No es buena idea lo que muchos han propuesto como mecanismo de solución a la crisis institucional, en la cual han metido al país con el ‘Decreto Néstor’ y el intento de paralizar a la Sala de lo Constitucional: una negociación entre los tres poderes del Estado; un “acuerdo institucional” (como lo llama el presidente Funes en su comunicado del 9 de junio), que “debe reunir a las autoridades de los tres Órganos del Estado”.
Un juez, un magistrado, una corte, un tribunal no negocia, ni firman acuerdos políticos con nadie. Mucho menos la Sala de lo Constitucional. Mucho menos sobre la transición a una “segunda república”, como en el contexto de la actual crisis propone el subsecretario de transparencia de la presidencia, Marcos Rodríguez. El poder judicial no negocia con los otros poderes del Estado, sino emite sentencias para vigilar que no salgan del marco constitucional. ¿Qué va a negociar una Sala? ¿Sus sentencias? ¿Los decretos de la Asamblea? ¿La actuación del gobierno? Imposible. Incompatible con los principios republicanos de la división de poderes y de la independencia del poder judicial.
El presidente dice en su comunicado que este “acuerdo institucional” entre los presidentes del ejecutivo, de la Asamblea y de la Corte que propone es para “así garantizar la estabilidad y la gobernabilidad”. Quien se expresa así no ha entendido el concepto de la división de poderes – o lo quiere alterar... Garantizar la gobernabilidad es tarea del presidente de la República, de ninguna manera de la Sala de lo Constitucional. La Sala tiene que garantizar el respeto a la Constitución, ni más ni menos. No puede dejar pasar inconstitucionalidades en las leyes o los decretos ejecutivos en aras de “la estabilidad y de la gobernabilidad”. La estabilidad y la gobernabilidad dependen de la manera que el presidente puede llegar a acuerdos con los fuerzas políticas, el sector privado y los grupos sociales. Dependen de la capacidad de los partidos de ponerse de acuerdo en la Asamblea. No pueden nunca depender de negociaciones de la Sala de lo Constitucional con el presidente o con los partidos.
Entiendo que la crisis constitucional actual tienen asustados a muchos. Lo que no entiendo es que caen en la trampa de pedir que todos los implicados se pongan de acuerdo y busquen una solución. La única solución viable es que todos los implicados respeten la ley. Si todo esto comenzó con la negación de una mayoría parlamentaria de aceptar las sentencias de la Sala en materia electoral, el daño lo tienen que reparar los partidos involucrados, en la Asamblea.
Si el conflicto se agudizó y se convirtió en crisis constitucional con un decreto de la Asamblea de obligar a la Sala a la unanimidad en sus sentencias (el famoso “decreto Néstor”, que da poder de veto al magistrado Néstor Castaneda), la Asamblea lo tiene que arreglar derogando este decreto. ARENA ya hizo el paso correcto, falta que el FMLN salga de su posición de berrinche y apoye la derogación. Y falta que el presidente de la República deje de ser obstáculo para una salida política. Aunque le cuesta aceptarlo, como presidente no tendrá ningún protagonismo en la salida política, la llave la tienen en sus manos exclusivamente los partidos, sobre todo ARENA y el FMLN, y entre los dos, el FMLN. El presidente, desde que dejó pasar la oportunidad de vetar este decreto inconstitucional, ya sólo tiene dos opciones: seguir siendo obstáculo con sus posiciones de soberbia, o apartarse para que los partidos negocien una solución. Al presidente le llegará el momento para mostrar que algo ha aprendido de todo esto relajo, cuando le llegue el decreto de derogación para que lo firme o lo vete.
Mientras tanto, el presidente se tiene que apartar, en vez de seguir proponiendo mecanismo absurdos. ¿Cómo puede pensarse que esta crisis puede solucionarse en reuniones del presidente de la Sala con Mauricio Funes y Sigfrido Reyes? El presidente ni siquiera entiende qué está en juego en este conflicto. El piensa que está en juego la gobernabilidad – o sea, la suerte de su gobierno. Pero lo que está en juego son los fundamentos del orden republicano: la división de poderes y la independencia del poder judicial.
Espero que los magistrados de la Sala, si siguen participando en reuniones con los otros dos Órganos del Estado, se mantengan firme en su posición de dialogar, pero no negociar. Lo único que habría que negociar es la ley y la ley no se negocia.
(El Diario de Hoy)
