El golpe contra la Constitución orquestado por la ambición continuista de Daniel Ortega es un acto típicamente conspirativo que se produce a espaldas del pueblo. Si Ortega quería reformar la Constitución para reelegirse, ¿entonces por qué no le consultó a nadie?. Si aquí el que manda es el “pueblo presidente”, como dice la propaganda oficial, Ortega debió haber convocado a una consulta, un referéndum popular para escuchar si el pueblo quiere o no la reelección.
Pero lo que ocurrió el lunes pasado pone al descubierto toda la demagogia oficial. No solamente no le consultan al pueblo, sino que tampoco le consultaron a los diputados, que son los únicos facultados para reformar la Constitución. A pesar del pacto y la política prebendaria del gobierno, Ortega no pudo conseguir los 56 votos para que le aprobaran la reelección, entonces recurrió a un acto de fuerza descarnada para imponer el continuismo. Primero fue el fraude electoral. Ahora una minoría actuando contra la voluntad de la mayoría del país impone la reelección, haciendo retroceder a Nicaragua a la época de la dictadura somocista, con todas las consecuencias que esto implica en materia de inestabilidad política.
Lo que ocurra de ahora en adelante es responsabilidad exclusiva de la ambición de Daniel Ortega y de una pequeña élite de altos funcionarios serviles e inescrupulosos que le rodean, porque incluso dentro de las propias filas del FSLN, existen amplios sectores que no están de acuerdo en que se imponga la reelección a la fuerza, violando la legalidad del país, porque a la larga saben que están sepultando la legitimidad futura del FSLN.
El problema es que llegamos a este punto, no solamente por la ambición desmedida de Ortega, sino por la inexistencia de una verdadera oposición para frenar ese proyecto autoritario. Ahora los partidos políticos prometen impulsar una estrategia opositora para reagrupar una mayoría parlamentaria, pero la verdad es que están pasando por el momento más bajo de su credibilidad. Todo mundo recuerda hace dos años, cuando surgió el autollamado “bloque contra la dictadura” en la Asamblea Nacional, que nunca llegó a ser un bloque, porque se mantuvieron vigentes los arreglos entre el PLC y el FSLN. Después se impuso el fraude electoral, y la oposición no supo defender los votos populares en las calles. Logró paralizar la Asamblea, pero nuevamente Ortega se salió con la suya canjeando el sobreseimiento judicial de Arnoldo Alemán, a cambio del control de la Directiva de la Asamblea Nacional, con el apoyo del PLC y la connivencia de ALN.
Por eso cuando el PLC se rasga las vestiduras, vociferando contra “la dictadura”, la gente no les cree porque saben que hay demasiada complicidad e intereses en juego por cargos y prebendas. De manera que si el PLC quiere recuperar la credibilidad perdida, tiene que hacer gestos dramáticos para ganarse la confianza popular. ¿Por qué no renuncian de una vez todos los magistrados del PLC que están pintados en la pared en los poderes del estado? ¿Por qué no se suma el PLC a la iniciativa de otros partidos para que los nuevos magistrados sean electos de una lista de propuestas presentadas por la sociedad civil, en vez de persistir en la repartición de esos cargos con el FSLN? ¿Por qué no renuncian a las “negociaciones en combo” con el FSLN?
El propio Arnoldo Alemán, que es cómplice y corresponsable por el desmesurado poder que exhibe Ortega en los poderes del estado, debió haber reconocido su fracaso retirándose de la escena pública. Con un acto de desprendimiento democrático para dar lugar a otros liderazgos en su partido, Alemán pudo haber relanzado las credenciales del PLC. Pero, evidentemente, se mantiene aferrado a su proyecto bicaudillista con Ortega al otro lado del espejo. Aunque se insulten en público, Ortega y Alemán continúan necesitándose mutuamente, y esta relación perversa seguirá gravitando hasta el último minuto contra la efectividad de una eventual unidad opositora.
En cualquier caso, si la oposición se construye a partir de la unidad en la acción, los diputados PLC-PLI-MRS-ALN-Independientes, tienen la primera oportunidad de demostrar su nueva mayoría este martes, estableciendo una agenda democrática y destituyendo al presidente de la Asamblea Nacional.
El otro problema que debe resolver con urgencia la oposición es su incapacidad para vincular la crisis política institucional con los problemas económicos y sociales que afectan gravemente a la población. A la gente le preocupa la reelección de Ortega, porque representa la perpetuación de su frustración a mediano plazo; pero antes de lo que pueda ocurrir en el 2012, a lo inmediato le preocupa la falta de empleo, la pobreza, y la nueva carga de impuestos que podría provocar el cierre de centenares de pequeñas y medianas empresas. La oposición, o mejor dicho el proyecto opositor, carece de una plataforma que le permita convocar a la gran mayoría agraviada por el fracaso socioeconómico de este gobierno, entre los cuales se encuentra un amplio sector de simpatizantes sandinistas.
Si Ortega representa la vuelta al pasado, la oposición aún está lejos de representar el camino hacia el futuro. El “Todos contra Ortega” de la campaña electoral municipal, es condición necesaria pero no suficiente para unir a toda la oposición, porque las grandes mayorías, los jóvenes, los movimientos sociales, quieren formar parte de un proyecto propositivo que les ofrezca esperanza. Buscan un liderazgo que no sólo garantice salir del autoritarismo que representa Ortega, sino que además ofrezca respuestas ante los grandes problemas nacionales de la inequidad, la corrupción, y la falta de oportunidades.
El Golpe a la Constitución tiene la virtud de que ha puesto las cartas sobre la mesa para la oposición, para el sector privado y sobre todo para la población. De ahora en adelante, nadie puede alegar que no se dio cuenta o que no fue advertido del proyecto dictatorial que se cierne sobre Nicaragua. Los grandes empresarios que mantienen la inveterada costumbre de resolver sus diferencias con un telefonazo a Ortega, han sido colocados ante una disyuntiva. O actúan como cómplices del orteguismo, o se definen de manera inequívoca por la democracia. Lo primero implica aceptar el cambio arbitrario en las reglas del juego de parte de un grupo mafioso, aunque éste perjudique el clima de negocios en el país; lo segundo implica tomar el riesgo de confrontar el autoritarismo hoy, aún a costa de que se genere más inestabilidad temporal, a fin de garantizar un clima democrático para que el país tenga un desarrollo económico y social sostenible a mediano plazo.
¿Cómo salir de este laberinto? El primer instinto de nuestra tradición política “opositora” es buscar las soluciones afuera. Se invoca la presión externa de las capitales extranjeras, antes que organizar la presión nacional. Se convoca a la guerra de comunicados, antes que a la protesta organizada del comerciante del mercado, de los desempleados de los barrios, de los jóvenes en las universidades, o los pequeños productores del campo y la ciudad. Pero esta crisis no la van a resolver la OEA, la Unión Europea, o la Administración Obama. Solamente los nicaragüenses tenemos el poder y la fuerza para impedir la instauración de una nueva dictadura. Pero para movilizar a la ciudadanía en las calles también se necesitan gestos dramáticos de parte del liderazgo político y social, que se ha mantenido al margen del pacto. La gente reclama a gritos una demostración fehaciente de que sí están dispuestos a asumir riesgos para enfrentar el autoritarismo y la represión, con la misma valentía con que se escribió la historia que terminó con el somocismo.
(Confidencial, Nicaragua. El autor es hijo de Pedro Joaquín Chamorro, el director de La Prensa asesinado por los somicistas, y de Violeta de Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua. Carlos Fernando fue director del peródico sandinista 'Barricada', y es hoy uno de los más prominentes opositores a l gobierno de Daniel Ortega.)
Pero lo que ocurrió el lunes pasado pone al descubierto toda la demagogia oficial. No solamente no le consultan al pueblo, sino que tampoco le consultaron a los diputados, que son los únicos facultados para reformar la Constitución. A pesar del pacto y la política prebendaria del gobierno, Ortega no pudo conseguir los 56 votos para que le aprobaran la reelección, entonces recurrió a un acto de fuerza descarnada para imponer el continuismo. Primero fue el fraude electoral. Ahora una minoría actuando contra la voluntad de la mayoría del país impone la reelección, haciendo retroceder a Nicaragua a la época de la dictadura somocista, con todas las consecuencias que esto implica en materia de inestabilidad política.
Lo que ocurra de ahora en adelante es responsabilidad exclusiva de la ambición de Daniel Ortega y de una pequeña élite de altos funcionarios serviles e inescrupulosos que le rodean, porque incluso dentro de las propias filas del FSLN, existen amplios sectores que no están de acuerdo en que se imponga la reelección a la fuerza, violando la legalidad del país, porque a la larga saben que están sepultando la legitimidad futura del FSLN.
El problema es que llegamos a este punto, no solamente por la ambición desmedida de Ortega, sino por la inexistencia de una verdadera oposición para frenar ese proyecto autoritario. Ahora los partidos políticos prometen impulsar una estrategia opositora para reagrupar una mayoría parlamentaria, pero la verdad es que están pasando por el momento más bajo de su credibilidad. Todo mundo recuerda hace dos años, cuando surgió el autollamado “bloque contra la dictadura” en la Asamblea Nacional, que nunca llegó a ser un bloque, porque se mantuvieron vigentes los arreglos entre el PLC y el FSLN. Después se impuso el fraude electoral, y la oposición no supo defender los votos populares en las calles. Logró paralizar la Asamblea, pero nuevamente Ortega se salió con la suya canjeando el sobreseimiento judicial de Arnoldo Alemán, a cambio del control de la Directiva de la Asamblea Nacional, con el apoyo del PLC y la connivencia de ALN.
Por eso cuando el PLC se rasga las vestiduras, vociferando contra “la dictadura”, la gente no les cree porque saben que hay demasiada complicidad e intereses en juego por cargos y prebendas. De manera que si el PLC quiere recuperar la credibilidad perdida, tiene que hacer gestos dramáticos para ganarse la confianza popular. ¿Por qué no renuncian de una vez todos los magistrados del PLC que están pintados en la pared en los poderes del estado? ¿Por qué no se suma el PLC a la iniciativa de otros partidos para que los nuevos magistrados sean electos de una lista de propuestas presentadas por la sociedad civil, en vez de persistir en la repartición de esos cargos con el FSLN? ¿Por qué no renuncian a las “negociaciones en combo” con el FSLN?
El propio Arnoldo Alemán, que es cómplice y corresponsable por el desmesurado poder que exhibe Ortega en los poderes del estado, debió haber reconocido su fracaso retirándose de la escena pública. Con un acto de desprendimiento democrático para dar lugar a otros liderazgos en su partido, Alemán pudo haber relanzado las credenciales del PLC. Pero, evidentemente, se mantiene aferrado a su proyecto bicaudillista con Ortega al otro lado del espejo. Aunque se insulten en público, Ortega y Alemán continúan necesitándose mutuamente, y esta relación perversa seguirá gravitando hasta el último minuto contra la efectividad de una eventual unidad opositora.
En cualquier caso, si la oposición se construye a partir de la unidad en la acción, los diputados PLC-PLI-MRS-ALN-Independientes, tienen la primera oportunidad de demostrar su nueva mayoría este martes, estableciendo una agenda democrática y destituyendo al presidente de la Asamblea Nacional.
El otro problema que debe resolver con urgencia la oposición es su incapacidad para vincular la crisis política institucional con los problemas económicos y sociales que afectan gravemente a la población. A la gente le preocupa la reelección de Ortega, porque representa la perpetuación de su frustración a mediano plazo; pero antes de lo que pueda ocurrir en el 2012, a lo inmediato le preocupa la falta de empleo, la pobreza, y la nueva carga de impuestos que podría provocar el cierre de centenares de pequeñas y medianas empresas. La oposición, o mejor dicho el proyecto opositor, carece de una plataforma que le permita convocar a la gran mayoría agraviada por el fracaso socioeconómico de este gobierno, entre los cuales se encuentra un amplio sector de simpatizantes sandinistas.
Si Ortega representa la vuelta al pasado, la oposición aún está lejos de representar el camino hacia el futuro. El “Todos contra Ortega” de la campaña electoral municipal, es condición necesaria pero no suficiente para unir a toda la oposición, porque las grandes mayorías, los jóvenes, los movimientos sociales, quieren formar parte de un proyecto propositivo que les ofrezca esperanza. Buscan un liderazgo que no sólo garantice salir del autoritarismo que representa Ortega, sino que además ofrezca respuestas ante los grandes problemas nacionales de la inequidad, la corrupción, y la falta de oportunidades.
El Golpe a la Constitución tiene la virtud de que ha puesto las cartas sobre la mesa para la oposición, para el sector privado y sobre todo para la población. De ahora en adelante, nadie puede alegar que no se dio cuenta o que no fue advertido del proyecto dictatorial que se cierne sobre Nicaragua. Los grandes empresarios que mantienen la inveterada costumbre de resolver sus diferencias con un telefonazo a Ortega, han sido colocados ante una disyuntiva. O actúan como cómplices del orteguismo, o se definen de manera inequívoca por la democracia. Lo primero implica aceptar el cambio arbitrario en las reglas del juego de parte de un grupo mafioso, aunque éste perjudique el clima de negocios en el país; lo segundo implica tomar el riesgo de confrontar el autoritarismo hoy, aún a costa de que se genere más inestabilidad temporal, a fin de garantizar un clima democrático para que el país tenga un desarrollo económico y social sostenible a mediano plazo.
¿Cómo salir de este laberinto? El primer instinto de nuestra tradición política “opositora” es buscar las soluciones afuera. Se invoca la presión externa de las capitales extranjeras, antes que organizar la presión nacional. Se convoca a la guerra de comunicados, antes que a la protesta organizada del comerciante del mercado, de los desempleados de los barrios, de los jóvenes en las universidades, o los pequeños productores del campo y la ciudad. Pero esta crisis no la van a resolver la OEA, la Unión Europea, o la Administración Obama. Solamente los nicaragüenses tenemos el poder y la fuerza para impedir la instauración de una nueva dictadura. Pero para movilizar a la ciudadanía en las calles también se necesitan gestos dramáticos de parte del liderazgo político y social, que se ha mantenido al margen del pacto. La gente reclama a gritos una demostración fehaciente de que sí están dispuestos a asumir riesgos para enfrentar el autoritarismo y la represión, con la misma valentía con que se escribió la historia que terminó con el somocismo.
(Confidencial, Nicaragua. El autor es hijo de Pedro Joaquín Chamorro, el director de La Prensa asesinado por los somicistas, y de Violeta de Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua. Carlos Fernando fue director del peródico sandinista 'Barricada', y es hoy uno de los más prominentes opositores a l gobierno de Daniel Ortega.)
