Exposición del Dr. Pedro Nikken en la ‘Reunión de Análisis del Nuevo Escenario Nacional 2011’, el 4 de enero 2001,
en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas/Venezuela
Agradezco al Rector Virtuoso el honroso y comprometedor encargo de introducir la nueva situación política, surgida como consecuencia de la súbita irrupción de un nuevo marco institucional que violenta la Constitución así como estándares universales de la democracia y del estado de derecho. Después de haber completado mi carrera académica en la Universidad Centra de Venezuela, no puedo ocultarles mi emoción al regresar a la Universidad de donde egresé en 1968 para compartir con la comunidad reflexiones sobre los graves momentos por los que atraviesan la Universidad venezolana y la República misma.
Comienzo con dos puntos aclaratorios de esta introducción. El primero consiste en pedir disculpas anticipadas por un análisis predestinado a ser incompleto. Dada la envergadura de las transformaciones del orden jurídico-político involucradas en el paquete de leyes y medidas decididas por la Asamblea Nacional y el gobierno como un todo, estoy seguro de que esta presentación olvidará o no tendrá presentes algunas de ellas. El segundo, está referido a la naturaleza de esta presentación, que no se referirá de manera particular al contenido concreto de cada ley componente de ese paquete. Se trata entonces de una visión global, que tratará de determinar en qué punto del proceso político de la Revolución Bolivariana nos encontramos.
El nuevo cuadro político, surgido de la asonada parlamentaria de diciembre de 2010, se caracteriza por el abandono desembozado de principios fundamentales de la democracia y del estado de derecho. Esto se manifiesta en dos órdenes concurrentes. Por una parte, tenemos una nueva sobredosis de concentración del poder en cabeza del Presidente Chávez. Por otra parte, se ha tomado medidas que agravan dramáticamente la asfixia de la sociedad y cercenan la disidencia y la crítica
I. Más concentración de poder: autoritarismo
La primera medida que tomó la Asamblea Nacional en diciembre, el día 8, fue la atropellada designación de nuevos Magistrados (9 principales y los 32 suplentes) al Tribunal Supremo de Justicia, sin atenerse a los requisitos prescritos por la Constitución, toda vez que se ha designado a abogados sin la experiencia judicial ni académica exigida, como lo son varios parlamentarios actuales del partido de gobierno, cuyo mandato como tales se extingue el 5 de enero de 2011. Si la politización e instrumentalización del poder judicial eran un hecho notorio, esta última designación agudiza el vicio hasta lo grotesco. Tan grave, que una ex magistrada, no caracterizada precisamente por su posición crítica frente al régimen, como lo es la profesora Hildegard Rondón de Sansó, la resumió diciendo que “un sector fundamental del poder del Estado, va a estar en manos de un pequeño grupo de sujetos que no son juristas, sino políticos de profesión, y a quienes corresponderá, entre otras funciones el control de los actos normativos.” Se completa así el anonadamiento de la justicia que ha venido fraguándose desde que se instauró el actual régimen.
Sin menoscabo de la importancia de esas designaciones, lo más grave ha sido lo que no vacilo en calificar como golpe de estado contra el parlamento electo el 26 de septiembre de 2010. Una Asamblea Nacional agónica delegó en el Presidente de la República la potestad de legislar durante un período que excede de su mandato, durante el cual esa potestad correspondía y ciorresponde a quienes eligió el pueblo para ejercerla. Más allá de las formas jurídicas, es obvio que se incurrió en un claro abuso de poder, que defrauda ilegítimamente la voluntad del soberano. La mayoría circunstancial de 2005 encontró un ardid para imponerse sobre el voto de 2010 y extender el efecto de aquel precario mandato hasta 2012. Es una imposición a la vez ilegítima y antidemocrática, que se prevale de la sumisión del poder judicial para garantizar que se la comete impunemente.
Adicionalmente, haciendo abstracción de la justificación invocada para semejante delegación legislativa y de su fundamentación formal en la Constitución venezolana, con ella se ha facultado al Presidente a decretar leyes que, bajo conocidos estándares internacionales de universal aceptación, sólo pueden emanar de los órganos legislativos previstos en la Constitución y democráticamente elegidos, como lo son el establecimiento de nuevos delitos y penas, y las limitaciones a los derechos humanos, incluida la anunciada restricción de la cooperación internacional que reciben las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que luchan en defensa y promoción de los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Este es un aspecto inderogable del principio de legalidad, esencial para la vigencia del estado de derecho y la democracia constitucional.
A esto se agrega que se ha reformado el Reglamento de la Asamblea Nacional, en términos que restringen de manera irrazonable y abusiva las posibilidades reales de que los diputados elegidos el 26 de septiembre de 2010 puedan ejercer efectivamente su mandato. Se reducen las sesiones a una semanal y limita el tiempo que puede usar un parlamentario en los debates a diez minutos máximo y a tres minutos de réplica. Para privar a los 65 diputados que eligió la oposición del ejercicio real de su mandato, se ha procedido a sepultar al parlamento como tal. Se ha configurado así un verdadero golpe de estado contra la Asamblea Nacional elegida el 26 de septiembre de 2010, a la que se pretende condenar a ser un parlamento que no legisla y que no debate.
Adicionalmente, la Asamblea Nacional saliente ha aprobado, sin un debate abierto y participativo en su seno ni en la sociedad, un conjunto de leyes que se apartan del concepto de Estado federal descentralizado pautado en la Constitución de 1999 para sustituirlo por el Estado comunal centralizado, con lo que se culmina un proceso ilegítimo iniciado hace dos años destinado a dar vida, por la vía legislativa, a la reforma constitucional propuesta por el Presidente de la República en 2007 y rechazada por el pueblo en el referéndum que tuvo lugar el 2 de diciembre de esa año. Se consolida una reordenación territorial fundada en las denominadas comunas y la creación de un “Poder Popular”, no previstos en la Constitución; se sustituye al municipio como “unidad política primaria de la organización nacional”, como lo pauta la Constitución, por la comuna y se pretende despojar, en cambio, de sustanciales competencias a órganos constitucionales electos popularmente, como lo son los alcaldes municipales y los gobernadores estadales.
Adicionalmente, a través de una ley especial, se ha concebido una “sistema económico comunal” al margen y en contra de la Constitución, en el cual se impone el llamado modelo productivo socialista, se crea una banca comunal, se ignora la propiedad privada y se la sustituye por una indefinida “propiedad social”, se introduce una “moneda comunal” al margen del Banco Central de Venezuela y establece el trueque como medio institucional de comercio de bienes y sevicios.
Esta estructura, que afecta a todos los estados y municipios, es particularmente nociva en las entidades territoriales donde el partido de gobierno perdió las elecciones, pues se traduce en el desplazamiento de alcaldes y gobernadores electos por el pueblo conforme a la Constitución por funcionarios y entidades no constitucionales, que obedecen las líneas y directrices del Presidente de la República. Este es un punto de inflexión en la asfixia a la sociedad y a la disidencia, característica que no limita el momento político actual a los riesgos de autoritarismo, sino a que el Estado cope todos los espacios del cuerpo social, en un proyecto totalitario.
II. La asfixia de la sociedad: el totalitarismo
Otras leyes vulneran las reglas del juego democrático y evidencian franca contradicción con disposiciones explícitas de la Constitución de 1999, con el inocultable propósito de ahogar y penalizar a quienes disienten del proceso político impulsado por el Presidente Chávez. Entre éstas se encuentran una reforma a la ley que rige los medios de comunicación audiovisuales, que restringe aún más la libertad de expresión y que afecta incluso la libertad de utilización de Internet en Venezuela; una ley con conceptos vagos que permite sancionar a las organizaciones de derechos humanos que reciban financiamiento de la solidaridad internacional, como se autoriza y promueve en cánones aprobados por las Naciones Unidas; y una ley que priva a las universidades del pluralismo y la autonomía que son de su esencia y que les reconoce la Constitución. Se trata de sofocar todo foco de disidencia, con la imposición de un pensamiento único o, lo que es peor, de abolir el pensamiento crítico y abatir el pluralismo democrático.
Adicionalmente, se han agudizado las confiscaciones de la propiedad privada. Se ha burlado la norma constitucional según la cual “sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.” Con el apoyo de la Fuerza Armada, vale decir, de las armas de la República, se ocupan tierras, inmuebles e instalaciones industriales y comerciales productivas, sin juicio de expropiación ni pago de indemnización. Se avanza así hacia el estado propietario de los bienes de producción, conforme a los reconocidos cánones del llamado socialismo real.
Por último, pero no por ello menos importante, el Consejo Nacional Electoral, con una composición aún más radicalizada de partidarios del gobierno, ha establecido nuevas restricciones a la observación electoral. Se suprimió, en la práctica, la observación internacional, mientras que se ha sometido a la observación nacional a restricciones inadmisibles, como la confidencialidad de sus resultados. Tras una amenaza de cancelar el reconocimiento de Ojo Electoral como observador nacional en las elecciones parlamentarias de septiembre, no se lo acreditó como tal en las elecciones parciales del 5 de diciembre. Las elecciones de 2012 se avizoran así como un evento en el cual el Presidente Chávez no invitará al electorado a reelegirlo sino que le ordenará así hacerlo.
Conclusión: Se traspasó la frontera de la democracia.
Con estas acciones, ejecutadas sorpresivamente en un lapso de pocos días, se han afectado elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia según la Carta Democrática Interamericana, como lo son, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, la transparencia de las actividades gubernamentales y la libertad de expresión y de prensa.
Creo que esto se explica porque el gobierno ha constatado que su verdadero proyecto político carece de respaldo popular y ha resuelto imponerlo a como dé lugar.
En el plano político, a partir de su reelección en 2006, el Presidente Chávez ha venido propulsando un mayor radicalismo de su proyecto político y, en paralelo, ha visto disminuir progresivamente su popularidad, su credibilidad y su capacidad de convocatoria. Desde entonces sólo ha ganado claramente una elección, que fue la enmienda para permitir la reelección, en la que tuvo que emplearse a fondo, abusando, como nunca, de los recursos del Estado y presentándola no como un mecanismo para permitir su perpetuación como Presidente vitalicio, sino como una ampliación de los derechos del pueblo elector, e implicando a gobernadores y a alcaldes en la propuesta. Perdió el referéndum constitucional de 2007, sufrió un descalabro en las elecciones locales de 2008 y perdió, en las cifras nacionales de votación, las parlamentarias de 2010, aun cuando, dadas las características de los circuitos electorales, consiguió mayoría parlamentaria, aunque menor a las tres quintas partes de los diputados electos. Estas mermas no son casuales, y pueden encontrar explicación parcial en el rechazo mayoritario a las medidas más radicales del gobierno, en particular cuando se asocia con el modelo cubano, cuando ataca la propiedad privada y cuando vulnera la libertad de expresión.
Adicionalmente, la situación económica ha venido empeorando, como seguramente será explicado por la profesora Patricia Hernández. La devaluación de cerca del 70% del bolívar sobre el dólar, para bienes de primerísima necesidad, tendrá un efecto devastador sobre la economía de los más necesitados y redundará sin duda en un aumento significativo del malestar social. Los avances que, según las estadísticas oficiales, se han producido en el combate a la pobreza crítica, se desvanecerán con esta nueva carga tributaria a los pobres, que se traduce en aumentos de no menos del 50% en alimentos de la cesta básica y en medicamentos.
Ese contexto presagia que la caída de la adhesión al proyecto político del Presidente Chávez se agudizará en lo inmediato. Curiosamente, cuando la mayoría ha mostrado que repudia la radicalización, lejos de seguir democráticamente ese parecer mayoritario, se escoge el camino de transgredir gravemente las reglas de la democracia constitucional, para imponer por la fuerza el proyecto radical. Me atrevo a decir que entre la situación política y la situación económica al proyecto bolivariano se le acabó la gasolina de la democracia y ha optado por recurrir a esquemas conocidos del llamado socialismo real. El pregonado socialismo del siglo XXI muestra entonces su verdadera cara de estalinismo del siglo XX.
El régimen del Presidente Chávez hizo abandono de su legitimidad democrática de origen y la pervirtió en su ejercicio. Entramos en la etapa de la dictadura, una palabra que muchas veces me rehusé a pronunciar cuando pervivían, aunque precarios, los espacios democráticos que se han cerrado abruptamente con la asonada parlamentaria de diciembre último. Se ha orquestado un golpe de estado contra las instituciones democráticas y contra la mayoría que votó contra el gobierno en las elecciones parlamentarias, al abrigo de la sorpresa y en plenas festividades navideñas. Ha sido una estratagema premeditada y bien tramada, propia de un gobierno que utiliza la astucia de los militares que gobiernan para tender emboscadas.
Es natural que el actual estado de cosas despierte la indignación de la sociedad, tanto por las medidas que han configurado un golpe contra la democracia, en los ya reducidos espacios que quedaban, como por las consecuencias sociales de la devaluación de la moneda. Por lo tanto, es previsible también que el porvenir sea de mayor represión y de mayor espionaje, como corresponde a un gobierno que ha decidido abandonar el camino de la democracia. No es concebible que el gobierno haya tramado este sorpresivo escenario en diciembre si no está listo para ahogar brutalmente las protestas en enero, como ya lo han hecho en el pasado los gobiernos impuestos por la extinguida Unión Soviética en Europa del Este.
Sólo la magnitud de la reacción de la sociedad será capaz de inhibir la represión. Ese es un reto para la sociedad. Creo que no tiene otro camino que la protesta masiva, la desobediencia y la resistencia para enfrentar la destrucción de las instituciones democráticas; pero debe prepararse para hacerlo con éxito. La sociedad no está suficientemente organizada para el reto que tiene frente a sí. Corresponde a sus líderes improvisar esa organización y trazar una estrategia eficaz y coherente para obligar al gobierno a retroceder.
Otra dificultad de la reacción contra el nuevo cuadro político es la desmoralización de la sociedad, agotada por luchas fracasadas, atizadas por una alarma que no siempre se justificaba. Es capital que las luchas que se avecinan se encarguen de levantar la autoestima y la confianza en la capacidad del pueblo para imponerse sobre la ilegitimidad que se abate sobre el país. Si la sociedad no se levanta de inmediato, el gobierno aplicará todo el paquete legislativo de diciembre sin dificultad y anonadará a una sociedad pasiva. Pero es necesario que la protesta esté impregnada de optimismo y de la ilusión de construir la grandeza de Venezuela.
La comunidad internacional debe ser movida a considerar la nueva situación venezolana. Esto no será posible sin una reacción popular adecuada. A la vez, una iniciativa de los foros internacionales de debatir el último giro del gobierno venezolano, puede ser un aliento importante para esa reacción popular. Sin embargo, no deben cifrarse ilusiones en lo internacional. Puede ser un respaldo, pero no es la solución. La solución está en nosotros mismos, llamados hoy por la historia a estar a la altura de un desafío que es de vida o muerte. La supervivencia de la Universidad autónoma, científica y fecunda y de la República democrática, constitucional y pluralista dependerá del éxito de las luchas populares para su salvación. Es nuestra decisión llevarlas adelante con determinación y con brío, contra la represión, el autoritarismo y el totalitarismo de la dictadura que se instaura ante nuestros ojos. Con todos los medios pacíficos legítimos de los demócratas, pero también con la determinación de sostenerla por el tiempo que sea necesario hasta vencer. ¡Nunca nos rendiremos! ¡Nunca!
(Pedro Nikken: Abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, (1968). Diplomado de Estudios Superiores de la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París (París II) (1973). Doctor en Derecho de la Universidad de Carabobo, Venezuela (1977). Profesor de la Escuela de Derecho y del Postgrado en Derecho y Política Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Ex decano de la misma Facultad (1978-1981). Juez (1980-1989) y ex presidente (1983-1985) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miembro de la Comisión Andina de Juristas (1986). Vicepresidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1988). Ha sido Relator Especial de Nacionaes Unidas para El Salvador en materia de Derechos Humanos.)
