Exorcismo contra un fantasma. Columna Transversal

¿Cuál el problema que inhibe llevar un debate racional sobre la mejor manera de garantizar el carácter público del recurso hídrico: vía el Estado, en manos del Ejecutivo – o mediante una Autónoma, en la cual estén representados directivos nombrados por el Estado y otros por el sector privado? No caigamos en debates pasionales sobre conflictos inventados.

Mientras los obispos de Nicaragua están poniendo el pecho para proteger a los manifestantes contra los escuadrones de la muerte de Ortega, la Conferencia Episcopal de El Salvador publica un comunicado titulado “No permitamos que los pobres mueran de sed”. ¿En serio quieren arrastrar a la Iglesia a la campaña electoral, a la par del FMLN y Nuevas Ideas? Porque la campaña contra la privatización del agua es demagogia electoral, ya que nadie en este país está promoviendo tal privatización.

Se está configurando una alianza para una cruzada nada santa: el FMLN, que necesita una bandera popular para sacarse de la crisis luego de la derrota electoral de marzo 2018 y el destape de la corrupción de su primer presidente Mauricio Funes; la UES, que marchó a la Asamblea, con su rector a la cabeza y los grupos de choque armando relajos; Bukele, quien inmediatamente trató de ponerse a la cabeza: “Estoy seguro de que en un tema como el del agua, podemos hacer a un lado nuestras diferencias partidarias y hacer un frente común contra ARENA y la ANEP”.

Con esto queda claro el carácter de esta alianza: “Todos contra ARENA”. Y por supuesto, no quiso faltar el exilado en Nicaragua: “ARENA ordena reprimir y disuelve manifestaciones como la organizada este día para oponerse a la privatización del agua”.

En serio, ¿en esta alianza quiere incorporarse la Iglesia Católica? No es nada sorprendente que el FMLN, Nuevas Ideas y algunos de sus patrocinadores intelectuales en la UCA quieran convertir un debate sobre cómo administrar los recursos hídricos del país en conflictos que más bien parecen a cruzadas religiosas. La sola frase “privatización” es suficiente para abandonar toda racionalidad, crear pasiones, explotar miedos y resentimientos sociales, y satanizar un proyecto de ley —incluso cuando explícitamente declara el agua un bien público que nunca puede ser privatizado.

Parece ser suficiente que el FMLN y Nuevas Ideas inicien una cruzada contra el diablo llamado sector privado para que la Iglesia Católica se deje arrastrar a este terreno demagógico. Ante esta situación, lo que hace falta es inyectar racionalidad al debate. Nos quieren hacer creer que aquí se trata de una batalla entre quienes quieren defender el carácter público del recurso agua y quienes lo quieren convertir en mercancía. Pero analizando fríamente lo que están discutiendo en la Asamblea, queda claro que esta batalla no existe. Más bien existe un debate sobre qué significa “recurso público”. Los que gritan “privatización” quieren definir que “público” significa estatal, o incluso gubernamental —y los otros definen “público” como propiedad de la sociedad.

De ahí se desprenden dos conceptos de cómo constituir el ente público que va a administrar, regular, desarrollar y proteger el recurso público agua. Unos exigen que la Autoridad Hídrica sea estatal y en manos del gobierno; otros exigen que sea autónoma, con participación tanto del Estado (ejecutivo y municipios), como del sector privado. Este último, la presencia del sector privado en una entidad autónoma reguladora del agua, ya es sacrilegio para la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, para el FMLN, para la UCA y la UES, para Nuevas Ideas… y para los obispos católicos. Les huele a azufre privatizador y requiere exorcismo.

Parece que nadie de los que promueven la cruzada contra la privatización del agua ha tenido seguimiento a los debates, propuestas, enmiendas y primeros consensos en la Asamblea. No se dieron cuenta, o más bien no quieren reconocer que nadie, en ningún momento, ha propuesto privatización, y que tampoco está en discusión entregar la regulación y administración a ANEP. El mecanismo propuesto para asegurar el carácter autónomo y público de la entidad reguladora es que el gobierno nombre directivos, pero que no sean ni ministros, ni dirigentes partidarios, ni funcionarios de elección popular; y que ANEP nombre directivos, pero que no pueden ser dirigentes de las gremiales empresariales ni personas vinculadas a empresas que tengan interés comercial o industrial en el agua. Ambos, el Estado y el sector privado, tendrán que nombrar personas idóneas por su capacidad técnica y administrativa. Ni el gobierno de turno, ni mucho menos una gremial empresarial tendrá control de la Autoridad Hídrica.

Entonces, ¿cuál privatización? ¿Cuál necesidad de armar cruzadas? ¿Cuál el problema que inhibe llevar un debate racional sobre la mejor manera de garantizar el carácter público del recurso hídrico: vía el Estado, en manos del Ejecutivo – o mediante una Autónoma, en la cual estén representados (como en cualquier otra entidad autónoma: Seguro Social, Superintendencias, CEPA, CEL) directivos nombrados por el Estado y otros por el sector privado? No caigamos en debates pasionales sobre conflictos inventados.

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(El Diario de Hoy)


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