Carta a los medios de comunicación: Está en juego la credibilidad de nuestra profesión

Estimados colegas que dirigen los medios:
Recomiendo que lean con detención una columna titulada “Legado”, que el domingo pasado publicó el colega Cristian Villalta. Es dirigida a quienes podemos pensar que los únicos que han permitido el sistema Tony Saca de corrupción institucionalizada fueron sus cómplices directos. No es así, todos tenemos responsabilidad.

Villalta explica que el alcance de la corrupción solo pudo darse porque el sistema Saca no solo pervirtió al servicio público, sino también a varias industrias claves del país, o por lo menos buenas partes de ellas: la banca, la radiodifusión, la publicidad. Yo agregaría una cuarta: los medios de comunicación.

La muestra se llama Jorge Hernández. Y tal vez tenga otros nombres. Yo no me voy a meter en especular quiénes de nuestros colegas se hicieron cómplices dejándose sobornar y traicionar toda ética periodística. El único que ha sido confrontado con evidencia tan contundente que no le quedó otra cosa que confesar para tratar de salvarse es Jorge Hernández, un periodista y ejecutivo de mucha importancia en el mundo de los medios de comunicación. Tal vez fue el único que se hizo parte de la trama de lavado de dinero. Pero seguramente no el único que traicionó nuestra profesión recibiendo sobornos de Casa Presidencial. En algún momento saldrán ala luz sus nombres, no mediante chambres como ahora, sino con pruebas y -tal vez, ojala- confesiones.

Pero hay responsabilidades que van más allá de estas traiciones consumadas. Hay una responsabilidad de negligencia, de falta de rigor y valor, que hizo que los medios no hicimos todo en nuestro poder para descubrir y exponer a tiempo las tramas de la corrupción. Y esta complacencia se dio más durante la presidencia de Saca que durante la de Funes. Y no solo por cierta cercanía con el partido ARENA, bajo cuya bandera navegaba el sistema de abuso de poder de Saca, sino más bien porque Tony Saca, como persona, nunca nos provocó la misma repulsión que nos provocó la persona de Mauricio Funes. A pesar de divergencias políticas con su populismo y clientelismo, y a pesar de ciertas sospechas de corrupción, todos vimos a Tony, como la llamábamos con cierto cariño, como buena gente. Porque nunca lo vimos tratar con la pata a nadie, mucho menos a los periodistas. A diferencia de Mauricio Funes, Tony Saca es un tipo casi imposible de odiar.

Esta condescendencia ciertamente no ayudó a que como periodistas cumpliéramos a cabalidad nuestra tarea de escrutinio riguroso con el gobierno de Saca. Pero tampoco es el problema principal que hay que señalar autocríticamente.

El problema es que Tony Saca logró corromper los medios. Si periodistas de alta jerarquía recibieron sobornos, es un problema ético (y tal vez judicial) de ellos. Pero que algunas empresas mediáticas hayan permitido que estos pocos malos periodistas a cambio del dinero recibido por CAPRES hayan podido comprometer la línea editorial y la cobertura investigativa de sus medios, es otra cosa y requiere una análisis exhaustivo y autocrítico de nuestro gremio.

Con la información confusa que tenemos hasta ahora, no se puede acusar a nadie más que a Jorge Hernández. Pero esto no nos exima del imperativo de ejercer este análisis autocrítico. Está en juego nada menos que la credibilidad de nuestra profesión. 


Saludos,








Carta a los congresistas y senadores de EEUU: Cualquiera puede hacer “listas negras”

Dear senators and representatives:
Ustedes aprobaron una ley que obliga al Departamento de Estado a presentar una “lista negra” de personas, incluyendo los funcionarios públicos que han cometido actos graves de corrupción, tráfico de drogas y financiamiento ilícito de campañas en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Las relaciones entre estados son recíprocas. En teoría, porque sabemos que en la práctica no lo son, porque hay estados con más poder y otros con más sumisión. Sin embargo, solicito al gobierno salvadoreño a presentar una lista negra de “personas, incluyendo los funcionarios públicos que han cometido actos graves de corrupción, tráfico de drogas y financiamiento ilícito de campañas” en los Estados Unidos.

Cierto, tendrá poco efecto, porque nosotros a estas personas no les podemos confiscar sus bienes, porque no los tienen parqueados en Centroamérica. (By the way, ¿por qué no incluyeron Panamá? ¿Será porque ahí sí tienen guardado su dinero los corruptos de Estados Unidos?) Nosotros les podemos negar visas, pero ellos no necesitan viajar a nuestros países que consideran “shitholes”. Sin embargo, hacer la lista sería interesante, aunque simbólico. En política cuenta lo simbólico.

Vamos a ver cuál lista saldrá más larga – y más jugosa. Vamos ver en cuál de las dos listas aparece un presidente en el ejercicio del poder…


Ya que pusieron en su ley el problema de financiamiento de campañas electorales, quiero ver si personajes como Bob Mercer y los hermanos David y Charles Koch, quienes han financiado la campaña de Trump y otros republicanos con decenas de millones de dólares, tendrán homólogos en Centroamérica que les lleguen cerca en la práctica de comprar políticas públicas. Solo Mercer gastó 41 millones en campañas republicanas, y existen sospechas que otro tanto fue canalizado desde cuentas en Panamá…

Para entender la corrupción institucionalizada en el sistema de financiamiento de campañas electorales y en el trabajo de los grupos de interés (lobby), instalados en el Congreso los que elaboran nuestra lista negra, pueden consultar fuentes bien reconocidos:

Bloomberg
The Brookings Institution
Transparency International


Ironía aparte, hay un problema serio detrás de esta legislación de Estados Unidos: La “lista negra” no será resultado de procedimientos y condenas judiciales, sino la decisión sobre a quiénes incluir y someter a sanciones (y a quiénes no) está en manos del gobierno. Y para más asustar, en manos del Secretario de Estado Mike Pompeo, uno de los personajes más cuestionados en el circo Trump. No nos olvidemos de la tradicional consigna de la política exterior de Estados Unidos: “Pueden ser hijos d.p., pero son nuestros h.d.p.”.

Y no solamente será interesante saber a quiénes de nuestros políticos quieren joder, sino igualmente a qué nombres prefieren obviar. Por ejemplo, ¿aparecerán al fin los nombres de los intocables, Herbert Saca y José Luis Merino?

La “lista negra” de Mike Pompeo tiene que presentarse en enero 2019, en la fase caliente de la campaña presidencial nuestra. ¿Vamos a dejar al gobierno de Estados Unidos una palanca tan fuerte para decidir nuestras elecciones?

No podemos evitar que ustedes publiquen su lista negra. Pero sí podemos decir desde ya: No vamos a reconocer a su State Department como tribunal supremo de corrupción para Centroamérica. Ustedes jamás le darán poder judicial en su país. Why should we?


Yours faithfully,

(MAS! / EL DIARIO DE HOY)


Carta a los candidatos presidenciales: No inventen la bacinica

Estimadas fórmulas presidenciales:
La gente les exige soluciones prácticas, propuestas de políticas públicas que respondan a los problemas reales de la gente. Ustedes van a elaborar programas de gobierno, hechos por expertos, llenos de diagnósticos y análisis bien hechos. Pero serán mamotretos que nadie va a leer. Tal vez les van a ayudar a gobernar, pero no van a ayudar a los ciudadanos a recobrar confianza y optimismo.

No tienen que inventar la bacinica, ni cómo hacer agua tibia. Les propongo que recojan iniciativas ya inventadas, ya puestas en marcha, ejemplos de soluciones creativas y de excelencia. Existen, pero son islas en un mar de mediocridad. No se trata de apoyarlas con un poco de fondos o incentivos. Se trata de recogerlas y convertirlas en políticas públicas.

Les doy unos pocos ejemplos que conozco y que ya han mostrado que funcionan.

. La escuela Amún Shéa en Perquín, creada con el objetivo de apoyar el desarrollo socioeconómico del norte de Morazán a través de la formación humana. Sus fundadores ponen en práctica una metodología innovadora: el Aprendizaje a Base de Problemas, desarrollando aplicaciones que ofrezcan respuestas a las necesidades de su entorno. Ya se está convirtiendo en modelo para las escuelas públicas en Morazán, y puede ser modelo para la reforma educativa integral.

. La fábrica-escuela League en el American Park, en Ciudad Arce
. Un modelo exitoso que combina la eficiencia productiva con inclusión social y formación vocacional. Ahora es modelo para un proyecto de un nuevo Parque Industrial con campus escolar y universitario. Puede ser modelo para una reformulación de las prioridades en la política industrial, educativa, inclusión social y de Seguridad Pública.

. La Escalón
, iniciativa de los empresarios (pequeños y grandes) de una colonia, con el fin de generar un desarrollo integral que incluya las comunidades marginales vecinas. Ha dado excelentes resultados, entre esto la construcción de paz social, sin ningún apoyo estatal. Puede ser el modelo para una nueva concepción de prevención, Seguridad Ciudadana, e inclusión social.

. El Centro de Arte para la Paz en Suchitoto.
Una iniciativa de líderes comunales, artistas y gestores culturales, que ha construido un centro cultural abierto a todas las comunidades de la zona, para promover la creatividad de cientos de jóvenes, reconstruir el tejido social y construir paz social. Puede ser modelo para una nueva política cultural, cuando se construye sobre este modelo y otros: Teatro La Cachada, Esartes (escuela de teatro), El Teatro Nuevo Tiempo de Chalate, con su trabajo en comunidades y con jóvenes presos…

Hay que construir sobre lo bueno que ya existe. No todo en este país es mediocre, corrupto o más de lo mismo. Debe haber docenas o tal vez cientos de “islas de excelencia y creatividad” en el país: en educación, en salud, en arte y cultura, en prevención, en desarrollo industrial. Sus protagonistas pueden tener orígenes ideológicos diversos, pero hay un denominador común: la combinación de excelencia/creatividad con inclusión social/prevención.

Ningún candidato debería excluir ninguno de estos modelos por razones ideológicas. Y los protagonistas de estas iniciativas no deben tener celos ideológicos que impidan que cualquiera de los candidatos se acerque. Los conceptos de sus proyectos innovadores pueden y deben convertirse en políticas públicas.

Saludos,


 

El sistema Saca/Funes

La desgracia del “caso Saca” (y de la fiscalía, que al final tuvo que negociar un juicio abreviado y penas mínimas) comenzó desde el principio, cuando el fiscal general Douglas Meléndez presentó su caso diciendo que se trataba de 300 millones de dólares robados. El mismo error cometió en el “caso Funes”, hablando de un robo aun mayor: 350 millones. Y en este caso le va a pasar lo mismo: Al final no podrá comprobar este monto.

¿Por qué no lo puede comprobar, ni en el caso de Saca, ni en el de Funes? No es porque ambos no hayan robado a manos llenas. Lo hicieron. No lo puede comprobar el fiscal, porque o no entiende el “sistema Saca/Funes”, o le hace trampa su propio populismo judicial.

El elefante blanco en CAPRES
Saca no se robó 300, ni Funes 350 millones de dólares. Así funcionó el sistema que Saca inventó y Funes perfeccionó: Armar un gran elefante blanco en Casa Presidencial, una especie de gobierno paralelo encima del gabinete ministerial; luego crear, para financiar al elefante blanco, un desorden fiscal, con fondos de cientos de millones de dólares, todos discrecionales, todos sin rendición de cuentas, todos sin escrutinio de la Corte de Cuentas. En este desorden y esta informalidad consistía la oportunidad de robar. Para crear esta gran masa de fondos oscuros en CAPRES, Saca se inventó un sistema de transferencias de todos los ministerios a CAPRES, de la manera que tuvo a su disposición 219 millones adicionales al presupuesto asignado a CAPRES. Esta es la cifra que al final de la presidencia Saca documentamos en una investigación publicada en El Diario de Hoy. Ahora parece que nos quedamos cortos con esta suma. Para hacer estas transferencias, se inflaron desde el principio artificialmente los presupuestos de los ministerios. O sea, cada ministro sabía de antemano que parte de los fondos asignados a su cartera eran para transferirlas a CAPRES.

Este desorden, en el se manejaba en efectivo y sin rendición de cuentas tanto los gastos reales (por ejemplo para el funcionamiento de la Organización de Inteligencia del Estado OIE), como los sobresueldos (que realmente se desembolsaron), como los fondos para campañas electorales, lo aprovechó Saca para robarse 50, 100 o 150 millones para enriquecerse él, su familia y sus empresas. Cuánto de estos 300 millones se robó, todavía no sabemos. Hubiera sido tarea de la fiscalía establecerlo, y acusarlo por montos exactos y comprobables. El fiscal general no lo hizo así, se dejó ir con una acusación genérica de 300 millones. Y probablemente nunca sabremos qué porción de este total se robó Saca, ya que con el juicio abreviado varias líneas de investigación quedarán cerradas.

El caso Funes
Lo más preocupante es que la fiscalía hizo lo mismo en el caso Funes, aunque ya en el caso Saca andaban perdidos en el labirinto de trucos que el ex presidente y sus cómplices habían generado. El sistema Saca pasó a ser el sistema Funes, con algunas modificaciones, porque en el camino la Sala de lo Constitucional reclamó los fondos reservados en cada ministerio, que fueron las fuentes de los sistemáticos transferencias a CAPRES. Entonces, en la presidencia de Funes crearon en cada ministerio “fondos para improvistos”, que al no gastarlos, fueron transferidos a CAPRES. Estos fondos no tenían nada de “imprevisto”, porque desde el momento de diseñar el presupuesto, ya estaban previsto pasarlos a CAPRES, para usos discrecionales del presidente. A partir de ahí, aunque con diferentes mecanismos contables, pasó exactamente lo mismo que antes en la era de Saca. Del mismo fondo discrecional, esta vez de 350 millones, se cubrieron gastos reales, sobresueldos, pagos de soborno y propaganda, y una cantidad todavía no establecida terminó en el patrimonio de Funes, sus familiares, sus testaferros y prestanombres.

Para desarmar este sistema, primero hay que eliminar el elefante blanco en Casa Presidencial. Luego hay que ordenar el presupuesto nacional, prohibiendo que en las diferentes carteras se incluyan fondos destinados a terminar en CAPRES. Luego hay que establecer mecanismos confiables de control sobre cualquier tipo de transferencias. A la Presidencia y sus secretarías (que por cierto deben reducirse al mínimo necesario) hay que asignarse un presupuesto real que cubra sus gastos institucionales – y este debe ejecutarse con transparencia, rendimiento de cuentas y controles. Nada de pagos en efectivo. Nada de sobresueldos. Nada de pagos debajo de la mesa a diputados, partidos, periodistas, funcionarios de otras instituciones del Estado. Desarmar el elefante blanco y los fondos discrecionales en CAPRES es la primera tarea del próximo presidente.

Tres refleiones
Hay que hacer 3 reflexiones finales: Hablamos del sistema Saca/Funes, porque es sustancialmente diferente a los manejos financieros de los anteriores gobiernos. Es el paso de la corrupción que siempre existió a una trama sistémica e institucionalizada de corrupción y enriquecimiento ilícito. Con Saca fue la primera vez que el presupuesto de la nación, desde su concepción, se diseñó para crear el desorden propicio para el abuso, y para generar masas enormes de fondos disponibles para malversación, corrupción y robo.

La segunda reflexión: Aunque la verdad es que ni Saca se robó 300 millones, ni Funes 350 millones, el daño en ambos casos es varias veces más alto que estos números. Los costos laterales de la corrupción siempre son múltiples del monto de lo robado. Si un gobierno comienza a diseñar el presupuesto de la nación para crear oportunidades de robar, todas las prioridades del Estado se están pervirtiendo, y esto causa inmensos daños a la economía, al crecimiento, y a los servicios a la población.

La tercera reflexión: La vía correcta de la fiscalía hubiera sido identificar, dentro de este labirinto de corrupción, los casos parciales, pero comprobables. Con la información que ya se tiene, a Saca hubieran podido acusar y condenar, sin necesidad de negociar con él, por los 8 millones que robó para construir su palacio bayunco en El Carmen. Y luego hubieran investigado y documentado lo demás para llevarlo a otros juicios. Se perdió esta oportunidad porque como resultado de la negociación con Saca, todo será cosa juzgada.

Lea también el análisis de los 219 millones de dólares de transferencias a la Casa Presidencial de Tony Saca





 

Carta al ministro de Seguridad: ¿Quién controlará las radios de Tony Saca?

Estimado comisionado Mauricio Ramírez Landaverde:
Todos leemos las noticias sobre bienes incautados a personas acusadas de delitos de corrupción, lavado de dinero o enriquecimiento ilícito. Pero muy poco sabemos de la institución que toma control de estos bienes: El Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), adscrito a su ministerio.

Esta institución tiene una página Web que no funciona, y en la página del ministerio tampoco hay mucha información. ¿Qué hace el CONAB con las empresas, fincas, casas, cuantas, y vehículos incautados? ¿Cómo los administra? ¿Cómo los distribuye después? ¿Con qué criterios? ¿Y quién supervisa al CONAB?

Son preguntas que se hacen los ciudadanos, sobre todo ahora que por primera vez importantes medios de comunicación masivos pasaron al control del CONAB: las 16 radios de Tony Saca, con sus 86 (!) frecuencias. No solo representan un valor económico, sino a la vez un poder mediático con mucha incidencia.

Uno se pregunta: ¿Cuánta influencia tendrá el gobierno, que maneja al CONAB mediante su ministerio, sobre el funcionamiento de estos medios de comunicación? Es una pregunta inquietante, sobre todo cuando estamos a pocos meses de la próximo elección presidencial. ¿Cómo se protege la sociedad del peligro que este poder mediático en manos del Estado sea abusado? ¿Qué independencia editorial van a tener estos medios masivos en manos del Estado? Independencia del gobierno y también de los socios de Tony Saca…

El fiscal general, instalando su conferencia de prensa en una de las mansiones incautadas del ex presidente Saca, ya está dando su opinión sobre el destino que debe tener esta propiedad. ¿Tendrá el fiscal general también influencia sobre el destino y manejo de las radios y las 86 frecuencias del grupo Samix?

Tengo entendido que la idea detrás del mecanismo de la extinción de dominio, o sea de las incautaciones, es que los fondos robados (y los bienes adquiridos con ellos) regresen a sus verdaderos dueños: los ciudadanos del país. Entonces. ¿cómo el ciudadano se va a beneficiar de los medios de comunicación incautados a Tony Saca?

No son acusaciones que formulo, sino preguntas. Y necesitan respuestas. Hasta ahora, los procedimientos no son suficientemente transparentes. Todavía no sabemos en qué se han gastado los 14.5 millones de dólares de los famosos “narco-barriles” del 2010. El fiscal general Luis Martínez nunca nos rindió cuentas sobre el uso que ha dado a estos fondos.

Le toca a usted, como ministro, convencernos que todos estos bienes (y ahora hasta medios de comunicación) en manos de una institución bajo su responsabilidad serán administrados de manera transparente y correcta, sin la arbitrariedad que muchas instituciones estatales han mostrado en el pasado.

Tanto que le gustan las conferencias de prensa, le pido que convoque una sobre este tema, para que los periodistas le podamos hacer todas estas preguntas – y recibir respuestas satisfactorias.

Ya hemos visto a comisionados de la PNC desfilar en carros de lujo decomisados a narcos. No queremos ver las radios de Tony Saca incorporados al sistema de propaganda del Ministerio de Seguridad (el famoso ”bunker” o “cuarto de guerra”, que funciona en el CIFCO), tratando de convencernos que ustedes están resolviendo exitosamente los problemas de inseguridad. 

Saludos,


 

Carta ficticia de ARENA: Asumimos la responsabilidad

Estimados lectores:
Hay textos que nunca se escriben y discursos que nunca se pronuncian, porque nuestros políticos no entienden los beneficios de la audacia y de la autocrítica. 

Para señalar esta falla (y para provocar debate), varias veces he recurrido a un formato de ficción. He publicado pronunciamientos ficticios nunca hechos por los presidentes Saca, Funes y Sánchez Cerén. Es un truco literario. A veces es más efectivo que una columna analítica.
 

Hoy voy a usar nuevamente este truco, porque me temo que ARENA no va a tener el valor de pronunciarse como Dios manda sobre el caso Saca.


* * *


Al pueblo salvadoreño:

Las confesiones de Elías Antonio Saca son ciertas: Este hombre, quien fue presidente de la República por nuestro partido, desvió fondos públicos a nuestro partido.

Podríamos simplemente decir: El partido que recibió fondos lavados de Casa Presidencial fue la ARENA de Tony Saca y sus socios que ya no están en ARENA. Algunos están presos, otros en GANA, otros dedicados a hacer negocios con los fondos robados. Ellos controlaron las finanzas del partido, instrumentándolas para mantener control interno, sobre la selección del candidato presidencial para el 2009, y sobre su campaña electoral.

Podríamos decir que el dinero que Saca desvió hacía ARENA, solo él mismo lo utilizó para sus propios fines políticos: para imponer a su candidato, para una pésima campaña electoral – y luego de perderla, para dividir ARENA, comprar diputados y financiar el surgimiento de GANA.

Y no estaríamos mintiendo. Todo esto es cierto. Pero no es toda la verdad.

La otra parte de la verdad que hoy nos toca reconocer es: Tony Saca no usurpó el poder. ARENA cometió el grave error de entregarle el poder total sobre el partido y sobre el gobierno. ARENA falló, porque no ejerció ningún control sobre este poder – y no hizo nada para prevenir los abusos, incluyendo el robo de fondos públicos. El partido se hizo cómplice.

Pagamos un alto precio por esta complicidad. Perdimos las elecciones en el 2009, entregamos el poder a otro gobierno aun peor, el de Mauricio Funes. Esto significa que quien realmente pagó el costo de nuestros errores, fue el pueblo salvadoreño.

A partir de esto, nuestro partido entró en crisis, no solo por haber perdido el poder y la unidad, sino más bien por haber perdido la credibilidad. Aprendimos la lección, pero no nos atrevimos a explicarla bien a nuestras bases y al pueblo. Limpiamos la casa, comenzando por la expulsión de Tony Saca, lo que provocó la salida de sus allegados y la formación de GANA. Iniciamos un proceso complejo de recuperar la institucionalidad del partido, su democracia interna y su renovación.

Este proceso, contra muchas resistencias, al fin culminó en elecciones internas para nombrar el COENA, para elegir candidatos a alcaldes y diputados, y finalmente a nuestro candidato presidencial para el 2019.

Podríamos decir: La nueva ARENA no es el mismo partido que permitió la corrupción de Tony Saca y grupo, y que por tanto no tenemos porque asumir responsabilidad sobre los hechos revelados en el juicio penal contra Saca. Pero otra vez no sería toda la verdad.

Tenemos que asumir la responsabilidad por lo que se hizo a nombre de ARENA. Nuestros adversarios nos exigen que respondamos por los fondos desviados. Pero no, tienen que responder los que los robaron y los utilizaron para sus fines oscuros. Para ARENA solo hay una manera de asumir la responsabilidad: Reconocer que la tarea de la renovación del partido no está terminada; continuar y profundizarla; cerrar los espacios a los remanentes que todavía quedan del lastre de la complicidad con la corrupción; revalorizar la política, y erradicar el populismo en nuestro partido – y en el Estado.

Para cumplir con esta obligación, nuestra tarea es construir un gobierno responsable, probo y eficiente que resuelva los problemas del pueblo salvadoreño. No vamos a fallar nuevamente.

Mauricio Interiano, presidente del COENA
Carlos Calleja, candidato a la presidencia

* * *


Puede ser en otras palabras, pero algo así necesitamos escuchar de parte de ARENA.

Saludos,



Un ministro de defensa civil. Columna Transversal

Si las recientes declaraciones del general David Munguía Payés las hubiera dado un ministro civil al cargo de Defensa, hubiera sido un evento normal dentro del marco del debate político. Un miembro del gabinete de gobierno interviniendo en el debate de los temas políticos del día, aun los controversiales, no despierta alarmas, es normal y no revive el fantasma del militarismo. Un ministro uniformado sí.

Si analizamos fríamente las declaraciones de Munguía Payés, abstrayéndolos de la puesta en escena marcial en que las dio, no resultan tan descabelladas, y ciertamente no amenazantes. ¿Qué dijo en esencia? Hizo un llamado a las instituciones del Estado, incluyendo Fiscalía y Tribunal Supremo Electoral, a actuar responsables y no usar su poder arbitrariamente para obstaculizar la participación electoral de un determinado candidato presidencial. No tuvo que decir el nombre, todo el mundo entendió que estaba hablando de Nayib Bukele. Dijo que decisiones arbitrarias en materia electoral pueden provocar convulsiones sociales e incluso manifestaciones, que pueden desbordar en violencia. Dijo que la PNC se puede ver obligada a intervenir y, en consecuencia, también la Fuerza Armada, que está desplegada en tareas de seguridad pública.

Es una advertencia que muchos comparten y ha sido expresada por políticos de diferentes partidos, voceros de grupos ciudadanos, y columnistas. Por mi parte, he públicamente expresado que no es correcto querer detener a Nayib Bukele dilatando la inscripción de Nuevas Ideas como partido político, ni con la suspensión extemporánea de Cambio Democrático, ni mucho menos armándole líos penales. Para mí, Bukele representa un peligroso populismo que trata de convertir en antipolítica el descontento de amplios sectores de la población —y la única forma eficiente de derrotarlo es en elecciones libres y justas. Hasta los contrincantes directos de Bukele, los candidatos del FMLN y de ARENA, han expresado lo mismo. En esta situación, el llamado de un ministro a “fair play” electoral no está fuera de contexto.

Lo que está fuera del contexto no es el contenido, sino la forma. Lo que choca no es que un miembro del gabinete de gobierno haga esta advertencia, sino el hecho de que es militar activo, hablando a nombre de la Institución Armada. Lo que más choca es la puesta en escena: el ministro uniformado, rodeado de sus generales, en una ocasión incluso todos fusil en mano y con cara pintada de comandos. Esta forma despierta miedos, porque nos recuerda a las conferencias de prensa de La Tandona en medio de la guerra, cuando sí tuvimos una Fuerza Armada encima de las instituciones civiles.

Mi amiga Erika Saldaña analizó en las páginas de este Diario que las declaraciones de Munguía Payés riñen con los principios de la Constitución, que dicta que la Fuerza Armada tiene que ser apolítica y no deliberante. Y tiene razón, porque tenemos a un militar activo como ministro de Defensa. Por tanto, cuando él habla (y sobre todo cuando habla fusil en mano y rodeado de sus generales), se entiende que está hablando la Fuerza Armada.

“Ojalá que el próximo presidente tenga la sabiduría
de nombrar un civil como ministro de Defensa”

Este incidente es una razón más para romper con la tradición de tener un Ministerio de Defensa de puros oficiales, sin autoridades civiles. Ojalá que el próximo presidente tenga la sabiduría de nombrar un civil como ministro de Defensa.

Un ministro de Defensa civil perfectamente puede llevar a debate público las complicaciones que malas decisiones del poder civil podrían tener sobre el rol de la Fuerza Armada. Podría hablar de lo delicado que es para las FF. AA. el uso permanente que el poder civil está haciendo de ellas en tareas de represión del crimen. Y podría hacer advertencias como las que hizo Munguía Payés —sin comprometer el carácter apolítico de las FF. AA. El papel de un el ministro civil al cargo de Defensa sería administrar las relaciones entre política y FF. AA., entre opinión pública y FF. AA., entre conflictos sociales y FF. AA. (De paso sea dicho: Igual urge romper con la práctica del actual gobierno de entregar al Ministerio de Seguridad a oficiales de la policía, porque significa debilitar o incluso suspender la supervisión civil sobre la PNC).

Algunos le criticaron al ministro de haber exagerado el peligro de convulsiones sociales. Pero, ojo: la manera como inmediatamente Bukele retomó el tema parece darle la razón al general. Un día después de las declaraciones del ministro, el 31 de julio, Bukele escribió en Twitter: “Ya no vamos a bajar la cabeza, no vamos a volver a poner la otra mejilla. Al próximo bloqueo, nos vamos a las calles, sépanlo. La responsabilidad de lo que pase caerá únicamente sobre ustedes”. Y para que a nadie le quedara duda, en un siguiente tuit invocó el derecho a la insurrección que da el artículo 87 de la Constitución en caso de alteración del orden constitucional.

Esto es lo que el ministro estaba advirtiendo. Y además, otra cosa que sus críticos pasaron por alto: si esto pasa, la Fuerza Armada no se va a quedar de brazos cruzados, sino defender el orden constitucional. Como debe ser.