Carta al canciller: Decidieron hundirse con el chavismo

Estimado Hugo Martínez:
Hablemos de Venezuela. Pensaba escribir estas líneas al presidente Sánchez Cerén, pero no tiene sentido. No me va a entender. Este hombre realmente cree que Hugo Chávez fue la encarnación de Simón Bolívar; que Nicolás Maduro preside sobre una democracia popular; y que la oposición venezolana, aunque represente a 70% del pueblo venezolano, es una banda de vende patrias. Te escribo a vos, porque vos sí sabés que el chavismo es una farsa; que sus cárceles están llenas de presos políticos; que en Venezuela hay un régimen militar metido en narcotráfico – y que además está al punto de caer…

Como canciller sos responsable por el apoyo que a nombre de nuestro país recibe este régimen en los debates de la OEA, donde 20 países (que representan 90% de la población del continente americano) exigen sanciones contra el gobierno venezolano. Sos responsable del patético espectáculo de un embajador salvadoreño negando las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y las libertades en Venezuela.

Esta actitud la puedo entender de Medardo, de Nidia o del presidente, que son de los últimos creyentes en la Santa Trinidad de buen vivir, antiimperialismo y dictadura del proletariado. Entiendo también la actitud de Ramiro o Sigfrido, para quienes todo esto (Venezuela, la conexión narco y ALBA) simplemente es un asunto de negocio. Pero no puedo perdonar a quienes defienden estas mentiras por cobardía – o para mantener la esperanza en una candidatura presidencial que de todos modos nunca te la van a dar.

Los políticos que creen en principios que uno no comparte pueden darnos cólera, pero los podemos aceptar. Pero los que nunca defienden un principio dan asco.

Dos días después del debate en la OEA, en el cual ustedes trataron de vetar la aplicación de la Carta Democrática diseñada para el caso que un país miembro rompa el orden constitucional, en Venezuela se consumó un golpe de Estado: la Corte Suprema, controlada por el chavismo, suspendió la Asamblea Nacional, donde hay una clara mayoría opositora. Queda liquidado el único órgano del Estado no controlado por el gobierno. Rompieron definitivamente el hilo constitucional.

¿Cuál será la reacción de tu cancillería? ¿Seguir defendiendo a un régimen ya convertido en dictadura? Ya sabemos cuáles serán las órdenes que te mandan el Politburó y Casa Presidencial: ¡Solidaridad con Nicolás Maduro hasta cuando su propio pueblo lo eche preso!

¿Cuál será tu reacción, Hugo? También podrías renunciar y mostrar que estoy equivocado en cuanto a tu carácter. Pero no. Seguís recetando a los venezolanos el diálogo. Pero Venezuela ya está más allá de los diálogos. La suspensión del parlamento es la negación final del diálogo. Es hora de sanciones.

Con todo tu discurso de una “política exterior no ideologizada”,
te estás hundiendo con el chavismo. Saludos,

(más!/El Diario de Hoy)

Carta al Dr. Castillo: Si la verdad no es pública, no sirve para nada

Muy estimado Fabio:
Contrario a lo que muchos asumen, lo estimo mucho. Cuando lo propusieron como magistrado, le dije algo que no lo le gustó: que usted, aunque solo le pusieran a servir café en la Corte Suprema, terminaría controlándola. Y usted me dijo “tabernero”, lo que jamás tomé como insulto: ejercí esta profesión con orgullo durante 20 años.

El lunes pasado usted dijo en televisión una frase que me confirmó porqué estimo su sabiduría: “A estas alturas pretender castigar a la gente por los errores o las barbaridades que unos y otros cometimos durante la guerra, ya no tiene ningún sentido para la reconciliación de los salvadoreños.”

Pero enseguida dijo algo que me chocó, sobre todo en boca de alguien tan ilustrado: “La Comisión de la Verdad dijo que su informe debía quedar en secreto hasta que el pueblo salvadoreño fuera capaz de enfrentar su propia verdad, y esas palabras fueron sabias. No he leído el informe.”

Nada más lejos de la verdad, Fabio. El Art. 2 de los Acuerdos de Chapultepec dice que la Comisión de la Verdad “tendrá a su cargo la investigación de graves hechos de violencia, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad.”

Y cuando la Comisión entrega su informe, dice en la introducción: “Los negociadores de la paz querían que esa paz nueva esté edificada sobre la transparencia de un conocimiento que diga en público su nombre. Ese conocimiento público de la verdad es reclamado con mayor urgencia.”

Lo que complica hasta hoy al país no es que el doloroso informe se haya conocido antes de que “el pueblo salvadoreño fuera capaz de enfrentar su propia verdad.” Es al revés: No le hemos dado la difusión sistemática necesaria para que la verdad pudiera ejercer su poder de superación, sanación y reconciliación. Y pagamos el costo, con múltiples exigencias de abrir juicios…

Me parece insólito que uno de los intelectuales protagonistas de la transición de la guerra a la paz diga que nunca leyó el Informe de la Comisión de la Verdad. Ni le creo.

Lo otro que le tengo que corregir es algo que dijo sobre los que hicimos campañas para financiar la insurgencia salvadoreña. Según usted, el actual ministro de relaciones exteriores de Alemania “fue miembro de todos los comités de solidaridad con la guerrilla, o sea que la guerrilla (salvadoreña) recibió dinero del extranjero.” Pero cuando en Alemania hicimos la campaña “Armas para El Salvador”, Sigmar Gabriel tuvo apenas 19 años y estaba cumpliendo su servicio militar. Logramos apoyos inesperados con esta campaña, pero tampoco desde adentro de la Fuerza Armada alemana.

No me tome mal estas dos correcciones, Fabio. Siempre podemos coincidir sobre el bachiller Funes. Saludos,

(MAS!/El Diario de Hoy)

 

Carta a la conciencia de los jefes de FGR y PNC: Se fueron de boca y murió alguien

Destacados funcionarios:
Todo es show mediático: Van al rescate de la bebé desaparecida luego del asesinato de su mamá – y ahí va el Fiscal General, con su chaqueta que dice F1, rodeado de cámaras. “El fiscal al rescate…”, se lee en los medios.

El director de la PNC no es alguien que se deja robar cámaras. Inmediatamente aparece en pantalla: “Fueron heroicos policías los que rescatan a la niña.”

En este afán de protagonismo, todo se expuso: el carro que usaron para secuestrar a la mamá, y que luego dio la pista para encontrar a la bebé; el hogar donde encontraron a la bebé. Todo en el reality show ‘El Salvador Impresionante’.

Se fueron de boca y murió la mujer. Expusieron a la testigo y la dejaron a su suerte. El día siguiente amaneció muerta.

No se necesitaba que un policía debajo de la mesa filtrara información. El fiscal general y el director de la PNC se encargaron de esto.

Si la bebé fue secuestrada junto a su mamá y luego apareció en la casa de alguien, es obvio que este alguien se convierte en testigo clave. Es el link entre los asesinos y la bebé. Ella los pudo haber identificado.

Todos estamos satisfechos que rescataron a Alexandra. Todos queremos que los asesinos de su mamá y Yamilet reciban su castigo. Nadie está criticando a fiscales y policías por hacer su trabajo investigativo. Lo que sí hay que cuestionar es la manera mediática e irresponsable de sus máximos jefes de manejar la información, dejando a la testigo expuesta y sin protección.

“A una mujer de aquí se la trajeron (a la bebé). Dice que no sabía  nada, que solo se la trajeron para que la cuidara unos días”, declaró Douglas Meléndez. ¿Por qué tenía que decir esto? ¿Por qué incluso tenía que aparecer él en la casa donde encontraron a la bebé, sabiendo que iba atrear todas las cámaras y micrófonos del país? ¿Por qué tenía el director de la PNC que aparacer en televisión dando más detalles, para mostrar que fue la PNC y no la fiscalía la que rescató a la niña?

Se fueron de boca y murió asesinada Jackeline Lisseth Cortez Aguirre. Digo el nombre para que Lorena Peña no reclame que se esté lamentando la muerte de una mujer sin decir su nombre.

No es culpa de los medios. En el momento que el fiscal general y el director de la PNC hablan, es información pública, y la responsabilidad la tienen ellos. Tampoco me digan que esto es una campaña de desprestigio a la PNC o la FGR. No tengo nada contra Douglas Meléndez y Howard Cotto, pero sí contra su afán de buscar el impacto mediático, aunque esto comprometa sus investigaciones – o incluso la vida de una testigo.

Saludos,

(MAS!/El Diario de Hoy)

Estadísticas irresponsables

Una noticia hizo impacto fuerte esta semana: El fiscal Douglas Meléndez dio a conocer una cifra de desaparecidos que es casi igual de alta como la de los homicidios. Según la fiscalía, en 2014 hubo 4,525 desapariciones (homicidios: 3,894); en 2015: 4.203 desapariciones (6,657 homicidios); y en 2016: 3,847 desapariciones (5,274 homicidios). Estos serían para los últimos tres años 12,575 desapariciones versus 15,825 homicidios. “Hay un margen de disminución de los homicidios, pero un margen elevado de desapariciones,” declaró Douglas Meléndez en la Asamblea Legislativa. Y agregó que “pueden ser más”.

Es falso: Sólo pueden ser menos. Veamos porqué.

La policía maneja números muy distintos: 2,900 desaparecidos en 2014; 1,959 en 2015, y 1,778 en 2016. Sería para los tres años del 2014 al 2016 un total de 6,637 desaparecidos. ¿Cómo es posible que la fiscalía registra lo doble de desapariciones que la PNC? El mismo fiscal dio una pista: Reconoció que por falta de fondos la FGR no tiene capacidad de verificar sus propios números. Cabe la pregunta: ¿Entonces, para qué los divulga? ¿Será parte de su estrategia para obligar al gobierno a darle el presupuesto que exige?

Incluso, la PNC se contradice en sus propios datos. Al cierre del año 2012 hablaba de 612 desaparecidos, pero ahora la PNC habla de 1,555 para este mismo año. Extraño: la cifra de desaparecidos puede disminuirse retrospectivamente, pero no aumentarse.

¿O será todo esto parte del eterno pleito sobre el enfoque de las políticas de Seguridad? En los años de la tregua, el director de Medica Legal permanentemente publicaba cifras de desaparecidos mucho más altas que las de la PNC. Su tesis (por cierto compartida con el entonces fiscal general Luis Martínez) era que la PNC, para legitimar la tregua con su notable disminución de homicidios, no quería reconocer que hubo un incremento de desapariciones por parte de las pandillas. ¿Tenemos ahora una nueva edición de este pleito?

Independiente de los manejos políticos que todos los involucrados hacen del drama de los desaparecidos, ¿cuál es el problema de fondo?

Es la irresponsabilidad del Estado, que para desapariciones no ha creado un mecanismo interinstitucional, profesional y confiable de confrontar y depurar los datos. Para homicidios existe un mecanismo tripartita de verificación y seguimiento. Para desapariciones, los números son tan discrepantes porque cada institución trabaja con diferentes fuentes. El IML registra las denuncias de personas que acuden a sus morgues buscando a sus familiares. No es su trabajo dar seguimiento a estos casos y depurar la estadística, a menos que las personas en algún momento aparezcan muertas. En este caso se suman a la estadística de homicidios. Pero cuando aparecen vivas, o resultan que salieron del país o se unieron a la pandillas, el IML no tiene como saberlo.

La PNC y la FGR establecen sus estadísticas de desaparecidos a partir de denuncias formales. Pero sólo la policía investiga estos casos y depura la lista. Persona que luego aparece muerta o viva, es descontada. En el caso de la fiscalía, no está claro con qué datos nutre su estadística. Las familias normalmente no acuden a la fiscalía para reportar personas desaparecidas, sino a Medicina Legal y la PNC. La fiscalía simplemente retoma los números de la PNC, pero como reconoce Douglas Martínez, no tiene capacidad de dar seguimiento a los casos mientras no se judicialicen. Y como no hay mecanismo interinstitucional de verificación y seguimiento a los datos, la fiscalía simplemente se queda con el dato “bruto” – o sea con todos los casos que en algún momento han sido reportados.

Necesitamos un mecanismo independiente y profesional de monitoreo

Para tener una estadística confiable de desapariciones, es indispensable establecer un mecanismo interinstitucional entre IML, PNC y FGR. Cada institución tendría que acumular en una sola base de datos consolidada todas las denuncias de desapariciones. Luego, cada institución, sobre todo la PNC, debería pasar a esta base de datos los resultados de sus investigaciones: desaparecidos encontrados muertos; desaparecidos que aparecen vivos; denuncias que resultan falsas; desaparecidos que luego se sabe que emigraron o que se unieron a las pandillas. Descontando todos estos casos, al final quedaría un saldo de casos no resueltos, que pueden caracterizarse como desaparecidos. Mientras tanto, el manejo de la estadística de desaparecidos sigue siendo sujeto a manipulación y propaganda barata.

Si el país tuviera este mecanismo institucional, las cifras de desaparecidos (los que realmente nadie sabe qué pasó con ellos; si están vivos o muertos; si son víctimas o no; o si simplemente decidieron desaparecer por las razones que sean) estarían mucho más cerca de las cifras de la PNC que de los que tan irresponsablemente maneja el fiscal. Digo irresponsable, porque es una manera no profesional, sin ningún mecanismo de depuración, sin investigación y seguimiento de cada caso reportado.

El país ya está suficientemente golpeado por la violencia como para aumentar las angustias con cifras infladas de desaparecidos. El drama de las desapariciones es suficiente traumático, incluso si asumimos las cifras más conservadoras. Cada caso es una tragedia. La Constitución manda a las instituciones a colaborar para buscar el beneficio de la ciudadanía. ¿Será mucho pedir que al fin se crea una Comisión Interinstitucional de Monitoreo de la Violencia? Necesitamos una entidad profesional e independiente que evita las manipulaciones políticas y mediáticas del dolor de las familias.

(El Diario de Hoy)