O a lo mejor existen las leyes y, como es
nuestra costumbre en El Salvador, no se aplican. Me cuesta creer que no exista
una ley que prohíba a un gobierno extranjero a emitir cheques pagables
personalmente al presidente de la República de El Salvador -- y al mandatario recibirlos. Tampoco
puedo creer que no exista ninguna ley que prohíba a un empresario nacional dar
3 millones a un candidato presidencial para financiar su campaña, declararlo
préstamo para luego de las elecciones condonarlos, al tiempo que su hijo es
nombrado presidente de CEL. Le podemos dar los nombres bonitos que queramos a
esta transacción, pero condonar una deuda de 3 millones a un presidente es
exactamente lo mismo que llevarle un maletín con cash a Casa Presidencial. Sólo
es un poquito más elegante.
Si tenemos leyes que no permiten todo
esto, que los apliquen: a Paco Flores, si no presenta una explicación
satisfactoria sobre el destino de los 10 millones; a Funes, por recepción de
dádiva y evasión de impuesto – y posiblemente a Salume por sobornar a un
presidente. Que se apliquen al FMLN y a Albapetróleos, en caso que se confirma
que detrás de sus transacciones se esconde la intervención del gobierno de
Venezuela en nuestras elecciones. Tengo la sensación que las finanzas de ARENA
y de UNIDAD, una vez debidamente abiertas al escrutinio institucional y público,
también podrían tener elementos relevantes para la fiscalía...
En caso que resulte que no tenemos las
leyes suficientemente claras, urge reformarlas para asegurar que en el futuro
ningún gobierno pueda transferir fondos a presidentes ni a partidos políticos y
sus campañas. Todo el mundo sabe que Taiwán ha hecho esto durante décadas para
asegurar que estos funcionarios, presidentes y partidos sigan dando
reconocimiento internacional a este país en pleito con la otra China. Esto no
comenzó ni terminó con los cheques para Paco Flores. Pero tiene que terminar.
Igual, si no tenemos una ley que prohíba
la forma en que el gobierno de Venezuela, mediante su empresa petrolera estatal
PDVESA, está financiando al FMLN, sus operaciones empresariales y su campaña
electoral, urge reformar la ley de partidos políticos, la ley de lavado y la
ley de empresas mixtas para llenar este vacío legal.
Igual si resulta que según nuestras leyes
no había nada ilegal y penable en transacción entre la familia Salume y
Mauricio Funes. La Ley de Partidos Políticos aprobada en esta legislatura no
garantiza una real transparencia de las finanzas de los partidos y de las
campañas electorales. En la Ley de Lavado de Dinero, FMLN y GANA están vetando
que se incluya un escrutinio de las finanzas de partidos y sus patrocinadores.
Y ARENA, aunque de palabra se ha pronunciado por más transparencia, tampoco ha
abierto las finanzas de su campaña y las aportaciones de sus donantes al
escrutinio público.
Diferente en el caso de Paco Flores y
Taiwán. Hay que reafirmar y aplicar estrictamente la norma que de un gobierno
extranjero no pueden entrar fondos a cuentas personales de funcionarios ni a
partidos políticos. Todos saben que los fondos de Taiwán estaban destinados,
por mutuo acuerdo, a financiar la campaña de Elías Antonio Saca en el 2003/4.
Si Paco Flores de este dinero desvió algo para su bolsillo, es un asunto entre
su partido y él. El asunto relevante es que no podemos seguir permitiendo que
gobiernos extranjeros financien campañas partidarias. Y ahí nos topamos
nuevamente con el problema que se llama ALBA...
(El Diario de Hoy)
