lunes, 26 de octubre de 2009

El zarpazo de Ortega

Mediante una resolución sorpresiva, ilegítima y amañada, urdida por la cúpula del Frente Sandinista de Ortega y ejecutada por sus magistrados serviles, la frágil democracia nicaragüense sufrió un serio zarpazo. En una sesión violatoria de sus procedimientos internos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con integración exclusiva de miembros Orteguistas y sin potestad para hacerlo, declaró nulo el artículo 147 de la Constitución de Nicaragua, que autorizaba la reelección, pero de manera alterna y por una sola vez, para convertirla en consecutiva e indefinida para que pueda reelegirse Ortega de por vida. (Esto es un golpe de estado). Con esta decisión, a imagen y semejanza de sus ambiciones hegemónicas, Daniel Ortega dejó establecido su desprecio absoluto por la constitución y las instituciones de su país y por el pueblo que tanto ha luchado durante décadas por construirlas. Basta un recuento de los hechos para aquilatar el descaro y la magnitud de tal violación institucional:

Luego de que los partidos opositores, que dominan el Congreso, anunciaran su rechazo a reformar la Constitución, en el sentido deseado por Ortega para reelegirse, este y 109 alcaldes sandinistas presentaron ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) una solicitud pidiendo que no les fuera aplicada la prohibición constitucional que les impide ser reelegidos consecutivamente. En vez de responder como manda la ley, con un NO a la reelección consecutiva, el CSE, que dominan los sandinistas se declaró “incompetente” para resolver, truco que abrió la puerta para que Ortega y sus alcaldes presentaran un recurso de amparo.

Este fue admitido por una sala del Tribunal de Apelaciones de Managua (presidida por un sandinista), para que fuera tramitado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que integran tres magistrados Orteguistas y tres del Partido Liberal del expresidente Arnoldo Alemán (condenado a 20 años de cárcel por robo, Aleman salió en libertad por concesión de Ortega y quedó desde entonces bajo el chantaje de este).

El recurso ingresó el lunes (19 de Oct 09) de esta semana a la Sala, que lo resolvió el mismo día,y en forma unánime a favor de Ortega: Un récord nunca visto en el moroso e ineficaz sistema judicial nicaragüense. Tanto la celeridad como la unanimidad fueron producto de una jugarreta interna: el presidente de la Sala y aliado de Ortega, Francisco Rosales, no citó a tiempo ni conforme a los procedimientos vigentes a los tres magistrados liberales. Al no presentarse estos a la sesión, completó el quórum con tres suplentes Orteguistas, así los 6 magistrados sandinistas votaron según lo había dispuesto Ortega.

La decisión quedó de inmediato en firme y, apenas tres horas después de emitida, Roberto Rivas, presidente del CSE (también denunciado de corrupción y también bajo el chantaje de Ortega), confirmó su notificación y anunció su acatamiento al fallo amañado. Así cambiaron lo dispuesto por la constitución –prohibicion de reelección continua para Ortega- pasando por encima del parlamento, en lo que constituye un indiscutible golpe de estado.

Estamos ante un atentado directo y sin rubor alguno, contra la democracia.

Parte del designio autoritario y continuista de Ortega se afinca en un Poder Judicial totalmente corrupto, politizado y sometido a el; desdeña la vigencia de las reglas procedimentales, pasa sobre el parlamento, único que puede tocar la constitución y se convierte en una imposición espuria contra el resto de la sociedad y también en contra de la comunidad democrática hemisférica. Solo se acerca, en gravedad, al enorme fraude cometido por el sandinismo en las elecciones municipales del 2008, entonces, Ortega se robó abiertamente las elecciones municipales y mandó a reprimir las protestas masivas, organizando grupos para militares y delincuentes de las ciudades, organizados y armados de garrotes, machetes y armas de fuego, a la mejor usanza de los Ton Ton Macoute de Duvalier en Haiti.

Ortega ha tratado de justificarlo recurriendo al caso de la reelección de Uribe en Colombia y Arias en Costa Rica. Nada tiene que ver este vergonzoso episodio en Nicaragua con el respeto a las normas, al debido proceso, la parsimonia, la transparencia y la solidez argumental que condujeron, en Costa Rica, a la reelección de Arias. En ese caso, se siguió escrupulosamente todos los pasos establecidos por la constitución y las leyes y fue adoptado por los magistrados titulares sin trucos ni trampas, sin pasar por encima de otros poderes del estado y el derecho de los ciudadanos de Costa Rica.

En el caso de Nicaragua, se trata de una manipulación descarada de todos los elementos e integrantes del proceso, para favorecer a Ortega y violar la constitución. Decir que se inspiraron en Costa Rica, es una ofensa a nuestra democracia y a la inteligencia de los nicaragüenses y del continente.

Se abre ahora un período de gran incertidumbre sobre el futuro de Nicaragua.

No hay ninguna certeza de lo que pasará en el futuro, al haber sido derrocada la principal ley de la república –La Constitución-. los demás nicaragüenses responden inicialmente acudiendo a todos los instrumentos posibles de presión pacífica, dentro y fuera del país. Esperamos que los acompañe la solidaridad interamericana activa. Es mucho lo que se juega en el continente como para permitir que Ortega se salga con las suyas en Nicaragua, imponiendo a ese valiente y empobrecido pueblo otra nueva dictadura como la de los Somoza, que los Sandinistas derrocaron en 1979. Hoy la inmensa mayoría de estos repudian a Ortega por corrupto.

A base de falta de escrúpulos y servilismo para satisfacer la ambicion desmedida de Ortega, han violado la constitución y la han reformado sin tener potestad para ello. Han atropellado la constitución, la institucionalidad y la democracia, en un esfuerzo por legalizar el continuismo y una dictadura vitalicia de Daniel Ortega, hoy también enfrentado a sus antiguos compañeros de armas de la revolución que derrocó a Somoza en 1979.

Los delitos cometidos han sido ya probados de propia voz de sus autores. La destitución de Ortega y los magistrados involucrados en el CSE y la CSJ es técnica y jurídicamente lo que procede si los otros poderes del estado fueran independientes, sin embargo, como todo dictador, tiene ferreo control de estos a travez de funcionarios incondicionales, corruptos y serviles de su propio partido y de otros.

(La Nación, San José/Costa Rica, 21 de Octubre 2009)