Resuelto esto, los magistrados hicieron lo que es su deber constitucional: analizaron y admitieron la siguiente demanda en su agenda de trabajo. Resulta que la demanda que admitieron no es contra la Ley de Amnistía, ni contra el TLC, ni contra la dolarización, como muchos quisieron hacernos creer para justificar su golpe contra la Sala. La demanda admitida por la Sala, inaplicando el "Decreto Néstor" (cuya única finalidad es otorgar poder de veto al magistrado Néstor Castaneda), es contra la Ley de Presupuesto "ante la presunta inconstitucionalidad de la creación de gastos imprevistos", con el cual el gobierno Funes y sus fieles aliados en la Asamblea querían burlar una sentencia de la Sala que prohibía las transferencias indiscriminadas de fondos de los ministerios a la Presidencia, para su uso indiscriminado...
Ahora se explica la urgencia de Funes de aprobar sin debate y sin estudio jurídico el "Decreto Néstor". Detrás de la cortina de humo (=los rumores que la Sala estaba al punto de meter al país en un caos declarando inconstitucional la Amnistía, el TLC y la dolarización), Funes había conseguido que hasta ARENA participara en el golpe contra la Sala.
Aparte de declarar inaplicable el "Decreto Néstor" y admitir, con los cuatro votos usuales, la demanda contra el manejo de gastos imprevistos del gobierno FUNES-FMLN, la Sala hizo otra cosa correcta y prudente: dejó claro que no tiene en su agenda de trabajo ninguna demanda contra las leyes que dieron vida a la Amnistía, el TLC y la dolarización. Punto.
Con esto, se abre la posibilidad de salir de la crisis constitucional en que Funes y la Asamblea han metido al país. Porque con la decisión de declarar inaplicable el "Decreto Néstor" todavía no está resuelta la crisis. Todavía se escuchan los tambores de guerra, de distintos actores políticos: diputados de GANA y del PCN amenazando con un decreto legislativo para remover a los cuatro magistrados de la Sala, lo que sería otro golpe al orden constitucional; cabezas calientes incluso amenazando con abrir antejuicios contra los cuatro integrantes de la Sala; y voces de la izquierda trasnochada, pescando en aguas movidas, invocando el "derecho a la insurrección"; y Dagoberto Gutiérrez hablando ya de la necesidad de una constituyente para dar al país una nueva constitución...
Para parar en seco todos estos juegos irresponsables con explosivos, no hay caminos jurídicos. Es una crisis política que requiere una salida política: los dos partidos mayoritarios tienen que asumir su responsabilidad y ponerse de acuerdo para abolir el "Decreto Néstor" y devolver al país la seguridad jurídico y la protección de sus derechos constitucionales.
Algo ya se está moviendo en el FMLN y en ARENA, pero en la dirección equivocada: los dos proponen una concertación entre los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial.
"Consideramos que es necesario cuanto antes un diálogo serio, abierto y sincero entre los Órganos de Gobierno, es lo mínimo que la sociedad nos demanda. Por lo que esta debe ser una oportunidad para salirle al paso a futuros intentos de violación de la Constitución por ningún Órgano del Estado," expresó el 4 de junio el FMLN en un comunicado de su Comisión Política. Y ARENA, en vez de asumir su responsabilidad de convertirse en protagonista de la solución, también tira la pelota al campo equivocado: "Los tres órganos del Estado deben hacer el mayor de los esfuerzos para solventar sus discrepancias", declaró el COENA el 6 de junio.
Receta equivocada. No es una concertación entre los titulares de los tres poderes que va a resolver esta crisis. Con su actitud prepotente y su menosprecio a la institucionalidad, Funes ya perdió la autoridad y para convertirse en arquitecto de soluciones. Al presidente de la Corte Suprema de todos modos no le corresponde meterse en negociaciones políticas. Y el presidente de la Asamblea lastimosamente no tiene el don de la concertación.
Para solucionar esta crisis política, la única solución reside en que ARENA y FMLN asumen su responsabilidad como fuerzas mayoritarias. Hace falta un acuerdo entre los dos para romper el entrampamiento entre los poderes del Estado, aboliendo el "Decreto Néstor". El Frente, aunque ha sido cómplice, de todas formas ha declarado que no avala el controvertido decreto. ARENA tiene la oportunidad de corregir su error, cometido en base de miedos infundados que la Sala iba a declarar inconstitucional sus aportes históricos al país (Ley de Amnistía, TLC, dolarización).
Y para romper de un sólo también el entrampamiento de la reforma electoral (que tiene mucho que ver con el enfrentamiento entre poder judicial y poder legislativo), los dos partidos deben ponerse de acuerdo sobre una legislación electoral sin residuos, pero que garantice oportunidades justas a candidatos independientes y partidos minoritarios, y que facilite la votación por candidatos en vez de listas.
Los cuatro magistrados pueden aportar a un clima propicio para esta solución sin participar en ninguna negociación, pero adoptando actitudes más prudentes, más transparentes y menos prepotentes, sin sacrificar en nada sus principios y el cumplimiento de apego a la constitución.
(El Diario de Hoy)