Cuando acusaron a los exfuncionarios
públicos en el caso de CEL-Enel, les congelaron sus cuentas, les
prohibieron viajar fuera del país, y los exhibieron en público como
delincuentes, estábamos ante un fenómeno nuevo: un gobierno y un Fiscal
General tratando de enjuiciar y penalizar la política pública de un
gobierno anterior. Esto fue obra de Luis Martínez – y para que esto no
haga escuela y se repita, como sociedad civil lo quitamos de la Fiscalía
General. Pensábamos que con esto, este lamentable capítulo de juicios
políticos, estaba cerrado. Pensábamos que por presión de la sociedad
civil el país había logrado limpiar la justicia y la fiscalía de la
contaminación política.
Hoy resulta que el nuevo Fiscal General cae en el mismo error. Ya tenemos otro juicio político-mediático: el “caso tregua”. El Fiscal General dijo que esta acusación no es contra la política pública vigente en los años 2012-2013, cuando el gobierno decidió permitir y facilitar una tregua entre las pandillas. Esto puede ser cierto en la acusación formal que en estos días tiene que presentar contra Raúl Mijango, el principal mediador de la tregua, y 20 personas más. Pero en la acusación mediática y política, empezando con su misma conferencia de prensa, el Fiscal General va contra “la tregua” como componente de la política de Seguridad definida por el entonces ministro David Munguía Payés y autorizada por el presidente Funes. Los tres oficiales de la PNC, y los funcionarios de Centros Penales están acusados por haber implementado una política oficial de su gobierno. Están ahora sentados en bartolinas policiales preguntándose cómo es posible que el mismo Estado que les encomendó la implementación de un plan estratégico, ahora los persigue y los exhibe como delincuentes. En el caso de dos de los oficiales de la PNC acusados es aún más grave y absurdo: ellos asumieron, con altos riesgos, una misión encubierta; la cumplieron con excelencia – y ahora el mismo Estado rompe su cobertura, los exhibe y expone a ellos y sus familias a riesgos mucho más grave de estar encarcelados. Pueden perder la vida.
¿Cómo el Estado va a exigir a sus funcionarios, sobre todo los que trabajan en áreas tan delicadas como los policías y el personal de centros penales, que asuman sus responsabilidades con dedicatoria, lealtad y espíritu de sacrificio, si el Estado no les da la seguridad jurídica que si el próximo gobierno o el próximo fiscal general los va a sancionar, encarcelar y exhibir públicamente? Ninguno de los policías o directores de penales se ha metido en esto por iniciativa propia, mucho menos por afinidad a las pandillas. Se definió una política para parar la guerra fratricida entre las pandillas, y de manera patriótica y desinteresada hicieron su aporte al propósito de ahorrarle al país un eterno baño de sangre.
Uno no puede estar de acuerdo con lo que se intentó hacer con la tregua y todo el proyecto de usar el diálogo y la mediación para reducir la violencia. De hecho, la mayoría de los salvadoreños no está de acuerdo. El siguiente gobierno y el siguiente fiscal pueden cambiar esta política – pero lo que no se vale es criminalizar la anterior política y perseguir a los servidores públicos que la han implementado. No se valió en el caso CEL-Enel, y no se vale ahora con el “caso tregua”.
Raúl Mijango está preso y enfrentará un juicio penal, porque ofreció sus buenos oficios como mediador, sabiendo que no puede ser el Gobierno que abra canales de diálogo con grupos fuera de la ley. Raúl Mijango ahora es el malo de la película, porque estaba dispuesto de asumir una tarea sumamente impopular. Aceptó y desarrolló con mucho sacrificio el rol de mediador, y termina siendo acusado de ser cómplice de grupos criminales.
Vamos a ver si nuestro sistema judicial funciona y si realmente se ha liberado de sus vicios políticos: Si a Raúl Mijango y los demás acusados no les devuelven su libertad, para que se puedan defender en condiciones dignas de las acusaciones, habrá regresado un fantasma del pasado: tendríamos nuevamente presos políticos.
El sistema judicial no se debe dejar intimidar ni influenciar por el carácter mediático de la acusación del fiscal, ni por una opinión pública claramente desfavorable para la tregua y sus protagonistas. No puede ser que las existencias y el honor de los acusados sean destruidas teniéndolos durante meses encarcelados, cuando es muy probable que al final la fiscalía no tendrá capacidad de sustentar y comprobar las acusaciones concretas contra ellos. Estarían presos, no por la gravedad de los delitos concretos que se les imputan, sino por lo fuerte de la condena que la opinión pública (y la opinión publicada) expresan contra el fantasma de “la tregua”. Aunque, como el Fiscal General dijo correctamente, la tregua y la mediación para reducir la violencia no constituyen delito.
(El Diario de Hoy)
