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| Caricatura de la Prensa Gráfica del 2 de julio 2013/Salomón |
Estas dudas y las resistencias de acatar
este lineamiento no son nuevas, son inherentes a un proceso complejo de
pacificación mediante el diálogo. Sería raro que en una sociedad, en la cual
todos los sectores tienen dudas respecto a este proceso, los pandilleros fueran
los únicos exentos a dudas y resistencias. El equipo de mediadores
permanentemente ha dado tratamiento a estos problemas y conflictos: viejos o
nuevos pleitos internos; rebrotes de violencia, etc. En un esfuerzo de
carpintería diaria han mediado entre los pandilleros dentro de las cárceles y
en los barrios; entre las pandillas rivales; con pandillas y sus disidentes;
entre todos ellos y las autoridades de centros penales, del ministerio de Seguridad
y a veces de la policía; y crecientemente han hecho puentes entre pandillas y
la sociedad civil expresada en municipalidades, directivas comunales,
empresarios e iglesias locales... Resultado de este trabajo permanente, y no
por arte de magia, se ha logrado mantener la tendencia a la baja de la
estadística de la violencia y se ha avanzado en la reducción de las extorsiones
en algunos de los municipios donde se lograron pactos locales.
Si ya las incongruencias en el discurso
del gobierno, de por si, plantean problemas de credibilidad del proceso frente
a los pandilleros y fomentan dudas y nuevos conflictos, este efecto se vuelve
aún más grave cuando al mismo tiempo el nuevo ministro (presionado por el
fiscal general y la opinión pública) toma dos medidas que complican la
resolución de estos problemas: primero, la decisión del nuevo ministro de
restringir los mecanismos de mediación, sobre todo en el sistema penitenciario.
Medidas que afectan la fluidez y eficiencia de la comunicación entre los mediadores
y los privados de libertad, y la credibilidad de los mediadores frente a la
población reclusa. El problema de fondo: lo que para los mediadores son
herramientas de su trabajo, para el nuevo ministro son privilegios y abusos.
El segundo error grave de Perdomo fue
decretar una mordaza total a los líderes de las pandillas, que han sido
instrumentales en todo el trabajo de control de violencia y resolución de
conflictos durante los 15 meses de la tregua. No permitir que hablen en público
le resta eficiencia a la tregua. Así de simple. Desde que asumió Ricardo
Perdomo como nuevo ministro, ningún periodista ha podido entrar en un centro
penal para entrevistar a los dirigentes de las pandillas y protagonistas de la
tregua. O sea, ninguno de los máximos dirigentes ha podido mandar, mediante los
medios de comunicación, mensajes a la sociedad y a sus bases en los barrios. Lo
irónico: la mordaza a los voceros de las pandillas es, al mismo tiempo, una
mordaza para los periodistas y sus medios. El nuevo ministro les niega el
derecho de investigar la situación en las cárceles, de entrevistar a los
pandilleros y de analizar la real situación de la tregua. Y lo más irónico: Los
medios y los periodistas no protestan, no reclaman. Cuando tenían acceso a las
cárceles, hicieron muy poco uso de este derecho, pero siguieron denunciando
falta de transparencia. Hoy que su acceso a la información está seriamente
restringido por el gobierno, nadie habla de transparencia.
Regresando al tema principal:
Precisamente en un momento crítico, en el cual surgen dudas serias sobre la
vigencia de la tregua, debido al cambio de ministro y del discurso del
gobierno, los dos principales mecanismos de ‘damage control’ (control del daño)
se ven obstaculizados: de manera parcial el trabajo de los mediadores y sus
equipos; y de manera total la intervención pública del liderazgo histórico de
las pandillas, o sea de los principales protagonistas y garantes de la tregua.
En la manera que el ‘damage control’ no funciona, más daño habrá. Esto lo vemos
reflejado en las estadísticas de las últimas semanas.
Son errores graves de un ministro que no
está dispuesto a aguantar y resistir las presiones políticas por parte de la
opinión pública, de miembros de las cúpulas empresariales, de la oposición
política, del fiscal general y de los Estados Unidos. En esta situación,
Ricardo Perdomo llama a un “Dialogo Social”, y para conseguir que los sectores
opuestas al gobierno le abren la puerta para por lo menos escuchar sus
planteamientos opta por desmarcarse de las políticas de su predecesor – y sobre
todo de la tregua. De ahí el discurso incongruente del ministro. Quiere
mantener los beneficios de la tregua, pero no los costos y riesgos políticos
que implica. De ahí nace la incongruencia de su discurso y de su política.
El discurso incongruente del ministro, la
obstaculización de la mediación, las amenazas permanentes de nuevamente
suspender a los privados de libertad ciertos derechos (según el ministro
privilegios: visitas familiares, acceso a información, mejoras de la comida,
proyectos productivos y culturales en las cárceles...), la mordaza a los medios
de comunicación, la restricción a los pandilleros de usar los medios de
comunicación para explicar a sus bases que la tregua sigue vigente y no depende
de caprichos de ministros– todo este conjunto vuelve bien complicado el trabajo
de control de violencia y de resolución de conflictos. Lo que el ministro
obviamente no entiende, o no quiere aceptar como realidad, que este mecanismo
no es unilateral, sino requiere de dos partes: mediadores y sus contrapartes,
que son los líderes históricos de las pandillas MS-13 y Barrio 18. Pero esta es
la esencia de la tregua: Por una parte la decisión del liderazgo nacional de
las pandillas de convertirse en socios activos en la tarea de la reducción de
la violencia y la posterior reinserción de las pandillas. Y la otra parte de la
medalla: la disposición del gobierno de facilitar que ambos (mediadores y
dirigentes pandilleros) puedan trabajar en esta dirección; y de invertir en el
mejoramiento de los barrios y en proyectos de resinserción...
Conclusión: No está en crisis la tregua
como proceso entre las pandillas, entre pandillas y mediadores y entre
pandillas y sociedad civil. No está en crisis la decisión del liderazgo histórico
de las pandillas de avanzar en un proceso integral de pacificación. Lo he
podido constatar en reuniones recientes con los principales líderes de ambas
pandillas. Y sus acciones concretas me lo confirman. Lo que está en crisis es
la disposición del gobierno de continuar facilitando este proceso. Y de asumir
los costos políticos que esto implica. Así como no hay almuerzo gratis, mucho
menos hay paz gratis.
(El Diario de Hoy)
