¿No le gustaría subirse a un bus que fuese cómodo y limpio, en el cual pudiera sentarse a leer un periódico o incluso un libro, mientras se desplaza a una velocidad moderada hacia su destino? Pues eso sucede en varias partes del mundo. En el país vasco, por ejemplo, el servicio de transporte público ha puesto en sus unidades bibliotecas gratuitas para el usuario. Uno puede imaginarse las condiciones dentro de la unidad de transporte para que la actividad de leer pueda llevarse a cabo. Son unidades con asientos cómodos, de contaminación reducida, sin cambios bruscos de velocidad, sin virajes al estilo de una película de acción de Hollywood, sin pleitos con el conductor por no hacer la parada indicada, etc.
Me pregunto: ¿Por qué en El Salvador no podemos tener un servicio con ese nivel de calidad? Esta pregunta hace mayor eco cuando sé que estamos pagando por el servicio por dos vías, una de nuestro bolsillo, y la otra a través del subsidio del gobierno.
La diferencia entre los países donde el sistema de transporte colectivo funciona y el nuestro es que en esos países el sistema es público, es decir, administrado por un ente gubernamental, ya sea el ayuntamiento, un ministerio, o una empresa mixta de utilidad pública. En algunos casos es un sistema híbrido, donde se da una administración pública con concesiones privadas. En El Salvador, por el contrario, el servicio es prestado por privados, ya sean cooperativas o personas particulares.
Nuestro sistema ha derivado en gremiales fuertes y con mucho poder, con una posición clara de dominio dentro del mercado. Si ellos deciden subir el precio del pasaje, es poco lo que se puede hacer, y por supuesto no se les puede exigir una mejora del servicio, porque no hay un mecanismo que sirva de contrapeso.
Es un gremio que ha demostrado repetidas veces que está por encima de la ley. ¿Cuántas prorrogas no se han dado para permitir la circulación de unidades obsoletas, cuántas veces no les han eximido del pago de multas a través de decretos legislativos?
Ahora bien, este mismo sistema de mercado es el que permite el desorden y el caos que provocan los famosos buseros y microbuseros, porque la ganancia se produce al transportar un mayor número de pasajeros al menor costo de operación. Es así como corren a grandes velocidades para llegar antes que otras unidades a la parada y recoger a los usuarios; es así que de igual manera abusan de la velocidad en gran parte de su trayecto para luego permanecer estacionados en puntos dizque estratégicos, donde se suben más usuarios; es así como ignoran paradas si en ellas no hay usuarios; es así como inesperadamente paran para recoger uno o dos pasajeros en lugares no autorizados.
¿Qué hacer? Así como se pide que los servicios públicos, como agua y salud, no deben de privatizarse, el servicio de transporte público debe ser, como bien dice su nombre, público. Es un servicio que debe ser ofrecido por una autónoma. Se debe crear una empresa de utilidad pública, constituida como institución autónoma, con capital mixto y cuya junta directiva sea constituida por el gobierno central, los gobiernos municipales e inversionistas privados, que pueden ser miembros de las actuales gremiales del transporte colectivo. De esta manera, la junta directiva elige el presidente de la institución, quien no sería parte del gabinete de gobierno, ya que la institución perdería su autonomía al estar ligada al gabinete.
Con esto se busca brindar un servicio de calidad. Primero, al ser un servicio que provee una autónoma se elimina la competencia por el número de pasajeros y con ello todo los problemas anteriormente descritos. Segundo, una autónoma como la planteada sería una empresa mixta de utilidad pública donde el principal objetivo es dar un servicio de calidad. Por tanto, podríamos tener un mejor servicio a un mejor precio. Tercero, se puede aplicar el sistema del pago único mensual con derecho ilimitado de uso del transporte que en otros países como España se conoce como abono transporte, medida que resulta sumamente practica y permite diferenciar los precios por sector, es decir, tarifas reducidas para estudiantes, para personas jubiladas y de la tercera edad. Cuarto, el sistema, al ser manejado por el gobierno, deberá utilizar unidades en buen estado y de calidad. Quinto, al ser un bien prestado por el gobierno se tiene un mejor control del personal, y se puede sancionar a quien incurre en infracciones de tránsito o maltrato a los usuarios.
¿Cómo pasar a este sistema? Tiene que ser un proceso gradual, en donde se permita a los actuales dueños de unidades ser parte del nuevo sistema, pero bajo reglas nuevas claras y comprometidas con seguridad, calidad, medio ambiente y accesibilidad. El nuevo sistema de transporte público puede alquilar, comprar o admitir como inversión las unidades que cumplan con ciertos estándares. Los que quedan fuera pueden optar a ciertos créditos para comprar unidades nuevas y alquilárselas al sistema. Los actuales conductores podrán ser los motoristas de las nuevas unidades, pero deberán pasar por exámenes rigurosos y estarán sometidos a nuevas regulaciones y controles periódicos que garanticen un servicio de calidad. Ciertamente, en este cambio algunas personas dejarán de percibir beneficios y se mostrarán descontentas. Pero no es posible que una mayoría sufra un mal, ineficiente y abusivo sistema de transporte en beneficio de una minoría. Pesan más los derechos de la mayoría sobre los derechos de una minoría.
Me pregunto: ¿Por qué en El Salvador no podemos tener un servicio con ese nivel de calidad? Esta pregunta hace mayor eco cuando sé que estamos pagando por el servicio por dos vías, una de nuestro bolsillo, y la otra a través del subsidio del gobierno.
La diferencia entre los países donde el sistema de transporte colectivo funciona y el nuestro es que en esos países el sistema es público, es decir, administrado por un ente gubernamental, ya sea el ayuntamiento, un ministerio, o una empresa mixta de utilidad pública. En algunos casos es un sistema híbrido, donde se da una administración pública con concesiones privadas. En El Salvador, por el contrario, el servicio es prestado por privados, ya sean cooperativas o personas particulares.
Nuestro sistema ha derivado en gremiales fuertes y con mucho poder, con una posición clara de dominio dentro del mercado. Si ellos deciden subir el precio del pasaje, es poco lo que se puede hacer, y por supuesto no se les puede exigir una mejora del servicio, porque no hay un mecanismo que sirva de contrapeso.
Es un gremio que ha demostrado repetidas veces que está por encima de la ley. ¿Cuántas prorrogas no se han dado para permitir la circulación de unidades obsoletas, cuántas veces no les han eximido del pago de multas a través de decretos legislativos?
Ahora bien, este mismo sistema de mercado es el que permite el desorden y el caos que provocan los famosos buseros y microbuseros, porque la ganancia se produce al transportar un mayor número de pasajeros al menor costo de operación. Es así como corren a grandes velocidades para llegar antes que otras unidades a la parada y recoger a los usuarios; es así que de igual manera abusan de la velocidad en gran parte de su trayecto para luego permanecer estacionados en puntos dizque estratégicos, donde se suben más usuarios; es así como ignoran paradas si en ellas no hay usuarios; es así como inesperadamente paran para recoger uno o dos pasajeros en lugares no autorizados.
¿Qué hacer? Así como se pide que los servicios públicos, como agua y salud, no deben de privatizarse, el servicio de transporte público debe ser, como bien dice su nombre, público. Es un servicio que debe ser ofrecido por una autónoma. Se debe crear una empresa de utilidad pública, constituida como institución autónoma, con capital mixto y cuya junta directiva sea constituida por el gobierno central, los gobiernos municipales e inversionistas privados, que pueden ser miembros de las actuales gremiales del transporte colectivo. De esta manera, la junta directiva elige el presidente de la institución, quien no sería parte del gabinete de gobierno, ya que la institución perdería su autonomía al estar ligada al gabinete.
Con esto se busca brindar un servicio de calidad. Primero, al ser un servicio que provee una autónoma se elimina la competencia por el número de pasajeros y con ello todo los problemas anteriormente descritos. Segundo, una autónoma como la planteada sería una empresa mixta de utilidad pública donde el principal objetivo es dar un servicio de calidad. Por tanto, podríamos tener un mejor servicio a un mejor precio. Tercero, se puede aplicar el sistema del pago único mensual con derecho ilimitado de uso del transporte que en otros países como España se conoce como abono transporte, medida que resulta sumamente practica y permite diferenciar los precios por sector, es decir, tarifas reducidas para estudiantes, para personas jubiladas y de la tercera edad. Cuarto, el sistema, al ser manejado por el gobierno, deberá utilizar unidades en buen estado y de calidad. Quinto, al ser un bien prestado por el gobierno se tiene un mejor control del personal, y se puede sancionar a quien incurre en infracciones de tránsito o maltrato a los usuarios.
¿Cómo pasar a este sistema? Tiene que ser un proceso gradual, en donde se permita a los actuales dueños de unidades ser parte del nuevo sistema, pero bajo reglas nuevas claras y comprometidas con seguridad, calidad, medio ambiente y accesibilidad. El nuevo sistema de transporte público puede alquilar, comprar o admitir como inversión las unidades que cumplan con ciertos estándares. Los que quedan fuera pueden optar a ciertos créditos para comprar unidades nuevas y alquilárselas al sistema. Los actuales conductores podrán ser los motoristas de las nuevas unidades, pero deberán pasar por exámenes rigurosos y estarán sometidos a nuevas regulaciones y controles periódicos que garanticen un servicio de calidad. Ciertamente, en este cambio algunas personas dejarán de percibir beneficios y se mostrarán descontentas. Pero no es posible que una mayoría sufra un mal, ineficiente y abusivo sistema de transporte en beneficio de una minoría. Pesan más los derechos de la mayoría sobre los derechos de una minoría.
