martes, 21 de julio de 2009

La encrucijada hondureña

Sin tanta paja: No hay solución negociada para Honduras. No hay, porque del plan de siete puntos de Oscar Arias, cada bando declara no negociable uno. El presidente depuesto Manuel Zelaya no se puede comprometer a renunciar a la intención de convocar una Constituyente para abolir la prohibición de a reelección presidencial. Y el gobierno de Roberto Micheletti, la Corte Suprema y el Congreso no pueden aceptar el regreso de Zelaya a la presidencia.

Con esto, resultan improcedentes los dos puntos claves de la propuesta de Oscar Arias. A menos que uno de los dos bandos ceda.

Zelaya no puede ceder, porque perdería inmediatamente el único apoyo confiable que le ha quedado: el respaldo de Hugo Chávez y el ALBA. Zelaya depende de ellos en todo. Para él, regresar a la presidencia sin seguir gozando del apoyo del ALBA, no tiene ningún sentido. Sin el dinero que le proporciona Chávez, Zelaya no se sostiene en el exilio - y tampoco en el poder. Y sus ‘aliados’ del ALBA no están interesados en Manuel Zelaya, ni en la paz social de Honduras. Están interesados en Zelaya y el movimiento social hondureño como instrumentos para asegurar que Honduras se quede en el ALBA, que Honduras avance en el camino de la erosión de las instituciones de la democracia representativa. Para Hugo Chávez, el punto clave es la Constituyente, el cambio de sistema en Honduras. Si no sirve para eso, Zelaya le vale un comino.

Por eso Zelaya no puede aceptar el punto clave de la propuesta de Arias de desistir de la ‘cuarta urna’, del referéndum, de la Constituyente, de la reelección... Sería su suicidio definitivo. Sabe perfectamente que lo poquito que le queda de vida política después de su salida de Honduras, es prestado de Hugo Chávez. El pequeño ejército de activistas que a diario reclama en las calles su retorno, no es de él, es de Chávez. Regresar al poder aceptando condiciones inaceptables para Chávez, dejaría a Manuel Zelaya sin nada.

Por otra parte, las autoridades de Tegucigalpa no pueden ceder en el punto que para ellas es clave: el no retorno de Zelaya a la presidencia. Micheletti ya dijo que todo lo demás es negociable, incluyendo su propia presencia en Casa Presidencial, menos el retorno de Zelaya. Cediendo en este punto, en vez de resolverse, la crisis institucional de Honduras se agudizaría. El gobierno de facto de Micheletti tiene una sólo ventaja que le permite mantener cierta gobernabilidad: su llegada al poder –o sea el derrocamiento de Zelaya- resolvió el enfrentamiento entre los poderes constitucionales...

De esta manera, como era previsible, fracasó la mediación de Oscar Arias. Los dos puntos claves de su propuesta de siete acuerdos resultan improcedentes.

Entonces, ¿qué va a pasar? Lo más probable: ¡nada!

Si no hay acuerdo sobre los dos puntos claves -el retorno al poder de Zelaya, y la suspensión del intento de convocar a una Constituyente-, quedan dos alternativas: Retoma el poder Manuel Zelaya sin consentimiento de los otros poderes del Estado, y trata de seguir adelante con la famosa “cuarta urna” para convocar una Constituyente. Eso significa confrontación con la Corte, el Congreso, la Fuerza Armada, los dos partidos mayoritarios...

O queda gobernando en Tegucigalpa un gobierno (con o sin Micheletti), que no goza del reconocimiento de la minoría que representa Zelaya, pero sí del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia.

¿Cuál de las dos opciones es más conflictiva y genera más inestabilidad para Honduras y sus vecinos? Parece obvio que la primera. Zelaya, para retomar el poder, tiene que pasar por choques violentos o, como algunos dicen, una guerra civil. El gobierno de facto, para mantenerse en el poder, sólo tiene que mantener la unidad de los sectores e instituciones que lo apoyan; mostrar capacidad de control sobre policía y ejército, para garantizar los derechos ciudadanos; y pagar el costo económico y político de las sanciones internacionales.

Una minoría, para tomar el poder, siempre necesita emplear más violencia que una mayoría para sostenerse. Así de simple.

La comunidad internacional tiene que decidir si está interesada en estabilidad y gobernabilidad en Honduras, o en restablecer un gobierno que produce división, ingobernabilidad, crisis institucional.

(El Diario de Hoy/Observador)