Carta a los diputados: Eliminar la maldita zona gris

Estimados diputados:
Están circulando en redes sociales copias de supuestos recibos de “sobresueldos” y otros de honorarios que la Casa Presidencial pagó a los miembros de la extinta Comisión Nacional de Desarrollo. Fiesta para los troles y sus “periódicos” digitales…

En medio de esta campaña de tirar excremento al ventilador, nos enteramos de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar a Probidad que investigue los patrimonios de todos que han ejercidos cargos en el período de Mauricio Funes, incluyendo todo su gabinete, magistrados electorales, jefes militares y diputados.

Y ahora resulta que El Faro tiene en su posesión (y comienza a publicar) cuadernos de la contabilidad paralela que en Casa Presidencial llevaron de la famosa “partida secreta” correspondiente a los gobiernos de Calderón Sol, Francisco Flores y Tony Saca.

Todo esto se suma a los juicios a los últimos tres presidentes: Flores por las donaciones de Taiwán; Saca por robo de más de 200 millones; Funes por enriquecimiento ilícito y por la corrupción en El Chaparral.

Pareciera que toda la clase política de nuestro país es una sola cloaca de corrupción. Pero es una percepción equivocada. Por el perverso carácter de los “fondos reservados”, donde se mezclan gastos legítimos con otros cuestionables o ilegales; y por la negligencia de la Corte de Cuentas, todo esto resulta una inmensa zona gris – y en las publicaciones, denuncias y juicios salen a bailar justos y pecadores.

Esta zona gris hay que eliminarla.

Por esto la Sala declaró inconstitucional la “partida secreta”; y por esto urge regular y transparentar también el subterfugio que crearon después: los “fondos reservados”. No podemos permitir que por el mal manejo de unos pocos todo el sistema de gobierno, todos los políticos y funcionarios públicos estén bajo permanente sospecha.

Por ejemplo: entre los acusados en el caso Saca se encuentran ex funcionarios de la Oficina de Inteligencia del Estado, que no han hecho otra cosa que ejecutar el presupuesto de su institución. Ellos no tienen culpa que CAPRES y Corte de Cuentas no hayan querido establecer una forma transparente (aunque por razones obvias no pública) de supervisar la ejecución del presupuesto y del trabajo de la Inteligencia del Estado.

El Consejo Nacional de Desarrollo fue una institución legítima y además muy prestigiosa, cuyos integrantes por supuesto recibieron honorarios por su excelentes aportes. Este tipo de instituciones no deberían relacionarse con la zona gris, ni mucho menos con corrupción.

Solo porque ya sabemos de los presuntos manejos mafiosos de Tony Saca y Mauricio Funes, no podemos asumir que todos sus ministros y funcionarios hayan sido partícipes de la corrupción. No podemos concluir culpabilidad por asociación en juicios mediáticos.

Y no todos los “sobresueldos” implican compra de voluntades. No es lo mismo pagar algo “extra” a un ministro, que de todos modos es súbdito del presidente, que a un fiscal general, magistrado o diputado.

Que Probidad haga sus investigaciones, y si hay indicios de enriquecimiento ilícito, que los pase a la fiscalía y los tribunales. Pero lo más importante es que la Asamblea tome acción legislativa para eliminar la zona gris de los “fondos reservados”, reformar de fondo la Corte de Cuentas y dictar una Ley de Salarios en el Servicio Público.

Saludos,



(MAS!/ El Diario de Hoy)

 

En vez de carta: Crónica de una acusación arbitraria (2)


¿Asociación ilícita?


Voy a continuar usando este espacio para comentar lo que de otra manera quedaría fuera de la cobertura mediática, la cual se limita a repetir los argumentos de la Fiscalía en el “caso tregua”. Ayer, luego de tres días de escuchar a los fiscales, le tocó argumentar a la defensa. Hablaron los abogados de 12 de los 22 acusados. Hoy concluirán los restantes 10.

Los defensores causaron serios daños estructurales al edificio frágil que había levantado la Fiscalía: la teoría de una “asociación ilícita” entre oficiales de la PNC y de Centro Penales, junto al mediador Raúl Mijango, para fortalecer a las pandillas. Y la FGR alega que en este contexto y para este fin- cometieron delitos como la introducción de ilícitos en los penales. Esta teoría la construyeron el exfiscal Julio Arriaza, ahora prófugo para evadir su juicio por fraude procesal (elaborar pruebas falsas en un proceso), y el exfiscal general Luis Martínez, preso por el mismo delito. Ellos escribieron el requerimiento fiscal contra los 22 acusados en el “caso tregua” – y su fantasma estuvo presente durante toda la audiencia.
Los defensores demolieron los fundamentos de este edificio. Botaron la teoría de la “asociación ilícita”, comprobando que los acusados actuaron por órdenes de una “asociación lícita” y oficial: del gabinete de Seguridad del Gobierno.

Además señalaron que la gran mayoría de las pruebas ofertadas por la Fiscalía es impertinente para los delitos imputados a sus defendidos y, por tanto, inadmisibles. El hecho que se gestionó una tregua: irrelevante, porque no es calificable como delito. El hecho que se trasladaron a los jefes de las pandillas de un penal a otros: irrelevante, porque tampoco constituye delito – y además esta decisión no estaba en manos de ninguno de los 22 imputados, ni siquiera del director de Centros Penales. El hecho que a los penales entraron televisores y comida rápida, es irrelevante, porque la Ley Penitenciaria les garantiza estos derechos a los internos. Todos estos son cargos y “pruebas” que solo tienen relevancia en el juicio paralelo que lleva al Fiscalía: el juicio mediático y político. Pero inadmisibles en el juicio formal ante un tribunal de justicia.

En cambio, los defensores señalaron que en todo el compendioso expediente de acusación no existen pruebas materiales para los delitos concretos que la Fiscalía imputa a cada uno de los 22 ciudadanos. No hay ni un solo “objeto ilícito” decomisado que la FGR pudiera vincular a uno de los imputados, ni siquiera pudo decir en qué lugar y fecha entraron cuáles objetos.

Se cierra el círculo: si no hay delito comprobable, ¿cómo puede la Fiscalía seguir hablando de una “asociación ilícita” para cometer delitos?

En resumen: en el fondo, en vez de acusar a los 22 de delitos concretos, los está acusando de haber implementado una política pública.

Ahora bien, si nuestro sistema judicial acepta el intento de penalizar las políticas públicas, ¿qué pasará con el actual ministro de Seguridad y con el actual director de la PNC, cuyas políticas públicas de Seguridad habrían permitido ejecuciones extrajudiciales, grupos de exterminio y la muerte de más de 14 mil salvadoreños en los 3 años de su gobierno? ¿Realmente queremos ir a una justicia política?
El jueves les contaré el resultado de esta audiencia. Para mi criterio,
sólo hay una salida: sobreseer a los 22 acusados.
Saludos,
 
(MAS!/El Diario de Hoy) 

En vez de carta: Comentando un juicio fallido

Me tomo la libertad de usar este espacio para comentar el desarrollo de la audiencia del “caso tregua”. Es necesario, porque los medios seguirán limitándose a repetir las acusaciones de la Fiscalía. Porque hasta ahora, al terminar el tercer día, solo la Fiscalía ha hablado.

En tres días los fiscales han logrado algo extraordinario. Comprobaron, sin dejar espacio a dudas, la tesis principal de la defensa: facilitar la tregua entre las pandillas fue una política pública oficial del Estado del Gobierno de Mauricio Funes.

Relatando cientos de documentos y docenas de testimonios, la Fiscalía comprobó que:

• En marzo 2012 se dio una tregua entre las pandillas.
• Para gestionarla intervinieron mediadores.
• Que esta mediación podía dar como resultado la reducción de homicidios, solo si las autoridades facilitaban su gestación.
• El gobierno decidió dotar la mediación con un equipo de apoyo, incluyendo dos oficiales de la PNC como enlaces institucionales, y con los recursos necesarios para su labor.
• Que en este contexto, el Gobierno de Funes permitió la libre entrada de los mediadores a los penales, las veces que fuera necesario.
• Una vez que hubo un acuerdo de tregua entre las pandillas, para implementarla hubo necesidad de trasladar a los líderes de Zacatraz a las otras cárceles de pandilleros – y que el Gobierno permitió este traslado.
• Que en los siguientes 15 meses el Gobierno siguió facilitando los mecanismos de la mediación para hacer sostenible la tregua, permitiendo múltiples reuniones de los principales jefes pandilleros con los mediadores para resolver focos de conflicto en el terreno y hacer sostenible la tregua.
Todo esto quedó establecido y comprobado con las pruebas que ofreció la Fiscalía. Pero nada de esto comprueba los delitos que la Fiscalía imputa a los acusados. Por lo contrario: la Fiscalía comprobó que todos los funcionarios involucrados actuaron cumpliendo órdenes en el marco de una política pública adoptada por el gobierno, la cual dotó de los recursos necesarios.

Lo más que pudieron establecer los fiscales es que con todo esto el Gobierno creó oportunidades teóricas a cometer delitos, pero no que los hayan cometido. Por ejemplo: con las facilidades que Centros Penales dio a los mediadores, teóricamente tenían la oportunidad de introducir materiales o mensajes ilícitos a los penales. Pero no existe nada decomisado a ningún miembro del equipo mediador.

Otro ejemplo: la Fiscalía sostiene que las reuniones que se facilitaron entre los diferentes jefes de las pandillas fueron aprovechadas para planificar delitos. Pero no ofrecen pruebas. La defensa sostiene que fueron aprovechadas para prevenir delitos, por ejemplo, acordando cese de hostilidades contra escuelas, transporte público y personal policial. Las estadísticas de delitos del 2012/13 más bien indican que fue así.

El lunes será la hora de la defensa. Con todo lo comprobado por la Fiscalía, le saldrá más fácil sostener su tesis: los acusados (mediadores, funcionarios de Centros Penales y los oficiales de la PNC), lejos de hacerse culpables de asociación ilícita para cometer delitos, todos actuaron cumpliendo órdenes y implementando una política pública oficial, autorizada por el presidente de la República.

Hay un juicio paralelo, de carácter eminentemente político y mediático, que es contra esta política pública y la tregua. La Fiscalía solo abonó a este juicio paralelo, pero en el juicio jurídico todo esto no tiene relevancia. Políticamente han convertido la tregua y la mediación en pecado. Jurídicamente tendrían que haber comprobado delitos, y no lo lograron.

La otra semana veremos el siguiente capítulo. Saludos,
 
(MAS!/El Diario de Hoy) 

Carta a los que creen en la justicia: Acusar es más fácil que comprobar

Estimados amigos:
Los columnistas no solemos ir a audiencias judiciales. Las dejamos a los reporteros. Pero para opinar, a veces hay que ir a la fuente de las noticias. Fui al inicio de la audiencia, en la cual se va a decidir si el llamado “caso tregua” merece pasar a vista pública.

La jueza levantó la reserva sobre el caso. Buena noticia, porque ya era absurdo que los acusados y sus defensores no podían hablar en público, mientras que los medios estaban llenos de filtraciones de la Fiscalía, hechas para conseguir pre-condenas.

Si se hubiera mantenido la reserva, no podría contar lo que pasó una hora antes de la audiencia. La Fiscalía había solicitado un “reconocimiento”: un jefe pandillero criteriado tenía que identificar a dos acusados. La diligencia fue declarada nula, porque la Fiscalía sentó a su “testigo” en la entrada, donde podía ver a los dos acusados en su ingreso para luego “reconocerlos”. Pero a pesar de esta maniobra burda, el criteriado declaró que no sabía a quién tenía que reconocer. De paso, la FGR quemó a su criteriado, identificándolo con nombre y apellido en su escrito de acusación…

Luego la Fiscalía comenzó a exhibir sus pruebas. Reprodujeron el audio de una reunión de los mediadores con pandilleros presos: monseñor Fabio Colindres, uno de los mediadores, dando una especie de sermón, diciendo a los pandilleros que “los que han hecho el mal, pueden encontrar el amor y hacer el bien”… A la media hora, la jueza interrumpió y señaló a los fiscales que no había escuchado nada relevante para comprobar las acusaciones. Pero me gustó que hayan reproducido el audio de monseñor, porque perfectamente caracterizaba el esfuerzo de los mediadores: convencer a los líderes pandilleros que en vez de seguir delinquiendo deberían contribuir a reducir y superar la violencia.

Obviamente no era lo que los fiscales querían transmitir. Presentaron un montón de elementos para comprobar algo que todo el mundo sabe, que nadie (ni los acusados) niegan y que además no forma parte de los delitos que les imputan: Establecieron que los mediadores (entre ellos el acusado principal Raúl Mijango) gestionaron una tregua entre las pandillas y que el gobierno de Mauricio Funes adoptó una política pública de facilitar esta gestión, con el fin de reducir la violencia.

Pero esto no aporta nada a la comprobación de los delitos que la Fiscalía imputa a los acusados. La tregua no es sujeto de este juicio. Nadie definió como delito la tregua, mucho menos la política oficial del Estado que facilitó su gestión.

La FGR tendrá que presentar pruebas concretas para sustentar acusaciones concretas de delitos concretos: por ej. que los acusados introdujeron (o permitieron la introducción) de ilícitos en los penales. Las argumentaciones de los fiscales son suposiciones. No hay “cuerpos de delito”, no hay actas de decomiso, no hay fechas y lugares de entrada de ilícitos. Con este vacío se les va a caer más de la mitad del caso.

Lo que queda es “asociación ilícita”. ¿Pero asociación ilícita para qué? Los fiscales tuvieron que aclarar que nadie está acusado de pertenecer a una pandilla. Tampoco puede ser asociación para gestionar la tregua, porque la tregua no es tipificada como delito.

“¿Asociación ilícita para qué?”. Esta será la pregunta central que la Fiscalía tendrá que contestar para que este caso pueda ir a vista pública. Y hasta ahora no hay elemento visible de cómo van a comprobar que estos 21 hombres y mujeres conspiraron para cometer delitos.

Queden pendientes de este caso y mantengan su mente abierta. Hasta ahora no hay caso.

Saludos,

(MAS!/El Diario de Hoy)


Carta a los presidenciables: Hablen claro

Arrancando el proceso electoral para diputados y alcaldes, está arrancando el presidencial del 2019. Esto no es malo.

En ambas elecciones se trata de la misma cosa: definir el rumbo del país. Son dos estaciones de la misma disyuntiva: Alternancia o continuidad. Pero la campaña de las elecciones legislativas no generará el debate necesario para que los ciudadanos tomemos decisiones trascendentes. Para el 2018, ambos partidos mayoritarias apuestan a más de lo mismo. Son los mismos candidatos, atrincherados en las mismas posiciones, y ambos partidos con las puertas cerradas a la renovación y el debate.

El debate sobre el gobierno que necesitamos no se genera en la competencia por alcaldes y diputados, sino alrededor de las personas que se apuntan para la presidencia. Y es este debate necesario que va a dar sentido y contenido a las elecciones del 2018.

Ambos partidos tienen que decidir si van a las presidenciales con candidatos tradicionales que representan la militancia propia (como hicieron en el 2014 con Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén), o con liderazgos nuevos que representan mucho más que su partido – y algo diferente que la generación que hizo la guerra y la paz. En el caso del FMLN está bien planteada esta disyuntiva: o es Nayib Bukele, o es otro comandante…

En el caso de ARENA, hasta ahora se han apuntado tres figuras fuera del partido: los empresarios Carlos Calleja y Javier Simán, y el abogado Luis Parada. Conociendo sus trayectorias, se puede adivinar que representan diferentes formas de relación entre partido y sociedad civil y distintas visiones del país, igual que en el caso de Nayib y los comandantes.

Los partidos no deberían seguir tapando estas diferencias, ni pretender manejarlas en círculos cerrados. Por lo contrario: Será beneficioso para ustedes, sus partidos y el país iniciar este debate desde ya y de la forma más transparente y abierta. Sólo así la campaña 2018 se escapa del más de lo mismo.

Bukele hace bien al provocar el debate sobre el futuro de la izquierda. Si estuviera esperando que el FMLN lo abriera, nunca se daría. Estoy en desacuerdo con sus posiciones, pero es positivo que las exponga de manera provocativa.

Los precandidatos de ARENA aún no han dado este paso. El que más ha hablado es Carlos Calleja, pero hasta la fecha no escuchamos nada capaz de provocar debate. El partido ARENA, al ser la fuerza que quiere provocar un cambio, debería incentivar a sus candidatos a que discutan el contenido y rumbo de este cambio. Es además la única manera de involucrar a la sociedad.

Nadie apoyará a candidatos que muestran miedo de que sus propuestas pueden ofender a alguien dentro o fuera de sus partidos. Métanse desde ya en la contienda, en el debate, sin afán de caer bien a todos. Obliguen a sus partidos a que las primarias para la presidencia se hagan pronto, parar poder convertirse en líderes antes de las elecciones del 2018.

Saludos,


(MAS!/El Diario de Hoy)

Carta a los usuarios del SITRAMSS: El pleito no es con ustedes

Estimados ciudadanos que todos los días usan el SITRAMSS:
No se dejen engañar: Este pleito sobre la constitucionalidad del SITRAMSS no es con ustedes. Es entre el gobierno y la Constitución.

Quieren convencerles que la Sala se puso en contra del transporte público moderno, seguro, rápido y limpio. Falso. La Sala no prohibió al SITRAMSS ni la circulación de sus buses. Sólo ordenó que los carriles, que por decisión arbitraria del gobierno eran exclusivamente para el SITRAMSS y los vehículos de los funcionarios del Estado, se abrieran para todos los demás ciudadanos, quienes igual que ustedes circulan todos los días entre San Salvador y la zona de Soyapango.

Como ya vieron, el SITRAMSS sigue funcionando, un poco menos rápido, pero fluido – y todos los demás ya no sufren las tremendas trabazones. Nadie salió jodido.

Ni los magistrados (ahora declarados enemigos de la patria por el FMLN), ni nadie que tenga sus cinco sentidos está en contra de la idea de un transporte urbano moderno, rápido y seguro. El problema es que los gobiernos del FMLN lo han ejecutado muy mal: de forma inconstitucional. Lo hicieron sin la Asamblea, que tenía que aprobar la concesión a la empresa operadora; de manera corrupta, por la manera mafiosa como crearon las empresas operadoras; de manera ineficiente, porque no hicieron caso a los expertos para diseñar el sistema y las rutas.

Para resolver un problema, crearon docenas de nuevos problemas. Medio lo resolvieron a los usuarios del SITRAMSS, pero jodieron a todos los demás que circulamos en carros, buses tradicionales, camiones.

Si hubieran cumplido con la Constitución y presentado el proyecto a la Asamblea, esta hubiera exigido que lo modifiquen de manera que salga una solución verdaderamente integral: o sea, que no favorezca a unos y fregando a los demás.

Soluciones técnicas hay. Expertos hay. Modelos de empresas público-privadas limpias hay. Financiamiento para un proyecto real e integral hay. Lo que faltó al gobierno y al ministro Gerson Martínez es voluntad política de hacerlo correctamente. Prefirieron hacer algo improvisado con sus empresas ALBA y sus cheros transportistas, excluyendo a los demás.

Todavía no es tarde. Nadie quiere quitar el SITRAMSS. Se trata de corregir los errores cometidos, antes de ampliarlo hasta Santa Tecla y crear más caos.

No se dejen enganchar con las consignas del FMLN contra la Sala. Ella sólo cumplió con su deber, que es garantizar que nadie se pase por encima de la Constitución. Los que no les han cumplido a ustedes, son los funcionarios corruptos que han creado un monopolio corrupto e ineficiente de transporte público.

Saludos,
(MAS!/El Diario de Hoy) 

 

Carta al presidente: Pare esta fiebre propagandística de sus secretarios


Ciudadano presidente:
Este es uno de tantos sitios de propaganda que maneja Casa Presidencial. Se llama ConLaGenteSV. Existe en Twitter y en Facebook y se dedica a promover cualquier idea que nace en Casa Presidencial, incluyendo las que rayan con la legalidad, como esta publicación sobre la Sala y el SITRAMSS. Es una publicación oficial de Casa Presidencial.


Lo único que está en duda es si lo controla su Secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, o su Secretario de Participación Ciudadana y Transparencia, Marcos Rodríguez. Le pregunto, señor presidente: ¿Quién es el responsable de ConLaGenteSV? ¿Quién responde jurídicamente (incluso penalmente) por sus contenidos? ¿Uno de sus secretarios, o usted mismo como presidente?

El contenido de esta publicación es falsa. El accidente que citan ocurrió el 24 de abril, mucho antes de la sentencia de la Sala. Además de falso es ofensivo. Es un delito acusar falsamente a alguien de haber atropellado una ciudadana. Además de falso y ofensivo expresa el irrespeto de Casa Presidencial por la Sala y lo que representa: La defenza a la Constitución.

Tienen derecho de estar en desacuerdo con la medida cautelar ordenada por la Sala. Y entiendo porqué están afligidos: Se les viene abajo uno de los proyectos estrella de su gobierno, y en particular del hombre que usted quisera ver como su succesor y heredero, el ministro Gerson Martínez.

Otra falsedad: Por más que inventen para presentar la decisión de la Sala como un boicot al concepto de la modernización del transporte público, no es así. La Sala pone en cuestión la manera ilegal y corrupta e ineficiente en que Gerson Martínez ha implementado el proyecto. Nadie está en contra de la modernización del transporte y de la necesidad de crear un sistema rápido, seguro e integrado. El problema es que ustedes impusieron un sistema corrupto y además ineficiente – y todavía amenazan con ampliarlo hasta Santa Tecla y Lourdes.


La versión Facebook de ConLaGenteSv,
sitio del Casa Presidencial
Para regresar al tema principal de esta carta: Usted no puede seguir permitiendo que sus secretarios hagan campañas de difamación y noticias falsas con fondos públicos y poniendo en juego la credibilidad de la institución de la presidencia de la República. Mucho menos contra otro órgano del Estado.

Atentamente,

 

(MAS!/El Diario de Hoy)