Golpe es golpe. Lo que pasó este domingo en Honduras, ha sido un golpe de Estado. El presidente metió al país en una crisis institucional y atentó contra la Constitución. Pero el parlamento, las cortes y la fiscalía tienen instrumentos legales suficientes para resolver esta situación. No tienen porque involucrar a los militares en una aventura golpista. No tienen porque usar la fuerza militar para expulsar del país al presidente. Recurriendo a estas medidas que rompen con el orden constitucional y con el estado de derecho, los militares y las autoridades civiles detrás de ellos proporcionan al país una medicina que es mucho más dañina que la enfermedad.
La inconstitucionalidad que cometió el presidente Zelaya con la ejecución de su encuesta-referéndum, requería de respuestas estrictamente apegadas a la Constitución. Estas medidas probablemente hubieran llevado a la sustitución del presidente y a su detención. Pero sustituir a un presidente, por las vías establecidas en la Constitución, es una cosa, y el golpe de Estado es otra. Es ilegal y en vez de resolver la crisis, la complica. Ejecutar una orden judicial de captura es una cosa, la captura del mandatario por efectivos militares y su expulsión del país es otra. Es ilegal.
Aparte de ilegal, el golpe es una estupidez política. No existía ningún peligro que Mel Zelaya consumara su intención de pervertir el orden constitucional. El sistema político hondureño estaba suficientemente consolidado -y unido- en torno a la defensa de la Constitución para hacer fracasar los planes de Mel Zelaya de convocar a un referéndum, en noviembre, para establecer una Asamblea Constituyente.
Por más intenciones anticonstitucionales y autoritarias que tenga un presidente, si no controla los demás órganos del estado (Congreso, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Electoral, Fiscalía) y tampoco tienen el apoyo de la Fuerza Armada, ¿qué gran peligro puede representar para la democracia?
Mel Zelaya había perdido el apoyo hasta de su propio partido. No tiene ni un sólo diputado que lo defenda. ¿Cuál es la emergencia nacional que obliga a usar un golpe de estado para pararlo?
Es obvio que este golpe tampoco es el golpe militar clásico, con el cual los militares durante décadas han asumido el poder político y establecido dictaduras militares en muchos países de América Latina. Los militares hondureños no están haciendo nada parecido. No habrá dictadura militar en Honduras. No hay indicios de represión.
Los militares hondureños cometieron el grave pecado de facilitar, con fuerza militar, una sustitución forzada del presidente. Los militares, a esta altura del proceso democrático de América Latina, debieran tener claridad que no tienen el derecho de jugar este rol. Que nadie –ni los poderes legalmente constituidos como la Corte Suprema, la fiscalía o el Congreso- tiene el derecho de exigirles que juegen este rol.
Con la misma legitimidad que los militares se negaron a ejecutar la orden del presidente de apoyar institucionalmente un referéndum inconstitucional, hubieran tenido que rechazar rotundamente la solicitud de servir como fuerza de choque para resolver un problema institucional con medidas ilegales. Independientemente de quien provino esta solicitud, era el deber de los militares rechazarla.
Era el deber de las instituciones civiles de Honduras resolver la crisis con procedimientos constitucionales. Si eso no era posible con Mel Zelaya, había que hacerlo sin él o incluso contra él. Pero sin ruptura del estado de derecho.
Si el Congreso, con la unanimidad impresionante que mostró después del golpe para llenar el vacío de poder, hubiera actuado para resolver la crisis, la democracia de Honduras hubiera salido fortalecida. Hoy resulta debilitada - y el país al borde de la ingobernabilidad.
La inconstitucionalidad que cometió el presidente Zelaya con la ejecución de su encuesta-referéndum, requería de respuestas estrictamente apegadas a la Constitución. Estas medidas probablemente hubieran llevado a la sustitución del presidente y a su detención. Pero sustituir a un presidente, por las vías establecidas en la Constitución, es una cosa, y el golpe de Estado es otra. Es ilegal y en vez de resolver la crisis, la complica. Ejecutar una orden judicial de captura es una cosa, la captura del mandatario por efectivos militares y su expulsión del país es otra. Es ilegal.
Aparte de ilegal, el golpe es una estupidez política. No existía ningún peligro que Mel Zelaya consumara su intención de pervertir el orden constitucional. El sistema político hondureño estaba suficientemente consolidado -y unido- en torno a la defensa de la Constitución para hacer fracasar los planes de Mel Zelaya de convocar a un referéndum, en noviembre, para establecer una Asamblea Constituyente.
Por más intenciones anticonstitucionales y autoritarias que tenga un presidente, si no controla los demás órganos del estado (Congreso, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Electoral, Fiscalía) y tampoco tienen el apoyo de la Fuerza Armada, ¿qué gran peligro puede representar para la democracia?
Mel Zelaya había perdido el apoyo hasta de su propio partido. No tiene ni un sólo diputado que lo defenda. ¿Cuál es la emergencia nacional que obliga a usar un golpe de estado para pararlo?
Es obvio que este golpe tampoco es el golpe militar clásico, con el cual los militares durante décadas han asumido el poder político y establecido dictaduras militares en muchos países de América Latina. Los militares hondureños no están haciendo nada parecido. No habrá dictadura militar en Honduras. No hay indicios de represión.
Los militares hondureños cometieron el grave pecado de facilitar, con fuerza militar, una sustitución forzada del presidente. Los militares, a esta altura del proceso democrático de América Latina, debieran tener claridad que no tienen el derecho de jugar este rol. Que nadie –ni los poderes legalmente constituidos como la Corte Suprema, la fiscalía o el Congreso- tiene el derecho de exigirles que juegen este rol.
Con la misma legitimidad que los militares se negaron a ejecutar la orden del presidente de apoyar institucionalmente un referéndum inconstitucional, hubieran tenido que rechazar rotundamente la solicitud de servir como fuerza de choque para resolver un problema institucional con medidas ilegales. Independientemente de quien provino esta solicitud, era el deber de los militares rechazarla.
Era el deber de las instituciones civiles de Honduras resolver la crisis con procedimientos constitucionales. Si eso no era posible con Mel Zelaya, había que hacerlo sin él o incluso contra él. Pero sin ruptura del estado de derecho.
Si el Congreso, con la unanimidad impresionante que mostró después del golpe para llenar el vacío de poder, hubiera actuado para resolver la crisis, la democracia de Honduras hubiera salido fortalecida. Hoy resulta debilitada - y el país al borde de la ingobernabilidad.
(El Diario de Hoy, Observador)
