(editorial publicado el 12 de enero 2010)
Con la devaluación del bolívar decretada el viernes, Hugo Chávez ha logrado un récord mundial. Venezuela es ya el único país del mundo en el que operarán tres tipos de cambio: el que se aplica a alimentos y otros productos de primera necesidad (2,6 bolívares por dólar); el general (4,3) y el del mercado negro (6,20).
La devaluación era inevitable, por la continua erosión de la posición internacional de la economía venezolana. Y es aparentemente brutal, por cuanto supone una pérdida de valor de su moneda del 50%. Su magnitud tiene que ver con la tozudez de mantener durante años un tipo de cambio artificial de 2,15 bolívares por dólar, para evitar el coste del ajuste. Aunque, ironía de la realidad, la divisa ha perdido durante el mandato chavista, desde 1999, el 87% de su valor.
Pero al mismo tiempo es insuficiente porque el bolívar se seguirá negociando en el mercado negro, con las mismas ineficiencias y corrupciones en los mercados de cambio y en general en las compraventas de productos importados. Es también insuficiente (y, por tanto, efímera) porque no va acompañada de otras medidas, presupuestarias, fiscales y salariales, que son las que afianzan en el largo plazo los beneficios de una devaluación. La medida no se justifica como compensación de los menores ingresos derivados del descenso del precio mundial del petróleo, de 126 dólares en su pico máximo de julio de 2008 al entorno actual de los ochenta, pues el caudillo populista se encontró al inicio de sus mandatos con un precio del crudo entre 10 y 11 dólares el barril.
La incompetencia de su política económica se resume así en dos datos: el producto estrella de su exportación se ha multiplicado por ocho, y el valor de su moneda se ha dividido por nueve.
A corto plazo, la devaluación duplicará los ingresos públicos derivados de la exportación petrolera, lo que servirá para financiar los gastos sociales del presidente en un año electoral. Pero también alimentará la ya insólita inflación del 25% en perjuicio del consumo popular.
Combinada con la obligación legal de solicitar permiso para repatriar dividendos, perjudica desde ya a grandes empresas internacionales instaladas en el país, especialmente las españolas. La inepcia política y la inseguridad jurídica se dan así la mano en desfavor de casi todos, incluidos los ciudadanos, que verán reducido el valor de los salarios a la mitad. 
