En Venezuela se publicó un manifiesto firmado por 'Polo Constitucional', compuesto de dirigentes e intelectuales. Muchos de los firmates han sido compañeros de lucha y funcionarios de Hugo Chávez.
Presidente, ante la presencia mayoritaria, consciente y decidida del pueblo venezolano en las calles del país, respaldados por la Constitución de la República, le manifestamos: La historia nos ha enseñado que la ilegitimidad de un gobernante es su miseria moral y política. Expresión de la decadencia de quien no tiene autoridad moral y material para gobernar, por cuanto no responde a la satisfacción de las exigencias del pueblo para su bienestar social.
Todo lo que usted argumentó para llegar al poder, hoy día lo ilegitima. El pueblo sufre por la inseguridad personal, de menos libertad, seguridad jurídica y social; se profundiza la pobreza de nuestra gente. Los servicios públicos: agua, electricidad y aseo urbano son un caos. La improductividad condujo a la escasez de alimentos; las obras de infraestructura del país están deterioradas por falta de mantenimiento; la economía vive una de sus crisis más profundas a pesar de la abundancia petrolera; nuestro signo monetario con el remoquete de “fuerte” es hoy más débil que nunca. Mientras el precio del petróleo se ha multiplicado por 8, nuestra moneda usted la dividió entre 9; ninguno de los aumentos del salario mínimo anunciados será suficiente para compensar una inflación agobiante.
La corrupción que constituye el estigma moral de un gobierno y fue bandera de su propuesta política, tiene hoy en su haber el enriquecimiento ilícito más obsceno que haya presenciado el país. Funcionarios, familiares y personajes, conocidos como los “Boliburgueses”, han saqueado gobernaciones, ministerios, alcaldías, empresas del Estado y, como si fuera poco, “banqueros y empresarios” de su entorno, que dieron al traste con unos cuantos bancos y empresas, hoy están prófugos de la justicia o con el pie en el estribo.
Su actuación internacional degeneró en una retahíla de intervenciones erráticas, entre otras, su desconocimiento a las normas establecidas en la Constitución de la República y en la Carta de las Naciones Unidas dirigidas a preservar la paz. Su apoyo a organizaciones calificadas como narcoterroristas ha conducido a señalamientos de que su gobierno es narcocomplaciente.
Los arteros y cobardes ataques en contra de los estudiantes, esperanza de la patria, utilizando métodos primitivos y letales prohibidos por la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario, sumado a los intentos de su gobierno de presentar los hechos que sacuden a la nación de manera distorsionada y tendenciosa presentando a los victimarios como víctimas. Sus constantes arremetidas contra los medios de comunicación social que son los ojos y oídos del pueblo y garantes de la libertad de expresión, corroboran la violación descarada y permanente de los Derechos Humanos, valores supremos y universales, incorporados a la Constitución, lo que aunado a la arbitrariedad, a la mentira sistemática y la irresponsabilidad refuerzan, además, su ilegitimidad de desempeño.
La iniquidad, la corrupción, la impunidad, todo ello materializado en un conjunto de juicios amañados contra adversarios y disidentes del gobierno, unido a los crímenes perpetrados contra opositores e inocentes, condujeron a que haya sido usted acusado ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Se vive un fraude de Estado continuado y sistemático implementado por el máximo organismo electoral, el cual ha sido convertido en su servil dependencia.
Al hacer reflexiones sobre su ilegitimidad, puesto que usted ha actuado fuera de los estándares de conducta ética que a los poderes públicos instituyó la Constitución, se puede ver claramente como los valores que fortalecen el Derecho, es decir, la libertad, el bienestar y la justicia, han sido destruidos, lo que justifica la acción de un pueblo para reclamar las condiciones sociales que garanticen su desenvolvimiento como ciudadanos y el restablecimiento del poder legítimo, garante del bienestar social y la justicia.
El derecho del pueblo venezolano a la propiedad privada, al trabajo (al cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales hacia los trabajadores), a la educación plural, a una vida cultural y espiritual que rechace el resentimiento, la miseria, el totalitarismo, la repugnante subordinación a un gobierno extranjero, hacen evidente la carencia de legitimidad de su gobierno que no ha sido capaz de responder ni a sus propias palabras. La Fuerza Armada y demás instituciones del Estado distorsionadas por la incursión de elementos extraños a ellas y al suelo patrio, lo cual configura el delito de traición a la Patria. El Ejecutivo trastocado por la centralización irresponsable, que antepone sus caprichos y patologías a la razón de Estado.
Su gobierno no responde a los valores que sustentan la razón jurídica de la legitimidad, por cuanto Venezuela es constitucionalmente un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la alternabilidad, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los Derechos Humanos, la ética y el pluralismo político, teniendo como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad. Por lo que su actuación contraria a lo que la misma Constitución define como sociedad y Estado, que en el caso venezolano es una sociedad y un Estado democrático y pluralista, y a los valores y fines que también define como superiores de su ordenamiento jurídico y como esenciales, deslegitiman su conducta como Presidente. Por consiguiente, ilegitimado por una realidad social y política, por su proyecto personalista, autocrático y totalitario, por su falta de rendición de cuentas, por un país colapsado por obra de su tal revolución, por el lenguaje descomedido para dirigirse a sus compatriotas y a los gobernantes de otros países, lo cual desnuda su alma intolerante, mezquina, llena de odio y resentimiento, por todos estos elementos y circunstancias bien se puede afirmar con meridiana claridad y evidente acierto que usted NO TIENE LEGITIMIDAD, NI CAPACIDAD PARA GOBERNAR.
Al bravo pueblo de Venezuela, hoy más empobrecido que nunca, le recordamos que usted le ha costado a la República 950 mil millones de dólares. Hoy Venezuela sin agua, sin luz, sin calidad de educación, sin inversiones, sin productividad, que padece de inseguridad personal y jurídica, de una escandalosa corrupción y de una inusitada prodigalidad encaminada a apoyos políticos externos le agrega elementos a su descalificación como gobernante. En efecto, siendo el Estado venezolano un Estado de derecho, es ilegítimo que en ese tipo de Estado usted interprete la Constitución para desinstitucionalizarlo.
Ahora bien, en un todo de acuerdo con nuestra Constitución, y a propósito de lo que acontece, según los principios consagrados en sus artículos 333 y 350, ejercemos el derecho y el deber de solicitarle su renuncia por haberse deslegitimado en el ejercicio del poder que le confirió el pueblo de gobernar en su nombre conforme a los principios del Estado democrático y social de derecho, para así restablecer la vigencia real y efectiva de la Constitución y, porque en ese ejercicio usted ha actuado fuera de ella y en contra del beneficio común, la protección y seguridad del pueblo y el respeto a los derechos humanos. El ejercicio de este derecho es indubitable, inalienable e irrevocable cuando se llega a la conclusión de que su renuncia es un modo genuino de rescatar la legitimidad quebrantada y comenzar a redimir la institucionalidad quebrantada por su actuación ilegítima. La solicitud de su renuncia se torna aún más imperativa por la grave violación de los derechos más sagrados del pueblo venezolano; como lo han reconocido organismos internacionales.
Presidente Chávez, quienes hemos hecho de la defensa de la Constitución nuestra lucha, por las razones expuestas y por otras que resultaría demasiado extenso enumerar, en aras de evitarle al país mayores males y desgracias, tal y como están ocurriendo, le exigimos formalmente su RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
En Caracas, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil diez.
POLO CONSTITUCIONAL
Entre los firmantes están el ex ministro de Exteriores de Hugo Chávez, Luis Alfonso Dávila; el ex ministro de Defensa de Chávez, General Raúl Isaías Baduel; uno de los principales redactores de la Constitución, Hermann Escarrá; el autor del capítulo ambiental en la Constitución Bolivariana, Alexander Luzardo; y los ex comandantes militares que acompañaron a Chávez en su intento de golpe de Estado de 1992, Yoel Acosta y Jesús Urdaneta, y Carlos Guyón.
