Hay dos crisis entrelazadas que afectan el desarrollo de nuestro país: la falta de seguridad pública y la falta de crecimiento económico. Enfrentar con éxito ambos problemas requiere de entendimientos nacionales entre todos los actores: los poderes del Estado, los partidos, la empresa privada, los diferentes sectores de la sociedad civil. Concertar estos entendimientos básicos requiere, como condición indispensable, construir confianza, transparencia, certidumbre. Esto nos lleva a la imperiosa necesidad de primero enfrentar la tercera crisis que se está generando en nuestro país: la erosión de la institucionalidad democrática.Observamos con suma preocupación que en este campo estamos retrocediendo. Para poner al país en capacidad de enfrentar, de manera integral, los problemas complejos de seguridad y de empleo que impiden su desarrollo, los partidos políticos y el gobierno tendrían que trabajar responsablemente para: resolver la crisis institucional creada por el decreto 743 que tiene como única intención paralizar la labor de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sin la derogación de este decreto queda debilitada la única institución de control y contrapeso democrático que ha actuado con independencia; crear una Corte de Cuentas que cumple su función de controlaría con independencia y rigor profesional; aprobar una reforma electoral que establece con claridad y apego a la Constitución y las sentencias de la Sala de lo Constitucional las reglas del juego para las elecciones del marzo del 2012. Lamentablemente, está pasando lo contrario: El presidente y sus partido están haciendo todo en su poder para evitar que se resuelva la grave crisis constitucional entre Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional. La única forma de resolverla es la derogación del decreto 743. En la plenaria de jueves 16 de junio, la Asamblea nuevamente fue escenario de pactos que fortalecen el control partidario sobre la Corte de Cuentas y el Tribunal Suprema Electoral, pasándose encima de la demanda unánime de la sociedad civil que exige la despartidización de estas instituciones, para que pueden asumir con independencia y credibilidad el papel que la Constitución les asigna. En la misma plenaria, la Asamblea aprobó, por segunda vez, una reforma electoral propuesta por el FMLN, que nuevamente desafía la sentencia de la Sala de lo Constitucional, para bloquear el derecho del votante de hacer valer su voto por candidatos específicos. Esta decisión, combinada con la negativa de la Asamblea de reconocer futuras sentencias de la Sala que no sean de unanimidad, puede efectivamente llevar a un vacío legal que pone en peligro la credibilidad de las próximas elecciones. El presidente de la República tiene en sus manos el poder de evitar este peligro. Lo único que tiene que hacer es vetar la nueva 'reforma' electoral. La sociedad civil ve en las decisiones de la actual mayoría parlamentaria un retroceso grave para la institucionalidad democrática del país. A menos que el presidente de la República asuma el liderazgo para revertir este proceso y para defender la institucionalidad, haciendo uso de su veto y, sobre todo, influyendo en los partidos que participan en su gobierno, este deterioro de la institucionalidad constituirá un obstáculo más enfrentar las tareas que más urgen al país: construir un plan de nación para enfrentar la delincuencia; y encarrillar al país hacía el crecimiento económico y la creación de empleos. Si los diferentes órganos del Estado asumen su deber de resolver la crisis institucional democráticamente y apegado a la Constitución, estarían creando un clima de certidumbre, confianza y concertación que permitiría atacar entre todos -gobierno, empresa privada, sociedad civil- la crisis de crecimiento y la crisis de seguridad. En un clima de confianza en la institucionalidad democrática del país, la empresa privada y sus gremios no tendrían resistencia de recibir la propuesta de un plan de seguridad que el presidente prometió entregarles hace varias semanas. Estaría el camino abierto para la sociedad entera de discutir y enriquecer esta propuesta, para llegar a un plan estratégico conjunto que corresponde a los problemas reales de delincuencia en el territorio nacional, tendiente a resolver los graves problemas que la inseguridad causa a la población y al desarrollo y la economía del país. Una vez removidas las graves dudas en la institucionalidad y en el funcionamiento efectivo de los contrapesos y controles, estoy seguro que la empresa privada estaría más que dispuesto a discutir este plan de seguridad dentro del contexto de las propuestas que sus gremios ya han hechas públicas para incentivar el crecimiento económico y la creación de empleos. Si es en este contexto de la reactivación de la economía, estoy seguro que la empresa privada estará dispuesta incluso de llegar a acuerdos sobre el proyecto de un impuesto especial para financiar un plan concertado de seguridad. En cambio, si el presidente no asume el liderazgo para resolver la grave crisis de institucionalidad, y los partidos del gobierno siguen tomando decisiones legislativas que la agravan, resulta difícil imaginarse cómo el país puede enfrentar con éxito, o sea conjuntamente, sus graves problemas de seguridad y falta de crecimiento económico. (El Diario de Hoy) |
