el crecimiento, mejorar las capacidades de las personas, reducir las brechas territoriales y propiciar la transformación productiva. 3. ¿Cuáles son los ingredientes que debe tener una estrategia de desarrollo para nuestro país? Acá proponemos una estrategia con acciones horizontales (condiciones habilitantes del desarrollo), acompañada de una institucionalidad para implementar la estrategia.

No pretendemos tener todas las respuestas, pero sí buscamos estimular la discusión sobre el rumbo del país y dar a conocer las apuestas que —a nuestro juicio— permitirían romper la inercia de bajo dinamismo económico. Queremos también animar a diferentes segmentos de la sociedad a participar en este debate, pues la complejidad y magnitud de los desafíos que enfrentamos exige que nos unamos en torno a metas comunes. El punto de partida es la visión. Comencemos ya.

Les invitamos a ver más detalles de la propuesta en:

UNA PROPUESTA PARA EL PROGRESO DE EL SALVADOR

 

Carta al ministro de Defensa: La historia de los obuses sin municiones. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DAIRIO DE HOY, 12 noviembre 2019

Estimado señor capitán de navío René Francis Merino Monroy:
Me estoy preguntando con base en qué información el presidente de la República se atrevió a publicar este tuit, dándole a usted una orden explícita: “Señor Ministro Merino Monroy, prepare e interponga la denuncia ante la Fiscalía General contra Gustavo López Davidson por el hurto de cargamentos de armamento de la Fuerza Armada, así como por estafa agravada a las institución”.

Es imposible que el presidente de la República se haya dado cuenta ni siquiera de la existencia de un negocio de armas entre el Ministerio de Defensa y la empresa Centrum, de López Davidson, realizado en 2013, sin que usted le haya informado. Y no solo informado: Tiene que haberle dicho al presidente que en este negocio hubo delitos como “hurto” y “estafa agravada” por parte del señor López Davidson. ¿De qué otra manera al presidente de la República una buena noche a las 7:49 pm se le ocurre hacer semejantes acusaciones al presidente del principal partido de oposición?

Hay otra cosa que cuesta entender: luego de que usted informa al presidente, recibe a las 7:49 pm del jueves 7 de noviembre la orden presidencial de proceder con una denuncia ante la Fiscalía. Sin perder tiempo, usted se presenta a la Fiscalía, a la primera hora del día siguiente. Y ahí la cosa insólita: usted presenta un “aviso verbal”, o sea sin entregar ninguna documentación sobre el negocio entre Centrum y Defensa y los presuntos delitos.

¿Anuncio verbal? Esto lo puede hacer un ciudadano, cuando de alguna forma se dio cuenta de un delito. Un ciudadano no tiene cómo tener acceso a la documentación que comprueba el delito. Pero un ministro de Defensa, en un caso que surgió dentro de su ministerio, donde él tiene acceso ilimitado a todos los archivos y a los subalternos involucrados, ¿cómo puede ir a la Fiscalía y hacer un anuncio verbal, sin documentar las acusaciones graves contra uno de los líderes políticos de la oposición? Es más, ministro, para informar al presidente, usted ya tiene que haber documentado el caso de antemano. ¿Cómo se le ocurre no entregarla a la Fiscalía?

Por una simple razón: no hay caso. No hay documento alguno en los archivos del Ministerio de Defensa que indique que en el contexto de los negocios entre el ministerio y la empresa Centrum se hayan dado delitos como hurto y estafa.

A mí como civil me costó un par de llamadas y un almuerzo para confirmar con fuentes militares activas y otros retirados que por parte de Defensa nunca hubo el mínimo reclamo a la empresa Centrum en la adquisición de dos obuses de fabricación israelí (el calibre hasta la fecha es información reservada). Fueron adquiridos en 2013, previo viaje a Israel de varios oficiales para probar los equipos. Los equipos fueron entregados debidamente, pero con el acuerdo de que iban a quedar empacados hasta que la Fuerza Armada adquiriese las municiones y Centrum pudiese dar el entrenamiento final. Esto nunca se dio, porque nunca compraron las municiones de obús porque son muy caras. Entonces, nunca se desempacaron, nunca se probaron en suelo salvadoreño. Por tanto, no puede haber ningún indicio de que sean deficientes. O sea, las armas que compraron a López Davidson no funcionan porque no compraron munición.

Como era un convenio de permuta, los obús (con valor de 2 millones de dólares) no se pagaron, sino que Defensa entregó a Centrum lotes de armas obsoletas, muchas de ellas de uso excesivo durante la guerra civil, que luego fueron vendidas todas previamente inhabilitadas a empresas en Estados Unidas que se dedican a la reconstrucción de armas. Nuevamente, en los archivos de Defensa no se encuentra ninguna documentación que podría indicar que este trato haya sido desfavorable para Defensa, ni hablar de delitos.

Usted como ministro tiene acceso a toda esta información. Cualquiera en Casa Presidencial, con menos esfuerzo y tiempo que yo como periodista, hubiera podido comprobar que no hay documentos que indican el cometimiento de ningún delito en el contexto de la adquisición de los obuses israelíes. 

Entonces, nuevamente: ¿cómo se atreve el presidente de la República a públicamente acusar a López Davidson de hurto y estafa agravada? Obviamente no tiene nada que ver con la búsqueda de verdad y justicia, mucho menos con un esfuerzo de preservar los derechos del Estado. Tiene que ver exclusivamente con un ataque político, partidario y personal del presidente al jefe de un partido opositor que se niega a someterse a imposiciones del gobierno. Se trata de la reacción del presidente a declaraciones recientes de Gustavo López Davidson que significan una oposición más consistente que la de ARENA en la Asamblea.

Lo triste es que la irresponsabilidad del presidente está comprometiendo al ministro de Defensa y la Fuerza Armada que dirige.

Saludos, 

Otra vez el linchamiento. De Erika Saldaña

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 11 noviembre 2019 

En mi columna del lunes 4 de noviembre de 2019, publicada en este periódico, hice un llamado a prudencia sobre la resolución de la Cámara Primera de lo Penal que se encontraba pendiente y a esperar la publicación para analizar sus razones antes de tomar postura sobre el tema. Dicho y hecho, ya tuve la oportunidad de leer la mencionada resolución, con lo que ahora con toda claridad puedo decir que jurídicamente disiento del criterio adoptado por los magistrados. Y lo hago con respeto y a la base de una postura que considero técnica.

La Cámara realizó un razonamiento jurídico en el que resalta la sujeción de los jueces penales a la ley bajo el principio de legalidad; después de una larga descripción establece que los hechos propios del caso y que el grado de afectación a la víctima son propios de una falta y no de un delito; y realiza muchos otros razonamientos propios de la teoría del delito, que eso lo entenderá mucho mejor un abogado que se dedica al ámbito penal.

Sin embargo, creo que la Cámara se quedó corta sobre el hecho de que se trata de una niña y en el análisis debió considerarse con más firmeza el interés superior del menor. Además, creo que la Cámara le dio tratamiento al caso desde una perspectiva de segunda instancia de conocimiento y no como una fase instructiva propia de un proceso que proviene de un antejuicio, cuya finalidad es determinar si existen o no suficientes elementos probatorios para pasar a la etapa del juicio.

Dicho esto, sostengo e insisto en que la vía del descontento no puede ser el linchamiento a los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal y a todo aquel que disiente con la manera en que la mayoría ha reaccionado. Si no estamos de acuerdo con lo resuelto por la Cámara, para eso las leyes establecen un sistema de recursos mediante el cual se pueden impugnar, revocar y anular decisiones que resultan insatisfactorias a las partes o contrarias a Derecho. Los jueces y magistrados no son infalibles y la posibilidad de que existan errores humanos es lo que fundamenta las revisiones en otras instancias.

En El Salvador es complicado intentar brindar una postura técnica cuando inmediatamente saltan señalamientos de que se está “defendiendo pedófilos”, “defendiendo corruptos”, “cerrando filas por los colegas”, sin siquiera ver cuáles son los argumentos que se están presentando. Muchos estamos clarísimos que se necesita una depuración del Órgano Judicial en distintos niveles y del gremio de abogados, pues hay personas que no deberían continuar con la profesión. Sería irracional defender a alguien solo por pertenecer a la misma institución o ser parte del mismo gremio, por lo que me parecen apresurados e injustos algunos señalamientos.

Lo que muchos defendemos, al final, es que se cumpla el Estado de Derecho y los principios que aún sostienen la república. Que a las víctimas se les brinden todas las garantías para su protección, pero también que a los imputados se les garantice la presunción de inocencia hasta que un juez dicte sentencia. Que si una decisión judicial no es del agrado de alguien se utilicen los recursos previstos en las leyes para su anulación, pero no el linchamiento y hasta el señalamiento del delito de prevaricato a los jueces por una resolución que no goza de la aceptación popular.

Muchas personas emitimos una opinión de cualquier tema bajo el amparo del criterio propio; y esto no debería ser motivo de linchamientos digitales. A lo largo del ejercicio profesional he aprendido a reflexionar antes de juzgar y a respetar siempre la postura de los demás.