Ha muerto la Comisión Nacional de Desarrollo. Sin velorio. Sin discursos, sin homenajes, sin obituarios. No ha sido una muerte natural. Pero no ha habido autopsia, ni investigación, ni transparencia.
Bueno, tal vez el caso no necesita tanta investigación. La CND murió por decreto presidencial. Pero aunque se conozca el autor, queda pendiente establecer el móvil.
Con la Comisión Nacional de Desarrollo, el gobierno de Funes mató la instancia estatal de nuestra institucionalidad de pos-guerra que más ha aportado a la pluralidad, a la concertación y a la construcción de políticas públicas de nación. La Comisión fue creada por el presidente Armando Calderón Sol en 1997, con el mandato de elaborar, un Plan de Nación. La idea era: Constituir una comisión tan plural, tan distinguida y tan concertadora, que la visión y el rumbo que propusiera para el país tuvieran validez, independiente de quien ganara elecciones y asumiera el gobierno en los próximos.
Los personajes que asumieron este reto reflejaban lo mejor y lo más representativo de la nueva pluralidad democrática del país: tres de los arquitectos de los Acuerdos de Paz (Salvador Samayoa, de la Comisión Política-Diplomática de la insurgencia; Abelardo Torres y David Escobar Galindo, de la comisión negociadora del gobierno de Alfredo Cristiani); una socióloga y un empresario fundadores de FUSADES, el tanque de pensamiento vinculado a la empresa privada (Sandra de Barraza, Francisco de Sola); y un economista que dirige el centro de investigación de la izquierda FUNDE (Roberto Rubio).
La producción intelectual y política de la CND ha sido tan grande e impactante, precisamente porque bajo tres gobiernos sucesivos ha logrado defender y consolidar su independencia estricta del ejecutivo y de los partidos, su carácter plural y su método de consultas amplias a los sectores protagonistas en el territorio.
Aparte del Plan de Nación, que se presentó al país en 1998, la CND efectuó las consultas, los estudios y las elaboraciones que son la base para proyectos estratégicos como el Puerto La Unión y la Carretera Longitudinal del Norte.
El hecho que el país dispone de planes para el desarrollo de la zona Oriental y para el Norte es debido al trabajo de la CND. Ni el proyecto de la Cuenta del Milenio, ni el Puerto Cutuco, ni la visión para el ordenamiento territorial del país existieran sin la CND.
No es cualquier comisión que puede hacer estos aportes estratégico. No lo puede hacer una entidad subordinada al gobierno de turno, llámese ministerio o secretaria presidencial. La creatividad y la credibilidad de la CND emanaban directamente de su carácter independiente y plural, de su metodología de consultas y concertaciones, y de su voluntad y capacidad de abandonar los enfoques centralistas e ir a los territorios.
Estas características de la CND -sobre su terca independencia- la han hecho tan difícil de digerir para los diferentes gobiernos. La relación con los presidentes y los ministerios a veces ha sido tensa. Demasiado veces la reacción de los gobernantes ha sido engavetar las propuestas de la CND.
Pero la alta calidad de las propuestas y el nivel intelectual de los comisionados han permitido a la CND permear la opinión pública y, a través de ella, los procesos políticos del país. La construcción del puerto Cutuco es muestra de la inmensa influencia de la CND – y el hecho que el puerto no está operando, porque no hay acuerdo político sobre cómo concesionar y operarlo, es muestra de las resistencias de los gobiernos a adoptar las políticas de nación propuestas.
Pero es el privilegio del nuevo gobierno, el del ‘cambio’, de resolver esta contradicción normal -y a lo mejor productiva- entre el ejecutivo y un ente estatal independiente de elaboración aboliendo el segundo. Es una auto-amputación del Estado. Es el interés del gobierno encima del interés del país.
El gobierno dice que las funciones de la CND serán absorbidas por la nueva Secretaría de Asuntos Estratégicos y por la Secretaría Técnica. Pero esto precisamente es el problema: Una entidad autónoma, no supeditada al ejecutivo y sus intereses políticos-partidarios, está siendo absorbida y neutralizada por al aparato administrativo gubernamental. Sin los comisionados, por supuesto. Por más buenas intenciones que pueden tener Alex Segovia y Hato Hasbún, los dos secretarios de la presidencia en cuestión, no pueden dar continuidad a un proyecto que estaba basado en distancia crítica al gobierno.
Y no es por falta de recursos que le quitan la vida a la CND. Con un presupuesto anual de menos de 1 millón de dólares, la CND habrá sido una de las entidades estatales más eficientes en el sentido de costo-beneficio.
La razón es otra: Este gobierno -en particular su presidente- no tienen uso ni tolerancia para propuestas independientes ni para otros participantes brillantes, críticos y competentes en el debate nacional. En la manera de trabajar de los comisionados y en su alto grado de credibilidad frente a los sectores productivos y académicos del país, este gobierno no ve un complemento necesario al ejecutivo, sino una potencial competencia. Competencia a erradicar.
La Asamblea Legislativa debería retomar el concepto de una Comisión Nacional de Desarrollo como contrapeso y correctivo a las políticas partidarias tanto de la oposición como de del gobierno, y como entidad autónoma que provee a la sociedad de propuestas, visiones y mecanismos de consulta y concertación. Nada impide que el parlamento crea una nueva Comisión Nacional de Desarrollo, con plena autonomía y con presupuesto adecuado, para producir los insumos que los legisladores y la nación necesitan para decidir su futuro.
(El Diario de Hoy)
