Carta a los maestros, enfermeros, médicos, policías y bomberos del país

Estimados trabajadores públicos:
Ustedes son los que nos brindan los servicios públicos elementales, pero estratégicos, que un Estado debe a sus ciudadanos: educación, salud y seguridad.

En los países más desarrollados, lo de ustedes son las profesiones de servicio público más prestigiosas y mejor remuneradas. Y no les pagan bien porque tienen más desarrollo y más pisto, es al revés: estos países son más desarrollados y tienen más recursos porque a tiempo apostaron por salud, educación y seguridad -y a los profesionales que proveen estos servicios. A su formación profesional, a su bienestar, a su prestigio en la sociedad, a sus condiciones de trabajo, a las inversiones necesarias servir bien a los usuarios.

Aquí no. Aquí el Estado y la sociedad tratan con negligencia y a veces con menosprecio a las profesiones que deberían tener absoluta prioridad. Por esto estamos trabados en el subdesarrollo. Vayan a visitar Costa Rica para ver la diferencia…

Cada rato, esta negligencia hace crisis social y política. A veces la crisis se enciende por el pésimo estado de hospitales, escuelas, delegaciones policiales o estaciones de bomberos -y los correspondientes equipos. A veces la crisis se enciende por que a ustedes no les cumplen las obligaciones salariales, de prestaciones o de bonos que ha asumido el Estado. Como ahora: por esto tenemos huelgas en escuelas y hospitales, y peligro de huelga hasta en la policía. El Gobierno dice: No hay pisto, no puedo cumplir con los bonos prometidos, con las prestaciones obligatorias o con los escalafones salariales que les corresponden por ley.

Y ustedes dicen, con todo derecho: Entonces, que el Gobierno revise sus prioridades. Porque sí hay pisto para otras cosas que ni siquiera son obligaciones por ley del Estado. Ninguna ley obliga al Estado a poner relieves prehispánicos en los túneles; a construir nuevos edificios para la Asamblea y para la fiscalía; a pagar seguros privados a los funcionarios de la Corte, de la Asamblea y de las autónomas; a pagar por cenas y viajes de diputados, ministros; a contratar asesores y asesores de asesores… y mucho menos a pagar todo lo que pagan de las cajas discrecionales de la presidencia de la República, de la Asamblea y de la Corte Suprema.

Si el Estado tiene un problema de caja, no puede comenzar a recortar en los gastos que le corresponden por ley, sino en otros que corresponden a su agenda electoral o partidaria.

Los escalafones de salud, educación y PNC son obligaciones establecidos por ley. Y muchos de los bonos son obligaciones establecidos por convenios. Hay quienes dicen que los escalafones, sobre todo el de Salud, son “impagables, injustos y hasta escandalosos”.

Bueno, si alguien piensa que un escalafón, establecido por ley, es “impagable y injusto”, que cambie la ley, pagando el costo político que esto significa. Ante las leyes y otras obligaciones legales (por contratos o por promesas públicas hecha por el Gobierno) solo hay dos opciones: cumplirlas o cambiarlas. Simplemente incumplir obligaciones que tiene el Estado como patrón y como proveedor de servicios públicos no es opción. Mucho menos con el argumento “Sorry, me quedé sin pisto”.

El Gobierno tiene que revisar sus prioridades: Si realmente quiere dar prioridad a mejorar la calidad de los servicios públicos que da a los ciudadanos, tiene que invertir en las instituciones y los profesionales que los brindan. Esto significa mejores instalaciones y equipos para hospitales, escuelas, policía y bomberos -pero también mejores salarios para los profesionales que ahí trabajan.

Y ustedes tienen todo el derecho de exigir ambas cosas: más inversión en sus instituciones -y que les cumplen las obligaciones a cada uno de ustedes. Y si el Gobierno no responde a estas exigencias, que pague el costo político de su incapacidad y su falta de voluntad.

No se dejen intimidar. Saludos,

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(MAS!/El Diario de Hoy)