El gobierno de Daniel Ortega pretende oficializar el control político a la sociedad civil, mediante la imposición de un manual de regulación a los organismos internacionales, en el que establece una serie de limitaciones en la incidencia en políticas públicas y la construcción de ciudadanía que desde años atrás ocupan un lugar importante en la agenda de la cooperación.
Confidencial tuvo acceso a la nueva normativa que preparó el Ejecutivo, que según el balance de los expertos presenta una serie de elementos negativos, como establecer que la cooperación financiera y técnica proveniente de los organismos internacionales “se realizará a través de organismos o grupos legalmente constituidos y registrados en el órgano competente”.
Con lo cual, se pretende que todas las expresiones de la sociedad civil se conviertan en organismos con personalidad jurídica.
La Coordinadora Civil, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Movimiento por Nicaragua (MpN), destacaron que la iniciativa representa una violación flagrante a la Constitución Política pues limita el derecho de libre asociación de los ciudadanos.
Silvio Prado, director del Centro de Estudios y Análisis Políticos (CEAP), lo califica como una “aberración” al querer impedir que los ciudadanos se organicen como quieran “sin necesidad de pedirle permiso al estado”.
“El estado está diciendo que cualquier movimiento social que quiera establecer una relación de cooperación tiene que sacar personalidad jurídica”, criticó Prado.
“Multiplicar el caso CINCO”
Para directivos de ONG’s nacionales este planteamiento se deriva de la persecución política que fue objeto el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) en agosto del año pasado, cuando fue sujeto a una investigación judicial por supuesto “lavado de dinero”, “actos ilícitos” a partir de la firma de un convenio de cooperación OXFAM, CINCO y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), que al igual que otros no se encuentran registrados en el Ministerio de Gobernación.
“El objetivo es cortar las fuentes de financiamiento, es multiplicar el caso de CINCO y callar las voces”, valoran diversas ONG nacionales.
Esta disposición pone en entredicho los convenios de cooperación de asociaciones internacionales con organismos locales. Así, una asociación extranjera no podría establecer convenios de colaboración con sus homólogos en Nicaragua por carecer de personería jurídica.
“Y sí una ong “X” satisface mis requisitos técnicos administrativos, ¿cuál es el problema? Si se ha hecho toda la vida, que se desembolse desde un tercero. Eso no es delito”, dijo Prado.
Afán por control político sistemático
El documento indica que las entidades extranjeras también deberán firmar “una carta compromiso” en el que se establece entre otras obligaciones: “Abstenerse de toda participación en actividades políticas de carácter partidario, así como el uso de los recursos, bienes e instalaciones de la organización”.
“El incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, tienen como consecuencia la aplicación del arto. 22 de la ley No 147”, agrega el documento.
Pero no se define qué se entiende por actividades políticos partidarias.
“¿Qué promueva el voto consciente, la ciudadanía activa, el ejercicio de mis derechos civiles y políticos? ¿Eso es política partidaria?”, agregó el Director del CEAP, quien también se pregunta cómo quedará el trabajo que realizan la Fundación “Friedrich Ebert”, el Instituto Nacional Demócrata, la Internacional Socialista, la Liberal, la Demócrata Cristiana y todas las que trabajan con partidos políticos.
Prado reitera que a todas luces el gobierno pretende “arrinconar” a las ONG’s nacionales y los movimientos civiles con incidencia política.
“Aunque el documento no menciona que restringen los proyectos de gobernabilidad, de derechos humanos, pero si me ponés que no puedo incidir en temas políticos- partidarios, se tiene que aclarar”, sugiere Prado.
Penalizan la incidencia política
Para afirmar más sus objetivos, el gobierno reitera en otra parte del documento que los organismos deben “abstenerse de toda participación o financiamiento de actividades políticas de naturaleza partidaria o actividades ilícitas, que atenten contra o influya en la legislación nacional”.
Si se niega la capacidad de influir, de cabildear en la legislación nacional —apunta Prado—, “se penaliza la incidencia política” que es uno de los componentes presente en los programas de las ONG’s internacionales.
Prado emplazó a estos organismos a definir si están dispuestos a modificar sus doctrinas y sus estrategias con tal de aceptar las restricciones del gobierno.
Le preocupa particularmente, que en distintas partes de la propuesta se dé como un hecho que existe un acuerdo sobre la misma, al colocar en paréntesis la siguiente línea: (reunión 8 de mayo 2009).
“No sé si aceptaron esto, si van a hacer una excepción para Nicaragua y no van a tener proyectos de incidencia política. Porque estarían aceptando no hacer más labor de incidencia”, señaló Prado.
MpN: “Sumamente peligroso”
Violeta Granera, presidenta del Movimiento por Nicaragua, calificó de “sumamente peligroso” este marco regulatorio al que extraoficialmente tuvieron alcance la semana pasada.
“Lo más peligroso es que dicen que las organizaciones no pueden realizar actividades políticas. Atentan contra las actividades cívicas y políticas de los ciudadanos”, dijo Granera.
Granera señaló que la Constitución Política tutela el derecho de todos los nicaragüenses de participar en la “acera pública”.
El MpN analizará a fondo la situación para definir los frentes de lucha ante esta iniciativa del gobierno.
CENIDH se da por anunciado
El CENIDH también está a la expectativa de la presentación oficial de este marco regulatorio, y desde ya manifiesta su disposición de llevar el caso ante los organismos nacionales o los internacionales correspondientes, porque lo consideran una violación a los derechos civiles y políticos consignados en la Constitución Política.
“En términos generales ningún manual o reglamento puede venir a contradecir lo que establece la Constitución”, señaló Bayardo Izabá, director jurídico del CENIDH.
Recordó que la ley 147 establece que la relación del estado con las ONG’s nacionales e internacionales es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Entonces, cualquier manual tiene que venir a tono con esa ley. De lo contrario, va a ser inconstitucional y tendríamos que recurrir con las acciones legales en contra del mismo”, señaló.
Que agencias internacionales no lo permitan
Izabá recordó que precisamente uno de los aspectos que motivó las acciones administrativas y judiciales en contra de seis ONGs en agosto del año pasado, era precisamente la canalización de fondos con movimientos sociales.
“Esperamos que si es así, las agencias internacionales no permitan que eso se establezca, por cuanto le estarían dando muerte a una serie de organizaciones como la Red de Mujeres, la Coordinadora Civil, que no están constituidas ante ninguna instancia porque tienen el derecho a no inscribirse y a recibir cooperación. Ninguna autoridad del estado puede menoscabar ese libre ejercicio”, dijo Izabá.
El director del CENIDH recordó que en uno de los “monólogos” de Ortega, éste se comprometió a someter a consulta cualquier regulación, pero hasta la fecha ni la Federación Nacional de ONG’s (FONG), la Coordinadora Civil u otro, se les informó nada al respecto.
“Definitivamente el propósito del gobierno es imposibilitar el trabajo por la gobernabilidad democrática, por los derechos políticos, humanos a favor de toda la ciudadanía”, consideró Izabá.
CC: Se quieren extralimitar en sus funciones
Luisa Molina, vocera de la Coordinadora Civil, dijo que el Ejecutivo se quiere “extralimitar en sus funciones” al establecer un manual que está por encima de la Constitución Política.
Molina también considera que el gobierno puede “cometer delitos” con sus pretensiones, de acuerdo al artículo 144 del Código Penal que establece que “ningún funcionario público puede extralimitarse en sus funciones”:
“Dice que el estado está obligado a eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política económica, social del país”.
“Y lo que ha dicho la ministra es que van a obligar, a reglamentar a las ONG’s internacionales para que no entreguen recursos a organizaciones que trabajan en la incidencia política”, señaló Molina.
Molina recordó a los organismos cooperantes que sus países son firmantes de la Convención Internacional de Derechos Humanos, tratados que “no se pueden violar” a través de una normativa de regulación.
