No es tarea de la fiscalía llevar a cabo juicios mediáticos ni campañas para convencer a la opinión pública de la culpabilidad de un investigado o imputado.
La ciudadanía tiene derecho a la transparencia de las investigaciones, pero no tiene derecho de estar informado sobre cada elemento que arrojan las investigaciones, por ejemplo los allanamientos y las escuchas telefónicas. Por más que todos tengamos opiniones, como ciudadanía no somos un tribunal popular que va a evaluar pruebas de cargo y descargo ni vamos a decidir sobre culpa e inocencia.
Habiendo reafirmado estas reglas básicas del Estado de Derecho, pregunto a Douglas Meléndez: ¿Qué aportan a la investigación las publicaciones, en todos los medios, de las fotos que toman FGR y PNC durante los allanamientos de propiedades de Mecafé y de Funes? ¿Está seguro que estas filtraciones no pueden poner en peligro la investigación y la validez de las pruebas en un futuro juicio?
Policía o FGR necesitan una razón para publicar sus elementos probatorios: por ejemplo para pedir información adicional a la ciudadanía. Esto no aplica en el caso Funes. ¿Y qué sentido tiene que la fiscalía entregue a los medios fotos de objetos que no tienen nada que ver con los delitos que están investigando, pero que sí tienen impacto sobre la imagen pública de las personas investigadas? Esto, señor fiscal general, es un delito.
Su antecesor Luis Martínez cometió este delito cuando dentro de las grabaciones que obtuvo de las comunicaciones telefónicas del Padre Antonio detectó información sobre su vida sexual, y la filtró. La grabación como tal puede haber sido legal (si fuera debidamente autorizada por un juez), pero de ninguna manera es legal el uso de información privada no relacionada a los delitos. Cuando denunciamos este abuso del fiscal Martínez, no lo hicimos para defender al padre español, lo hicimos para defender a la sociedad de un fiscal que sistemáticamente violaba los derechos de los ciudadanos. Es más, el padre Antonio Rodríguez nunca gozó de mi simpatía.
Tampoco, como es ampliamente conocido, el expresidente Mauricio Funes y su club de cheros y damas. He criticado a este hombre cuando era periodista, cuando era candidato, cuando era presidente y ahora que es un expresidente que vive en lujos sin poder comprobar cómo los financia. Sin embargo, por más que deseo que Mauricio Funes no quede impune, la fiscalía no tiene derecho de actuar de manera arbitraria y al margen de la ley.
Las sistemáticas filtraciones que comete la fiscalía de toda la información relacionada a los allanamientos tienen una sola razón, y esta está fuera de la ley. Sirven exclusivamente para un juicio político-mediático y para una precondena extrajudicial en la opinión pública. La Fiscalía General de la República no puede promover esto sin violar la ley.
Tampoco es algo nuevo. Luis Martínez lo hizo en todo los casos emblemáticos, sobre todo los de Paco Flores y CEL-ENEL. Y el nuevo fiscal general, por más que dijo que iba a cambiar la fiscalía, esto no lo cambió. Sus casos emblemáticos – de la tregua, del supuesto tráfico de armas del general Benítez, y el caso “Jaque”- todos los ha llevado inmediatamente ante el tribunal de la opinión pública, con escritos de acusación hechos para consumo de los medios, porque ante la Corte difícilmente se sostienen por falta de pruebas.
Es el modus operandi de nuestra fiscalía, y lamentablemente la clase política no tuvo el valor de elegir a un fiscal general dispuesto y capaz de romper con este vicio. Como dije en la coyuntura de la elección del fiscal: Necesitamos un fiscal que entienda que su misión principal es garantizar el estado de Derecho.
Así que, licenciado Douglas Meléndez, no pase encima de la justa aplicación de la justicia sólo para quedar bien con la opinión pública que supuestamente pide cabezas. Mentira: Los ciudadanos pedimos justicia, no cabezas.
(MAS!/El Diario de Hoy)
