Inmediatamente (y en su ya acostumbrado tono molesto) el presidente nos contestó: “¿Por qué armar una discusión sobre un tema que no está ni debe estar en el ambiente, porque no se ha tomado una decisión sobre el mismo? Ni siquiera el presidente de la República –que es quien inició las consultas con Naciones Unidas– ha tomado una decisión”.
Que bueno que se enojó el presidente, porque cuando lo hace baja la guardia y habla sincero: quiere debate público, pero sólo después de tomar la decisión. Pero no deja de proyectarse como el ‘presidente del diálogo’ que dirige un ‘gobierno de unidad’...
Mauricio Funes nos está diciendo que la decisión de declarar que en El Salvador el Estado y sus instituciones han perdido la capacidad de investigar el crimen organizado, la va a tomar el presidente; y una vez que el presidente soberano haya tomado una decisión y llegado a un convenio con Naciones Unidas, se va a dignar a informar a los demás poderes del Estado (Asamblea, Corte Suprema, Fiscalía General) y a los ciudadanos.
Y para dejar claro que esta operación clandestina realmente se va a mantener compartimentada, y que ningún debate público con puntos de vista disidentes pueda entorpecer las negociaciones con Naciones Unidas y con los países donantes, nuestro presidente Luis XIV Funes sentencia en público: “Ningún funcionario está autorizado para hablar de esa comisión”.
Entonces, ¿con quién va a dialogar y buscar acuerdos nacionales la sociedad salvadoreña si los ministros y secretarios llevan bocales y el presidente primero quiere tomar una decisión?
Ya el presidente había dicho que la comisión -sea cual sea al fin su misión- la va a poner esté o no de acuerdo el Fiscal General. Así como declaró que el Pacto Fiscal lo va a hacer con o sin la empresa privada y sus gremiales.
Claro, mientras nadie le pare, siempre puede ‘negociar’ un Pacto Fiscal con compromisos de aumento de impuestos con el ‘movimiento social’. O concertar una Comisión Investigadora que altera la Constitución con el PNUD, en vez de molestarse a debatirlo con los demás poderes del Estado. Ni hablar de enfrentarse a la opinión pública, donde habitan analistas que hacen críticas y periodistas que hacen preguntas.
Sin embargo, la sociedad no va a pedir permiso a Casa Presidencial para debatir y someter a examen crítico cualquier proyecto presidencial, por más compartimentado que el presidente lo quiera cocinar. Puede mandar a callar a sus ministros, mientras se dejan, pero no a los medios, la academia y los gremios.
(El Diario de Hoy)
