Sin institucionalidad democrática, el país no puede salir de su crisis


Paolo Lüers

Hay dos crisis entrelazadas que afectan el desarrollo de nuestro país: la falta de seguridad pública y la falta de crecimiento económico.
Enfrentar con éxito ambos problemas requiere de entendimientos nacionales entre todos los actores: los poderes del Estado, los partidos, la empresa privada, los diferentes sectores de la sociedad civil. Concertar estos entendimientos básicos requiere, como condición indispensable, construir confianza, transparencia, certidumbre. Esto nos lleva a la imperiosa necesidad de primero enfrentar la tercera crisis que se está generando en nuestro país: la erosión de la institucionalidad democrática.
Observamos con suma preocupación que en este campo estamos retrocediendo. Para poner al país en capacidad de enfrentar, de manera integral, los problemas complejos de seguridad y de empleo que impiden su desarrollo, los partidos políticos y el gobierno tendrían que trabajar responsablemente para: resolver la crisis institucional creada por el decreto 743 que tiene como única intención paralizar la labor de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sin la derogación de este decreto queda debilitada la única institución de control y contrapeso democrático que ha actuado con independencia; crear una Corte de Cuentas que cumple su función de controlaría con independencia y rigor profesional; aprobar una reforma electoral que establece con claridad y apego a la Constitución y las sentencias de la Sala de lo Constitucional las reglas del juego para las elecciones del marzo del 2012.
Lamentablemente, está pasando lo contrario: El presidente y sus partido están haciendo todo en su poder para evitar que se resuelva la grave crisis constitucional entre Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional. La única forma de resolverla es la derogación del decreto 743.
En la plenaria de jueves 16 de junio, la Asamblea nuevamente fue escenario de pactos que fortalecen el control partidario sobre la Corte de Cuentas y el Tribunal Suprema Electoral, pasándose encima de la demanda unánime de la sociedad civil que exige la despartidización de estas instituciones, para que pueden asumir con independencia y credibilidad el papel que la Constitución les asigna.
En la misma plenaria, la Asamblea aprobó, por segunda vez, una reforma electoral propuesta por el FMLN, que nuevamente desafía la sentencia de la Sala de lo Constitucional, para bloquear el derecho del votante de hacer valer su voto por candidatos específicos. Esta decisión, combinada con la negativa de la Asamblea de reconocer futuras sentencias de la Sala que no sean de unanimidad, puede efectivamente llevar a un vacío legal que pone en peligro la credibilidad de las próximas elecciones. El presidente de la República tiene en sus manos el poder de evitar este peligro. Lo único que tiene que hacer es vetar la nueva 'reforma' electoral.
La sociedad civil ve en las decisiones de la actual mayoría parlamentaria un retroceso grave para la institucionalidad democrática del país. A menos que el presidente de la República asuma el liderazgo para revertir este proceso y para defender la institucionalidad, haciendo uso de su veto y, sobre todo, influyendo en los partidos que participan en su gobierno, este deterioro de la institucionalidad constituirá un obstáculo más enfrentar las tareas que más urgen al país: construir un plan de nación para enfrentar la delincuencia; y encarrillar al país hacía el crecimiento económico y la creación de empleos.
Si los diferentes órganos del Estado asumen su deber de resolver la crisis institucional democráticamente y apegado a la Constitución, estarían creando un clima de certidumbre, confianza y concertación que permitiría atacar entre todos -gobierno, empresa privada, sociedad civil- la crisis de crecimiento y la crisis de seguridad.
En un clima de confianza en la institucionalidad democrática del país, la empresa privada y sus gremios no tendrían resistencia de recibir la propuesta de un plan de seguridad que el presidente prometió entregarles hace varias semanas.
Estaría el camino abierto para la sociedad entera de discutir y enriquecer esta propuesta, para llegar a un plan estratégico conjunto que corresponde a los problemas reales de delincuencia en el territorio nacional, tendiente a resolver los graves problemas que la inseguridad causa a la población y al desarrollo y la economía del país.
Una vez removidas las graves dudas en la institucionalidad y en el funcionamiento efectivo de los contrapesos y controles, estoy seguro que la empresa privada estaría más que dispuesto a discutir este plan de seguridad dentro del contexto de las propuestas que sus gremios ya han hechas públicas para incentivar el crecimiento económico y la creación de empleos. Si es en este contexto de la reactivación de la economía, estoy seguro que la empresa privada estará dispuesta incluso de llegar a acuerdos sobre el proyecto de un impuesto especial para financiar un plan concertado de seguridad.
En cambio, si el presidente no asume el liderazgo para resolver la grave crisis de institucionalidad, y los partidos del gobierno siguen tomando decisiones legislativas que la agravan, resulta difícil imaginarse cómo el país puede enfrentar con éxito, o sea conjuntamente, sus graves problemas de seguridad y falta de crecimiento económico.

(El Diario de Hoy)

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2 comentarios:

Anónimo dijo...

Don Paolo: la crisis no se resolverá derogando el 743 (como ud divinidamente lo afirma) o que siga vigente. Da lo mismo por la sencilla razón que ya la Sala declaró inaplicable el decreto 743 y con base a ese derecho constitucional La Sala ha vuelto a sentenciar ayer 22 con 4 votos.
La situación constitucional se mantiene. la crisis es de los partidos políticos, la Asamblea y el señor Presidente. La Corte Suprema de Justicia imparte justicia y mantiene vigente el Estado de Derecho.
Si están declarando inconstitucional artículos de leyes bienvenidas esas sentencias que buscan por primera vez desde 1821 hacen valer la justicia encima de los intereses mezquinos de los partidos políticos ty adláteres. Además, ud mismo señor Luers es un acérrimo opositor a los desmanes de la clase política incluyendo al partido FMLN.
La Corte Suprema de Justicia no está debilitada en ese desmadre. Siguen trabajando con la Constitución en la mano, sentenciado y colaborando con los otros Organos del Estado. No existe ninguna autoridad encima de la Sala que pueda cambiar sus sentencias (excepto el poder soberano del pueblo). Lo unico que queda es hacerles un antejuicio para lo cual tiene la FGR que intervenir inventándose el delito de prevaricato. Y tampoco la "crisis" se resolverá el 1 agosto 2012, en que el decreto 743 ya no esté vigente porque los 4 magnificos fueron elegidos para la Sala Constitucional por NUEVE AÑOS. La Asamblea no los puede trasladar a otros Salas. Lo único que podrá hacer el 31 julio 2012 es cambiar al Presidente eligiendo como tal al que sustituirá a Nestor Castaneda. pero los 4 jinetes del apocalipsis seguirán en sus puestos en la misma Sala hasta el año 2020.
Asi que apréstemonos todos a conocer las prontas sentencias de inconstitucional de los cocientes y residuos electorales, las partidas secretas, el amparo del PCN y PDC cuando el TSE los cancele como partidos politicos, etc.
la crisis en este caso de choque de poderes don Paolo, es del Organo Ejecutivo y Organo Legislativo, asi como de la FGR, Corte de Cuentas, Consejo Nacional de la Judicatura,etc. La que salvará la crisis es precisamente la Sala de lo Constitucional. Y es obvio que dentro de la Corte Suprema de Justicia hay otro problema de gran enrvergadura que da señales terribles de deterioro institucional; pero si reparamos bien la Sala de lo Constitucional sigue cumpliendo la Constitución. Y si reconozco que las señales hacia la sociedad y el mundo reflejan que los intringulis dentro de la Corte Suprema de Justicia es una mala señal en el proceso de construcción de la democracia post acuerdos de paz.

Lic Saira Guerra. sairamarisol@yahoo.com

JULIE dijo...

Me parece bien el comentario del anonimo