Y ahora, cuando todo está listo, cuando todos los obstáculos al final están superados por la presión de la opinión pública, brinca otra traba, pero esta vez no puesta por el gobierno, sino por la mezquindad de la propia ciudadanía (o de lo que se manifiesta en representación de ella). Ahora, luego de tanto pleito y tanta urgencia de tener un Instituto de Acceso a la Información integrado por profesionales independientes y competentes, resulta que no les queremos pagar el salario correspondiente a su responsabilidad. Parece chiste.
En el presupuesto del Instituto aparecen $5,250 mensuales para el presidente y $5,000 para cada uno de los 4 comisionados restantes. Inmediatamente surgen voces de indignación en los medios, en la oposición política, en las iglesias, en la Asamblea: ¿Cómo se atreven estos comisionados a recetarse salarios de ejecutivos de banco?
Pues, este argumento populista toca precisamente el fondo del problema: Mientras no estamos dispuestos a pagar a los funcionarios públicos, que dirigen instituciones claves del Estado, salarios de ejecutivos de banco, los profesionales competentes van a buscar trabajo en bancos y otras compañías privadas, y vamos a continuar teniendo en los cargos públicos a la gente mediocre. O a la gente pícara que se complementa su modestos ingresos formales mediante la corrupción.
Uno de los argumentos en contra de pagar a los comisionados de Transparencia los salarios asignados es el siguiente, y a primera vista suena lógico: Ganarían más que la gente clave en los ministerios.
Lo que se les olvida decir es: Todos estos funcionarios claves en los ministerios y las autónomas, aparte de sus salarios reciben gastos de representación, viáticos, bonos de gasolina, etc. Y muchos de ellos reciben los famosos sobres, los sobresueldos. Todos los gobiernos, desde la Democracia Cristiana hasta ARENA y el FMLN, han mantenido esta práctica irregular de mejorar los salarios de sus funcionarios claves, simplemente porque los salarios oficiales en el servicio público no son atractivos para los profesionales competentes que necesita el Estado para funcionar.
Esta práctica es ilegal, no transparente y llena de corrupción. La única manera de salir de este problema grave: definir de una sola vez y de manera transparente salarios adecuados para los funcionarios públicos. Pagarles bien y no permitirles ningún ingreso oculto, nada de sobrecitos con efectivo, nada de comisiones, nada de corrupción.
La tradición de pagarles a los funcionarios un salario oficial bajo y completarlo de diferentes maneras informales abre la puerta a dos flagelos endémicos en el servicio público: la corrupción y la excesiva dependencia del funcionario de sus jefes. Si una parte de tu ingreso no es salario formal, sino depende de la buena voluntad de tu jefe, pierdes la dignidad profesional y el sentido de independencia.
Por todas estas razones, dejémonos de pajas: Dejemos de regatearles a los comisionados de Transparencia sus salarios. Paguémosles sus 5 mil dólares, pero exijámosles que jamás cobren ningún sobresueldo, ni acepten ningún pago extra de ninguna parte. Abandonemos la mala práctica de los sobresueldos, bonos y gastos de representación y asignemos a todos los funcionarios salarios dignos y transparentes.
El otro argumento es: No es justo pagar tanto, cuando los policías, maestros y enfermeras ganan tan poco. Correcto, no son justos los salarios de estos servidores públicos. Pero esta injusticia se resuelve subiéndoles los salarios a los que no tienen ingresos dignos, no bajándoles a los funcionarios claves. A menos que queramos equidad en la miseria, sobres debajo de la mesa.
(El Diario de Hoy)