En México capital y en otras 55 ciudades del país azteca estaban convocadas anoche -madrugada en España- grandes movilizaciones ciudadanas contra el horror cotidiano del crimen organizado, el narco, el secuestro, la corrupción policial, responsable de buena parte del crimen y de la impunidad que cubre a los criminales: casi 3.000 asesinatos de este tipo desde enero (más que en todo el año anterior) y sólo el 1,7% de los delitos llega a los tribunales.
El ¡basta ya! mexicano se desencadenó con el secuestro y asesinato de un chico de 14 años, hijo de un empresario que había pagado el rescate ignorando con buen criterio a la policía, puesto que uniformados eran los asesinos. En México se producen miles de secuestros y muertes violentas al año, lo que incluye la de 320 policías en 2008, pero en su mayoría no en cumplimiento del deber, sino como parte del crimen mafioso. Los últimos, 12 cadáveres en Yucatán.
El precipitado de tanta conmoción es un plan a tres años del Gobierno de Calderón, que implica a los tres poderes: el ejecutivo federal y de los Estados, con la purga de la policía, la construcción de cárceles y un presupuesto extraordinario para seguridad en 2009; el legislativo, con el endurecimiento de las penas contra el secuestro; y el judicial, con la formación de magistrados especializados en la lucha contra el nuevo crimen globalizado.
El Acuerdo Nacional para la Legalidad y la Seguridad está apoyado por la totalidad de los medios de comunicación, entidades ciudadanas, fuerzas económicas y partidos. El problema no es sólo del Gobierno federal, ya que el 80% de las fuerzas policiales depende de los gobernadores y alcaldes. El problema es estructural. El PRI, con su dictadura perfecta, fabricó una legalidad a su servicio, desde la ley a la policía, que se revela incompatible con la democracia. Refundar México no es sólo votar cada sexenio.
