Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 16 noviembre 2019
Estimados diputados: Primero, no dejen pasar al Gobierno la mentira de que el déficit fiscal del 2020 será de $755 millones. La verdad es que será de $1,261 millones si ustedes aprueban el presupuesto y los préstamos así como el gobierno los presentó.
El Gobierno presentó un presupuesto con $755 millones de déficit y solicita cubrirlo con un préstamo. Pero, contrario a lo que dicta la Constitución, no metieron todos los gastos previsibles en su presupuesto. Para cubrir los gastos que quieren hacer, porque no los incluyeron en el presupuesto, solicitan paralelamente varios préstamos.
$91 millones Plan Control Territorial, fase 2
$109 millones Plan Control Territorial, fase 3
$200 millones Banco Mundial para FISDL-Municipios
$86 millones Reactivación del café
$20 millones Para Bandesal, para emitir créditos
$755 millones Brecha entre gastos e ingresos en el presupuesto 2020
$1,261 Total del déficit 2020
Primera pregunta: si ya el gobierno calcula todos estos gastos extras a la hora de presentar el presupuesto, ¿por qué no los incluye en la Ley de Presupuesto 2020? Hay una explicación: porque entonces el déficit que hay que cubrir prestando sería de $1,261 millones. O sea, este número puede asustar a cualquiera…
Los presupuestos extraordinarios, financiados por préstamos adicionales, son para gastos que no se podían prever a la hora de elaborar el presupuesto general. Estas solicitudes se presentan en el curso del año fiscal. Pero ahora la Asamblea recibe al mismo tiempo el presupuesto y los complementos, y esto es inconstitucional. Por ello, antes de discutir el presupuesto rubro por rubro, exijan al gobierno que incluya los gastos que ahora tiene en las solicitudes de préstamos.
En los préstamos para la Fase 2 del Plan de Control Territorial, como abarca gastos que no son estrictamente para seguridad, sino para medidas de prevención e inversión social, hay rubros que a todas luces corresponden a Educación, Salud y MOP. La única forma en que ustedes pueden examinar si tienen sentido estos gastos es en el contexto de los planes generales y del presupuesto general para los respectivos ministerios. Si no se consolidan de esta manera, puede haber gastos de personal, compras y proyectos repetitivos (tal vez esto sea incluso la intención).
Si el planteamiento del Gobierno es que su concepto integral para la Seguridad exige que se definan de otra manera las prioridades en Educación, Salud, MOP y otras dependencias, entonces esto tiene que reflejarse en el presupuesto de cada ministerio. Los presupuestos son los documentos que ordenan y priorizan los gastos. Son el plan de gobierno traducido en números, o sea “sin paja”. Pero solo lo son cuando nadie miente, encubre, confunde, como es el caso de este presupuesto, el primero del gobierno Bukele.
La Asamblea debe ser muy estricta, exigiendo que el Gobierno incluya en su presupuesto todos los gastos e ingresos previsibles y todo el déficit que habrá que cubrir. Una vez que el Gobierno haya cumplido esto, ustedes pueden comenzar a cuestionar y, si hay necesidad, cortar gastos. No se olviden, ustedes como diputados no pueden aumentar gastos, pero sí pueden reducirlos o reorientarlos.
Por ejemplo, al consolidar todos los diferentes presupuestos en uno, ustedes verán que los $28 millones para las capacitaciones en el CIFCO no corresponden a ningún plan integral ni de educación ni de ninguna otra institución, y pueden proponer al gobierno a reorientar estos fondos para que instituciones como INSAFORP o el ITCA asuman estos proyectos de educación vocacional. Y si quieren cambiar su plan, ustedes tienen todo el derecho de no aprobar estos fondos.
Al comparar los gastos regulares con los extraordinarios (de los préstamos) se darán cuenta de múltiples ejemplos como el del CIFCO.
¿Cómo es posible que los gobiernos chilenos de izquierdas y derechas de las últimas décadas y las elites económicas e intelectuales que los han sustentado no vieron el monstruo que se les venia encima? ¿Por qué no vieron la gasolina regada en el piso y no vieron el peligro de que un fósforo podía tirar todo en llamas?
No hay duda de que en el fondo de esta historia hay una élite política y económica que se durmió en sus laureles, pensando que si mantenía una tasa alta de crecimiento económico todo lo demás se resolvería por añadidura. Pero también era muy difícil darse cuenta del descontento. Hace solo dos años los chilenos le dieron el voto a Sebastián Piñera para Presidente de la República, por segunda vez, de modo que los ellos no pueden decir que no lo conocían. También, aunque tampoco hay duda de que ha habido muchas razones para el descontento —las hay en todos los países— éste había sido asintomático hasta hace unas semanas. Aún más, los descontentos no han podido identificar con claridad los motivos de su repentina rabia. Sólo han citado la falta de igualdad que prevalece en Chile y otras cosas, no muy bien especificadas, que ellos dicen han causado gran descontento desde hace treinta años, aunque nunca habían dado muestras de su cólera.
Por otro lado, se vislumbra en estas protestas un fenómeno de sicología de masas que podría explicar por qué en un país democrático, en donde por treinta años nunca hubo ninguna protesta ni remotamente similar a las que se están dando en este momento. Podría explicar también por qué las élites no pudieron ver llegar la marejada.
Lo que se observa es un fenómeno no lineal, en el que una cosa pequeñita (4 centavos de dólar de aumento al tiquete del metro) provoca una respuesta que crece exponencialmente en ciclos de acción y reacción de mutuo reforzamiento hasta que se hacen inmanejables. El presidente Piñera ha jugado un papel crucial en esta multiplicación de las protestas. Ante las primeras de ellas, el presidente mismo legitimó su terrible violencia diciendo que era cierto que él y todos los gobiernos anteriores por treinta años no habían puesto suficiente interés en respetar las aspiraciones de los electores, y pidió perdón por esa falla. Cualquiera que oye al presidente decir esto se torna contra él. ¿Qué otra reacción puede alguien tener si el presidente mismo confiesa que él y sus colegas lo han estado engañando por treinta años? ¿Qué más gasolina necesitaban las protestas? Por otro lado, lo que dijo el presidente es increíble. Ningún país puede lograr los triunfos que Chile ha logrado —incluyendo una rápida reducción de la desigualdad de ingresos— sin mucha dedicación de políticos y funcionarios. Es claro que el presidente degradó todos esos esfuerzos no porque fuera cierto sino en un intento vano de ganarse a los manifestantes. La marejada no se veía porque, si existía, era muy pequeña. Piñera la hizo grande.
Luego Piñera dijo estar dispuesto a cambiar la Constitución, abriendo las puertas para que los más radicales empujen más fuertemente para romper el orden institucional y tomar el poder absoluto. De esta forma, este ciclo ha llevado a niveles cada vez más graves de protestas y de violencia, que el presidente Piñera insiste en condonar cada vez más. Ahora los manifestantes están atacando al ejército en sus cuarteles, retándolos a que le quiten el poder a Piñera y establezcan una dictadura militar. Si esto pasara, sería un retroceso de 30 años. Si el régimen cayera y el poder pasara a los radicales que queman estaciones de metro y edificios, el retroceso sería peor.
Así, con su voluntad de confirmar cualquier acusación que los manifestantes hagan al estado chileno y de hacerles caso en todo lo que piden, el presidente Piñera ha hecho un mal servicio a los ciudadanos chilenos, que han trabajado tanto bajo un sistema que, aunque con fallas, les ha dado un crecimiento y un desarrollo que supera el de cualquier otro país latinoamericano.
Con su debilidad, el presidente Piñera ha trazado un camino que llevará al país a la ruptura de sus libertades y su progreso.
“¡Desacato!”, gritaron algunos. “La Asamblea desobedeció. Es bastante simple“, sentenció un connotado abogado.
No es cierto. No es nada simple. Es cierto que la Sala le dio un plazo a la Asamblea para aprobar una Ley de Reconciliación que llene el vacío dejado por la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía del 1993. Es cierto que la Sala dijo que este plazo es “improrrogable”.
Lea el texto completo del
anteproyecto de la Ley de Reconciliación
al pie de esta nota
Pero antes de indignarse, reflexionen un rato: es fácil dar órdenes, pero a veces es muy difícil o incluso imposible obligar a su cumplimiento. ¿Cómo se obliga a que un parlamento llegue a un acuerdo político, sobre todo en un tema tan sensible y que casi vuelve obligatorio que sea avalado por una amplia mayoría?
A una instancia administrativa se puede ordenar que cumpla con una sentencia en determinado plazo, pero la Asamblea consiste de 84 diputados que por Constitución tienen plena autonomía de decisión. No hay forma de obligar a un acuerdo legislativo.
La Asamblea hizo lo correcto al pedirle a la Sala una nueva prórroga. ¿Cuál hubiera sido la alternativa? ¿Someter a votación los dos proyectos de ley existentes y ver cuál llega a 43 votos? Construir acuerdos cuesta el tiempo necesario y no es conveniente someterlo a plazos.
Leyendo la propuesta actual de la subcomisión correspondiente, nos damos cuenta que los diputados han avanzado bastante y en la dirección correcta, comparado con los borradores que hace unos meses no encontraron apoyo mayoritario ni en la Asamblea ni en el debate nacional. ¿Y cómo avanzaron? Haciendo al fin lo que muchos desde el principio les urgimos, abrir el proceso de debate y de construcción de una propuesta.
El intento de consensuar esta ley entre los dos bandos enfrentados en la guerra, ambos con cuentas abiertas con la justicia y la verdad, era torpe y contaminó el pozo. Yo lo advertí en varias columnas.
Al ver el rechazo y la desconfianza a su primera propuesta, los diputados entendieron el mensaje y abrieron el debate. Había dos formas de abrir el debate que se propusieron y que se enfrentan hasta hoy. Una decía que hay que concertar la ley con las víctimas, o más bien con las organizaciones que pretenden representar a las víctimas, aunque es obvio que no existen “las víctimas” como sector. Las víctimas que estas organizaciones pretenden representar son exclusivamente las víctimas de la represión gubernamental y militar. Es lo que se puede llamar la propuesta simplista, que negocien con las víctimas. Y el punto central, las penas de cárcel para los victimarios. Es una vista muy simplista del conflicto y por ende, de la tarea de la reconciliación.
La otra manera de ampliar el debate era involucrar algunas de las figuras sensatas del país, personas que pueden ejercer interlocución de confianza con los diferentes actores y afectados, como los diferentes partidos, militares y excombatientes, la academia, iglesia, organizaciones de derechos humanos. No se trata de una negociación, sino de construir con ellos una nueva propuesta que tome en cuenta las necesidades y sensibilidades de todos los actores.
Esta segunda vía fue exitosa. La propuesta que surgió se centra no en castigo, sino en verdad y reconciliación, y luego de mucha discusión fue asumida por varios partidos, incluyendo ARENA y FMLN, pero también PCN y PDC. Hubo consenso de que esta propuesta vuelve obsoletas las propuestas originales resultadas de negociaciones entre los partidos. Se convirtió en la propuesta de los partidos.
El problema es la férrea oposición que contra esta y cualquier otra propuesta que no sea de ellos organizan un conjunto de organizaciones que dicen que hablan a nombre de las víctimas. Por negligencia de todos los demás, fueron ellas las que monopolizaron durante años el debate sobre justicia y verdad, memoria y reconciliación. Hoy sienten que solo ellas tienen autoridad para proponer o avalar una ley de reconciliación. Por presión de este sector, tanto el FMLN como otros sectores que ya habían expresado su apoyo a la propuesta, medio se replegaron y vuelven a plantear que hay que tomar en cuenta el proyecto de ley alternativo presentado por las organizaciones de derechos humanos. El hecho que el presidente de la República está tratando de pescar en las aguas revueltas de este conflicto, tampoco ayuda…
Ahora hay que aprovechar la nueva prórroga para someter al debate nacional las dos propuestas y sus lógicas opuestas: la lógica de verdad y reconciliación versus la lógica del castigo. Es un asunto que trasciende los bandos del conflicto, víctimas y victimarios, y los intereses partidarios actuales.
“Si no sabes a donde vas, cualquier camino te llevará ahí…” (Lewis Carroll).
Recientemente, desde la ESEN dimos a conocer lo que pretendemos sea un aporte para el país, con la presentación del libro “Una propuesta para el progreso de El Salvador. Tareas pendientes para el desarrollo económico”. Preguntas que naturalmente surgen cuando se produce un documento como este son: ¿por qué un libro más de este tipo? ¿Acaso no está ya el país sobre diagnosticado? ¿Cuál es la novedad y cuáles son los mensajes principales?
Respecto a la primera pregunta (¿por qué una propuesta más para el desarrollo), la respuesta es que nos motivó la realidad y también la oportunidad. La realidad porque, como ha sido ampliamente documentado y comentado, El Salvador ha estado a la zaga en la región en términos de crecimiento económico, lo que se traduce en una insuficiente generación de empleos de calidad —que limita las posibilidades de progreso de las familias salvadoreñas— y actúa como una fuerza que expulsa del país a miles de salvadoreños cada año. Y esta tendencia no se ha revertido: el crecimiento de este año es bajo (2.3%), los empleos formales se han reducido en lo que va del 2019 y las perspectivas de crecimiento para 2020 son prácticamente las mismas.
El reconocimiento de esta realidad vuelve pertinente todo esfuerzo para trata de abonar a la discusión sobre cómo revertir esta situación. Una necesidad que es acentuada por las enormes transformaciones globales en los mercados laborales y los modelos de negocios, derivadas de la revolución digital.
Por otro lado, está la oportunidad, pues consideramos que como país estamos en un momento favorable para comenzar a hablar del largo plazo, para que colectivamente discutamos la importancia de definir una visión que trascienda el ciclo político, y se acompañe de acciones que se ejecuten con disciplina y paciencia. Esta necesidad de discutir el país que queremos construir en 10, 15, o 20 años es oportuna, pues debemos admitir que lo que prevalece es el cortoplacismo: se dedica mucho más tiempo y energía a reaccionar a la coyuntura, a la noticia del momento, que a discutir los temas trascendentales para nuestro bienestar de mediano y largo plazo. ¿En verdad creemos que podremos dejar la inercia del bajo dinamismo sin una visión compartida? ¿Sin una hoja de ruta y sin apuestas claras? La repuesta es que no, el progreso económico no es obra del azar ni se da de forma espontánea.
De hecho, una de las secciones del documento la dedicamos a comentar rasgos comunes que comparten países que lograron crecer sostenidamente partiendo de puntos de partida similares a El Salvador. Hemos incluido los casos de Singapur, Corea del Sur, pero también el interesante caso de República Dominicana, que desde hace más de 10 años ha venido trabajado en su Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. El rasgo distintivo es que estas naciones se embarcaron en estrategias de desarrollo con visión de largo plazo, con respaldo político al más alto nivel, con estrategias pragmáticas y disciplinadas en las que se puso al centro la formación de capacidades y habilidades de las personas.
Además de querer motivar una discusión en diferentes actores de nuestra sociedad en torno a la visión y apuestas de largo plazo, el estudio pone especial énfasis en la importancia de impulsar una transformación productiva, para así poder alcanzar mayores niveles de crecimiento económico. Esto significa que necesitamos apuntarle a una estructura productiva y exportadora más diversificada y sofisticada. Solamente produciendo bienes y servicios de mayor valor agregado podremos aumentar la calidad y cantidad de los empleos. Ahora bien, ¿cómo identificar oportunidades de transformación? En el estudio, proponemos hacer apuestas fundamentadas en datos. Por eso recurrimos al Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, que facilita la comprensión de las posibilidades de diversificación al mostrar en cuáles bienes un país ya tiene ventajas comparativas reveladas, es decir, en cuáles bienes ya tiene un posicionamiento en el comercio mundial, y a partir de ello, hacia cuáles bienes puede orientar su diversificación.
Las tres secciones del documento responden a las preguntas que nos hicimos en el equipo: 1. ¿Qué podemos aprender de analizar estrategias implementadas por otros países? Aquí planteamos cinco lecciones, que incluyen la relevancia del liderazgo, la centralidad de la inversión en la gente y la orientación hacia afuera. 2. A la luz de esas experiencias, ¿cuáles son las brechas o taras pendientes que persisten en El Salvador? Estas tareas pendientes son: elevar la competitividad y el crecimiento, mejorar las capacidades de las personas, reducir las brechas territoriales y propiciar la transformación productiva. 3. ¿Cuáles son los ingredientes que debe tener una estrategia de desarrollo para nuestro país? Acá proponemos una estrategia con acciones horizontales (condiciones habilitantes del desarrollo), acompañada de una institucionalidad para implementar la estrategia.
No pretendemos tener todas las respuestas, pero sí buscamos estimular la discusión sobre el rumbo del país y dar a conocer las apuestas que —a nuestro juicio— permitirían romper la inercia de bajo dinamismo económico. Queremos también animar a diferentes segmentos de la sociedad a participar en este debate, pues la complejidad y magnitud de los desafíos que enfrentamos exige que nos unamos en torno a metas comunes. El punto de partida es la visión. Comencemos ya.
Les invitamos a ver más detalles de la propuesta en:
Estimado señor capitán de navío René Francis Merino Monroy: Me estoy preguntando con base en qué información el presidente de la República se atrevió a publicar este tuit, dándole a usted una orden explícita: “Señor Ministro Merino Monroy, prepare e interponga la denuncia ante la Fiscalía General contra Gustavo López Davidson por el hurto de cargamentos de armamento de la Fuerza Armada, así como por estafa agravada a las institución”.
Es imposible que el presidente de la República se haya dado cuenta ni siquiera de la existencia de un negocio de armas entre el Ministerio de Defensa y la empresa Centrum, de López Davidson, realizado en 2013, sin que usted le haya informado. Y no solo informado: Tiene que haberle dicho al presidente que en este negocio hubo delitos como “hurto” y “estafa agravada” por parte del señor López Davidson. ¿De qué otra manera al presidente de la República una buena noche a las 7:49 pm se le ocurre hacer semejantes acusaciones al presidente del principal partido de oposición?
Hay otra cosa que cuesta entender: luego de que usted informa al presidente, recibe a las 7:49 pm del jueves 7 de noviembre la orden presidencial de proceder con una denuncia ante la Fiscalía. Sin perder tiempo, usted se presenta a la Fiscalía, a la primera hora del día siguiente. Y ahí la cosa insólita: usted presenta un “aviso verbal”, o sea sin entregar ninguna documentación sobre el negocio entre Centrum y Defensa y los presuntos delitos.
¿Anuncio verbal? Esto lo puede hacer un ciudadano, cuando de alguna forma se dio cuenta de un delito. Un ciudadano no tiene cómo tener acceso a la documentación que comprueba el delito. Pero un ministro de Defensa, en un caso que surgió dentro de su ministerio, donde él tiene acceso ilimitado a todos los archivos y a los subalternos involucrados, ¿cómo puede ir a la Fiscalía y hacer un anuncio verbal, sin documentar las acusaciones graves contra uno de los líderes políticos de la oposición? Es más, ministro, para informar al presidente, usted ya tiene que haber documentado el caso de antemano. ¿Cómo se le ocurre no entregarla a la Fiscalía?
Por una simple razón: no hay caso. No hay documento alguno en los archivos del Ministerio de Defensa que indique que en el contexto de los negocios entre el ministerio y la empresa Centrum se hayan dado delitos como hurto y estafa.
A mí como civil me costó un par de llamadas y un almuerzo para confirmar con fuentes militares activas y otros retirados que por parte de Defensa nunca hubo el mínimo reclamo a la empresa Centrum en la adquisición de dos obuses de fabricación israelí (el calibre hasta la fecha es información reservada). Fueron adquiridos en 2013, previo viaje a Israel de varios oficiales para probar los equipos. Los equipos fueron entregados debidamente, pero con el acuerdo de que iban a quedar empacados hasta que la Fuerza Armada adquiriese las municiones y Centrum pudiese dar el entrenamiento final. Esto nunca se dio, porque nunca compraron las municiones de obús porque son muy caras. Entonces, nunca se desempacaron, nunca se probaron en suelo salvadoreño. Por tanto, no puede haber ningún indicio de que sean deficientes. O sea, las armas que compraron a López Davidson no funcionan porque no compraron munición.
Como era un convenio de permuta, los obús (con valor de 2 millones de dólares) no se pagaron, sino que Defensa entregó a Centrum lotes de armas obsoletas, muchas de ellas de uso excesivo durante la guerra civil, que luego fueron vendidas todas previamente inhabilitadas a empresas en Estados Unidas que se dedican a la reconstrucción de armas. Nuevamente, en los archivos de Defensa no se encuentra ninguna documentación que podría indicar que este trato haya sido desfavorable para Defensa, ni hablar de delitos.
Usted como ministro tiene acceso a toda esta información. Cualquiera en Casa Presidencial, con menos esfuerzo y tiempo que yo como periodista, hubiera podido comprobar que no hay documentos que indican el cometimiento de ningún delito en el contexto de la adquisición de los obuses israelíes.
Entonces, nuevamente: ¿cómo se atreve el presidente de la República a públicamente acusar a López Davidson de hurto y estafa agravada? Obviamente no tiene nada que ver con la búsqueda de verdad y justicia, mucho menos con un esfuerzo de preservar los derechos del Estado. Tiene que ver exclusivamente con un ataque político, partidario y personal del presidente al jefe de un partido opositor que se niega a someterse a imposiciones del gobierno. Se trata de la reacción del presidente a declaraciones recientes de Gustavo López Davidson que significan una oposición más consistente que la de ARENA en la Asamblea.
Lo triste es que la irresponsabilidad del presidente está comprometiendo al ministro de Defensa y la Fuerza Armada que dirige.
En mi columna del lunes 4 de noviembre de 2019, publicada en este periódico, hice un llamado a prudencia sobre la resolución de la Cámara Primera de lo Penal que se encontraba pendiente y a esperar la publicación para analizar sus razones antes de tomar postura sobre el tema. Dicho y hecho, ya tuve la oportunidad de leer la mencionada resolución, con lo que ahora con toda claridad puedo decir que jurídicamente disiento del criterio adoptado por los magistrados. Y lo hago con respeto y a la base de una postura que considero técnica.
La Cámara realizó un razonamiento jurídico en el que resalta la sujeción de los jueces penales a la ley bajo el principio de legalidad; después de una larga descripción establece que los hechos propios del caso y que el grado de afectación a la víctima son propios de una falta y no de un delito; y realiza muchos otros razonamientos propios de la teoría del delito, que eso lo entenderá mucho mejor un abogado que se dedica al ámbito penal.
Sin embargo, creo que la Cámara se quedó corta sobre el hecho de que se trata de una niña y en el análisis debió considerarse con más firmeza el interés superior del menor. Además, creo que la Cámara le dio tratamiento al caso desde una perspectiva de segunda instancia de conocimiento y no como una fase instructiva propia de un proceso que proviene de un antejuicio, cuya finalidad es determinar si existen o no suficientes elementos probatorios para pasar a la etapa del juicio.
Dicho esto, sostengo e insisto en que la vía del descontento no puede ser el linchamiento a los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal y a todo aquel que disiente con la manera en que la mayoría ha reaccionado. Si no estamos de acuerdo con lo resuelto por la Cámara, para eso las leyes establecen un sistema de recursos mediante el cual se pueden impugnar, revocar y anular decisiones que resultan insatisfactorias a las partes o contrarias a Derecho. Los jueces y magistrados no son infalibles y la posibilidad de que existan errores humanos es lo que fundamenta las revisiones en otras instancias.
En El Salvador es complicado intentar brindar una postura técnica cuando inmediatamente saltan señalamientos de que se está “defendiendo pedófilos”, “defendiendo corruptos”, “cerrando filas por los colegas”, sin siquiera ver cuáles son los argumentos que se están presentando. Muchos estamos clarísimos que se necesita una depuración del Órgano Judicial en distintos niveles y del gremio de abogados, pues hay personas que no deberían continuar con la profesión. Sería irracional defender a alguien solo por pertenecer a la misma institución o ser parte del mismo gremio, por lo que me parecen apresurados e injustos algunos señalamientos.
Lo que muchos defendemos, al final, es que se cumpla el Estado de Derecho y los principios que aún sostienen la república. Que a las víctimas se les brinden todas las garantías para su protección, pero también que a los imputados se les garantice la presunción de inocencia hasta que un juez dicte sentencia. Que si una decisión judicial no es del agrado de alguien se utilicen los recursos previstos en las leyes para su anulación, pero no el linchamiento y hasta el señalamiento del delito de prevaricato a los jueces por una resolución que no goza de la aceptación popular.
Muchas personas emitimos una opinión de cualquier tema bajo el amparo del criterio propio; y esto no debería ser motivo de linchamientos digitales. A lo largo del ejercicio profesional he aprendido a reflexionar antes de juzgar y a respetar siempre la postura de los demás.
Twitter hizo lo correcto, cuando anunció que ya no va a difundir en su plataforma ninguna publicidad política pagada. Lo hizo con un argumento imposible de rechazar: Que si los los políticos, partidos y gobiernos buscan impacto, que se lo ganen, en vez de comprarlo.
Con esta decisión sabia, Twitter resuelve un dilema, en el cual todavía se enreda su competidor Facebook. Facebook se encuentra en una discusión eterna con las autoridades de la Unión Europea, con congresistas de Estados Unidos y con muchas organizaciones civiles en todo el mundo: ¿Debe Facebook ejercer control editorial sobre los contenidos políticos colocados en su plataforma? ¿Y debe Facebook censurarlas, en caso que contenga mentiras, amenazas o mensajes de odio?
Toda esta discusión surgió con urgencia a partir del descubrimiento que Facebook ha sido utilizado masivamente para introducir ‘fake news’ y mensajes de odio en la campaña de Donald Trump contra Hillary Clinton, en la campaña en pro del Brexit, y en varias campañas de movimientos populistas de corte racista y anti migrantes en toda Europa. También se detectó la existencia de empresas especializadas en este negocio de manipulación política, como las ‘granjas de troles’ en Rusia y otros países, y la empresa ‘Cambridge Analitica’, que usó los datos de millones de usuarios de Facebook para producir ‘mentiras a la medida’, dirigidas vía Facebook a audiencias seleccionadas, para definir elecciones.
El dilema en todo esta discusión: ¿Quién decide cuáles contenidos difundidos en las redes sociales son ‘fake’ o mensajes de odio? ¿Y quién define el límite a partir del cual mensajes de esta tipo son ilegales y merecen censurarse?
Incluso quienes están convencidos de que se necesita ejercer algún tipo de censura no estarían de acuerdo que sean los gobiernos quienes censuran. La medicina sería más peligrosa que la enfermedad que busca curar.
Surge una propuesta que aparentemente soluciona el dilema: que sean las plataformas, como Facebook y Twitter, quienes tengan la responsabilidad de eliminar contenidos mentirosos o de odio. Que ellos instalen los filtros necesarios, así como lo hacen los medios tradicionales. Y si no lo hacen y siguen difundiéndose en sus plataformas contenidos que promueven mentiras u odio, que sean sujetos de demandas y multas, igual que cualquier periódico.
Pero este propuesta es absurda. Primero, la comparación entre redes sociales y periódicos no funciona. Un periódico publica contenidos solicitados por el medio, o contenidos ofrecidos por terceros, los cuales pasan por el filtro editorial. Esto no es el caso con Facebook o Twitter. Estas plataformas digitales solo ofrecen un medio técnico de difusión, sin que exista ningún acuerdo editorial con el usuario. Hacer responsable a Facebook del contenido de un usuario sería tan absurdo como demandar a CLARO o TIGO por una llamada telefónica de extorsión.
Segundo, ¿realmente queremos que una compañía privada que tiene el poder económico y comunicativo de Facebook tenga la potestad de ejercer censura? Esto equivale a privatizar un área de la aplicación de la ley.
Ante la imposibilidad de salir de este dilema, la decisión de Twitter parece una solución, aunque solo sea parcial: No difundir publicidad política. Es parcial, porque los ‘fake news’ y los mensajes racistas, religiosos o de otras índoles de odio no sólo se difunden mediante publicidad pagada, sino que se expresan principalmente por individuos, y por troles y bots disfrazados de individuos. Troles son cuentas falsas manejadas, en gran cantidad, por centros de manipulación en redes. Bots son cuentas automatizadas controladas por este tipo de centros. Y estos centros existen en todas partes, también en El Salvador. Algunos son manejados por partidos o gobiernos, otros son empresas internacionales que pueden ser contratados por clientes (candidatos, partidos, gobiernos, empresas) de todo color y de todo el mundo. Las redes sociales pueden detectar y erradicar los bots, pero nunca los trolls manejados por personas. Hay que aprender a vivir con esta plaga.
Así que, aunque la decisión de vetar publicidad política Twitter sea asumida por todas las plataformas grandes de redes sociales, el problema persistirá. ¿Cómo erradicar los contenidos dañinos sin caer en censura? Y otra vez estaríamos en el mismo dilema: ¿Quién decide cuáles contenidos son dañinos, qué es mentira y qué es verdad? ¿Quién pinta la raya entre crítica política y mensajes de odio? ¿A quién le damos el derecho de filtrar y censurar?
Mi respuesta: A nadie. El antídoto a los ‘fake news’ y los mensajes de odio no es la censura, sino más transparencia e información confiable por parte de instituciones estatales, mejor periodismo por parte de los medios, y posturas más beligerantes de los ciudadanos contra la manipulación. Siempre habrá una guerra entre desinformación e información, entre propaganda y transparencia, entre racionalidad y demagogia. No hay como evitar esta guerra mediante la censura. Lo que hay que hacer es llevar esta batalla bien y ganarla. No hoy de otra.
En noviembre 1989, exactamente hace 30 años, pasaron dos eventos históricos, que a primera vista no tenían nada en común, pero marcaron cambios dramáticos en mis dos patrias: Alemania y El Salvador. Y por lo tanto, en mi vida...
En Berlin, este día 9 de noviembre de 1989 cayó el muro, y con él simbólicamente “la cortina de hierro”, que dividía a Alemania, Europa y el mundo en dos bloques. Con la caída del muro de Berlin comenzó el desmoronamiento no solo del régimen pro-soviético en Alemania Oriental, sino de todo el imperio soviético. Durante los años 1990 y 1991, una revolución pacífica puso fin al bloque comunista.
En El Salvador, el 11 de noviembre del año 1989, comenzó la ofensiva guerrillera sobre la capital. Con esta ofensiva quedó claro ante los ojos de toda la nación y el mundo que esta guerra civil salvadoreña nadie la iba a ganar. Comenzó un proceso que también terminó a finales del 1991, con un resultado básicamente igual que en Europa Oriental: la refundación democrática, en nuestro caso a través de los Acuerdos de Paz.
Igual que la unificación de Alemania y la democratización de toda Europa Oriental, el proceso de paz y democratización en El Salvador fue patrocinado por los dos super poderes que habían administrado durante décadas la guerra fría y que ahora la estaban terminando: Washington y Moscú.
Durante los días caóticos de la ofensiva de noviembre 1989, culminando con el asesinato de los jesuitas y la toma del Sheraton, no teníamos cabeza para analizar lo que estaba pasando en Berlin, con la caída del muro. Pero cuando el polvo de las balas y bombas se asentó, todos nos dimos cuenta que despertamos en un mundo diferente, en el cual nuestra guerra ya no tenía cabida; que en Berlin había pasado algo que irreversiblemente iba a llevar al fin de la guerra fría, la cual en nuestro país se había vuelto bastante caliente.
Entonces, en El Salvador había que negociar la paz, y en Alemania había que negociar la unificación de un país dividido por los dos bloques. Todo el mundo sabía que no hubo alternativa, pero no todos lo interpretaron de la misma manera. Hubo quienes interpretaron ambos eventos históricos -la paz en El Salvador y la unificación de Alemania- como derrotas de la izquierda. Y habíamos muchos que vimos ambos eventos como victorias de la democracia y oportunidades de superar la guerra fría.
Yo perdí buenos amigos (en Alemania y en El Salvador), quienes se sintieron defraudados porque los guerrilleros habíamos firmado un acuerdo con la derecha cuando habíamos prometido ganar la guerra; y quienes tampoco podían entender porque yo celebraba la caída del muro y del socialismo en Alemania. Decían que celebrar la caída de la Unión Soviética era traición. Pero para mi, era traición haber mantenido durante décadas dictaduras con bandera de socialismo. Y hubiera sido traición no poner fin a la guerra en El Salvador cuando había posibilidad de conquistar la democracia y la libertad.
Para mi, el proceso de democratización que comenzó, este mismo noviembre 1989, en Berlin y en San Salvador fue lo mejor que podía pasar a mis dos patrias.
Dos medios han analizado el primer presupuesto que presenta el gobierno Bukele. Ambos han detectado manejos presupuestarios cuestionables que podrían facilitar que en la Ley de Presupuesto se cometa fraude de ley y se abra espacios para corrupción. Documentamos aquí las notas de EL FARO y EDH.
El ministro de Hacienda Nelson Fuentes y la comisionada presidencial Carolina Recinos en la Asamblea Legislativa
Presupuesto 2020 permitirá transferencias sin control de Asamblea
El proyecto incluye estos aumentos en entidades en las que es difícil entenderpor qué tienen gastos financieros altos y por qué han aumentado tanto en este año (ver los cuadros anexos). Reaccionando a estos números, los diputados de la Comisión de Hacienda pidieron una explicación al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, calificando estos gastos y estos incrementos de “exorbitantes”.
Al ser cuestionado, el ministro de Hacienda expuso que, en los casos de ministerios como Salud y Defensa, estos incluyeron incrementos en el rubro 55, específicamente en el apartado 55799 denominado Gastos Diversos, que comprende “los gastos no considerados en los específicos anteriores y en los restantes rubros corrientes del clasificador”, según el manual anteriormente citado.
“De tal forma que aquellos recursos que no logran cubrir en el área de Bienes y Servicios y Remuneraciones, la han puesto en este específico para poder cumplir con la ley de Responsabilidad Fiscal”, dijo”, dijo Fuentes.
La ley de Responsabilidad Fiscal indica que “los rubros de Remuneraciones y Bienes y Servicios no podrán crecer más allá del crecimiento del PIB nominal”.
Pero la solución expuesta por Fuentes parece contradecir el fin de la ley y el espíritu de transparencia que impulsan las leyes que están alrededor del presupuesto, incluyendo la Constitución de la República.
Transferir fondos a Gastos Financieros ya que originalmente implicarían sobrepasar el límite para los rubros de Remuneraciones y Bienes y Servicios puede verse como una maniobra no transparente.
Manuel Enrique Hinds, economista y exministro de Hacienda, considera que la situación “es un fraude de ley”. En sus palabras: “Hay cuentas en el presupuesto para incluir esos gastos. No los están incluyendo en esos gastos, sino que los están poniendo falsamente como gastos financieros, porque la ley les dice a ellos que esos gastos en esas cuentas no pueden crecer más de lo que dice la economía. Para que no parezca que están violando eso lo están metiendo en otra cuenta”.
¿Es legal asignar fondos a un rubro para transferirlos a otros?
Una de las principales dudas que ha dejado el excesivo incremento de fondos junto el argumento del ministro de Hacienda es sobre la legalidad de asignar gastos en cuentas del presupuesto que son realmente destinados a otros propósitos, sobre todo porque ha sido con la intención de hacer parecer que se cumple con otra ley.
El hecho de que este incremento se trate de justificar diciendo que los fondos en realidad se van a utilizar para otros propósitos, como Remuneraciones y Pago de Bienes y Servicios, ha llevado a que diputados y otros observadores adviertan la posibilidad de un fraude de ley si el presupuesto se aprueba así.
El diputado del PDC, Rodolfo Parker, fue uno de los primeros en cuestionar el incremento de dinero pedido para Gastos Financieros e insiste en la falta de justificación para los altos montos pedidos.
“El punto de fondo es que en Gastos Financieros esas enormes sumas no tienen una justificación. Ese es el punto de fondo, porque nosotros no podemos como diputados estar asumiendo que lo quieren ocupar para Bienes y Servicios o lo quieren ubicar para Remuneraciones porque eso sería especular de parte nuestra en la Asamblea”, dijo.
Ante esa falta de justificación de estos fondos, Parker sostuvo que a los diputados les queda la solución de tener que ordenar que se supriman esas cantidades que no tienen explicación.
“Además que en Gastos Financieros no entra la restricción del techo del 3.3%, en base a eso es que se dice que si estos tuviesen intención de haberlo puesto ahí como un bolsón, escondido, para después moverlo internamente y pasarlo a Remuneraciones estaríamos en presencia de un fraude de ley. Si esa fuese la intención estamos en presencia de un intento de fraude de ley. Allá la Asamblea si habilita el fraude de ley”, expuso.
Yanci Urbina, diputada del FMLN, coincidió en que el crecimiento de más de $100 millones para este rubro sigue sin tener una explicación razonable hasta este momento.
Añadió que las declaraciones del ministro de Hacienda han sido preocupantes: “Porque estamos frente a una colocación de recursos en una partida presupuestaria que no es tradicionalmente creada para absorber gastos de Bienes y Servicios, ya existe esa partida”.
Urbina añadió que colocar en un rubro lo que se usará para otro es una actitud poco transparente: “Esconde la realidad de la ejecución de los recursos que son asignados al presupuesto porque esas partidas no sabemos entonces a qué van destinadas específicamente”.
La diputada sostuvo que el mover recursos como una maniobra para poder saltar sobre un requisito de la ley de Responsabilidad Fiscal es un mal precedente en el manejo de las finanzas del Estado: “Este tema creo que va a tener que ser muy bien analizado, de tal manera que podamos identificar que lo que el ministro vino a declarar realmente lo expliquen las dependencias que corresponden. Los diputados debemos ser muy exhaustivos en ese sentido… Es un muy mal precedente en términos del manejo de las finanzas del Estado. Porque eso yo creo que genera muchas dudas a todos los parlamentarios, que si estamos haciendo una situación que podría ser un fraude de ley. Y declarado, porque las declaraciones del ministro han sido públicas, están en las grabaciones”.
Para Ricardo Castaneda, economista sénior y coordinador de país para El Salvador de Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Icefi, la elaboración del presupuesto está regida por leyes y manuales que deben cumplirse, entre estos está la clasificación del gasto que permite ordenar las asignaciones presupuestarias de todas las instituciones públicas.
“Registrar de manera intencional rubros de gasto donde no corresponde es un acto de opacidad, que resta legitimidad de la administración pública frente a la ciudadanía, pues aunque no afecta el déficit fiscal, se subestiman partidas presupuestarias para mostrar una realidad que no es y para parecer que está cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal”.
Castaneda señaló que no puede estar permitido porque va en contra de lo indicado por el Manual de Clasificación para las transacciones financieras del Sector Público y que todas las instituciones deben cumplir lo que se establece.
Rafael Lemus, asesor de ARENA, recordó la respuesta del ministro de Hacienda sobre los incrementos de fondos y cómo estos estaban en realidad destinados para apoyar a Remuneraciones o Bienes y Servicios.
“La interpretación de eso es que si lo registra donde corresponde en efecto estaría incumpliendo la Ley de Responsabilidad Fiscal porque la ley lo que dice es que los Bienes y Servicios y las Remuneraciones no tienen que crecer más que el crecimiento nominal de la economía”.
Señaló que esto implica de por sí un incumplimiento a dicha ley: “No es una buena práctica, no es recomendable que estemos presentando presupuestos que no sean reales, que oculten cifras o que disfracen cifras”.
Lemus recordó que el país viene de haber caído en una situación de impago en 2017, además de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que han ordenado poner todos los gastos de manera íntegra y conforme a las leyes.
“El desorden fiscal lo va a terminar pagando la población, porque esto es hacer como expansión de gastos y después no tener cómo pagar las cuentas o en el futuro tener apuros más grandes”.
Añadió que la admisión de que en el rubro de Gastos Financieros se han asignado fondos para otros rubros hace que se pierda credibilidad en las cifras presentadas en el proyecto de presupuesto.
“Si estamos diciendo que estas cifras no son reales, ¿qué lectura van a tomar los mercados de esto que no es serio? ¿De esto que no tiene credibilidad? ¿Estamos incumpliendo las leyes?”, expresó Lemus.
El diputado suplente del FMLN, Víctor Hugo Suazo, publicó en su cuenta de Twitter que con estas acciones podrían en realidad estar evadiendo el cumplimiento de la ley de Ley de Responsabilidad Fiscal.
Al mismo tiempo, equiparó el movimiento de fondos de un rubro a otro como una especie de “partida de gastos imprevistos”.
Dicha figura de “gastos imprevistos” fue declarada inconstitucional en 2014 por la Sala de lo Constitucional. Los diputados dijeron que seguirán cuestionando a cada ministro en la Comisión de Hacienda.
Los inusitados incrementos para Gastos Financieros
En el presupuesto del año 2019, entre todas las entidades, lo asignado en total para Gastos Financieros fue de $62,703, 717. En cambio, en el proyecto de presupuesto 2020, al sumar lo asignado en Gastos Financieros para las 101 entidades e instituciones del sector público no financiero, incluyendo del Gobierno Central y las descentralizadas, se ha pedido en total $177,163,938 para dicho rubro.
Esto equivale a un incremento del 182 % en comparación a lo asignado en 2019.
Mientras tanto, para los rubros de Remuneraciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios, el incremento fue del 3.1 % y del 4.1 % respectivamente.
Después del Ramo de Justicia y Seguridad Pública, el ramo de Defensa Nacional es que el que ha tenido el aumento de fondos más alto, con $19,330,528 más asignados para Gastos Financieros.
En 2019, esta entidad recibió $844,435 en dicho rubro y para 2020 han solicitado $20,174,963.
En el caso de Salud, presenta un incremento de $499,585. En 2019 se le fue asignado $3,461,650 mientras que en 2020 se piden $3,961,235. Pero al sumar lo pedido para Gastos Financieros de los 30 hospitales se encuentra un incremento de más del 4000 % con respecto al año anterior.
En 2019, repartido entre los 30 hospitales públicos, lo asignado para este rubro ascendía a $776,910.
Para 2020, se han solicitado $31 millones 853, 660 entre todos los hospitales para esta área. El Ministerio de Gobernación ha sido una de las entidades con un cambio más drástico. Pasó de tener asignado $149,645 en ese rubro a pedir $5,880,450 en el área de Gastos Financieros para el presupuesto del próximo año.
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, durante la presentación del Proyecto de Prespuesto 2020, el 30 de septiembre de 2019. Foto, cortesía Ministerio de Hacienda.
Presupuesto 2020 usa artificios para pagar más salarios de lo permitido por ley. EL FARO
El Gobierno esconde en el presupuesto 2020 fondos para remuneraciones y adquisición de “bienes y servicios” bajo rubros destinados a gastos financieros, con una maniobra que incumple la Ley de Responsabilidad Fiscal. El plan de presupuesto es 512.9 millones de dólares más caro que el de 2019 y se financiará en un 11.7% con deuda. El gobierno de Nayib Bukele sumará a la deuda del país 755 millones en una apuesta que varios analistas critican por “cortoplacista” pero que Hacienda confía en que genere crecimiento a largo plazo.
El primer presupuesto de la administración de Nayib Bukele evade las recomendaciones de los organismos financieros internacionales y de especialistas en finanzas públicas, al inflar en millones de dólares partidas destinadas a “gastos financieros” de once ministerios con la intención, reconocida por el mismo Ministro de Hacienda, de que esos fondos extra puedan servir para pagos de remuneraciones y adquisición de bienes y servicios en un grado mayor al permitido en la vigente Ley de Responsabilidad Fiscal.
Con esta maniobra el nuevo Gobierno, que ha presumido en público de haber ahorrado al Estado millones de dólares con el despido de más de 600 empleados de la Presidencia a los que el presidente acusa de ser militantes o familiares de dirigentes del FMLN, busca pagar en 2020 más en salarios que el gobierno anterior.
El 21 de octubre de 2019 el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, confesó a los diputados de la Comisión de Hacienda que el Ejecutivo había encontrado una fórmula para disponer de más fondos para salarios y compras públicas de los permitidos por ley en los rubros “51 Remuneraciones” y “54 Bienes y Servicios”, usados para estos gastos.
En concreto, Fuentes explicó que, para que los ministerios de Defensa y Salud puedan gastar más en salarios y compras, utilizarían fondos del rubro “55 Gastos Financieros”, que según la normativa presupuestaria solo puede usarse para el pago de “Impuestos, Tasas y Derechos” o para “Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios”: "El Ministerio de Salud y Defensa incluyeron incrementos en el rubro 55 Gastos Financieros de tal forma de que aquellos recursos que no logran cubrir con el rubro bienes y servicios y con remuneraciones… Esa es la apuesta para que puedan cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal", dijo el ministro ante la Comisión de Hacienda. “Con eso logramos que esas instituciones no sobrepasen el 3.3% (en Remuneraciones y Bienes y Servicios)”, añadió.
Ese porcentaje, el 3.3% respecto al presupuesto del año anterior, es el máximo que pueden crecer las partidas de remuneraciones y de bienes y servicios, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ante la Comisión, Fuentes fue claro al argumentar que con la maniobra se logra sortear la restricción que impone el artículo 8 de esa ley.
Así, aunque en 2019 los 30 hospitales adscritos a Salud destinaron un total de $776 mil para gastos financieros, en 2020 se contemplan en ese rubro $31.8 millones. Obras Públicas tiene destinados en 2019 un total de $170 mil para gastos financieros y para 2020 ha solicitado $2 millones, de los que $600 mil son para compras públicas según aceptó el ministro Edgar Romeo Rodríguez, que dijo desconocer el destino del resto.
En la misma línea, Defensa tiene asignados este año $89 mil para Gastos Financieros, pero para el próximo año solicita $20.1 millones. El de defensa es además el caso más opaco, puesto que no está obligado por Ley de Salarios a declarar el número de plazas de soldados, por lo que, de complirlse los planes anunciados, podrá ocupar esos fondos para pagar remuneraciones de un número de plazas que permanecerá oculto.
La diputada efemelenista Anabel Belloso advirtió durante la sesión de la Comisión que la aprobación de fondos en el rubro de gastos financieros sabiendo que se usará para cubrir salarios y bienes y servicios coloca a los diputados ante una posible transgresión de la Ley. “Acá podríamos estar incumpliendo la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero de manera disfrazada. Podría ser un fraude de ley”, dijo Belloso. El ministro Fuentes le respondió: “En ningún momento estamos incumpliendo la Ley de Responsabilidad Fiscal”. Minutos más tarde, ante un grupo de periodistas que lo esperaba afuera de la comisión, el funcionario insistió: “No hay fraude de ley”.
La también efemelenista Rina Araujo respaldó lo dicho por Belloso. "Para nosotros es un fraude a la Constitución. Hay reglas sobre para qué debe usarse cada rubro", dijo en referencia a la Ley de Administración Financiera y el Manual de Transacciones Financieras del Sector Público. Rodolfo Parker, del PDC, anunció que tampoco iba a respaldar esa maniobra: "No va a pasar. Lo dije: viola la Constitución y la Ley de Responsabilidad Fiscal".
Si el Presupuesto 2019 del Sector Público No Financiero reservó 797.54 millones para gastos financieros, el Presupuesto 2020 prevé una asignación de $918.31 millones, $120.76 millones más. Aunque el titular de Hacienda solo habló ante la Comisión legislativa de dos carteras, en realidad son once los ministerios que registran cambios importantes en el rubro 55, según los detalles revelados por Hacienda a través de su oficina de Información y Respuesta el 22 de octubre de 2019, cuando entregó el Proyecto de Presupuesto 2020 en formato de base de datos al Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción (ALAC).
Esas once dependencias suman $100 millones de los $120 millones de incremento en partidas de gastos financieros: el mismo Ministerio de Hacienda aumenta $51.1 millones; Seguridad $21.18 millones; Defensa $19.3 millones; Gobernación $5.7 millones; Trabajo $1.5 millones; Obras Públicas $718 mil; Salud $499 mil; Medio Ambiente $334 mil; y Educación $275 mil. Los 20 millones restantes están repartidos entre otras instituciones que se financian del presupuesto de los ministerios, como las 23 instituciones descentralizadas, de las que se conoce menos detalles sobre el destino de los fondos.
El artículo 28 de La Ley de Responsabilidad Fiscal asigna al titular de Hacienda, Nelson Fuentes, la labor de ser guardián de que las instituciones cumplan con los techos presupuestarios para cada rubro. Fuentes está por tanto obligado a reportar si hay gastos que sobrepasan el límite permitido. Para hacer crecer los gastos de consumo por encima del 3.3%, el Gobierno puede pedir una reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero de lo contrario la estaría incumpliendo.
La reforma a esta ley que establece el techo de crecimiento del 3.3% para los rubros de Remuneraciones y Bienes y Servicios se aprobó en diciembre de 2018, como parte de un pacto para estabilizar las finanzas públicas. Esta medida fue impuesta como un paliativo para cerrar de manera progresiva la brecha entre ingresos y gastos, que El Salvador cubre cada año con la contratación de deuda. De un año a otro, según esa reforma, la suma de esos dos rubros no debe crecer porcentualmente más que lo que crece el PIB Nominal.
Pese a que en sus primeros días de gestión Nayib Bukele se jactó de haber despedido a 600 empleados de cinco Secretarías y del ahorro que eso supondría para las arcas públicas, el Presupuesto 2020, aun sin recurrir al rubro “55 Gastos Financieros” ya destina más fondos públicos que el anterior al rubro “54 Remuneraciones”: para 2020, el Ejecutivo pide $1,969 millones para salarios y 449 millones para bienes y servicios, $2,418 millones en total. En 2019 estos dos rubros sumaban $2,336 millones, por lo que el aumento es de un 3.5 %, cerca del tope legal. El Ejecutivo no ha detallado cuánto de los 120 millones de aumento en los gastos financieros quiere ocupar como fondos extra para salarios y para compras públicas.
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, fue citado en la Asamblea Legislativa el 9 de noviembre de 2019 para explicar el Proyecto de Prespuesto 2020 ante la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Foto, cortesía Asamblea Legislativa.
Otro Gobierno que posterga ajuste fiscal
La administración Bukele presentó, en consonancia con los tres períodos fiscales anteriores, de 2017 a 2019, un presupuesto para el próximo año $512 millones más caro que el de 2019 y con un patrón de gastos que no alcanza a cubrirse con ingresos propios. En contra, igual que sus predecesores, del compromiso pactado en la LRF para cerrar progresivamente la diferencia de ingresos y gastos, en 2020 requerirá 755 millones en deuda adicional.
El 2 de octubre el titular de Hacienda admitió esa apuesta por aumentar los gastos: “El presupuesto es uno y es una matemática simple. Por supuesto, el gasto aumenta en 512 millones de dólares", dijo en el programa de televisión RepúblicaSV, en Canal 33. La Comisionada Presidencial de Operaciones del Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, describió ese incremento como una apuesta de reactivación económica. "O le apostamos al ajuste fiscal o al crecimiento económico. En este presupuesto, el Gobierno le apuesta al crecimiento", dijo la funcionaria el lunes 7 de octubre ante un grupo de diputados de la Comisión de Hacienda.
Ese día, Fuentes explicó el destino de los $755 millones: $497 millones se utilizarán para pagos recurrentes que en 2019 se financiaron con bonos; $122.28 millones para el FODES que reciben las alcaldías; $9.06 millones para el Instituto Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA); $20.89 millones para el pago del servicio de la deuda pública; $3.3 millones para el Fortalecimiento de Infraestructura Policial, como parte del Plan Control Territorial Fase 1 y $32.04 millones para las contrapartidas de proyectos del Programa Anual de Inversión Pública.
La UCA, el ICEFI y la investigadora Ivette Contreras consideran que el Presupuesto 2020 tiene una mirada cortoplacista y evidencia continuidad en la falta de apuestas claras para atender los problemas estructurales de las finanzas públicas.
De su primer análisis (el presupuesto aún debe pasar por discusión y posibles cambios en la Asamblea Legislativa) se desprende que la propuesta presentada por el ministro de Hacienda, que ya fue ministro en la gestión del Frente, aprovecha el respiro que Arena y FMLN dieron a las finanzas públicas en diciembre de 2018 al aprobar un parche de $1,257 millones para cumplir con los compromisos que el Estado tiene que cumplir con acreedores en diciembre de este año. Ese acuerdo le ha permitido un plazo de un año y medio -en 2020 no hay vencimientos de bonos según el calendario publicado en la memoria de labores de Hacienda- para planificar su política fiscal sin preocuparse por los vencimientos de bonos que complicaron al gobierno anterior.
En 2021, sin embargo, Bukele deberá preocuparse por el vencimiento de $200 millones, una cifra similar a la que en 2017 ($280 millones de dólares) puso al gobierno de Sánchez Cerén en riesgo de incumplir el pago de pensiones a militares y las transferencias del FODES a las municipalidades. En 2022 el gobierno deberá además iniciar las discusiones para otra reforma de pensiones, que por la Ley de Pensiones aprobada en octubre de 2017 deberá incluir el aumento en al menos un año en la edad de jubilación; y también deberá hacer frente a otro vencimiento de deuda de $236 millones. En 2023 vencen $800 millones más.
Alejados del análisis positivo que hace el Gobierno, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) señala que el Presupuesto 2020 retrata la política fiscal del Gobierno. “El presupuesto refleja problemas estructurales de las finanzas públicas: gasto público insuficiente para aspirar al desarrollo, bajos niveles de ingresos y además regresivos, altos niveles de déficit fiscal y una deuda pública peligrosamente insostenible. El Presupuesto 2020, básicamente, lo que hace es administrar la crisis”, dijo Jonathan Menkos, director ejecutivo del ICEFI.
La Universidad Centroamericana (UCA) también cuestionó la ausencia de cambios estructurales en el proyecto del Gobierno. En un editorial publicado el 9 de octubre, la universidad señaló que se continúa con el patrón de gastos y endeudamiento de las administraciones anteriores. “Desde los gobierno de Arena y FMLN, El Salvador cubre su déficit fiscal a través de deuda, de tal manera que esta ya alcanzó su máximo histórico: 20 mil 300 millones de dólares. En lo que la mayoría de analistas no quieren siquiera pensar es en aumentar los ingresos a través de una adecuada reforma fiscal”, dice la UCA.
Y es que la promesa electoral de una reforma fiscal integral planteada en el Plan Cuscatlán (presentado semanas antes de las elecciones presidenciales) tampoco está presente en el presupuesto. "Vamos a revisar y promulgar una reforma al sistema de pensiones, acompañada de una reforma fiscal de carácter progresivo, que garantice que no se afecten o limiten los derechos adquiridos", se lee en el documento.
La economista e investigadora Ivette Contreras aseveró que el Presupuesto 2020 fue diseñado con un enfoque “cortoplacista” y sin una estrategia para hacer un “ajuste fiscal”. “No se ha priorizado una estabilidad fiscal hacia el largo plazo. Este presupuesto sigue la línea de presupuestos anteriores enfocados al gasto corriente. También es importante resaltar que el margen de maniobra es bajo, una buena parte del presupuesto se va a remuneraciones, las cuales no se pueden modificar fácilmente. Hay un problema estructural del sistema de pensiones que tampoco se ha tomado en cuenta”, dijo.
Una propuesta de reforma fiscal integral, según los expertos, incluye una apuesta por aumentar los ingresos y hacer una reestructuración estratégica en el gasto. El presupuesto 2020, sin embargo, incluye aumentos en rubros en los que deberían haber ahorros como las remuneraciones: $28.2 millones respecto al presupuesto ejecutado en 2019.
Aunque aumenta los gastos para 2020, el gobierno Bukele no ha revelado sus apuestas para aumentar los ingresos en ese año, uno preelectoral en el que por primera vez competirá su partido, Nuevas Ideas. La única medida que aparece en el presupuesto 2020 y que tiene como objetivo aumentar la recaudación, recomendada por FMI, es la implementación de la “Facturación Electrónica” que según dicho organismo puede ayudar a recaudar $83.17 millones adicionales.
Siguen sin aparecer sobre la mesa otras medidas como la aplicación del “monotributo” para aumentar $27.72 millones en ingresos; el impuesto a los bienes suntuarios, que inyectaría $55.45 millones; recortes en bienes y servicios ($109 millones); congelar salarios para ahorrar ($53.68 millones); ahorro con focalización de subsidios ($53.68 millones).
El Gobierno tampoco ha aclarado si seguirá una de las recomendaciones más controversiales del FMI que tiene un alto costo político: el incremento en la tasa de IVA para recaudar, según estimaciones, $138 millones adicionales.
El presidente Bukele en una reunión con el gabinete de seguridad. Foto: Víctor Peña.
Defensa lidera las prioridades
En el 2020 preelectoral, los principales aumentos en porcentajes van para Defensa, Seguridad y Gobernación. Salud también está en el top 5 de carteras prioritarias y Educación recibe un crecimiento austero, aunque una de las grandes promesas de campaña, la inversión en primera infancia, aparece más o dibujada con más de 80 millones distribuidos en tres oficinas: Salud, Educación y Presidencia. Este proyecto será dirigido por la primera dama, según ha dicho el presidente Bukele. Las carteras, encargadas de materializar la política económica del gobierno, reciben recortes por 17.71 millones de dólares: Economía (-12.56 millones), Agricultura (-3.25 millones) y Turismo (-1.9 millones).
El Gobierno, además, reduce a la mitad los gastos de inteligencia del Estado, de $32 millones a $17.5 millones y, por primera vez, anuncia en qué rubros serán utilizados esos fondos.
Destaca también en el presupuesto, por su ausencia, cómo se financiarán las megaobras prometidas en el Plan Cuscatlán. Cuando era candidato, Bukele prometió 15 megaobras públicas que, según su plataforma de gobierno, costarán $1,525 millones.
Aunque la Política Presupuestaria 2020 menciona cinco de esas obras, el cómo se financiarán no aparece en el proyecto de Ley: “Se van a impulsar proyectos estratégicos de infraestructura pública entre los que se encuentran: Red de Puertos, Tren del Pacifico, Aeropuerto de Oriente, Plan maestro de movilidad, Franja Norte del Pacífico, los cuales mejoran la conectividad y permitirán desarrollar a El Salvador”, dice el documento de Hacienda.
En los presupuestos de las carteras que implementarían los proyectos tampoco hay referencias al Tren del Pacifico, Aeropuerto de Oriente, Franja Norte del Pacífico. Públicamente, el Gobierno ha dado a conocer de manera escueta que para financiar estas obras buscará asocios público privados, el apoyo de la inversión privada o la adquisición de préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Salud toma en cuenta la primera infancia
El Presupuesto de Educación aumenta un 4.27% respecto al presupuesto de 2019. El año pasado la cartera contó con $997 millones y en 2020 tendrá $1,039 millones. Como porcentaje del PIB, la cartera aumenta en 0.04%. En 2019, el presupuesto votado fue de 3.71 % del PIB y para 2020 tiene una asignación que equivale a 3.75 %.
Sin embargo, la asignación se queda a $623 millones de distancia de la inversión ideal mínima que recomiendan estudios del Gobierno, de Naciones Unidas y del Consejo Nacional de Educación. El Gobierno debería invertir el 6 % del PIB, que para este año equivale a 1,663 millones de dólares. $28.7 millones del incremento en Educación serán para la línea presupuestaria de “mejoramiento y reparación de escuelas”.
Bukele prometió en el Plan Cuscatlán priorizar la atención a la primera infancia, a los niños de 0 a 6 años, con una intervención coordinada entre Educación y Salud. El presidente ha dicho en eventos públicos que su esposa, Gabriela Rodríguez, será la encargada de coordinar las medidas dirigidas a la atención de la primera infancia. En el presupuesto 2020, Presidencia incluyó $2 millones para "Beneficio Social", la oficina que ocupará la primera dama. Según los desgloses, estos estarán al servicio de compra de "bienes y servicios" para "promover el bienestar social, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de la Nación, impulsado por la Primera Dama, según el Plan de Gobierno".
A falta de detalles, rastros de esa promesa también aparecen dibujados en el programa “Educación Inicial” del Ministerio de Educación, dirigido a niños entre 0 y 6 años, que mantiene el mismo presupuesto de 2018 y 2019: 2 millones 170 mil dólares. La cartera de la “Política Integral de Desarrollo Infantil” recibe un $1 millón más que en 2019, pero la principal novedad radica en la creación del “Programa Desarrollo Infantil Temprano” -que debe ejecutar la red de hospitales, Fosalud, ISRI y el Ministerio de Salud-, con una una asignación de 83 millones de dólares, según el informe entregado por el titular de Hacienda a la Asamblea Legislativa. Ambos programas son manejados por el Ministerio de Salud.
Para 2019, el 95 % de los niños de 0 a 3 años no reciben atención a través de los programas de gobierno de Educación Inicial y el 46.4% de los niños 4 a 6 años no recibe educación parvularia. Según la Encuesta de Hogares, en 2018, el 15.4 % de los hogares cuidan de forma inadecuada a los niños de 0 a 6 años, lo que incluye que escuchan muy pocas palabras de sus padres o cuidadores en el periodo en el que desarrollan el lenguaje y su cerebro, tienen mala nutrición o acceso limitado a servicios de salud.
Estudiantes del Centro Escolar Caserío El Tule, en el Cantón El Pinalón, Santa Ana reciben raciones de comida entregada a través del programa de alimentación escolar del Gobierno. Foto, Carlos Barrera.
¿Y los programas sociales del FMLN?
El presupuesto de Educación eliminó líneas presupuestarias que alimentaban el “Programa Un niño, una computadora”, que recibía $5 millones; desapareció una de las líneas, de dos, con una asignación de $1.5 millones para el “Instituto Nacional de Formación Docente” y desapareció el “Apoyo a la Educación de Jóvenes y Adultos”, con una asignación de $1.3 millones. Cuestionada por El Faro, la ministra Carla Hananía respondió el 29 de octubre: “No ha desaparecido ningún programa social. Solo han cambiado de nombre”.
En la presentación brindada a la Comisión de Hacienda, Hananía aseguró que los programas contenidos en la Ley del Sistema de Protección Social no puede desaparecer y que en cumplimiento a esa ley, los programas que no aparecen en el presupuesto siguen existiendo. Prometió que el Programa Un niño una computadora tendrá la misma asignación de 5 millones; el INFOD tendrá $3.2 millones ($1.5 millones menos que en 2019) y ante preguntas de los diputados evadió responder en qué parte estaba el financiamiento para el programa de “Apoyo a la Educación de Jóvenes y Adultos”.
Otra variación en el Presupuesto 2020 es que ya no aparece el listado de universidades que eran “implementadoras” de programas del Ministerio de Educación. Hananía dijo que le cambiaron el nombre a esa unidad y línea presupuestaria. “Ahora les llamamos socios estratégicos”. Con el cambio, el Ejecutivo le quita a la Asamblea Legislativa la responsabilidad de ratificar quién recibe los 10 millones de dólares de esa partida y queda a discreción del Ministerio de Educación la firma de convenios para ejecutar esos fondos públicos.
El Ejecutivo también recorta $9 millones al subsidio al gas propano: en 2019 el subsidio al gas recibe $75.32 millones y en 2020 tiene una asignación de $65.54 millones. El programa "04 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer", para detectar y tratar de manera oportuna las enfermedades crónicas no transmisibles en las mujeres, que en 2019 recibió $68,295 desaparece.
El “Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural” no existe en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, que en 2019 tuvo una asignación de $1.3 millones. Ese programa se encarga de la entrega de insumos y equipos a familias en la zona rural, además de asistencia técnica para generar encadenamientos productivos. El 21 de octubre, Carolina Recinos dijo que la desaparición de ese Plan de Agricultura estaba relacionada a que concluían los desembolsos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) hacia el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA). “Las disminución que ven es porque se han agotado proyectos”, dijo Recinos.
El Fondo de Inversión para el Desarrollo Local (FISDL) le cambió el nombre a la línea de trabajo "Pensión Básica Universal" que este año recibe $22.28 millones para hacer transferencias a adultos mayores de 70 años y a menores de 70 años con discapacidad. Ahora se llama "Pensión al Adulto Mayor a Personas con Discapacidad" y, además, tiene una asignación $2.2 millones menor: $20 millones.
El proyecto también presenta recortes en cinco carteras del Ejecutivo. Economía pierde $12.6 millones de dólares, de $124.1 millones a $111.5 millones; Presidencia de la República se desprende de $11.3 millones: de $104.9 millones pasa a $93.6 millones; Medio Ambiente pasa de 18.9 millones de dólares a $15 millones ($3.9 millones de recorte); Agricultura y Ganadería pasa de $66.3 millones a $63.3 millones (una disminución de $3.2 millones); y Turismo baja de $29.8 millones a $27.9 millones (un recorte de $1.9 millones).
