Honduras es sujeto de una intervención extranjera en sus asuntos internos – y nadie le ayuda. Normalmente las intervenciones de unos provocan solidaridad y apoyo de otros. Extrañamente, en el caso de Honduras no es el caso. Hasta sus amigos (y los enemigos de sus enemigos) lo dejan solo. Un país pequeño y pobre tiene que resistir un bloqueo político y financiero completo por parte de toda la comunidad internacional, sólo recurriendo a sus propios recursos.
Honduras nos está dando una lección. Traicionados por sus hermanos centroamericanos y por Estados Unidos, los hondureños insisten en seguir adelante con el proceso electoral, sabiendo que es la única salida de la crisis. Lo que une a la gran alianza hondureña contra Zelaya y su intento de imponer al país una Constitución diferente, no es el apoyo a Roberto Micheletti y su gobierno interino - es la defensa del sistema de democracia representativa, el rechazo a la interferencia de Hugo Chávez, y ahora -como reacción a actitud cerrada e incomprensiva de la comunidad internacional- por el derecho a la autodeterminación.
Nadie está pidiendo a los gobiernos del hemisferio que reconozcan o apoyen al gobierno interino que ellos llaman ‘de facto’. Ni siquiera Roberto Micheletti está pidiendo esto. Está claro de su papel: es el mal necesario, pero transitorio. Necesario para dar paso a un gobierno con solvencia y legitimidad para sacar a Honduras de la ingobernabilidad.
Lo único que hay que apoyar en Honduras es el proceso electoral. No tiene ningún sentido seguir insistiendo en el regreso de Zelaya al poder. No es salida. En vez de complicar la crisis, tratando de imponer a los hondureños una solución inviable que sólo aporta más división, más ingobernabilidad y revanchismo, la comunidad internacional debe concentrarse en un sólo objetivo: garantizar que las elecciones de noviembre sean limpias, transparentes y representativas. Esto es mucho más trascendental para el futuro de Honduras y la democracia que la pregunta quien gobierna el país en el ínterin hasta que asuma el nuevo gobernante electo. Sea quien sea quien gobierne Honduras hasta enero del 2010, el país de todos modos sigue básicamente ingobernable mientras no asuma un gobierno legitimado por nuevas elecciones. La única cosa importante que pasa en Honduras en este ínterin es el proceso electoral.
Toda la presión internacional sobre Honduras –pero presión sobre todos en Honduras: gobierno interino, partidos, Congreso, Zelaya, empresarios, movimientos sociales- debería estar en función de asegurar la validez de las elecciones de noviembre 2009.
En este sentido, es obvio que a Micheletti y su gobierno hay que exigirles que suspendan inmediatamente el estado de sitio y cualquier medida contra la libertad de prensa y expresión. Es inconcebible ir a elecciones con medios cerrados por el gobierno y con restricciones a las libertades de expresión y asamblea.
Igual es obvio que a Zelaya y sus organizaciones ‘de resistencia’ hay que exigirles que cesen las movilizaciones violentas y que abandonen la campaña por una Constituyente. Porque a esta altura ya es claro que el verdadero objetivo de la ‘resistencia’ promovida por Zelaya y financiada por Hugo Chávez no es le regreso de Zelaya para que pase tres meses en Casa Presidencial, sino la interrupción del proceso electoral a favor de una Constituyente.
Lo que no se vale -de parte de los gobiernos del hemisferio y de los organismos internacionales- es exigirle al gobierno interino de Honduras que deje de jugar fuera de las reglas democráticas, y al mismo tiempo condonar o incluso apoyar a Zelaya en su campaña contra las elecciones y en favor de una reforma constitucional fuera de los mecanismos constitucionales. Si la comunidad internacional sigue con esta línea ilógica e injusta, está obligando a los gobernantes de Honduras a defenderse, aunque sea con métodos antidemocráticos, como el estado de sitio y el cierre de medios opositoras. Y esto es precisamente lo que Manuel Zelaya y Hugo Chávez buscaban con el ingreso del presidente depuesto, no a Honduras, sino a una embajada extraterritorial en Honduras.
Por el momento todos -lamentablemente incluyendo Estados Unidos, España, Brasil y El Salvador- están colaborando activamente para crear una situación en la cual se vuelven imposibles las elecciones. O sea, están destruyendo el único instrumento posible para resolver la crisis hondureña de manera pacífica, democrática y transparente. La comunidad internacional está condenado a Honduras a una agonía prolongada y a enfrentamientos mucho más violentos en el futuro, una vez que se le está bloqueando la salida electoral.
No puede ser que estadistas como Obama, Zapatero y Lula -y en la cola de los poderosos todos los demás- no logren salir de este callejón sin salida. No puede ser que sigan actuando, no sólo en contra del derecho de autodeterminación de los hondureños, sino en contra de sus propios intereses.
La salida es muy simple: poner en el centro de la presión y de las gestiones el proceso electoral, en vez de seguir enfocando en la restitución de Zelaya. Con este cambio del enfoque, todos los problemas se vuelven manejables, incluyendo la situación de Manuel Zelaya. Y con este cambio de enfoque se justifica ejercer presión internacional, incluyendo -si fuera necesario y si hubiera acuerdo de las partes hondureñas- la presencia de tropas internacionales para garantizar que las elecciones se desarrollen en un clima de libertad y transparencia.
En cambio, cualquier intervención internacional para definir quien gobierne Honduras mientras tanto, es ilegítima e inútil.
Honduras nos está dando una lección. Traicionados por sus hermanos centroamericanos y por Estados Unidos, los hondureños insisten en seguir adelante con el proceso electoral, sabiendo que es la única salida de la crisis. Lo que une a la gran alianza hondureña contra Zelaya y su intento de imponer al país una Constitución diferente, no es el apoyo a Roberto Micheletti y su gobierno interino - es la defensa del sistema de democracia representativa, el rechazo a la interferencia de Hugo Chávez, y ahora -como reacción a actitud cerrada e incomprensiva de la comunidad internacional- por el derecho a la autodeterminación.
Nadie está pidiendo a los gobiernos del hemisferio que reconozcan o apoyen al gobierno interino que ellos llaman ‘de facto’. Ni siquiera Roberto Micheletti está pidiendo esto. Está claro de su papel: es el mal necesario, pero transitorio. Necesario para dar paso a un gobierno con solvencia y legitimidad para sacar a Honduras de la ingobernabilidad.
Lo único que hay que apoyar en Honduras es el proceso electoral. No tiene ningún sentido seguir insistiendo en el regreso de Zelaya al poder. No es salida. En vez de complicar la crisis, tratando de imponer a los hondureños una solución inviable que sólo aporta más división, más ingobernabilidad y revanchismo, la comunidad internacional debe concentrarse en un sólo objetivo: garantizar que las elecciones de noviembre sean limpias, transparentes y representativas. Esto es mucho más trascendental para el futuro de Honduras y la democracia que la pregunta quien gobierna el país en el ínterin hasta que asuma el nuevo gobernante electo. Sea quien sea quien gobierne Honduras hasta enero del 2010, el país de todos modos sigue básicamente ingobernable mientras no asuma un gobierno legitimado por nuevas elecciones. La única cosa importante que pasa en Honduras en este ínterin es el proceso electoral.
Toda la presión internacional sobre Honduras –pero presión sobre todos en Honduras: gobierno interino, partidos, Congreso, Zelaya, empresarios, movimientos sociales- debería estar en función de asegurar la validez de las elecciones de noviembre 2009.
En este sentido, es obvio que a Micheletti y su gobierno hay que exigirles que suspendan inmediatamente el estado de sitio y cualquier medida contra la libertad de prensa y expresión. Es inconcebible ir a elecciones con medios cerrados por el gobierno y con restricciones a las libertades de expresión y asamblea.
Igual es obvio que a Zelaya y sus organizaciones ‘de resistencia’ hay que exigirles que cesen las movilizaciones violentas y que abandonen la campaña por una Constituyente. Porque a esta altura ya es claro que el verdadero objetivo de la ‘resistencia’ promovida por Zelaya y financiada por Hugo Chávez no es le regreso de Zelaya para que pase tres meses en Casa Presidencial, sino la interrupción del proceso electoral a favor de una Constituyente.
Lo que no se vale -de parte de los gobiernos del hemisferio y de los organismos internacionales- es exigirle al gobierno interino de Honduras que deje de jugar fuera de las reglas democráticas, y al mismo tiempo condonar o incluso apoyar a Zelaya en su campaña contra las elecciones y en favor de una reforma constitucional fuera de los mecanismos constitucionales. Si la comunidad internacional sigue con esta línea ilógica e injusta, está obligando a los gobernantes de Honduras a defenderse, aunque sea con métodos antidemocráticos, como el estado de sitio y el cierre de medios opositoras. Y esto es precisamente lo que Manuel Zelaya y Hugo Chávez buscaban con el ingreso del presidente depuesto, no a Honduras, sino a una embajada extraterritorial en Honduras.
Por el momento todos -lamentablemente incluyendo Estados Unidos, España, Brasil y El Salvador- están colaborando activamente para crear una situación en la cual se vuelven imposibles las elecciones. O sea, están destruyendo el único instrumento posible para resolver la crisis hondureña de manera pacífica, democrática y transparente. La comunidad internacional está condenado a Honduras a una agonía prolongada y a enfrentamientos mucho más violentos en el futuro, una vez que se le está bloqueando la salida electoral.
No puede ser que estadistas como Obama, Zapatero y Lula -y en la cola de los poderosos todos los demás- no logren salir de este callejón sin salida. No puede ser que sigan actuando, no sólo en contra del derecho de autodeterminación de los hondureños, sino en contra de sus propios intereses.
La salida es muy simple: poner en el centro de la presión y de las gestiones el proceso electoral, en vez de seguir enfocando en la restitución de Zelaya. Con este cambio del enfoque, todos los problemas se vuelven manejables, incluyendo la situación de Manuel Zelaya. Y con este cambio de enfoque se justifica ejercer presión internacional, incluyendo -si fuera necesario y si hubiera acuerdo de las partes hondureñas- la presencia de tropas internacionales para garantizar que las elecciones se desarrollen en un clima de libertad y transparencia.
En cambio, cualquier intervención internacional para definir quien gobierne Honduras mientras tanto, es ilegítima e inútil.
(El Diario de Hoy)
