La estrategia de penetración hemisférica de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), dominada por el gobierno de Hugo Chávez, ha dado un nuevo e inquietante giro en Nicaragua. Se trata de utilizar un mecanismo de triangulación de dineros para, desde sociedades mercantiles nominalmente privadas, e inscritas en el país receptor, adquirir medios de comunicación para ponerlos al servicio del ALBA y los proyectos autoritarios de sectores afines. En el caso nicaragüense, se trata del régimen de Daniel Ortega y su gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pero en cualquier otro país esos fondos podrían volcarse a construir plataformas ajenas a las instituciones gubernamentales.
La operación fue realizada por Albanisa, una empresa constituida en Nicaragua por una filial de Petróleos de Venezuela, que aporta el 51% del capital y, por ende, domina las decisiones, y la también estatal Petróleos de Nicaragua, dueña del 49% y vinculada tanto a Ortega como a la primera dama, Rosario Murillo.
La función manifiesta de Albanisa es importar crudo venezolano a precios subsidiados y exportar ganado, carne y granos. Al no estar en el marco del Estado nicaragüense, logra evadir cualquier control público de las transacciones, parte de cuyos beneficios van a engrosar, directamente, las arcas del gobernante FSLN y de la familia de Daniel Ortega. De este modo, otorgan apoyo político y prebendas personales en un solo paquete dudosamente “solidario”.
Ahora el esquema ha dado un nuevo paso, con la adquisición, por parte de Albanisa, de Telenica Canal 8, uno de las tres emisoras de televisión más vistas del país, que había mantenido hasta ahora una línea de moderada crítica al régimen de Ortega. De nuevo, fue una doble operación, porque sacaron del aire una fuente de contenidos independientes y, en su lugar, han impuesto una programación con clara tendencia propagandística. Todos los indicios muestran, además, que la venta fue un resultado simultáneo de presiones sobre el propietario de la emisora, Carlos Briceño, y una tentadora oferta de $10 millones; es decir, una táctica de índole extorsiva.
Tan pronto se dio el cambio de dueños, Carlos Fernando Chamorro, el periodista más respetado de Nicaragua, dejó de transmitir dos programas que tenía en esa emisora, y Telenica comenzó a divulgar cinco ediciones diarias, de media hora cada una, del noticiero de Telesur, la televisora y productora estatal que también domina Chávez.
Como señal de los tiempos que podrían estar por venir, el venezolano Rafael Paniagua, gerente de Albanisa, no tuvo pudor alguno en revelar sus cartas. “Es cierto que compramos Canal 8 –respondió, desafiante, a la prensa–. ¿Y qué tiene de extraño que aparezca ALBA-TV, y qué tendría de extraño más adelante que apareciera ALBA-Ferrocarril, y luego ALBA-Líneas Aéreas…?” Según estas palabras, además de una organización intergubernamental al servicio del populismo autoritario, el ALBA es una gran holding empresarial, con una turbia mezcla de lo público y lo privado, lo político y lo personal, capaz de trocar las actividades mercantiles en instrumentos de Chávez y sus acólitos.
Preocupa, por un lado, lo que este esquema implicará: reducirá aún más la libertad de expresión en Nicaragua. Tal como comentó el escritor y comunicador Guillermo Cortés, la operación “es la manifestación más grande de avance en el control mediático de parte del Frente Sandinista”, que ya posee el Canal 4 y ha logrado neutralizar el contenido periodístico de Canal 2, la emisora con mayor audiencia, hoy dedicada a una programación totalmente edulcorada para mantener su frecuencia.
También preocupa que estemos ante un esquema replicable más allá de sus fronteras; una novedosa plataforma de potencial intervención chavista en terceros países, ya no utilizando a partidos u organizaciones “sociales” afines, sino esquemas empresariales sin controles públicos.
En Costa Rica debemos estar alerta y tomar nota de ambas dimensiones, porque las dos nos atañen como país.
