jueves, 26 de junio de 2025

Carta a los líderes empresariales: Resistan a la presión de hacerse cómplices. De Paolo Luers

 

"Si existiera un estado de derecho con seguridad jurídica para todos, hubiera un boom de inversión en El Salvador, una vez resuelto el problema de las pandillas. No existe tal boom y no existirá sin seguridad jurídica para todos."

Publicado en MAS!  y El DIARIO DE HOY, jueves 26 junio 2025

Estimados amigos:

Cuando todos callan -por miedo, por prudencia, por oportunismo, por lo que sea- quedarse callado ya no parece prueba suficiente de que un empresario es leal al dictador. El hombre comienza a exigir más que silencio. Exige que salgan a apoyarlo. Gobernar un país, en el cual la clase empresarial mantiene un sospechoso silencio, no se ve bien.

 

El dictador exige que los líderes del sector privado que pongan su apellido, su prestigio, el legado de su familia en línea para apoyar, avalar y legitimar su forma de gobernar.  

 

¿Será por esto que algunos, luego de un largo tiempo de absteneree de declaraciones políticas, comienzan a echar flores a Nayib Bukele, tratándolo como si fuera el “Salvador de la patria” – grandes palabras para describir a alguien que dio al país seguridad al precio de la libertad y la democracia. 

 

Nayib no es el que salvó la patria de la delincuencia. El descenso de los homicidios no comenzó con Bukele, sino en el 2016. Comenzó a darse un estado fallido en El Salvador con el pacto electoral que Bukele hizo con las pandillas para llegar al poder en las elecciones del 2019 y luego en las elecciones legislativas del 2021 para consolidar su control total del Estado. Cuando el gobierno necesita pactar con el crimen organizado para poder gobernar, podemos haber de un estado fallido.

 

El famoso “modelo Bukele de Seguridad” se implementa luego de que este pacto fallara al no poder honrar el gobierno sus compromisos adquiridos con las pandillas: el estado de excepción permanente, que dura hasta la fecha y despoja al ciudadano de sus derechos fundamentales, con 100 mil encarcelados sin debido proceso. Si para garantizar la seguridad ciudadana el Estado debe actuar sistemáticamente encima de la ley y suspender el Estado de Derecho, es un estado fallido. 

 

Ustedes son de los empresarios más poderosos del país y de la región. Los conozco como protagonistas de la responsabilidad social de la empresa privada. O sea, son conscientes de su responsabilidad para el país. No puede ser que no hayan observado el sistemático desmontaje del Estado de Derecho.

 

Siempre he dicho que entiendo y respeto que los empresarios, que tienen responsabilidad sobre corporaciones grandes y sobre miles de empleados, opten por no confrontar con el gobierno, aún cuando éste se esté volviendo autoritario, abusivo y corrupto. Entiendo la prudencia de quedarse callado y tratar de proteger sus empresas. Me enteré que la presión estáaumentando sobre ustedes de pasar del silencio al apoyo abierto al gobierno. Pero

empresarios tan poderosos y además inteligentes y socialmente sensibles como ustedes no deberían hacerlo. no pueden volverse defensores del modelo Bukele. Saben lo que está a la vista: En El Salvador ya no existe un estado de derecho. Luego de la captura de dos de los críticos más prestigiosos y visibles del modelo Bukele, como los abogados Ruth López y Enrique Anaya, ¿cómo podrían decir que en El Salvador existe libertad de expresión? 

 

Hasta el enviado de Donald Trump, el vicesecretario del Departamento de Estado Christopher Landau, dijo luego de su visita a El Salvador: “Nadie va a querer invertir en un país donde no hay certidumbre jurídica”. Con estas palabras, puso el dedo en la llaga donde duele. ¿Por qué en El Salvador, luego de resolverse el problema de la inseguridad que durante una década frenó la inversión, no se está dando un “bono de paz”, un boom de inversión - así como lo hubo al terminar la guerra civil. En los años noventa, se invirtió en la reconstrucción del país todo el capital retenido debido a la inseguridad de los años ochenta. 

 

Si existiera un estado de derecho con seguridad jurídica para todos, hubiera un boom de inversión en El Salvador, una vez resuelto el problema de las pandillas. No existe tal boom y no existirá sin seguridad jurídica para todos.

 

Espero que asuman la responsabilidad que tienen como líderes empresariales y no se vuelvan cómplices en la destrucción del estado de derecho – en el interés del país y de la empresa privada.

Saludos, 





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Columna Transversal: El pecado de origen es el pacto carcelario entre Bukele y Trump. De Paolo Luers

 

"El acuerdo carcelario que la administración Trump tiene con el gobierno Bukele es ilegal. No sólo porque no ha sido formalizado como convenio bilateral, debidamente ratificado por el Congreso de EEUU y la Asamblea Legislativa salvadoreña, sino porque el objeto del acuerdo en sí es ilegal."

Publicado en  El DIARIO DE HOY, miércoles 25 junio 2025

Voy a hacer lo posible para lograr algo muy difícil:

sustituir la acostumbrada columna de Enrique Anaya 

mientras esté inhibido por el régimen de escribirla.

 

Han pasado 3 meses desde que el primer contingente de migrantes deportados ilegalmente por Estados Unidos llegó a El Salvador – y directamente al CECOT. Causó indignación en todo el mundo. Mucho se ha escrito sobre la ilegalidad de esta acción, basada en un acuerdo secreto entre el presidente Bukele y la administración Trump. Pero el meollo del asunto no se ha tocado, ni en los cientos de notas periodísticas, ni en las múltiples declaraciones de políticos, ni tampoco en las docenas de demandas presentadas ante cortes de Estados Unidos, ni en las resoluciones de los jueces.

 

Todo se ha concentrado en la ilegalidad de las detenciones y de las subsiguientes deportaciones, o sea en el hecho que las autoridades federales (ICE, Homeland Security) procedieron sin autorización de jueces de inmigración. También se ha documentado, por parte de equipos de defensores y de periodistas de varios medios de comunicación de Estados Unidos, que la afirmación de que se trata de miembros de pandillas, criminales u otros delincuentes eran falsas en casi la totalidad de los casos.

 

Pero hasta ahí se ha tratado estos casos como si fueran simples deportaciones ejecutadas al margen de la ley. Muchos han dicho correctamente que en el caso de los venezolanos y salvadoreños transportados a El Salvador y recluidos en el CECOT u otras cárceles salvadoreñas se trataba de secuestros y de privación ilegal de libertad. Pues, existe una ilegalidad de fondo que no ha sido discutida en su dimensión y que no ha tenido ninguna consecuencia legal. Tiene que ver con la ilegalidad de origen: El acuerdo que la administración Trump tiene con el gobierno Bukele es ilegal. No sólo porque no ha sido formalizado como convenio bilateral, debidamente ratificado por el Congreso de EEUU y la Asamblea Legislativa salvadoreña, sino porque el objeto del acuerdo en sí es ilegal.


Así se negociaron Bukele y Rubio el pacto carcelario 

Aunque los procedimientos de las detenciones efectuadas en Estados Unidos fueran de acuerdo a las leyes migratorias, de ninguna manera sería legal meter a los detenidos en un avión para El Salvador y encargar al gobierno salvadoreño desaparecerlos en sus cárceles, sin juicio, ni orden judicial, sin contacto con sus familias y sus defensores. Tendrían que ser sometidos a los procedimientos regulares de deportación y ser deportados a sus países de origen.

 

El hecho que ciudadanos venezolanos, como consecuencia de este acuerdo ilegal, estén encarcelados en El Salvador, sin que exista juicio ni ninguna condena, ni siquiera una acusación formal, ni en Estados Unidos ni en El Salvador, es un absurdo y una absoluta ilegalidad. Es una aberración jurídica, que tendría que tener objetando y protestando a los constitucionalistas de Estados Unidos y de El Salvador. De esta aberración se derivan responsabilidades penales por parte de las autoridades estadounidenses que mandaron a los deportados a El Salvador, así como de las autoridades salvadoreñas que avalan su ilegal detención, los reciben y los mantienen privados de libertad.

 

Lo mismo es cierto incluso para los ciudadanos salvadoreños deportados juntos con los venezolanos. El único mecanismo legal sería aplicarles el procedimiento regular de deportación por causas migratorias – y si en El Salvador tienen órdenes de captura o condenas, que las autoridades procedan de acuerdo a la ley. Pero ahora tenemos a ciudadanos salvadoreños sometidos a encarcelamiento sin que haya habido juicios ni hayan sido acusados, ni mucho menos condenados por ningún tribunal. Están presos por un acuerdo entre gobiernos, no de la justicia.

 

Tanto en el caso de los venezolanos como de los salvadoreños es irrelevante si de hecho han cometido delitos o no. Uno solo puede estar preso porque ha sido formalmente acusado de un delito, esperando su juicio, o porque ha sido condenado. Cualquier otra forma de privación de libertad es ilegal y punible. El delito tiene que haberse comprobado en un juicio justo, con debido proceso y con derecho a defensa. Nada de esto es el caso de los deportados ilegalmente por los Estados Unidos para ser encarcelados ilegalmente en El Salvador - sean de la nacionalidad que sean. 

 

El acuerdo que ha pactado de manera de facto el gobierno salvadoreño de albergar en sus cárceles a migrantes expulsados por Estados Unidos al margen de los procedimientos legales de deportación es el pecado de origen de todo esta aberración jurídica, hayan cometido delitos o no. Ni siquiera existe un procedimiento penal que en El Salvador se podría aplicar a venezolanos que han cometido delitos en Estados Unidos, aparte del procedimiento de extradición, que obviamente no aplica a quienes han sido deportados por Estados Unidos. 

 

Toda la discusión política, mediática y legal sobre el Airbnb carcelario que El Salvador ofrece a Estados Unidos va por las ramas. Las ramas son importantes, como se ha mostrado en el caso de Kilmar Ábrego. Pero es tiempo que se atienda el meollo del asunto: el pecado de origen que cometieron Bukele y Trump. Este pecado es un delito continuo, mientras existan en las cárceles salvadoreños deportados sin causa penal, sin acusación formal, sin condena y sin derecho a defensa.





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