La idea del Foro, fue una alternativa de los negociadores ante la falta de acuerdos en materia económica y social. Fue poner en manos de los empresarios y trabajadores, como sector productivo de la economía, la continuidad de la negociación. “...La Concertación será un esfuerzo sostenido, por fases, teniendo en cuenta que se trata de lograr acuerdos a ser aplicados de inmediato para lograr la estabilización, otros para atacar los problemas económicos y sociales que se habrán de derivar de la finalización del conflicto y otros propios de la reconstrucción...” reza el Acuerdo de Paz en el Capitulo V.
El foro fue una experiencia de Concertación de corta duración, su instalación, aun con la presión de ONUSAL1 y otros actores de la comunidad internacional, fue retardada y la incorporación de los representantes de la Empresa Privada, dilató nueve meses, las excusas fueron diversas.
Los sindicatos propusieron en septiembre de 1992 la Agenda Laboral Prioritaria2, resaltando los problemas, que requerían solución inmediata para crear un clima de confianza mínimo para desarrollar un proceso de concertación a largo plazo. En octubre del 93, luego de intensas jornadas de trabajo y de gestiones políticas ante diferentes instancias nacionales e internacionales, se logró con el apoyo de expertos de OIT, un acuerdo para la ratificación de 13 Convenios de la OIT3, que sirvieron de base a las Reformas al Código de Trabajo en 1995. Proceso que continúo con la ratificación de 6 Convenios más en los años posteriores y que recién concluyó el 27 de mayo pasado, con la Reforma Constitucional a los Artículos 47 y 48 de la Constitución, que permite la vigencia plena de la Libre Sindicalización y Contratación Colectiva en el sector público.
Convenios con los que se completa el marco normativo que pone al país en condiciones sociales mínimas para el desarrollo social y el respeto a los derechos laborales.
Aunque los resultados del Foro pueden considerarse modestos, debido principalmente a la actitud empresarial y a la complicidad gubernamental, de negarse a reconocer calidad de contraparte y sujeto de negociación a los sindicatos y sus representantes. No se puede ignorar que esa experiencia demostró que en las nuevas condiciones políticas del país, el acuerdo entre trabajadores y empresarios es fundamental como fuerzas motrices de la generación de riqueza.
El FCES, se desmontó en la víspera electoral de 1994, argumentando los empresarios que no debía contaminarse el Foro, con la campaña política, primera en la que participó la izquierda ex-guerrillera. El fondo de esa decisión avalada por el gobierno de Cristiani, fue no dar reconocimiento y beligerancia social al sindicalismo, y evitar cualquier desarrollo de la organización sindical en las empresas.
No obstante, la necesidad de nuestra sociedad de desarrollar procesos de dialogo social4 que permitan el encuentro entre los intereses contrapuestos de los sujetos sociales, este proceso de encuentros no ha sido parte de la cultura laboral ni política del país, la norma ha sido el desconocimiento y exclusión del otro.
Al Foro, lo sustituyó el Consejo Económico y Social, CST, como parte de la reforma al Código de Trabajo y en armonía con lo dispuesto en el Convenio 144 de la OIT relativo a la Consulta Tripartita. El CST tiene por finalidad la institucionalización del diálogo y la promoción de la concertación económica y social entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y trabajadores. Las facultades que se
le han atribuido son:
-Formular recomendaciones sobre la elaboración, conducción y revisión de la política social;
-Contribuir a la armonía entre los factores de la producción;
-Crear condiciones para la mejor integración de los aspectos sociales y económicos del desarrollo.
Está claro históricamente, que esa concertación en el Foro, fue forzada por las condiciones de post-guerra; pero que una vez desaparecidas, en el 94, las amenazas de la izquierda en el gobierno, no se consideró necesaria una nueva mesa de concertación, que conllevara reconocimiento de contraparte a los sindicatos y obligara a concesiones económico-sociales de empresarios y gobierno a los trabajadores.
De permitir cualquier conquista a los sindicatos, se prestigiaría a la organización sindical y la convertiría en un atractivo de organización en las empresas, en un país donde la libertad sindical y la negociación colectiva han sido sistemáticamente violadas y negadas. Por ello, los sucesivos gobiernos de ARENA, no retomaron la concertación económica y social.
Con la llegada de Mauricio Funes al gobierno, se abre la oportunidad para el Dialogo Social y la Concertación de Acuerdos entre los sujetos económicos, generadores de la riqueza. El Presidente Funes, recibió saludos y adhesiones por el anuncio de la creación del Consejo Económico y Social, iniciativa que había sido propuesta por la ANEP en 2004 y retomada posteriormente por varios sindicatos que demandaban un CES que recogiera el carácter de lo que fue el Foro.
Para operativizar la creación del CES, el gobierno inició un proceso de intercambios con la ANEP y con las ONG’S que apoyaron su campaña electoral, a quienes confirió la exclusividad de representación en el CES. Ignorando, en este proceso, a las organizaciones sindicales.
Los sindicatos de forma unificada, en las 4 Confederaciones Sindicales, las cuatro Centrales Sindicales y las 25 Federaciones, le reclamaron al gobierno, que el CES sin representación sindical no era expresión de Dialogo Social, y le demandaron una representación sindical adecuada que cumpliera criterios de paridad frente a las otras partes, la respuesta fue: que ya habían acuerdos con la ANEP y con las ONG ́S, y que no se podía dar marcha atrás.
En una actitud madura, los sindicatos asumieron que aún en minoría frente a los delegados de la ANEP y de las ONG ́S, una delegación de la representación sindical en los más connotados cuadros del sindicalismo compensaría las asimetrías numéricas y definió una delegación de 10 delegados propietarios y 10 delegados suplentes, representantes de todos los grupos y corrientes sindicales existentes en el país, los que fueron notificados al gobierno; sin embargo, la propuesta no fue aceptada, aduciendo que el gobierno no sería objeto de chantajes.
Ese histórico error del gobierno, ha llevado a que los sindicatos no participen en el CES y que este sea integrado solo por representantes de la ANEP y de las ONG ́S.
Se equivoca el Presidente Funes, al no reconocer la importancia estratégica del sindicalismo, pues ignora que el país requiere con urgencia, de consensos básicos y de largo plazo entre las fuerzas productivas, que son los trabajadores con su fuerza de trabajo y los empresarios con su iniciativa y gestión empresarial. Acuerdos concertados sobre las políticas públicas de carácter social y económico, que permita elevar la productividad y competitividad nacional y se traduzcan esos crecimientos económicos del país en bienestar económico y social de las familias salvadoreñas.
Ese error, que debe ser enmendado con sabiduría por el Presidente, debe tener en cuenta que los sindicatos son entidades profesionales que buscan la mejoría de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y sus familias, que esa calidad hace que los sindicatos aglutinen y representen en sus membresías a diferentes colectivos sociales, haciendo que sus plataformas sean amplias en reivindicaciones laborales, económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas.
El Presidente Funes, no debe ver el CES como expresión del Dialogo Social, solo con visión coyuntural o enmarcada en el periodo de los 5 años en que le corresponde la responsabilidad de gobernar, sino que debe convertir el Dialogo Social, en una política de Estado. Si lo convierte en política publica, entonces son los sindicatos los actores claves frente a los empresarios, para discutir no sólo los temas que al Ejecutivo le interesan, sino los temas que permitan abordar la productividad y competitividad que el país requiere para crecer sosteniblemente y llevar el desarrollo a los hogares de todas las familias salvadoreñas, que supere el estructural déficit social acumulado.
No entiende el gobierno, que es imperativo que se discutan algunos temas, que aunque formalmente son reivindicativos o corporativos de los sindicatos, tienen trascendencia transformadora en la antidemocrática matriz de las relaciones de trabajo, pues su discusión puede permitir el crecimiento de la organización sindical y abriría espacios a la negociación colectiva en el país.
Se requiere que los trabajadores reivindiquen reformas estructurales sobre la política de empleo, salario mínimo y protección del ingreso, anulando la diferencia actual entre lo urbano y lo rural; buscar un pacto de incremento de la productividad que mejore los ingresos de los trabajadores y la recaudación fiscal; concertar una reforma al marco legal laboral que permita las condiciones institucionales para el fomento de condiciones para el Trabajo Decente; impulsar una reforma del Sistema de Seguridad Social, que aumente la cobertura, cree el pilar social y rescate el carácter solidario de un sistema previsional; y, busque un acuerdo para una política de desarrollo de las competencias laborales de la fuerza de trabajo.
El desarrollo de los países requiere además de mejores tasas de contribución fiscal, una mayor presencia de los trabajadores organizados que defiendan en igualdad de condiciones sus intereses frente a las patronales.
El gobierno de Mauricio Funes, no puede cometer el error histórico de desconocer a los sindicatos, como lo han hecho la dictadura y los gobiernos de la derecha, esta puede ser la coyuntura en la que el sindicalismo salvadoreño recupere su estatus como sujeto social, como fuerza transformadora y como contraparte del empresariado, vital para transformar las condiciones de injusticia imperantes.
El Presidente Funes, no tiene derecho a equivocarse en un tema tan estratégico para el futuro del país, la democracia salvadoreña requiere fuertes organizaciones sindicales que respondan a los intereses de los trabajadores y que en un dialogo franco y sincero puedan pactar acuerdos que beneficien a las familias salvadoreñas.
Además, cualquier esfuerzo de Dialogo Social, debe asumir la realidad de las personas en el país, donde la Población Económicamente Activa, constituida, según el VI Censo de Población 2007, por un millón, 909 mil 256 salvadoreños de los que el 73.1% se ubica en la zona urbana y el 26.9% en la zona rural.
Siendo las mujeres el 40.1 % del total de la PEA. Además, la población desocupada son 182,102 trabajadores o sea el 9.54% de la PEA. De estos, el 53.2% son hombres; sin obviar el hecho de que la desocupación se concentra en la zona urbana, siendo esta el 69.2%, situación que se ha agravado con las crisis que padecemos.
Las personas ocupadas que presentan mayor escolaridad promedio se encuentran empleadas en las actividades de servicios (9.64 años) y las que presentan menor escolaridad están en las actividades agropecuarias (3.4 años). La población ocupada a nivel nacional se encuentra principalmente en el sector terciario (60.03%), seguida por el sector secundario (23.31%) y el sector primario (16.66%). Lo que demanda una política de fomento de empleo decente, más allá de los empleos temporales que anuncia la propaganda oficial.
Según el VI Censo de Población 2007, del total de la población del país, el 62.7% se concentra en la zona urbana y en la zona rural el 37.3%. Esta realidad genera mayor demanda social al Estado, de más y mejores servicios públicos de infraestructura social, de transporte, de empleo, entre otras.
Según los datos del Informe de Desarrollo Humano 2008 para El Salvador, resalta el peso de la informalidad en el mercado de trabajo, señalando que el 43% de la PEA está en el sector informal, mientras otro 31% ha optado por subemplearse, aunque perciban ingresos superiores al salario mínimo, no cubren el costo de la canasta de mercado, además de que, informalidad abierta y subempleo o trabajo propio, no gozan de la cobertura en las redes de seguridad social.
En materia previsional, sólo el 22.6% de la PEA están cubiertos por los sistemas contributivos de pensiones y de salud sólo 27.3%. Entre los excluidos destacan los trabajadores agropecuarios, del sector informal y las empleadas de servicio doméstico. La Seguridad Social no posee programas que cubran el desempleo, ni incluye programas por perdida de los medios de subsistencia, ni políticas que faciliten el acceso a vivienda digna a personas con ingresos menores al salario mínimo.
Es debido a lo anterior, Presidente Funes, que el país necesita de la relación en cooperación de trabajadores y empleadores, que se traduzca en acuerdos marco nacionales que puedan ser multiplicados en Contratos Colectivos de Trabajo en las empresas. Por ello, es importante reconozca a los sindicatos como actores estratégicos del Dialogo Social, espacio en el que deben estar adecuadamente representados.
San Salvador, 3 de septiembre de 2009
(El autor es dirigentre sindical)
