Hace 30 años, con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, nació a la vida institucional del nuevo Estado el Ejército Popular Sandinista (EPS). El 22 de agosto de 1979, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, a través del decreto número 53, publicado en La Gaceta número 12 del 18 de septiembre, le daba vida al que sería el nuevo ejército de los nicaragüenses. Atrás quedaba la triste historia de la existencia de la Guardia Nacional de los Somoza (G.N), la que había sido ejército y policía a la vez y, sobre todo, guardiana de los intereses de la dinastía.
Al ubicarse como la cabeza de la institución heredera más directa del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSN) que lideraba el General Augusto C. Sandino, la jefatura del EPS decidió escoger el día 2 de septiembre de cada año como el día del ejército. Con tal decisión se rendía homenaje a la gloriosa gesta de esa hueste libertaria y al General de Hombres Libres y, además, se pretendía establecer el vínculo o enlace histórico entre ambas instituciones armadas. Sólo hay que recordar que fue el 2 de septiembre de 1927 el día en que el General Sandino firmó y dio a conocer el decreto de constitución de su ejército.
Al establecer ese vínculo se estaba asumiendo la responsabilidad de darle continuidad a la historia heroica de combate y a la mística de una milicia guerrillera que había sido capaz, en total desigualdad de formación académica y doctrina militar, así como en armamento de todo tipo, de batallar por más de seis años contra las tropas norteamericanas hasta lograr expulsarlas del territorio nacional. Pero también se asumía la responsabilidad de incorporar en la formación de los oficiales, soldados y marineros, el legado de valores políticos, éticos y morales del General Sandino; sobre todo el inmenso amor a su patria y a su pueblo; el valor de la libertad y la justicia; su sentido de dignidad nacional; su honradez y honestidad a toda prueba; su sentido de solidaridad; su nivel de desprendimiento personal a favor de su causa, y su visión de democracia con justicia social.
Con la derrota electoral del FSLN en 1990 –y con él la del proyecto revolucionario- se rompía a la vez la identificación, llevada a niveles de confusión, entre el Estado, el Partido (FSLN) y el Ejército (Popular Sandinista). Éste ya no dependería del FSLN ni sería el brazo armado de la revolución, sino que pasaría a ser, de manera exclusiva, la institución armada del Estado.
El primer día de su llegada al Gobierno, como nueva Presidente de Nicaragua, doña Violeta Barrios de Chamorro firmó el decreto ejecutivo número 4-90, a través del cual abolía el Servicio Militar Patriótico, al mismo tiempo que hacía un llamado a completar el proceso de paz iniciado en marzo de 1988, con la firma de los Acuerdos de Sapoá. Comenzaba así una dinámica acelerada de desmovilización de porcentajes importantes de tropas y oficiales del EPS y la desmovilización total de las fuerzas de la contra revolución o Resistencia Nicaragüense. Eran momentos cargados de mucha tensión, ya que los sectores más antisandinistas del país, con una visión miope del momento tan delicado por el que atravesaba la sociedad nicaragüense, presionaban a la Presidenta para que aboliera el ejército, creyendo que de esa manera profundizarían la derrota del sandinismo, sin percatarse del tremendo error histórico que cometerían y del peligro de meter al país en un nuevo conflicto de grandes e imprevisibles consecuencias. Por suerte privó la madurez de ambos lados y lejos de seguir tan insanos consejos, la Presidenta Chamorro y la Dirección Nacional del FSLN de ese entonces acordaron, en el espíritu del Protocolo de Transición, respetar la existencia de la institución armada bajo la consideración de la necesidad de su reducción, para adecuarla a las nuevas circunstancias de paz y a las exigencias de la reconstrucción económica del país.
Entre los años 1990 y 1993 se llevó a cabo el proceso de reducción del ejército, pasando de tener más de 72,000 miembros a quedar con 14,500. Al mismo tiempo había que readecuar su estructura orgánica --tarea magnífica de reingeniería organizacional y funcional-- para que pudiera seguir cumpliendo --con ese tamaño-- las misiones encomendadas por la Constitución Política de la República.
El 2 de septiembre de 1994 el EPS dejó de existir legal y políticamente, dándole paso al nacimiento del Ejército de Nicaragua, con solución de continuidad en términos de derechos y obligaciones --menos en lo político-partidario-- en los aspectos orgánicos, operacionales, doctrinarios y funcionales. El mes anterior la Asamblea Nacional había aprobado el Código Militar, cuerpo de leyes que le daba vida institucional a las nuevas fuerzas armadas, al integrar en el mismo la Ley de Organización, la de Jurisdicción y la de Previsión Social Militar. Para esas fechas ya iba bien avanzado su proceso de profesionalización, ya que, independientemente de las formalidades legales, la Comandancia General, el Estado Mayor y el Consejo Militar, habíamos llegado a la convicción de que el mejor aporte que podíamos hacer al proceso de reconstrucción y democratización de nuestro país era el de legarle a las futuras generaciones unas fuerzas armadas profesionales debidamente institucionalizadas, como nunca antes habían conocido los nicaragüenses y nuestra historia patria; es decir, una institución armada de carácter apartidista, no deliberante, obediente de la Constitución y las leyes del país y subordinada al poder civil. Este paso vendría a constituirse en un verdadero hito en la vida política nacional ya que, hasta esa fecha, todos los ejércitos habían tenido el sello del partido o del caudillo que los habían constituido.
El 21 de febrero de 1995, fecha conmemorativa del asesinato del General Sandino, se dio el primer traspaso del cargo de Comandante en Jefe, que desde 1979 había ejercido el General de Ejército Humberto Ortega, al General de Ejército Joaquín Cuadra, el que en cumplimiento de la ley lo ejercería durante los siguientes cinco años. El 21 de febrero de 2000 asumió el cargo el General de Ejército Javier Carrión, quien a su vez entregaría el bastón de mando al General de Ejército Omar Halleslevens, el 21 de febrero de 2005. El próximo 21 de febrero de 2010 el Ejército de Nicaragua tendrá nuevo Comandante en Jefe; será el cuarto relevo institucional; verdaderamente un hecho sin precedentes en nuestra historia republicana.
Nunca antes, en esta joven historia, el relevo había adquirido ribetes tan dramáticos, como el que tendrá a finales de este año 2009, tiempo en que el Presidente Ortega deberá valorar para su aprobación o rechazo, amparado en argumentos legales y no en antojadizas e interesadas discrecionalidades, la propuesta que le envíe la Comandancia General, luego de su validación por el Consejo Militar, del oficial candidato a sustituir en el cargo al General Halleslevens.
El carácter autoritario y con clara vocación dictatorial del Presidente Ortega, que se ha venido manifestando desde que asumió el gobierno de la Nación en el desprecio a la Constitución, las leyes, el Estado de Derecho y la institucionalidad del país, y en el esfuerzo por desnaturalizar y subordinar en términos partidarios a la Policía Nacional --que también está cumpliendo 30 años de vida-- igual se manifiesta en una sostenida, aunque de manera un poco más encubierta, voluntad de hacer lo mismo con las fuerzas armadas nicaragüenses.
Son muchos los esfuerzos y medidas desarrolladas por el gobierno del Presidente Ortega a favor de alcanzar estos objetivos. Desde el mismo momento de la toma de posesión del cargo de Presidente de la República, el 10 de enero de 2007, y mientras realizaba la juramentación de la jefatura del Ejército y de la Policía, en que calculadamente les recordó el origen sandinista de ambas instituciones (como si alguien lo ignorara o se avergonzara de ello) implícitamente estaba desconociendo el carácter nacional de las mismas (aunque no fuera ilegal tal hecho) y estaba desconociendo también la Constitución y las leyes que les dan vida.
La compra de voluntades y conciencias a través del tráfico de influencias, el halago, el amiguismo, las “oportunidades” para hacer negocios, los compadrazgos, el alimento de los apetitos de poder, el chantaje, el encubrimiento de irregularidades éticas y legales cometidas por algunos jefes u oficiales, y no pocas veces la amenaza, entre otras virtudes de los regimenes despóticos y autoritarios, se constituyen en el arsenal de recursos a desplegar por las cabezas de los mismos, para hacer caer en el pecado de la inconstitucionalidad y la ilegalidad a oficiales y altos mandos de las instituciones policiales y militares, procurando de esa forma arrastrarles al marasmo de la iniquidad y la corrupción.
Tengo la confianza (aunque para asegurarme toco madera), basada ésta en el conocimiento de los valores y principios sobre los que se asienta el sentido de responsabilidad ciudadana y patriótica, de los miembros que conforman la jefatura del Ejército de Nicaragua y de las siguientes generaciones de oficiales, de que ningún gobierno autoritario hará arriar las banderas de la dignidad institucional y nacional, y las de la constitucionalidad, de esta institución heredera del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y de los principios y valores de su jefe histórico, el General de Hombres Libres Augusto C. Sandino. Espero que éste siga siendo el verdadero ejército de la Nación nicaragüense y nunca más el brazo armado de un partido político. La mayoría de la población comparte conmigo esta esperanza.
(El Nuevo Diario, Nicaragua. El autor es General de Brigada en retiro del Ejército de Nicaragua.)
