Carta al secretario multiuso del presidente: El arte de usar la transparencia para tomarnos del pelo

Estimado Marcos Rodríguez:
|En estos días usted dio a conocer que han logrado reducir en 76% los casos de información que el gobierno se negara a entregar, declarándola ‘reservada’. Antes eran 5,467 reservas, y ahora solo 1,329.

Lastimosamente, las declaraciones del abanderado de la transparencia no quedaron muy transparentes, porque usted nunca explicó qué períodos de tiempo estaba comparando…

Pero bueno, vamos a concederle el beneficio de la duda y asumir que sus cifras sean correctas. Hay menos ‘reserva’. ¿Pero realmente significa que el gobierno esté siendo más transparente? ¿Realmente significa que los ciudadanos recibamos más información – y que esta sea confiable, completa y verídica?

En mi limitada experiencia directa con la Ley de Acceso a la Información pública, tengo que decir: No hay más transparencia. Hay mucha paja.

A principios de este año hice una solicitud de información a Casa Presidencial. Vi por todas partes la propaganda gubernamental sobre la antigua Residencia Presidencial convertida por el presidente y su señora en “Casa Abierta” y en un centro cultural, donde ‘el pueblo’ tiene acceso a la colección nacional de arte. Entonces, pregunté en qué horario esta casa estaba abierta y la colección nacional accesible para cualquier ciudadano. O sea, si yo quería llevar a mis hijos a ver esta exposición, qué día y a qué hora podía presentarme a la casona en la Masferrari…


Tiene razón, don Marcos: Nadie declaró reservada la información requerida, ni siquiera por razones de seguridad de Estado o del señor presidente. Dentro del plazo estipulado por ley y de manera muy educada, Casa Presidencial me respondió así:

“Para tener acceso a las obras de la Colección Nacional se realiza a través del mecanismo ‘Casa abierta’. Para participar en ‘Casa Abierta’ se hace una solicitud al Señor Presidente o la Primera Dama donde se escriba el motivo y las personas que desean visitar la Residencia Presidencial para coordinar la visita. Esperamos que esta información sea de su provecho y dejamos este medio abierto para recibir la solicitud de la visita, si así lo desea.”

¿Con este tipo de respuestas se está generando transparencia? No. Lo que realmente me estaban comunicando, pero sin decirlo de manera abierta, era más o menos esto: “Usted no chingue, a esta ‘Casa Abierta’ solo entran invitados del señor presidente y de la primera dama. También la Colección Nacional de Arte no es para el pueblo, sino para invitados. Entienda, señor, la casona es la sala de té del presidente…”



¿Por qué me siento mandado al carajo? Porque si un ciudadano, para visitar una exposición de arte (de la cual supuestamente es propietario) tiene que pedir una cita el presidente de la República, mejor de un solo pongan un rótulo que diga: “Privado. No hay acceso público.”

Imagínese que para entrar al Museo del Prado en Madrid hubiera que escribir una carta al jefe del gobierno español, don Mariano Rajoy; o que para entrar al Museo Reina Sofía, para ver el famoso cuadro ‘Guernica’ de Pablo Picasso, hubiera que hacer una cita con el Rey de España, don Felipe de Borbón, o su esposa, reina Letizia…

Así que, don Marcos, responder sin reserva bien puede significar que nos tomen del pelo. O nos mientan, como en mi segunda aventura con los datos que guarda Casa Presidencial. Sobre esta aventura voy a escribir en otra ocasión, porque todavía queda pendiente mi apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública. Solo adelanto que Casa Presidencial me quería vender la paja que el reality show del presidente, llamado ‘Gobernando con la Gente’ o ‘Festival del Buen Vivir’, celebrado el reciente 9 de julio en la ciudad de Usulután, sólo ha tenido un costo de 5 mil dólares…

Siga practicando la transparencia, don Marcos. Ahora con el caso de su exjefe Funes asilado habrá con que…

Saludos,

(MAS!/El Diario de Hoy)

 

El pajarito se voló. ¿Quién dejó abierta la jaula?

Está confirmado: El pajarito se voló. Funes ya tiene asilo político en Nicaragua, otorgado por otro corrupto: Daniel Ortega.

¿A quién puede haber sorprendido esto? Al gobierno del FMLN, seguramente no. Es inconcebible que ni su Inteligencia del Estado, ni la PNC, ni migración, ni aduana se hayan dado cuenta de los preparativos de la ‘mudanza’ de Funes a Managua. Además, incluso si todos estos organismos del Ejecutivo les hubieran fallado, Daniel Ortega nunca hubiera tomado esta decisión sin consultar con sus homólogos en el FMLN…

Tampoco la fuga de Funes puede haber sido sorpresa para los servicios de inteligencia de Estados Unidos. No creo que mucho pasa en Managua que ellos no registran. Hay que suponer que ellos sabían del plan de Funes, incluso cuando todavía había tiempo de hacerlo fracasar con una orden de captura y su inmediata ejecución – sin filtraciones, por supuesto.

Entonces, la pregunta del millón: ¿Por qué no actuó la Fiscalía General de la República? Podemos asumir que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, al darse cuenta de las gestiones que Funes estaba haciendo con Ortega, no le avisó al fiscal general. ¿Pero los norteamericanos? ¿Qué razón pueden haber tenido ellos de no advertir a su amigo Douglas Arquímedes Meléndez que el pajarito estaba a punto de volarse, a menos que lo capturen de inmediato?

Mauricio Funes salió para Managua pocos días antes de los cateos en sus casas. A esta altura el Fiscal General ya tuvo que haber tenido suficientes indicios de delitos cometidos por Funes (suficiente para ir a un juez, pedir autorización de allanar sus casas y llevarse todo lo de valor que encontró en ellas). Tienen que haber sido indicios muy fuertes, porque allanar las casas de un expresidente de la República no es poca cosa que se hace con una sospecha difusa, tiene que ser en base de indicios casi irrefutables. ¿Entonces, porque a este mismo juez no le pidió de una sola vez la orden de captura contra Funes, cuando todavía estaba en el país grabando su programa radial?

Lo que los expertos jurídicos tienen que discutir ahora es: ¿Con todo lo de Probidad, con todo lo del procedimiento civil por enriquecimiento, con todo lo que ya se sabía del Chaparral, del Ferrari, y de la conexión Funes-Mecafé – pudo el Fiscal General haber emitido orden de captura contra Mauricio Funes antes de que se mudara a Nicaragua?

Esta es la pregunta clave. Y la respuesta a esta pregunta nos va a aclarar si es cierto que con este nuevo fiscal general ya tenemos una fiscalía capaz y dispuesta de luchar contra la impunidad y la corrupción, como muchos sostienen (incluyendo la embajadora norteamericana) – o si necesitamos una Comisión Internacional contra la Impunidad, como muchos otros exigimos.

El FMLN y su gobierno muy pronto se van a arrepentir de haber permitido la fuga de Funes. Si pensaban que con esto desaparecía su problema de un expresidente corrupto, llevado al poder por ellos, pronto se darán cuenta que el problema no desaparecerá. Mas bien, se hizo peor para ellos. Van a pasar sus últimos años en el gobierno, incluyendo las dos campañas electorales (del 2018 y del 2019) con la vergüenza del primer presidente del FMLN escondido bajo protección del presidente más ilegítimo de Centro América. Ni trayendo a los magos de la publicidad populista de Brasil (que no pueden traer porque o están en la cárcel o con libertad condicional, por corrupción), podrán hacer desaparecer esta mancha.

Al FMLN le hubiera convenido un corte limpio: cortar sus relaciones, de todas formas venenosas, con Mauricio Funes – y dejar que enfrente la justicia. O como dicen en inglés: ‘Cut your losses and move on’: Asuma el costo de tus errores, y para adelante…

El FMLN nunca hubiera tenido que llevar a la presidencia a un hombre como Funes. Y ahora defenderlo significa repetir el mismo error.

(El Diario de Hoy) 

 

Carta al Fiscal General: cuidado, trampas cazabobos

Estimado Douglas Arquímedes Meléndez:
Me queda un pequeña duda, señor fiscal: ¿Realmente ha erradicado de la fiscalía todas las prácticas mafiosas del recién pasado?

Usted ha acusado formalmente al anterior fiscal general, Luis Martínez, y su mano derecha, Julio Arriaza, de haber usado la institución para manipular o incluso falsificar pruebas contra acusados – y en otro caso de haber usado ‘pruebas’ no admisibles en la corte para extorsionar a un acusado y así manipular su juicio.

En ambos casos, el fiscal Julio Arriaza supuestamente ha sido el ‘hench man’ de Luis Martínez. Esto lo podemos concluir de la acusación de la fiscalía contra ambos.

Entonces, explíquenos cómo es posible que usted sacó de las gavetas de Luis Martínez el requerimiento fiscal contra el ex mediador Raul Mijango, el ex director general de Centros penales Nelson Rauda, tres oficiales de la PNC y los demás acusados en “caso tregua” – y los presentó a la corte, así como lo habían armado los supuestos campeones de “fraude procesal”.

Sólo para ilustración, aquí un párrafo de la investigación de el El Faro sobre la ‘investigación’ que Julio Arriaza hizo contra Nelson Rauda, hoy uno de los principales acusados en el ‘caso tregua’: “Comandados por el director de la Unidad de Intereses de la Sociedad, Julio Arriaza, los interrogadores llevaron a Rauda al borde de los nervios, al demostrarle –o al menos al hacerle creer- que sabían más de lo que él esperaba y al recordarle incluso que, de terminar involucrado en alguna acción ilegal, no sería recibido muy cariñosamente en ninguna cárcel, justamente por haber sido el director nacional de presidios. Arriaza le repitió hasta la saciedad que él era el eslabón más débil, que el presidente Mauricio Funes lo responsabilizaba de todo lo oscuro de la tregua y que el ex ministro de seguridad pública, el general David Munguía Payés, ya no podía protegerlo. Que estaba solo…” Métodos igualmente manipulativos empleó Arriaza en los interrogatorios de Mijango, los oficiales policiales e incluso monseñor Fabio Colindres. (De pasó sea dicho: ¿Ya investigó quien en la fiscalía filtró a los medios las declaraciones de Rauda? ¿Arriaza?)

Esta acusación contra la tregua, por la cual más de una docena de ciudadanos pasaron más de 1 mes en bartolinas (y tendrán que enfrentar juicio más tarde), fue armada, punto por punto, difamación por difamación, conclusión por conclusión bajo la supervisión directa de Julio Arriaza y Luis Martínez. Ustedes hicieron un solo cambio a esta gran teoría de conspiración que presentaron como requerimiento fiscal: sacaron al general David Munguía Payes de la acusación.

Por esto les salió un mamotreto tan raro: toda la construcción de la conspiración que supuestamente constituía la tregua, estaba diseñada para hundir al ministro de defensa, pero a él lo sacaron de la acusación y ni siquiera se tomaron la molestia de readaptar la narración. O sea, tomaron la decisión correcta de no acusar al ministro, porque simplemente no había delito, pero a nadie en la ‘nueva fiscalía’ se le ocurrió preguntarse: Si la acusación contra el general era manipulada por Arriaza y Martínez, ¿no habría que partir de que todo este caso estaba contaminado?

Tengo la impresión que la misma negligencia (para no decir malicia) la cometieron sus fiscales en el caso del general Atilio Benítez. Este caso también fue armado por esto dos jefes fiscales que usted mismo hoy acusa de ‘fraude procesal’. Sin embargo, usted lo presentó con bombos y platillos a la Asamblea.

Ambos casos (tregua y general Benítez) formaron parte del arsenal de casos que Luis Martínez mandó a armar (entre otros a su mano derecha Julio Arriaza) – pero no para llevarlos a juicio, sino como instrumentos de intimidación y chantaje.

Ustedes nunca debió haber presentado estos casos, sin antes someterlos a una estricta revisión y descontaminación, para no caer en las trampas ‘cazabobo’ que Luis Martínez le dejó en la fiscalía general. Parece que sí cayeron. Todavía están a tiempo para reparar el daño.

Saludos,

(MAS!/El Diario de Hoy)

Carta a los hijos del general Benítez: “Big brother is watching you”

La hija, la esposa y el hijo del general Atilio Benítez en su conferencia de prensa en el Diagnóstico

Emma y José:
Les voy a ser franco: En este país, uno nunca sabe por quién se puede poner la mano al fuego. No les puedo decir categóricamente que su papá, el general Atilio Benítez, es inocente de las acusaciones que le hace el fiscal general Douglas Meléndez y que ahora se van a analizar en el antejuicio ante la Asamblea Legislativa. Pero conociendo a su papá y su record, me parece altamente improbable que haya manchado su trayectoria militar convirtiéndose en la cabeza de una “red de traficantes de arma”, como lo pinta la fiscalía. Pero bueno, esto se va a determinar en juicio, siempre que sea justo e imparcial, y siempre cuando los diputados de oposición no cometan la injusticia de querer joder al general para pegarle un golpe al gobierno al que sirvió de ministro de defensa.

Pero lo que sí está fuera de cualquier duda es la inocencia de ustedes, sus hijos. Entonces, me pregunto (o más bien le pregunto al gobierno de los Estados Unidos): Cuando los hijos del general Benítez, que viven en el exterior, emprendieron viaje a El Salvador para estar con su padre ante las acusaciones que enfrenta y ante el quebranto de salud que sufre, ¿por qué razón fueron interceptados por oficiales consulares norteamericanos para invalidarles las visas? Para que quede claro: Ellos no estaban viajando vía Estados Unidos. Esto pasó en el aeropuerto de Panamá, donde hicieron escala, viajando uno desde Alemania a San Salvador, y la otra desde Colombia a nuestro país. En suelo panameño, funcionarios consulares de Estados Unidos esperaban a los hijos del general, quien ha sido distinguido por los Estados Unidos de América con la Estrella de Bronce.

Esta distinción se la ganó en Irak, por acciones consideradas heroicas por sus camaradas de armas norteamericanos. ¿Cómo y cuándo se convirtió en enemigo para que Estados Unidos decidiera investigar los movimientos hasta de sus hijos?

Claro que Estados Unidos, como cualquier otro país, tiene derecho de decidir a quiénes deniega, otorga o invalida sus visas. Está bien que se la quitaron al general Benítez, por el hecho que enfrenta acusaciones en El Salvador. ¿Pero a toda su familia, y de esta manera tan dramática, en suelo panameño? Esto sí requiere de una explicación.

Igual requiere de explicación, y no de flojos intentos de desmentido y distracción, el hecho que la embajadora de Estados Unidos se haya tomado la molestia de hablar a varios de los diputados para que reviertan la decisión de no autorizar el antejuicio contra el general Benítez. El hecho que algunos diputados del FMLN denunciaron esto de manera ofensiva y para llevar agua a su molino anti-imperio, no borra que todo el mundo sabe que es cierto que estas llamas se hicieron – y con éxito. No le reclamo a la embajadora de haber expresado que mejor se haga el antejuicio, más bien tiene razón: lo mejor es que se lo hagan – pero bien hecho, de manera justa y -esto sí- sin injerencias indebidas de nadie…

Que nadie de los diputados que recibieron las llamadas (ni tampoco los otros, que se enteraron de boca de los que sí las recibieron) quiera decirlo en público, solo demuestra una verdad vergonzosa: nuestros padres de la patria tienen miedo de la embajada. Son sumisos. Repito: No lamento que la embajadora haya hecho estas llamadas, tiene todo el derecho de expresarse. Lamento la poca transparencia en todo esto.

Algunos me han dicho: Mire, si los gringos intervinieron de esta manera un poco inusual (las llamadas a los diputados, el monitoreo de toda la familia, las visas, el comunicado reiterando el apoyo de Estados Unidos a la lucha contra la impunidad…), entonces a lo mejor hay mucho más en este caso contra el general – cosas que no sabemos, pero los gringos sí…

Pero asumir esto es la peor forma de presunción de culpabilidad, absolutamente contraria a la Constitución y a la decencia que dicta la presunción de inocencia. Pero porque conceder al gobierno de otro país el derecho de influir en procesos jurídicos, no con evidencias (lo que sería legítimo y bienvenido), sino simplemente con señales de poder: las llamadas, las visas, y “big brother is watching you”…

Les quiero decir a ustedes que no merecen nada de esto. Merecen que a su padre se le haga un juicio justo, sin injerencias ni precondenas mediáticas.

Un abrazo,

(MAS!/El Diario de Hoy)

 

Carta a los maestros, enfermeros, médicos, policías y bomberos del país

Estimados trabajadores públicos:
Ustedes son los que nos brindan los servicios públicos elementales, pero estratégicos, que un Estado debe a sus ciudadanos: educación, salud y seguridad.

En los países más desarrollados, lo de ustedes son las profesiones de servicio público más prestigiosas y mejor remuneradas. Y no les pagan bien porque tienen más desarrollo y más pisto, es al revés: estos países son más desarrollados y tienen más recursos porque a tiempo apostaron por salud, educación y seguridad -y a los profesionales que proveen estos servicios. A su formación profesional, a su bienestar, a su prestigio en la sociedad, a sus condiciones de trabajo, a las inversiones necesarias servir bien a los usuarios.

Aquí no. Aquí el Estado y la sociedad tratan con negligencia y a veces con menosprecio a las profesiones que deberían tener absoluta prioridad. Por esto estamos trabados en el subdesarrollo. Vayan a visitar Costa Rica para ver la diferencia…

Cada rato, esta negligencia hace crisis social y política. A veces la crisis se enciende por el pésimo estado de hospitales, escuelas, delegaciones policiales o estaciones de bomberos -y los correspondientes equipos. A veces la crisis se enciende por que a ustedes no les cumplen las obligaciones salariales, de prestaciones o de bonos que ha asumido el Estado. Como ahora: por esto tenemos huelgas en escuelas y hospitales, y peligro de huelga hasta en la policía. El Gobierno dice: No hay pisto, no puedo cumplir con los bonos prometidos, con las prestaciones obligatorias o con los escalafones salariales que les corresponden por ley.

Y ustedes dicen, con todo derecho: Entonces, que el Gobierno revise sus prioridades. Porque sí hay pisto para otras cosas que ni siquiera son obligaciones por ley del Estado. Ninguna ley obliga al Estado a poner relieves prehispánicos en los túneles; a construir nuevos edificios para la Asamblea y para la fiscalía; a pagar seguros privados a los funcionarios de la Corte, de la Asamblea y de las autónomas; a pagar por cenas y viajes de diputados, ministros; a contratar asesores y asesores de asesores… y mucho menos a pagar todo lo que pagan de las cajas discrecionales de la presidencia de la República, de la Asamblea y de la Corte Suprema.

Si el Estado tiene un problema de caja, no puede comenzar a recortar en los gastos que le corresponden por ley, sino en otros que corresponden a su agenda electoral o partidaria.

Los escalafones de salud, educación y PNC son obligaciones establecidos por ley. Y muchos de los bonos son obligaciones establecidos por convenios. Hay quienes dicen que los escalafones, sobre todo el de Salud, son “impagables, injustos y hasta escandalosos”.

Bueno, si alguien piensa que un escalafón, establecido por ley, es “impagable y injusto”, que cambie la ley, pagando el costo político que esto significa. Ante las leyes y otras obligaciones legales (por contratos o por promesas públicas hecha por el Gobierno) solo hay dos opciones: cumplirlas o cambiarlas. Simplemente incumplir obligaciones que tiene el Estado como patrón y como proveedor de servicios públicos no es opción. Mucho menos con el argumento “Sorry, me quedé sin pisto”.

El Gobierno tiene que revisar sus prioridades: Si realmente quiere dar prioridad a mejorar la calidad de los servicios públicos que da a los ciudadanos, tiene que invertir en las instituciones y los profesionales que los brindan. Esto significa mejores instalaciones y equipos para hospitales, escuelas, policía y bomberos -pero también mejores salarios para los profesionales que ahí trabajan.

Y ustedes tienen todo el derecho de exigir ambas cosas: más inversión en sus instituciones -y que les cumplen las obligaciones a cada uno de ustedes. Y si el Gobierno no responde a estas exigencias, que pague el costo político de su incapacidad y su falta de voluntad.

No se dejen intimidar. Saludos,

(MAS!/El Diario de Hoy)

La toma de Caracas

El jueves 1 de septiembre, la oposición venezolana se va a tomar Caracas. Suena beligerante, pero todos los líderes nacionales, locales y sectoriales que se juntaron para convocar a la ‘Toma de Caracas’ han enfatizado en su carácter pacífico. Si el 1 de septiembre se convierte en un día negro depende enteramente del gobierno que ya ha amenazado con bloquear con despliegues policiales y militares las arterias del país y de la ciudad.

De todos los rincones del país se encaminan marchas sobre la capital. Miles de personas caminando cientos de kilómetros, y aprovechando su paso por pueblos y ciudades para hacer crecer la marcha. Ya no es un asunto de los partidos opositores y sus dirigentes, se ha vuelto un asunto de la ciudadanía que ya no aguanta el caos económico y social creado por el régimen de Nicolás Maduro. La gran mayoría de los venezolanos, independiente de su afiliación ideológica, solo quiere que esta pesadilla termine.

La única manera de terminar esta pesadilla antes de que lleve al país a al caos total es el referéndum revocatorio, con el cual la posición pretende conseguir la destitución de Nicolás Maduro y su gobierno chavista. Esto lo permite la Constitución venezolana.

El problema es que la Constitución establece ciertos plazos. En concreto: Si el referéndum de revocación del presidente tiene lugar este año (y gana), habrá elecciones presidenciales. Si el régimen logra retrasar el referéndum hasta enero, siempre tendrá que renunciar Maduro, pero asumiría la vicepresidencia.

Entonces, el pleito sobre la fecha es un pleito sobre cambio de gobierno o cambio de régimen. Y para resolver la grave crisis económica y social de Venezuela, se necesita un cambio de régimen. Por esto la gente marcha sobre Caracas, a pesar de todas las amenazas.

De hecho, uno de los principales organizadores de la ‘Toma de Caracas’, Yon Goicoechea, quien hace tres días fue secuestrado por la policía política SEBIN. A gente como Yon Goicoechea le temen los chavistas, por que como líder estudiantil se puso a la cabeza de una movilización nacional de estudiantes que hizo perder a Hugo Chávez el referéndum del 2009 para aprobar su Constitución Socialista.

El régimen chavista, desde su control de todas las instituciones, incluyendo el Consejo Nacional de Elecciones y la Corte Suprema de Justicia, ha puesto todas las trabas posibles e imposibles, legales e ilegales, para que el referéndum revocatorio no se pueda celebrar antes de terminar el año. La respuesta de la oposición es la ‘Toma de Caracas’, y la respuesta de la ciudadanía son las marchas sincronizadas sobre la capital.

Lo más peligroso para el régimen chavista es que alrededor del referéndum de revocatoria los diferentes liderazgos de la oposición se han vuelto a unificar. Lo que en los últimos años fueron serias disputas sobre estrategia y liderazgo entre los que propusieron conseguir ‘la salida’ de Maduro con movilizaciones, y los otros que apostaron a una salida constitucional, ahora se han encontrado en un punto que los une: una salida constitucional, el refer´ndum de revocatoria, y para conseguir que se haga a tiempo, todos apuestan a la calle y movilización pacífica. Los chavistas echaron preso al dirigente de ‘la salida’, Leopoldo López (y otros dirigentes afines a él), pero solo para darse cuenta que el dirigente de la supuesta tendencia moderada, el gobernador de Miranda Henrique Capriles, se puso a la cabeza de la movilización popular en pro de la revocatoria.

Nuevamente se forjó la unidad entre los dos líderes más carismáticos y capaces de la oposición: Henrique Capriles y Leopoldo López, y de sus partidos, Primeo Justicia y Voluntad Popular. Y yo siempre, desde que conocí a estos dos hombres y sus altibajos de unidad y competencia, les dije: Juntos, ustedes dos son invencibles.

Lea también:
Oposición venezolana pide a la ONU que observe marcha antigubernamental
Fernando Mires: Antes del 1S
Henrique Capriles sobre la marcha del jueves: “La Toma de Caracas será masiva”

ULTIMA HORA:
Mensaje de la Secretaría General de la OEA
en ocasión de las manifestaciones del 1 de septiembre

(El Diario de Hoy-Observadores)

Carta a la jueza en la mira del populismo

Estimada jueza Evelyn Jiménez:
De un día al otro usted se convirtió en blanco de la frustración que mucha gente ha acumulado sobre nuestro sistema judicial. En redes sociales le dijeron de todo: corrupta, vendida… para solo citar las clasificaciones más decentes. Pero lo más preocupante: Todo esta ‘lluvia de porquería’ fue instigada por declaraciones de los fiscales del caso.

¿Por qué usted se convirtió en enemiga pública? Simplemente porque le tocó la papa caliente del caso Quique Rais/Luis Martínez. Simplemente porque usted se negó a declarar a estos personajes (tan detestables como los demás imputados) culpables antes del juicio. Yo, como ciudadano, tengo derecho de asumir que estos empresarios, fiscales, jueces y abogados acusados en este caso son corruptos y prepotentes. Lo asumo. Cuando Luis Martínez fue celebrado como el ‘fiscal general con valor’, y cuando muchos que ahora exigen que usted lo encarcele estaban promoviendo su reelección, yo señalé que estaba usando la Fiscalía para extorsionar y chantajear. Quiero verlo condenado.

Pero usted, como juzgadora, tiene que actuar bajo el imperativo constitucional de la presunción de inocencia. Y como pude observar, esto es exactamente lo que hizo en esta audiencia histórica contra Rais, Martínez y Cía.

Usted hizo lo que pocos jueces se hubieran atrevido: no aceptar que una fiscalía (que actuaba con todo el apoyo de una opinión pública frustrada con la impunidad histórica) convirtiera la audiencia inicial en un juicio adelantado para precondenar a los imputados.

¿Cuáles fueron los pecados suyos que la convirtieron en blanco de la ira de la Fiscalía y de la opinión pública? No admitir que en esta audiencia inicial (que por ley no era para evaluar pruebas ni mucho menos para concluir en la culpabilidad de los imputados) se reprodujeran los audios de las llamadas telefónicas que la Fiscalía ofrece como pruebas principales contra los imputados. Si entiendo bien, usted tuvo por lo menos dos razones de no hacer caso a la presión de los fiscales para que se escucharan estos audios: primero, le tocará al Juzgado de Instrucción decidir si estas grabaciones son admisibles, ya que la ley mandaba que hace tiempo tenían que haber sido destruidas por vencerse el plazo que da la Ley de Intervención Telefónica. No es competencia del Juez de Paz decidir si son admisibles como pruebas.

Tengo entendido que usted, en un primer momento, accedió a escuchar los audios, pero sin decidir de antemano si serían pruebas admisibles. Pero luego se encontró con una segunda razón de no permitir estos audios en su audiencia: Resulta que lo que la Fiscalía le entregó, era una versión editada de las grabaciones. Usted tuvo doblemente razón de no admitir una prueba ‘editada’ con el criterio de la Fiscalía.

Pero solo esto era suficiente para que los fiscales pusieran en duda su integridad como jueza, y llegaron al descaro de exigir que a la audiencia asistiera la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema para investigar a una jueza que aplica la ley en vez de remendar los errores técnicos de la Fiscalía.

Su otro pecado: Conceder a los imputados medidas sustitutivas a la detención. Muchos reclamaron que muchos imputados, sobre todo de pocos recursos, están esperando su juicio en las bartolinas, mientras que Luis Martínez, Quique Rais y Cía. salen libres con una fianza. Es muy correcta esta crítica, que siempre se le ha hecho al sistema judicial. Pero el problema no es que en este caso usted decidió conceder medidas sustitutivas; el problema que hay que denunciar, es que en muchos casos se aplica ilegalmente la presunción de culpabilidad – y a los imputados se les niega el derecho de esperar su juicio y preparar su defensa en libertad. Los fiscales siempre piden que se mantenga la detención, es su manera equivocada de medir su éxito, y demasiados jueces les hacen caso – y por esto tenemos miles de detenidos sin condena causando hacinamiento en las bartolinas y los penales.

Usted hizo lo correcto: Cuando no hay una razón fuerte que obligue a mantener a los imputados en detención, hay que concederles libertad con medidas restrictivas.

Es lamentable que el simple hecho que una jueza aplique bien la ley, incluso teniendo el valor de ir contra la corriente de la opinión pública, la convierta en blanco de presiones y ataques indebidos. Los jueces no pueden trabajar bien bajo presión popular. Tienen que ser independientes, no solo del gobierno y otros poderes, sino también de la presión de la calle y de las redes sociales.

Es por esto que me preocupa la tendencia a un ‘populismo judicial’. La Fiscalía no puede promover sus acusaciones acudiendo a la movilización popular, mucho menos a las frustraciones y resentimientos acumulados. En este caso esto afecta a unos imputados que todos consideramos culpables, pero mañana puede afectar a cualquiera que va contra la corriente.

No la conozco, señora jueza, no sé si es buena jueza o no, pero sentí la necesidad de apoyarla contra la ola de ataques. Más bien se trata de proteger a la justicia.

Saludos,

 

(MAS!/El Diario de Hoy) 

Carta a los areneros: No tienen derecho a equivocarse mañana

Estimados amigos:
Dije que no iba a apoyar a ninguno de los tres candidatos a la presidencia de ARENA, pero cambié mi opinión luego de verlos en varios foros (lástima que nadie organizó un verdadero debate, donde hubieran podido interactuar los candidatos) y luego de hablar con un montón de personas (dentro y fuera del partido ARENA). Llegué a la conclusión de que esta decisión es demasiado importante como para dejársela solo a los areneros. Nos tenemos que meter los ciudadanos…

Es cierto que en las tres listas hay gente que creo que debería estar en el COENA pero también, en cada una de las planillas, hay otros que no deberían estar cerca del poder.

Sigo convencido de que lo mejor hubiera sido aplicar de una sola vez el voto cruzado, para poder escoger de las 3 planillas a los mejores. La modalidad de votar por planilla tiene una desventaja: “Winner takes all”, el que gana, gana todo el COENA y todos los demás se quedan fuera.

Sigo convencido también de que nuevamente se hace notar el déficit de debate político en ARENA; con el resultado que será difícil que los 28 mil electores voten por conceptos, por tendencias políticas distinguibles. En ARENA hay pluralismo político, hay diferentes corrientes, pero como no hay una cultura de debate, las opciones no quedan claras. Conociendo la trayectoria de cada uno de los candidatos y de los miembros de su respectiva planilla, habrá que adivinar la esencia política detrás de las tres ofertas.

Hay que aclarar una cosa: hay que criticar el déficit de debate y elaboración teórica en ARENA, pero en todos los demás partidos, incluyendo el FMLN, este déficit es total. En ARENA por lo menos hay debate, aunque le falte profundidad y sinceridad, pero en el FMLN se sanciona la crítica, la disidencia y el debate de ideas. Y en el PCN y GANA simplemente hay un hoyo negro de cinismo e ignorancia.
Lleguemos al punto: observando a los tres candidatos, sí fue posible ver que Edwin Zamora es el más consistente, el que menos usa retórica vacía, el que mejor comunica con los diferentes sectores y corrientes, no solo del partido, sino del país. La total falta de profundidad de Hugo Barrera y el exceso de retórica de Mauricio contrastan con un Edwin Zamora aterrizado, pero también claro en su compromiso serio y sostenido de renovación y apertura.

No dudo de la vocación renovadora de Mauricio Interiano, pero sí de muchos de los miembros de su planilla y personajes de su entorno. En la planilla y los equipos de apoyo de Edwin también veo personajes cuya vocación liberal y renovadora no me convence. Pero la dupla Edwin/Ana Vilma, juntos con jóvenes libertarios como Marcos Llach y Gerardo Barón, tendrán suficiente fuerza y consistencia política para garantizar que su COENA no se desviará del camino de la renovación, del pluralismo y de la apertura hacía la sociedad civil que son necesarios para construir en el 2018 y 2019 una nueva mayoría sólida.

Quien gane de los dos que predican ‘la renovación’ o el ‘giro nuevo’ inmediatamente tendrá que acercar al otro y la mejor de su gente a la dirección del partido. Espero que sea Edwin Zamora, y espero que Mauricio Interiano, Neto Muyshondt, Claudia de Ávila, Jorge Santacruz y Selim Alabí no duden en incorporarse. Igual que Orli Hellebuyk, de la planilla de don Hugo.

Sobre todo por la composición de su planilla, espero que la candidatura de Hugo Barrera quede en un distante tercero, dejando claro que la gran mayoría de los areneros apuestan a la apertura y no a ideologías desfasadas.

Y espero que luego de terminar este proceso, ARENA comience a cumplir su papel: ejercer una oposición que evite que el gobierno, en los casi 3 años que le quedan, termine hundiéndonos y construir la nueva mayoría para un gobierno que reconstruya al país.

Cumplan el domingo 28. Saludos de

(MAS!/El Diario de Hoy)

 

Columna transversal: Intervenciones telefónicas

Todos los que de alguna manera participamos en política partimos de que somos sujeto a escuchas telefónicas. Legales o ilegales. Legales si hay un fiscal que pida autorización a un juez, y si hay un juez que estima que hay causa probable. Ilegal, si un fiscal lo ordena la intervención sin autorización de un juez. O ilegal cuando la instancia que interviene nuestras comunicaciones no es el Centro de Escuchas Telefónicas – que es la única que por ley está facultada para violar, previa autorización de un juez, la privacidad de nuestras comunicaciones (teléfono, email, correo, mensajes digitales).

Entonces, cualquier ciudadano inocente (en los dos sentidos de la palabra) preguntaría: ¿Pero existen en El Salvador centros ilegales de escucha telefónica? ¿Y no es la Constitución que dice: “Se prohíbe la interferencia y la intervención de las comunicaciones telefónicas.”

Y todos los ciudadanos un poco menos inocentes (por lo menos en el sentido de ingenuidad) contestamos: Claro que existe. Y todo el mundo comienza a contar que en su teléfono se escuchan unos ‘clics’ sospechosos, y que mejor hay que usar línea fija – o hablar por whatsup… que esto sí no lo pueden interceptar, ni legal ni ilegalmente…

Bueno, pero todo esto puede ser cierto, o medio cierto, o puede ser paja del imaginario popular. Pero entonces, toma la palabra un hombre que supuestamente sabe del tema: el señor fiscal general de la República, Douglas Martínez. En su entrevista en TCS le cuenta a Moisés Urbina que nada menos él, el poderoso jefe de la fiscalía y el único que maneja un centro de escucha telefónica autorizada por la ley, es sujeto de intervenciones ilegales de sus comunicaciones. Bueno, este no es cualquier hijo de vecino hablando babosadas. Es el fiscal general…

Este es el punto donde voy a contar algo que fue dicho en una plática cuyo contenido originalmente no fue para publicarlo. Una plática nada menos con el entonces fiscal general de la República, Luis Martínez, hoy hospedado en una bartolina u oficina de la famosa DAN (la División Antinarcóticos, que la PNC usa para albergar a detenidos prominentes, como Paco Flores, Raul Mijango, Enrique Rais, y… Luis Martínez). Hoy decido revelar el contendido, porque respetar la confidencialidad significa proteger la impunidad. Además, el mismo Luis Martínez hoy está siendo acusado, por su sucesor Douglas Meléndez, de haber violado la privacidad de las telecomunicaciones para manipular un caso penal.

 

En la mencionada conversación, Luis Martínez dijo que su oficina tenía documentados, con todos los detalles (nombres, apellidos, responsables, direcciones) por lo menos de 4 centros ilegales de escucha telefónica que estaban operando en el país. Y detalló: Uno de cada uno de los dos partidos mayoritarios (FMLN y ARENA); uno de una instancia del ejecutivo; y una que responde a un gobierno extranjero. “Y uno de ellos opera en frente de mi oficina, al otra lado de la calle”, agregó.

Hubo un silencio alargado. No tanto por la revelación, ya que esta no nos sorprendió. Más bien todos silenciosamente nos hicimos la pregunta que al final yo le expresé en vos alta a nuestro invitado: “Bueno, usted es fiscal general de la República, el hombre tal vez más poderoso del país. El garante de la legalidad. Si tiene conocimiento de dónde operan estructuras ilegales de escucha telefónica, y además sabe quiénes están atrás de ellos, ¿por qué no los cierra, no decomisa los equipos y no arresta a los operadores y los autores intelectuales?”

Sólo una risa me dio el señor fiscal general – de estas risas que de te dicen que tu pregunta es tonta.

Tonta o no, hoy hago esta misma pregunta al nuevo fiscal general: En vez de lloriquear que está siendo intervenida su comunicación, ¿por qué no les cae encima, con todo el peso de la ley, a los centros ilegales de intervención telefónica, sea quien sea quién esté detrás? Si no tiene las direcciones y los nombres, ya sabe adonde está Luis Martínez para pedirle que le explique todo.

(El Diario de Hoy)

 

Carta a Felissa: Lo que no te mata te hace más fuerte

Trato de imaginarme qué puede haber detrás de esta cobardía de publicar un vídeo pornográfico diciendo que la protagonista sos vos.

No me imagino a un perverso político obsesionado con joder a la joven arenera Felissa Cristales, surfeando en todos los sitios porno hasta encontrar un vídeo donde la mujer más o menos se parece a Felissa.

Parte del video

Me imagino más bien a un perverso sexual, surfeando por el mundo de la pornografía para poder satisfacerse – y de repente ve a una protagonista que parece Felissa Cristales. Y le surge una idea: voy a joder a esta bicha, que solo por ser guapa piensa que tiene para diputada…

Y sale el ataque, el intento de destruir a una joven promesa política robándole su dignidad. El perverso tiene acceso a uno de los blogs que se disfrazan como “periódicos digitales” pero que no hacen otra cosa que recoger y exhibir todas las perversiones, resentimientos, odios, envidias y violencia que flotan en el aire. Y como en el mundo de las redes sociales hay más que suficientes perversos (tanto políticos como sexuales), el vídeo se hace viral. Se juntan los misóginos que odian a las mujeres exitosas con los troles que agarran cualquier cosa para atacar a ARENA y con los con los trogloditas envidiosos dentro de ARENA que ven con desconfianza cualquier cara nueva y está listo el cóctel digital venenoso.

A vos, Felissa, nada de esto tiene que preocuparte. No tiene nada que ver con vos, con tu carácter, con tu sexualidad, tu cuerpo, ni con tu trabajo político. Nada. Esta porquería no es tuya. Es de la gente que te ataca y, tal vez, de la gente que en vez de apoyarte observa con malicia cómplice a ver si te hundís. De estos tal vez te conviene preocuparte.

Tené por seguro: vas a salir de esto más fuerte. En la próxima Legislatura vas a entrar como diputada, ya no como suplente. (De paso sea dicho: tal vez por esto te atacaron de forma tan cobarde, ¿quién sabe?)

Una de las lecciones que recogí de mi papá (quien no aguantaba cuando uno de sus hijos le llegaba lloriqueando) es: lo que no te mata te hace más fuerte.

Te pongo un ejemplo: Yo solo te conocí como una cara bonita incursionando en política, con un mensaje simpático de renovación. Nada más. Ahora, observando cómo manejaste esta situación tan delicada y fea y platicando con vos, me doy cuenta de que sos mucho más que una cara bonita: tenés lo que necesitamos en política: sensibilidad y fuerza. Lejos de estar lloriqueando, fuiste al contraataque diciendo que no te van a callar: “fácil es difamar a una mujer pero difícil callar al inocente.” Siguiente paso: denunciá ante la Fiscalía, dejando claro: “A mí me pueden atacar políticamente, pero no cuestionando mi dignidad como mujer”. Este no es un asunto de política, es un asunto penal.

Ojalá que la Fiscalía haga su trabajo. Tal vez este caso no sea tan espectacular y no le genere tanta movilización de apoyo popular al Fiscal como la historia de “Lujo y lujuria de Funes”, pero no actuar sería un pecado.

Vos podés parar esta locura que está envenenando nuestra sociedad. Sos la víctima perfecta para que todos digamos: ¡basta!

Es una cosa que hagan este tipo de ataques perversos a La Prensa Gráfica y su dueño y a El Diario de Hoy y sus comentaristas (que varios hemos sido blancos de alegaciones de las más sucias) y otra cosa es atacar de esta manera a una mujer que se atrevió a incursionar en política. El ataque a vos es un ataque a todos los ciudadanos que quieren influir en la política para renovarla. No lo vamos a dejar pasar, intervenga o no la Fiscalía.

Por esto digo, Felissa: vas a salir de esto más fuerte, con más apoyos. Vas a enseñar a los envidiosos que no te van a callar y no te van a desviar de tu carrera política.

Un abrazo,
 

(MAS!/El Diario de Hoy) 

Carta al fiscal general: Pare el populismo judicial

La tarea de la fiscalía es investigar y, si la investigación arroja elementos de culpabilidad, comprobar ante la justicia el delito.

No es tarea de la fiscalía llevar a cabo juicios mediáticos ni campañas para convencer a la opinión pública de la culpabilidad de un investigado o imputado.

La ciudadanía tiene derecho a la transparencia de las investigaciones, pero no tiene derecho de estar informado sobre cada elemento que arrojan las investigaciones, por ejemplo los allanamientos y las escuchas telefónicas. Por más que todos tengamos opiniones, como ciudadanía no somos un tribunal popular que va a evaluar pruebas de cargo y descargo ni vamos a decidir sobre culpa e inocencia.

Habiendo reafirmado estas reglas básicas del Estado de Derecho, pregunto a Douglas Meléndez: ¿Qué aportan a la investigación las publicaciones, en todos los medios, de las fotos que toman FGR y PNC durante los allanamientos de propiedades de Mecafé y de Funes? ¿Está seguro que estas filtraciones no pueden poner en peligro la investigación y la validez de las pruebas en un futuro juicio?

Policía o FGR necesitan una razón para publicar sus elementos probatorios: por ejemplo para pedir información adicional a la ciudadanía. Esto no aplica en el caso Funes. ¿Y qué sentido tiene que la fiscalía entregue a los medios fotos de objetos que no tienen nada que ver con los delitos que están investigando, pero que sí tienen impacto sobre la imagen pública de las personas investigadas? Esto, señor fiscal general, es un delito.

Su antecesor Luis Martínez cometió este delito cuando dentro de las grabaciones que obtuvo de las comunicaciones telefónicas del Padre Antonio detectó información sobre su vida sexual, y la filtró. La grabación como tal puede haber sido legal (si fuera debidamente autorizada por un juez), pero de ninguna manera es legal el uso de información privada no relacionada a los delitos. Cuando denunciamos este abuso del fiscal Martínez, no lo hicimos para defender al padre español, lo hicimos para defender a la sociedad de un fiscal que sistemáticamente violaba los derechos de los ciudadanos. Es más, el padre Antonio Rodríguez nunca gozó de mi simpatía.

Tampoco, como es ampliamente conocido, el expresidente Mauricio Funes y su club de cheros y damas. He criticado a este hombre cuando era periodista, cuando era candidato, cuando era presidente y ahora que es un expresidente que vive en lujos sin poder comprobar cómo los financia. Sin embargo, por más que deseo que Mauricio Funes no quede impune, la fiscalía no tiene derecho de actuar de manera arbitraria y al margen de la ley.

Las sistemáticas filtraciones que comete la fiscalía de toda la información relacionada a los allanamientos tienen una sola razón, y esta está fuera de la ley. Sirven exclusivamente para un juicio político-mediático y para una precondena extrajudicial en la opinión pública. La Fiscalía General de la República no puede promover esto sin violar la ley.

Tampoco es algo nuevo. Luis Martínez lo hizo en todo los casos emblemáticos, sobre todo los de Paco Flores y CEL-ENEL. Y el nuevo fiscal general, por más que dijo que iba a cambiar la fiscalía, esto no lo cambió. Sus casos emblemáticos – de la tregua, del supuesto tráfico de armas del general Benítez, y el caso “Jaque”- todos los ha llevado inmediatamente ante el tribunal de la opinión pública, con escritos de acusación hechos para consumo de los medios, porque ante la Corte difícilmente se sostienen por falta de pruebas.

Es el modus operandi de nuestra fiscalía, y lamentablemente la clase política no tuvo el valor de elegir a un fiscal general dispuesto y capaz de romper con este vicio. Como dije en la coyuntura de la elección del fiscal: Necesitamos un fiscal que entienda que su misión principal es garantizar el estado de Derecho.

Así que, licenciado Douglas Meléndez, no pase encima de la justa aplicación de la justicia sólo para quedar bien con la opinión pública que supuestamente pide cabezas. Mentira: Los ciudadanos pedimos justicia, no cabezas.

(MAS!/El Diario de Hoy)

Carta a los enemigos de Mauricio Funes: ¿Quieren justicia o venganza?

Estimado amigos:
Pocos días habían pasado desde la muerte de Paco Flores, cuando Alfredo Cristiani levantó su voz para hacernos un llamado urgente: “Que el del ex presidente Flores sea el último caso de venganza política que veamos en nuestro país.”

Y hablando de Mauricio Funes, aunque sin mencionar su nombre, Alfredo Cristiani dijo: “Todos deseamos que se haga justicia… Esto incluye aquellos que han utilizado al Estado para desatar la campaña de destrucción moral del ex presidente Flores.”

Viendo las noticias de estos días sobre las investigaciones contra Mauricio Funes, y escuchando las reacciones que están desatando, es necesario reiterar este valiente llamado del presidente que firmó la paz. Estamos al punto de repetir la historia y de nuevamente obstruir la justicia con las mismas actitudes morbosas de venganza y precondena.

Precisamente los que queremos que haya justicia en el caso de Funes y la corrupción en su gobierno tenemos que insistir que este caso no se contamine con precondenas y deseos de venganza.

¿Cuál fue la idea central del llamado de Alfredo Cristiano luego de la trágica muerte de Paco Flores? Estas dos frases:

“La muerte del ex presidente Francisco Flores nos obliga a todos los salvadoreños a reflexionar sobre la confrontación socio-política, antes de que su fuerza destructiva se torne irreversible.”

“La pregunta no debe ser ¿quién es el siguiente en la lista de enemigos? Debemos preguntarnos ¿cómo podemos erradicar la utilización de la justicia en función de objetivos políticos?”

Esta pregunta de un ex presidente preocupado sigue vigente. No podemos decir que a raíz de los terribles abusos de justicia que el país vivió a manos del ex presidente Funes y del ex fiscal Luis Martínez, tengamos resueltos los problemas que Alfredo Cristiani señaló para evitar que la muerte de Paco Flores provoque otra escalada en la cadena de venganza. No podemos decir que ahora tengamos un Estado de Derecho inmune a las tentaciones del uso vengativo y político de la justicia. La fiscalía sigue compensando con acciones mediáticas su deficiencia en investigación y pruebas sólidas – y lamentablemente consigue cómplices en los medios…

Los que tenemos años de ser críticos (y por qué no decirlo: enemigos) de Mauricio Funes, porque simboliza el cinismo que destruye la credibilidad de la política, pensémoslo bien: ¿Cuál es nuestro objetivo principal, por el cual realmente vale la pena luchar – satisfacer nuestro deseo de ver a Funes detrás de las rejas, o fortalecer nuestro Estado de Derecho, haciendo funcionar nuestras instituciones, muy por encima de las emociones políticas?

Es de gran importancia -yo diría de interés nacional- que las investigaciones del manejo de recursos públicos que hizo la administración Funes sean impecables, justas, libres de contaminación. Y que así sean los posibles juicios, una vez que la fiscalía presente cargos contra Funes y sus amigos.

Pero esto no sólo depende del trabajo limpio y profesional de la fiscalía, que a diferencia de otros casos emblemáticos tiene que abstenerse de trasladar el caso contra Funes al terreno mediático y político – también depende, en gran medida, de la madurez de la oposición política, de los medios y de todos que generamos opinión pública. A todos ellos estaba dirigido el mensaje de Alfredo Cristiani, a todos ellos dirijo hoy esta carta. Los que manejaron desde gobierno y fiscalía los casos de Paco Flores y de don Billy Sol y los demás acusados en el caso CEL-ENEL, hicieron gran daño al Estado de Derecho y su credibilidad. No podemos darnos el lujo ahora, cuando al fin se investiga a Mauricio Funes y sus amigos, de cometer el mismo error.

Saludos,

(MAS!/El Diario de Hoy)

Carta a los ‘magníficos’ de la Sala de lo Constitucional

Muy estimados magistrados:
Ustedes sacaron en mayo de este año una sentencia que declaraba “la existencia de un estado de cosas inconstitucional y ordénase el cese de la condición de hacinamiento en que se encuentran los privados de libertad.” Esta sentencia se basó en gran parte en consecuencias fatales de salud que causa la sobrepoblación de más de 300% que reina en el sistema penitenciario.

{Los que al leer esto reaccionan con el impulso de “y a mi qué me importa si estos malditos se mueren en las cárceles” les recomiendo dejar de leer el resto de esta carta, antes de que lleguen a alterarse por el hecho que el autor de la misma no esté preso por defender a pandilleros. Para los magistrados y para los lectores que no reaccionan de manera tan visceral, voy a seguir hablando de este tema, porque alguien lo tiene que hacer:}

La situación dramática en las bartolinas y los penales los llevó a ordenar “certificar esta resolución al Director de la PNC, al Director General de Centros Penales, al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a la Asamblea Legislativa, al Fiscal General de la República, a la Ministra de Salud, así como a todos los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, quienes deben monitorear continuamente la situación de tales personas, según sus competencias.” No sé si alguna de estas instituciones ha debidamente informado a la honorable Sala de las medidas que han tomado para que el estado de los penales deje de ser inconstitucional.

Sería interesante saber si el ministro Mauricio Landaverde y el director general de centros penales Rodil Hernández ha informado a la Sala que contrario a lo ordenado en su sentencia y a raíz de las ‘medidas extraordinarias’ decretadas en los penales, el estado de hacinamiento y de crisis de salud ha empeorado en vez de mejorar.

Tal vez, estimados magistrados, ustedes deberían tomar acciones concretas para verificar el cumplimiento de sus sentencia y la situación en los penales, en vez de confiar que las instituciones responsables les informen.

Una primera medida podría ser que la Sala ordene al ministro de Seguridad y a la ministra de Salud que el Programa Nacional de Tuberculosis pueda retomar su trabajo en los penales. Sobre todo en el penal de Quezaltepeque, donde a raíz de las medidas extraordinarias se han multiplicado los casos de tuberculosis. Para los que no están familiarizados con esta enfermedad: la falta de exposición al sol y ventilación de aire multiplica los riesgos de que los problemas respiratorios se compliquen.

Y a los que siguen manteniendo que no les importa la salud y la vida de delincuentes hay que decir: los rebrotes de tuberculosis, si Centros Penales y Salud no toman acción, se van a coinvertir en un problema de salud pública mucho más allá de los muros de las cárceles.

Con la entrada en vigencia de sus ‘medidas extraordinarias’, el gobierno ha suspendido al 100% la entrada a los penales de personal profesional del Ministerio de Salud, del Programa Nacional de Tuberculosis y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta medida no tiene sentido, porque la debida atención a la salud no puede ser considerada un problema de seguridad. La Sala, en seguimiento a su sentencia, debería pedir a instituciones imparciales y profesionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a verificar las situación en los penales y hacer recomendaciones de cómo hacer cumplir la sentencia que declara inconstitucional el estado actual de hacinamiento. Y la Sala debería ordenar al gobierno no solamente de dar libre acceso a estos organismos, sino además de actuar sobre sus recomendaciones.

Si no hacen nada de esto, estimados señores magistrados, su sentencia quedará letra muerta. Saludos,

(MAS!/El Diario de Hoy)

 

Carta a la Asamblea Legislativa: ¡Hagan su trabajo!

Diputados:
Ustedes simplemente no están cumpliendo sus obligaciones. Por culpa de ustedes, otras instituciones del Estado están paralizadas o quedan acéfalas, porque los señores diputados no hacen lo necesario para elegir a los funcionarios que las tienen que dirigir. El caso más escandaloso es el del Consejo Nacional de Judicatura: cinco de sus siete miembros tuvieron que haber sido elegidos en septiembre 2015. Ha pasado un año y no hay señal de que ustedes procedan a terminar la paralización de la institución clave para el funcionamiento del sistema judicial.

La Corte de Cuentas está acéfala, o sea no tiene magistrados, porque ustedes no hicieron caso al plazo para elegirlos. Resulta un doble pecado de incumplimiento: primero, no cumplen varias sentencias previas al volver a elegir a tres magistrados que no cumplen los requisitos constitucionales. Y luego, cuando la Sala los suspende, ustedes se niegan a repetir la elección como la Constitución manda. No sé si es el colmo de incapacidad o el colmo de terquedad.

Ahora ya tenemos una tercera institución acéfala por culpa de ustedes: ya venció el mandato del procurador David Morales y ustedes no han elegido a su sucesor.

Lo mismo pasó al principio del año con la elección del titular de la Fiscalía General de la República. Así que los incumplimientos no son accidentes, son sistema; no son la excepción, son la regla.
Entonces, señores diputados, si no funciona el sistema y si no son funcionales las reglas, ¡cámbienlas! Ustedes son diputados, ustedes son la Asamblea Legislativa: ¡legislen, por el amor de Dios!

En la empresa privada, en la ciencia, en cualquier otra área de la vida profesional, si el sistema o las reglas de procedimiento no funcionan, si reiteradamente no permiten llegar a resultados, simplemente se cambian. En el caso de la Asamblea y las ‘elecciones de segundo grado’ (magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Cuentas y del Tribunal Supremo Electoral; titulares de la Fiscalía, de la dos procuradurías; e integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura) es un hecho comprobado que no funciona el sistema de identificar y elegir a los funcionarios más idóneos. Repetidas veces la Sala de lo Constitucional ha tenido que corregirles la plana y sustituir a funcionarios electos por ustedes. Repetidas veces, instituciones claves para el funcionamiento del Estado de Derecho han quedado acéfalas o incluso paralizadas. Y como resultado de todo esto, tenemos instituciones débiles, ineptas o incluso corruptas. ¿Por qué creen ustedes que nadie tiene confianza en nuestra Corte de Cuentas y nuestro Tribunal Electoral, y tan poca confianza en la Fiscalía?

Seguir trabajando con un sistema que ya mostró que no funciona es seguir repitiendo el mismo problema, el mismo incumplimiento y los mismos resultados erróneos. Hay que cambiar el sistema y por definición lo tienen que hacer ustedes, los diputados.

Su colega Johnny Wright Sol ya presentó una propuesta, pero hasta la fecha nadie le ha hecho caso. Nadie la está discutiendo. Otra muestra más de la negligencia e irresponsabilidad que reinan en la Asamblea.

Voy a resumir el mensaje: Si no pueden elegir a funcionarios idóneos, cumpliendo con los requisitos y plazos constitucionales, tienen la obligación de cambiar el sistema por uno más eficiente, más participativo y más profesional que permita identificar y elegir a los mejores profesionales.

¡Hagan su trabajo! Saludos,

(MAS!/El Diario de Hoy)

Columna transversal: Pobre la cultura...

Como siempre, nadie le pone mucha atención a la cultura, a menos que sea funcionario de cultura. Ni siquiera los artistas, y obviamente no los partidos, los políticos, los diputados y los medios…

Aprobaron una Ley de Cultura y pasó debajo del radar de todos. Es de estas leyes que uno sabe que el Frente las está promoviendo, y que tienen razón de ser, pero sin la excesiva carga ideológica que traen la: Ley de Agua, de Medios Públicos, de Cultura…

Leyendo como quedó aprobada, y comparándola con aquel manifiesto que nació en las entrañas ideológicas de la Comisión de Cultura del FMLN, queda evidente que en la Comisión parlamentaria se logró eliminar gran parte de la sobrecarga ideológica que llevaba. Ya no incluye estos sermones insoportables del la cultura como “fuerza transformadora de la sociedad”, y de su “función identitaria”, como los encontramos en muchos documentos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Si no lo creen, lean la Convocatoria de la Secretaría de Cultura sobre los “Fondos Concursables para impulsar la cultura como un derecho”. Aquí una pequeña prueba:

“Un Punto de Cultura es un concepto de política pública que se traduce en organizaciones culturales de la sociedad civil fortalecidas, que ganan fuerzas y reconocimiento institucional al establecer una alianza, un pacto con el Estado, que reconoce y potencia la cultura viva comunitaria como una fuerza viva capaz de producir poderosas transformaciones en la sociedad en los niveles económicos, políticos, sociales, culturales y en las relaciones con la naturaleza…”

Los diputados de la oposición lograron eliminar de la ley estos sermones. Menos mal. Pero quitándole resulta que entonces no queda nada sustancial.

La iniciativa de ley del FMLN tuvo la intención de crear normas que permiten al Estado obligar a las radios comerciales a dedicar una cuota de su programación, definida por ley, a difundir “producción nacional” de música; y a los cines hacer lo mismo con “producción nacional” cinematográfica. O sea, la intención fue que el Estado regule los contenidos de radios y cines. Esto fue objeto de meses de discusión en la Comisión de Cultura – y al fin esta parte no logró consenso.

Entonces, quedó un párrafo absolutamente vacío:

“Programación de música nacional
Artículo 97.- Todas las estaciones de radio que ocupan el espectro radioeléctrico del país podrán (!) programar música nacional en programación regular.”

“Programación de obras cinematográficas

Artículo 101.- Los exhibidores privados y públicos podrán (!) obras cinematográficas nacionales en programación regular.”

Es como una ley que permite a los almacenes del país vender leche de producción nacional. ¿Para esto hacemos leyes?

Lo más irónico es esto: Resulta que ahora, luego de que el FMLN definiera como uno de los ejes centrales de su programa de gobierno que en 6 meses iba a crear el Ministerio de Cultura, ahora tenemos una Ley de Cultura tan vaga que ni siquiera define la institucionalidad. En la ley aprobada se repite, cientos de veces, el término “el Estado por medio de la institución que vela por la cultura en el país…”

Hace 4 años el objetivo primordial de la Ley de Cultura que presentó el FMLN fue la creación del Ministerio de Cultura. Fue a la vez una de las promesas centrales que el FMLN hizo a los artistas del país para involucrarlos en su campaña electoral. Y ahora surge una ley que habla de “la institución que vela por la cultura”. No jodan a los pobres artistas…

¿Qué hay detrás de esta traición a las promesas? Muy simple: Estando en el poder, al FMLN le encanta tener todo el aparato cultural del Estado a su plena disposición política, partidaria y electoral – en forma de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. No es secretaría del Estado. Es de la presidencia y sirve a los intereses propagandísticos y políticos del presidente.

Siempre he dicho que la “la institución que vela por la cultura” no debe ser ni secretaría de CAPRES ni ministerio, sino una institución autónoma. Pero verdaderamente autónoma, como según la constitución es la Universidad Nacional.

Pero la Ley de Cultura va en otra dirección: Deja la cultura al mando de la presidencia, y establece un “Fondo Nacional Concursable” para encargarse del financiamiento de los proyectos artísticos y culturales. Magnífico. Pero con un Consejo Directivo, en el cual 7 de sus 11 miembros son funcionarios del Ejecutivo. Otros 2 representan la academia, 1 a los municipios – y solamente uno la comunidad de artistas y trabajadores de cultura. Y esto, según la Ley de Cultura, es “una institución pública de carácter autónomo”. ¿Qué autonomía va a tener si 7 de 11 directivos son del gobierno de turno?

(El Diario de Hoy)