Carta a los anti imperialistas y los nacionalistas: No sean cobardes

Trump está tomando de rehenes a miles de niños centroamericanos, para negociar el rescate con el Congreso. Lo quiere cobrar en forma de leyes migratorias más restrictivas y fondos para su muro. Los tiene en jaulas, luego de separarlos de sus padres, en condiciones inaceptables, que su propia esposa y la del ex presidente republicano George W. Bush califican de inhumas e incompatibles con los valores norteamericanos. Igual crítica hace el senador John McCain, veterano líder de la derecha de Estados Unidos…

Buena parte de estos niños enjaulados en campos de internamiento improvisados y lejos de sus padres son salvadoreños. Todo esto no pasa por accidente o por abuso de poder de unos agentes migratorios, sino es política declarada del gobierno de Trump.

Uno pensaría que cualquier gobierno, ante un atropello tan sistemático a sus niños, llamaría a la embajadora de Estados Unidos para que explique como su gobierno piensa resolver esta crisis humanitaria – y para mandar a su presidente la enérgica condena de parte del Estado salvadoreño.

Nada de esto está pasando. El gobierno de Sánchez Cerén publicó un comunicado aguado, ni siquiera dirigido al gobierno de Estados Unidos, que no expresa condena, sino ‘preocupación’… Que irónico que a la hora que de verdad se requiere patriotismo, los anti imperialistas del FMLN resultan cobardes. Son anti imperialistas de cafetín y de actos electorales, más no a la hora de ponerle el pecho a Trump.

¿Y nuestra derecha tan declaradamente nacionalista? Aquí la declaración de su candidato presidencial: “Me duele profundamente escuchar el sufrimiento de hijos de compatriotas, pasando por este trauma. Nuestro gobierno debe actuar, fortaleciendo las relaciones con EE.UU. para trabajar juntos en encontrar una solución”.  

Resulta que a la hora de enfrentar políticas de Estados Unidos que violan nuestro interés nacional, nuestros ‘nacionalistas’ son tan tigres de papel que los anti imperialistas de izquierda. Me imagino que el mayor D’Aubuisson, quien nunca tuvo empacho de pararse ante Washington, diría a sus herederos lo mismo que Schafick Handal diría a sus suyos: “¡No sean cobardes!”

Yo no soy ni anti imperialista ni nacionalista. Siempre tuve la certeza que ambos son posturas populistas, invocando al pueblo – unos con criterios de clase, otros de identidad étnica. Los verdaderos patriotas son gente que tienen principios válidos sin consideraciones de identidades artificiales de etnia, raza, clase, o dependencias geopolíticas o ideológicas. El verdadero patriotismo tiene que expresarse siempre cuando sea quien sea pisotea los derechos humanos de nuestra gente. No puede haber un patriotismo anti cubano que se calla cuando Trump pisotea los derechos de nuestros migrantes – ni tampoco un patriotismo anti gringo que se calla ante las atrocidades de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Por supuesto que hay que usar la diplomacia frente a Estados Unidos, como propone el gobierno salvadoreño, pero luego de hablarle claro a Trump. Por supuesto que hay que “fortalecer las relaciones con Estados Unidos”, como propone Calleja, pero Trump no es Estados Unidos, y la mayoría de la sociedad norteamericana condena sus abusos racistas.

Si el gobierno de los anti imperialistas no tiene el valor para citar a la embajadora y mandar mensajes claros a Trump, necesitamos que este vacío lo llenen la oposición y la sociedad civil. No pueden citar a la embajadora, pero sí pueden hablarle. Si ARENA ante el atropello a nuestros niños no toma posiciones firmes, mejor dejen de llamarse nacionalistas. De paso sea dicho: Nayib Bukele convenientemente se olvidó de su papel de redentor del pueblo y no dice nada…

Saludos,

Posdata:
Ayer anunció la Casa Blanca que Trump firmó un decreto presidencial para suspender la política de separar a los niños sus padres. Retrocedió ante la presión interna de la sociedad norteamericana, a pesar de la actitud cobarde de los gobiernos de los países de origen de los niños internados.

(MAS! / El Diario de Hoy)

Carta a dos funcionarios que deberían ser sustituidos

John Anthony Cruz Quijano:
“¡¡¡NORMAN QUIJANO…PRIVATIZA TU ANO!!!” fue uno de los gritos en la manifestación de la UES que llegó a la Asamblea Legislativa para protestar contra la supuesta privatización del agua y para tirar piedras y quebrar los vidrios de esta institución y joderle el brazo a un periodista (irónicamente de un medio de su propio partido).

Usted como subdirector del Instituto Nacional de Juventud, Injuve, una institución de la Presidencia, publicó esta misma patanada el 16 de junio, luego de participar en esa marcha y el desmadre que se armó frete a la Asamblea.

Dos horas después, reaccionando a las críticas que le hicieron por un comportamiento inaceptable para un funcionario de la Presidencia de la República, usted comentó en Facebook: “El derecho a la libre expresión me cobija. Un pueblo entero lo ha gritado este día en las calles, yo únicamente lo escribí.” No, señor, una cosa es que este insulto lo griten manifestantes anónimos y otra que lo publique un funcionario nombrado por el presidente.

Vaya, podría decir uno, es el calor de una batalla callejera… Pero no, señor: Para empezar, ¿qué hace un funcionario de la presidencia en una batalla callejera? Claro que tiene derecho a manifestarse, aunque no en horas laborales. Y si lo hace, como funcionario tiene la obligación de calmar los ánimos, si la marcha se vuelve violenta y las consigas insultantes. Pero usted hizo lo contrario, justificó la violencia e hizo suya la frase insultante. Pero el colmo, al lloverle críticas, publicó un meme alusivo al presidente de la Asamblea que dice así: “Y la próxima vez vaya a privatizar a su abuela”.

Esto ya no es al calor del combate, es cálculo político. Un cálculo político que no cabe en Casa Presidencial. O sea, si usted no renuncia a su cargo, el presidente debe sustituirlo.

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Diputado Carlos Reyes:
A todos nos encanta el fútbol. También los viajes. Pero seguimos el Mundial de Rusia en la tele. No así usted, usted se toma la libertad de ver el Mundial en vivo, en Rusia.

Porque usted es diputado. Y no solo diputado, es jefe de fracción de ARENA y miembro del COENA. Usted piensa que es poderoso e intocable, porque Norman Quijano y Carlos Calleja le deben, tan fiel que usted les fue para conseguir que sean electos, uno presidente de la Asamblea, el otro candidato presidencial.

Pero así no es la cosa. Desde que lo pusieron de jefe de fracción fue claro que era un error, y que no lo consultaron con el candidato. Él y su partido no van a acarrear con este error que les puede costar caro. Ya no, ahora que resulta que usted en medio de importantes debates legislativos se fue a Moscú a ver el Mundial. Mucho menos luego de que se hizo público que anda en Rusia CON goce de sueldo. Quien lo hizo público fue Norman Quijano. O sea, ya no lo va a proteger. Tampoco Carlos Calleja, quien tuiteó: “Comparto la indignación de los salvadoreños de que en tiempos tan difíciles un diputado se tome vacaciones para ir al mundial. Le corresponde a Carlos Reyes explicar sus acciones.”

Así que al solo regresar de Rusia, firme su carta de renuncia como jefe de fracción. Su partido se lo va a agradecer.

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No espero que me hagan caso a mi. Ni a la decencia que obviamente no tienen. Háganlo por sus partidos. Ahórrenles la molestia de tener que despedirlos.

Saludos,

(MAS! / El Diario de Hoy)

Carta a Marta Evelyn Batres: Espero que nunca nos topemos con terroristas

Estimada diputada:
Desde que ingresaste a la Asamblea estás haciendo un excelente trabajo en el tema del agua, primero denunciando los abusos de la ANDA de Marco Fortín (el hombre que Funes puso al cargo de ANDA y a quien por razones inexplicables Sánchez Cerén mantuvo hasta que ya no era sostenible); luego en la articulación de la Ley de Agua, que el FMLN siempre exigió y nunca hizo. Mi opinión sobre esta ley y el absurdo debate de privatización se puede leer en mi columna en la presente edición de El Diario de Hoy.

Hasta ahí vas muy bien, diputada. Pero cometés un error muy grave tildando de ‘terroristas’ a los estudiantes que el jueves atacaron a la Asamblea para protestar contra la supuesta privatización del agua. Hablaste de “actos terroristas que se han dado dentro de la Asamblea, donde se trató de entrar a la fuerza.”

Te voy a explicar por qué es grave. Ya por una decisión irresponsable de la Sala de lo Constitucional tenemos en el país, de la noche a la mañana, 60 mil terroristas. Cuando un grupo de la sociedad se declara terrorista, la consecuencia es que el Estado comienza a enfrentarlos como terroristas. Los resultados los tenemos a la vista: la militarización de la seguridad pública y enfrentamientos diseñados para aniquilar. Así se enfrenta a terroristas.

Encima de esto, ¿queremos más terroristas, por ejemplo los miles de estudiantes u otros jóvenes frustrados e indignados que logren engañar, radicalizar y movilizar el FMLN, en su intento de oxigenarse, o Bukele, en su intento de perfilarse como el verdadero redentor ‘del pueblo’? ¿En serio, Tita? ¿Y queremos enfrentarlos como se enfrenta a terroristas, o sea con represión inclemente? Yo digo que no. El país no lo aguantará.

Los que atacaron la Asamblea no son terroristas. Como Norman Quijano dijo correctamente, son vándalos engañados por políticos irresponsables. Ser brutos e incapaces de argumentar sin violencia torpe no los convierte en terroristas. Ojalá que nunca veamos en este país ningún ataque terrorista a la Asamblea Legislativa u otros blancos nacionales. A terroristas no los hubieran podido repeler unos vigilantes con sus spray de gas pimienta. Terroristas generan terror, y para hacerlo llegan con bombas o fusiles automáticos. Estos llegaron con piedras y palos, y lo que generaron fue lástima.

Además, si en nuestro país hay suficientes jóvenes que se dejan arrastrar a luchas callejeras y vandalismo por políticos que declaran cruzadas, algo hemos hecho mal, tanto los líderes políticos como los de opinión. No hemos sido capaces de introducir suficiente racionalidad en el debate – por ejemplo en el tema del agua. Vos estás haciendo un buen trabajo para llenar este vacío, no lo pongás en riesgo contestando a posiciones irracionales con otras pasiones exageradas – por ejemplo hablando de terroristas, cuando lo que tenés en frente son turbas que ya casi estaban en extinción en la UES – y que ahora tratan de recuperar su control político-ideológico sobre el alma mater valiéndose de la cruzada contra la privatización.

Les pido calma a ustedes, los diputados, y a los que en redes hacen arenga contra un terrorismo que no existe. Si los del FMLN y Nuevas ideas quieren enfrentarse a fantasmas, como la supuesta privatización del agua, no les hagan el favor de pelear contra otros fantasmas, como el terrorismo.

Sigan trabajando las leyes y reformas que sean necesarias. Tomen en cuenta las críticas, y aguanten los ataques de los imbéciles.

Saludos,

Posdata: Cuando mandé esta carta, no había visto esta publicación en facebook de Carolina Ramírez, vicepresidenta de campaña de ARENA, basado en
un comunicado de prensa de la Asamblea Legislativa. Al haberla visto, no
hubiera recononocido de ‘correctas’ las declaraciones de
Norman Quijano, y la carta la hubiera mandado a él.

Lea también:
Excorcismo contra fantasmas

(MAS! / El Diario de Hoy)

Exorcismo contra un fantasma. Columna Transversal

¿Cuál el problema que inhibe llevar un debate racional sobre la mejor manera de garantizar el carácter público del recurso hídrico: vía el Estado, en manos del Ejecutivo – o mediante una Autónoma, en la cual estén representados directivos nombrados por el Estado y otros por el sector privado? No caigamos en debates pasionales sobre conflictos inventados.

Mientras los obispos de Nicaragua están poniendo el pecho para proteger a los manifestantes contra los escuadrones de la muerte de Ortega, la Conferencia Episcopal de El Salvador publica un comunicado titulado “No permitamos que los pobres mueran de sed”. ¿En serio quieren arrastrar a la Iglesia a la campaña electoral, a la par del FMLN y Nuevas Ideas? Porque la campaña contra la privatización del agua es demagogia electoral, ya que nadie en este país está promoviendo tal privatización.

Se está configurando una alianza para una cruzada nada santa: el FMLN, que necesita una bandera popular para sacarse de la crisis luego de la derrota electoral de marzo 2018 y el destape de la corrupción de su primer presidente Mauricio Funes; la UES, que marchó a la Asamblea, con su rector a la cabeza y los grupos de choque armando relajos; Bukele, quien inmediatamente trató de ponerse a la cabeza: “Estoy seguro de que en un tema como el del agua, podemos hacer a un lado nuestras diferencias partidarias y hacer un frente común contra ARENA y la ANEP”.

Con esto queda claro el carácter de esta alianza: “Todos contra ARENA”. Y por supuesto, no quiso faltar el exilado en Nicaragua: “ARENA ordena reprimir y disuelve manifestaciones como la organizada este día para oponerse a la privatización del agua”.

En serio, ¿en esta alianza quiere incorporarse la Iglesia Católica? No es nada sorprendente que el FMLN, Nuevas Ideas y algunos de sus patrocinadores intelectuales en la UCA quieran convertir un debate sobre cómo administrar los recursos hídricos del país en conflictos que más bien parecen a cruzadas religiosas. La sola frase “privatización” es suficiente para abandonar toda racionalidad, crear pasiones, explotar miedos y resentimientos sociales, y satanizar un proyecto de ley —incluso cuando explícitamente declara el agua un bien público que nunca puede ser privatizado.

Parece ser suficiente que el FMLN y Nuevas Ideas inicien una cruzada contra el diablo llamado sector privado para que la Iglesia Católica se deje arrastrar a este terreno demagógico. Ante esta situación, lo que hace falta es inyectar racionalidad al debate. Nos quieren hacer creer que aquí se trata de una batalla entre quienes quieren defender el carácter público del recurso agua y quienes lo quieren convertir en mercancía. Pero analizando fríamente lo que están discutiendo en la Asamblea, queda claro que esta batalla no existe. Más bien existe un debate sobre qué significa “recurso público”. Los que gritan “privatización” quieren definir que “público” significa estatal, o incluso gubernamental —y los otros definen “público” como propiedad de la sociedad.

De ahí se desprenden dos conceptos de cómo constituir el ente público que va a administrar, regular, desarrollar y proteger el recurso público agua. Unos exigen que la Autoridad Hídrica sea estatal y en manos del gobierno; otros exigen que sea autónoma, con participación tanto del Estado (ejecutivo y municipios), como del sector privado. Este último, la presencia del sector privado en una entidad autónoma reguladora del agua, ya es sacrilegio para la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, para el FMLN, para la UCA y la UES, para Nuevas Ideas… y para los obispos católicos. Les huele a azufre privatizador y requiere exorcismo.

Parece que nadie de los que promueven la cruzada contra la privatización del agua ha tenido seguimiento a los debates, propuestas, enmiendas y primeros consensos en la Asamblea. No se dieron cuenta, o más bien no quieren reconocer que nadie, en ningún momento, ha propuesto privatización, y que tampoco está en discusión entregar la regulación y administración a ANEP. El mecanismo propuesto para asegurar el carácter autónomo y público de la entidad reguladora es que el gobierno nombre directivos, pero que no sean ni ministros, ni dirigentes partidarios, ni funcionarios de elección popular; y que ANEP nombre directivos, pero que no pueden ser dirigentes de las gremiales empresariales ni personas vinculadas a empresas que tengan interés comercial o industrial en el agua. Ambos, el Estado y el sector privado, tendrán que nombrar personas idóneas por su capacidad técnica y administrativa. Ni el gobierno de turno, ni mucho menos una gremial empresarial tendrá control de la Autoridad Hídrica.

Entonces, ¿cuál privatización? ¿Cuál necesidad de armar cruzadas? ¿Cuál el problema que inhibe llevar un debate racional sobre la mejor manera de garantizar el carácter público del recurso hídrico: vía el Estado, en manos del Ejecutivo – o mediante una Autónoma, en la cual estén representados (como en cualquier otra entidad autónoma: Seguro Social, Superintendencias, CEPA, CEL) directivos nombrados por el Estado y otros por el sector privado? No caigamos en debates pasionales sobre conflictos inventados.

Vea también:
Carta: Espero que nunca nos topemos con terroristas

(El Diario de Hoy)

Carta a los amigos y enemigos de Vanda Pignato: Ni elevarla a heroína ni victimizarla

Tienen razón de cuestionar la orden de detención de Vanda Pignato. Ni siquiera la fiscalía la había solicitado, tomando en cuenta su estado de salud. Las bartolinas y los penales de El Salvador están repletos de personas bajo detención provisional esperando sus juicios, y muchas de ellas padecen de serios problemas de salud, que se agudizan por las pésimas condiciones de su detención. Este hecho no es razón para pedir a gritos que también la señora Pignato se pudra. Es una razón imperativa de exigir que en este país se revise la mala práctica de tomar la detención provisional como regla – y las medidas alternativas como excepción y privilegio.

La detención provisional no es un instrumento de castigo. No lo puede ser, porque la Constitución garantiza la presunción de inocencia de las personas mientras no estén vencidos en juicio. La detención provisional solo tiene dos propósitos: garantizar que el acusado no se fugue; y evitar que manipule u obstruya las investigaciones. Ambos propósitos se pueden cumplir con medidas alternativas a la encarcelación, y solo en casos excepcionales se justifica que un procesado pase detenido los meses (o a veces años) que esté esperando su juicio.

Pero en El Salvador es al revés, y esto es el problema de fondo. Hay miles de casos comparables al caso de Vanda Pignato. Estos miles, igual que la ex primera dama, tienen el derecho a no sufrir castigo antes de ser condenados, y por supuesto el derecho a salud y acceso a los tratamientos adecuados.

Si Vanda Pignato es culpable o no de los delitos que la fiscalía le imputa se determinará en el juicio. Mientras no esté condenada es razonable concederle libertad condicional o arresto domiciliario, igual que en muchos casos de los cuales nadie habla.

Nuestro comportamiento frente a estos casos tiene que ser independiente de nuestras simpatías políticas o personales con los afectados. Yo no tengo simpatía de ninguna clase con Vanda Pignato, para mi ha sido símbolo de la misma arrogancia y bolencia de poder de Mauricio Funes – pero menos aun tengo simpatía con los gritos que piden que se pudra.

Igualmente me chocan los que ahora se solidarizan con ella. Ya dije: tienen razón en exigir que se le trate dignamente y no con castigo anticipado. Pero no comprendo la hipocresía de los líderes del Frente que quieren convertir a Vanda Pignato en heroína encima del bien y del mal – y en víctima de tramas de venganza y persecución. La señora fue parte integral y no circunstancial del círculo de poder y derroche de su marido. Su prepotencia afectó incluso a muchos de los funcionarios públicos que ahora derraman lágrimas de cocodrilo por ella. Fue un error político del FMLN haberla mantenido en su segundo gobierno, así que fue error no haberse desmarcado a tiempo de Funes.

El hecho que hoy Vanda Pignato esté enfrentando investigaciones penales no se debe a tramas de venganza de la derecha, sino a su propio comportamiento. Tiene el deber de enfrentarlas – y el derecho de enfrentarlas en condiciones dignas, aunque estas condiciones dignas se están negando sistemáticamente a miles de acusados anónimos.

El caso de Vanda Pignato no es para crear una heroína y víctima, ni para derramar sobre ella solidaridad hipócrita. Es para revisar en serio nuestro sistema penal y las inhumanas condiciones de detención que convierten la detención provisional en un castigo inconstitucional.

Saludos,

(MAS! / El Diario de Hoy)

Ojalá la última carta sobre el ‘caso Daniel’: ¡Ojo al Cristo, colegas!

Estimados colegas:
Parece mentira que todavía tengamos que escribir sobre Daniel Alemán. El bicho comprobó que la primera acusación contra él -de drogas- fue trampa de dos policías, y ellos tuvieron que enfrentar juicio por manipular pruebas.

Mañana termina el segundo juicio contra Daniel, esta vez por extorsión. En esta vista pública, ante los ojos del juez, se cayeron todas las pruebas de la fiscalía – pero esto extrañamente casi no se reflejó en los medios. Siguieron copiando los relatos de la fiscalía.

Colegas, si no pusieron atención al desfile de los testigos, tanto de la fiscalía como de la defensa, que abrieron grandes hoyos en la narrativa acusadora, vayan mañana al cierre de la vista pública, y pongan atención a los alegatos finales. Se darán cuenta que el caso ya se cayó bajo el peso de mentiras de policías testigos, negligencias de la fiscalía, y testimonios de los mismos peritos que llamaron los fiscales.

• El álbum fotográfico que presentó la fiscalía, con fotos que supuestamente demuestran la participación de Daniel en la extorsión, resulta inválido como prueba, porque carece de los sellos y firmas que certifican la autenticidad de fotos y fechas. El mismo fotógrafo de la PNC dijo al juez que no puede certificar nada. Ni siquiera que tomó las fotos.

• El video de la supuesta recepción de dinero por parte de Daniel no aporta nada. El mismo perito de la fiscalía dijo que no logra distinguir ni personas específicas, ni el objeto que supuestamente fue entregado – según la FGR el dinero recibido por Daniel.

• Dos habitantes de Altavista testificaron que a la hora que según PNC y FGR Daniel estaba recibiendo el dinero en Plaza Mundo, estuvieron con él en el Complejo Deportivo de esta colonia, y que vistió un suéter blanco.

• El sujeto en el video viste suéter negro, y en la foto que hizo la PNC en su posterior detención, luego de supuestamente seguirle desde Plaza Mundo a la Cima de Altavista, Daniel viste un suéter blanco.

• Lo más extraño: La misma víctima testificó que nunca recibió ninguna comunicación de demanda de dinero. Le habían mandado un celular, al cual supuestamente le iban a llamar para negociar, pero nunca recibió esta llamada.

• La única conversación con los extorsionistas se generó cuando el agente encubierto de la PNC los llamó desde el celular que habían mandado a la víctima. ¿Cómo pudo el agente saber a qué número llamar, si ni la víctima ni él habían recibido una sola llamada de los extorsionistas?

• Según la PNC decomisaron a Daniel un celular (él lo niega) al momento de su captura, poco después de la supuesta entrega en Plaza Mundo. La defensa pidió los datos de las llamadas recibidas y salientes de este celular, y su ubicación geográfica. La FGR consiguió estos datos, pero resulta que el celular estaba inactivo durante todo el día en cuestión, el 4 de enero 2016. Pero en el video que según la FGR demuestra la recepción del dinero, se ve al sujeto que ellos dicen que es Daniel (aunque el perito dice que no lo puede certificar) hablando varias veces por celular. ¿Será que el video no es de este mismo día, o que el sujeto que habla por celular no es Daniel, ya que el celular que dicen haber decomisado a él no tuvo llamadas, ni salientes ni entrantes el día 4 de enero?

¿Cómo pueden los fiscales sostener su acusación, luego de que estas pruebas se les cayeron? La única explicación es que no solo los policías, sino también los fiscales actuaron con malicia y venganza contra Daniel, luego de que en el primer caso los hizo ver tan mal. Como siempre he dicho, el caso Daniel en realidad es un ‘caso PNC’, y lamentablemente también un ‘caso FGR’.

Espero que sea la última vez que tengamos que escribir sobre Daniel Alemán. Y en la vista pública final, ojo al Cristo, colegas…

Saludos,

Lea también los antecedentes:

Algo anda mal en Altavista

Carta al director general de la PNC:
Está en sus manos corregir una injusticia

Carta a la fiscalía general: Del ‘caso Daniel’ al ‘caso FGR’

Carta a Daniel, el sospechoso de todo

(MAS! / El Diario de Hoy)

Carta sobre el caso CAPRES: Abuso de poder

A nadie realmente le puede haber sorprendido todo lo que la Fiscalía reveló sobre Funes, su familia y su círculo de cheros. Todos sabíamos que este hombre llegó al poder sin nada, vivió en Casa Presidencial como rey y salió millonario. Tal vez nos sorprendió el tamaño del tamal, la trama sofisticada de transferir, sustraer, y esconder fondos, y lo sistemático y de la corrupción. De repente, y conociendo ya el caso Tony Saca y ahora lo de Funes, nos damos cuenta que lo que tenemos en frente es un ‘caso Capres’: la enorme concentración de poder en Casa Presidencial, iniciada por Saca, retomada y perfeccionada por Funes, con la finalidad de abusar de este poder y de enriquecerse.

Lo que la Fiscalía reveló ahora lo van a tener que manejar los juristas en todas sus dimensiones y consecuencias legales: fiscales, jueces, y abogados. No me voy a meter en este terreno. Pero encima de esto, es un asunto político, de Estado; y ético, del país. Este caso, igual que el de Saca, o sea el ‘caso Capres’ requiere que todos actúen aplicando la razón de Estado, más allá de venganzas, más allá incluso de la correcta aplicación de justicia, más allá sobre todo de intereses particulares o partidarios.

El fiscal general, más allá de sus cálculos de reelección, tiene que actuar con razón de Estado, igual que los jueces que tendrán que ver el caso, porque está en juego comprobar que el sistema de justicia y la independencia de los controles institucionales funcionan.

El FMLN, más allá de su interés de sobrevivencia política y electoral, debe de actuar con razón de Estado. De su actuación depende si la ciudadanía va a percibir que el sistema partidario funciona, que los partidos pueden corregir sus errores – o que los partidos son expresión de una casta política que hay que reemplazar.

Si el FMLN no se desmarca claramente de Funes, pidiendo incluso perdón por haber llevado a un ladrón a la presidencia bajo su bandera y sus consignas de cambio, y por haberlo protegido hasta ahora, las consecuencias serán fatales, no solo para su partido sino para el país. El FMLN debe inmediatamente apartar de su gobierno a funcionarios que han estado involucrados en esta trama mafiosa, empezando por Vanda Pignato. El FMLN no debe permitir que este caso abone a la frustración de amplios sectores con los partidos y al discurso demagógico y anti-político de Bukele y Cia. La razón de Estado obliga al FMLN a garantizar que de este caso surja una narrativa diferente y positiva: una que muestre que el sistema de democracia representativa y de partidos funciona; que los criminales son los malos políticos, no los partidos; y que los partidos tienen capacidad de corrección, autocrítica y renovación.

La misma razón de Estado obliga a ARENA a proponer un gobierno que rompa con el sistema de corrupción instalado en Casa Presidencial, convertida en un sobregobierno todopoderoso, que puede manejar fondos sin transparencia y rendición de cuentas. Hay que desmontar el exagerado y pervertido presidencialismo armado por Saca y Funes. El segundo gobierno del FMLN, gracias al carácter diferente de Salvador Sánchez Cerén, pero también gracias a la mayor vigilancia de las instituciones y de la ciudadanía, no ha abusado de la misma manera de este poder tan concentrado de Casa Presidencial, pero tampoco lo ha desmontado. La razón de Estado obliga al próximo presidente reformar esta perversa forma de gobernar, volver a la institucionalidad de los ministerios y del Consejo de Ministros, desmontar el sobregobierno instalado en Capres, con sus secretarías, e instalar filtros y controles que hagan imposible el abuso de poder, incluyendo el enriquecimiento ilícito desde la presidencia.

El ‘caso Capres’, que es la síntesis de los casos Saca y Funes, o puede ser el punto de quiebre del sistema político, si no se maneja con responsabilidad, audacia y razón de Estado; o el punto de regeneración de la democracia que estamos construyendo.

Saludos,

Vea la Conversación de los Observadores sobre el tema

(MAS! / El Diario de Hoy)

 

Carta al fiscal general: ¿Y los videos del ‘caso GRP’?

 

Estimado Douglas Meléndez:
Ya todos sabemos que la PNC no está interesada a esclarecer el “caso GRP”, que es el caso detrás de la desaparición milagrosa de la agente Carle Ayala – y del agente que la hirió y secuestró. Ahora nos damos cuenta que la fiscalía también está manejando este caso de manera muy extraña.

El juez del caso, Roberto Antonio Arévalo Ortuño, denunció que la fiscalía no le ha dado a conocer unos videos que tiene en su poder la fiscalía, que podrían aportar a esclarecer lo que realmente pasó esta noche de fin del año 2017, y cómo actuaron agentes y jefes del GRP que no actuaron para evitar la fuga del agente Juan Josué Castillo Arévalo y el secuestro de Carla Ayala, ya herida por su agresor.

El argumento de la fiscalía que no presentan estos videos al juez es muy extraña y a todas luces inaceptable: “por confidencialidad” y “por falta de pericia”. Lo normal es entregar todas las pruebas al juez del caso, y si hay un problema de confidencialidad, solicitarle la debida reserva. Y si hacen falta más pericias, que los ordene el juez.

El buen juez ha sido hasta piadoso con ustedes, por lo menos en sus declaraciones públicas. Solo señaló que la omisión de los fiscales de entregarle todas las pruebas complicó y hizo innecesariamente cara las reconstrucciones en sitio que el juez ordenó. Espero que en privado le hizo ver a los fiscales del caso, o incluso a usted como responsable del trabajo de todos los fiscales, que la omisión de pruebas tiene consecuencias aun mucho más serias: pone en duda la voluntad de la fiscalía y pone en riesgo la validez del juicio contra los integrantes del GRP.

Como observador, uno inevitablemente regresa a la gran duda que este caso nos provoca: ¿Qué quieren esconder, y a quiénes quieren proteger las autoridades de Seguridad? Y lamentablemente, ahora a uno le surgen las mismas dudas respecto a la fiscalía.

Pero la Fiscalía General de la República no puede ser sujeto de este tipo de dudas. Tiene que actuar consciente que la confianza en su institución es clave para el funcionamiento del Estado de Derecho. Todos los fiscales actúan a nombre del fiscal general como titular, así que de Usted depende ordenar que el juez tenga acceso completo e irrestricto a todas las pruebas en posesión de la fiscalía.

¿Cómo entender que usted, que por cada ladrón capturado aparece gustosamente ante las cámaras y micrófonos, no se haya pronunciado sobre este conflicto entre fiscales y el juez, y sobre los problemas jurídicos y éticos implicados?  

Saludos,

(MAS! / El Diario de Hoy)