Publicado en EL DIARIO DE HOY, 6 octubre 2019
El único programa de gobierno que cuenta es el Presupuesto de la Nación, que el gobierno presenta. Todo lo demás es retórica.
Ahora, el gobierno Bukele presentó su primer presupuesto, correspondiente al 2020. El fiscal general Melara había solicitado $175 millones para la Fiscalía General, lo doble de la asignación para el año actual ($78 millones presupuesto regular + $13 millones adicionales = $91 millones para el 2019). El gobierno le asignó para el 2020 solamente $83,5 millones, o sea caso 8 millones menos que en el 2019.
En estos datos duros y desnudos (recorte de 8 millones a la FGR, aprobando un presupuesto que queda por 91 millones debajo de las necesidades que presentó el fiscal general) se refleja lo que el gobierno Bukele está dispuesto a hacer en materia de la lucha contra la impunidad y la corrupción. Todo lo demás, incluyendo el discurso sobre la CICIES, es retórica.
Aun si con apoyo de la OEA y Naciones Unidas nos instalaran la CICIES mejor calificada, dotada del mejor financiamiento, del mejor equipo de investigadores y de la mejor intención de hacer un trabajo profesional e independiente, no podrá cumplir su misión si no logramos tener una fiscalía fortalecida y que tenga irrestricto apoyo del gobierno y del legislativo. Esto es clave indispensable para el éxito de la CICIES, ya que constitucionalmente la fiscalía tiene el monopolio de la investigación y persecución penal. La CICIES, con una fiscalía débil, es la receta al seguro fracaso.
Con o sin una CICIES, la lucha contra la corrupción e impunidad depende esencialmente de la fiscalía. Y la fiscalía jamás tendrá verdadera independencia sin independencia presupuestaria. Mientras para garantizar que su institución pueda obtener los recursos para cumplir su mandato, el fiscal tenga que negociar con el gobierno, con los partidos y con la Asamblea, nunca tendrá la independencia necesaria para investigar a estos mismos centros del poder.
Igual que los anteriores gobiernos, la administración Bukele continua asignándole a la fiscalía un presupuesto anual deficiente, con dos propósitos: primero, evitar que despliegue su verdadero potencial de investigación; y segundo, tenerla en permanente dependencia del ejecutivo.
La única forma de garantizar la independencia de la fiscalía es evitar que año por año tenga que negociar sus presupuestos con los poderes que le toca controlar. Hay que asignar a la FGR por Constitución un porcentaje del presupuesto. Ya existe esta propuesta en la Asamblea, hay que revivirla en el contexto de la negociación del presupuesto 2020.
El fiscal general tuvo buenas razones de solicitar 175 millones para que su institución pueda cumplir todas las tareas que la Constitución le asigna. La situación de seguridad pública, con miles de capturas de presuntos pandilleros cada mes, requiere urgentemente de más fiscales y más capacidad tecnológica. La ola de casos, que a partir de la abolición de la amnistía la fiscalía tiene que preparar y llevar a la justicia en materia de crímenes cometidos en el contexto de la guerra, requiere de capacidades que la fiscalía no tendrá sin un aumento sustancial de su presupuesto. La creciente complejidad de los casos de lavado de dinero y otros delitos financieros, incluyendo el nuevo área de los juicios de extinción de dominio a propiedades mal habidos, demandan con urgencia un mayor presupuesto. Y al fin, si viene la CICIES, ella no le quitaría volumen de trabajo a la fiscalía, por lo contrario, abriría nuevas líneas de investigación y un monitoreo sistemático de la gestión del gobierno y de todas sus instituciones y autónomas.
Quien espera poder canalizar y focalizar el trabajo de la CICIES prioritariamente hacia el pasado, investigando los gobiernos anteriores e incluso haciéndose cargo de los casos de crímenes de guerra, obviamente estaría calculando que así va a terminar de hundir al FMLN y ARENA. Si al mismo tiempo lograra mantener postrada la fiscalía, esta no daría abasto para cumplir su responsabilidad de control sobre la gestión del actual gobierno.
El discurso ‘oficial’ sobre la CICIES y los datos de su presupuesto insuficiente para la fiscalía sugieren que esta es la estrategia del gobierno Bukele. Si es así, están jugando con la enorme expectativa de la ciudadanía en cuanto a la lucha contra la corrupción. Pero no creo que saldrán con la suya...
