¡Washington, ordene!

El día jueves 4 de febrero Kimberly Swank, jueza federal en South Carolina, autorizó al gobierno de Estados Unidos proceder con la extradición del coronel Inocente Montano a España. Montano es uno de 18 militares salvadoreños requeridos por la Audiencia Nacional de España para enfrentar juicio por el asesinato de los jesuitas en noviembre del 1989.

El día viernes 5 de febrero, cuando este fallo se conoce en El Salvador, la PNC lanza un operativo para arrestar a los 17 militares acusados en España que supuestamente se encuentran en el país. Esta misma noche se capturan a 4 de ellos.

El sábado 6 der febrero, el presidente de la República, en el marco de su reality show ‘Gobernando con la Gente’, dice que la “captura de militares acusados por caso jesuitas es por compromiso de gobierno a respetar normas internacionales. La PNC ha cumplido con deber de acuerdo a difusión roja.”

Si Salvador Sánchez Cerén aplicó esta lógica para ordenar la captura de los militares, tendrá que explicar porqué los dos gobiernos del FMLN (el primero, donde él fue vicepresidente, y el presidido por él) no han cumplido su “compromiso con normas internacionales” durante 5 años – porque la orden de captura emitida por España y la subsiguiente difusión roja de Interpol existen desde el 2011. Si lo que hoy dice el presidente es su verdadero criterio, tendrían que haber ejecutado la difusión roja en el 2011, en el 2012, en el 2103, en el 2014 o en el 2015.

No es que en enero del 2016 haya llegado a las autoridades salvadoreñas una nueva orden de captura o una nueva difusión roja. No, es la misma que existe desde el 2011. Las ordenes de captura no vencen, no se repiten cada rato. Son vigentes hasta que el acusado esté apresado o muerto.

¿Qué ha cambiado entonces desde el 2011, que ahora puede haber movido a Salvador Sánchez Cerén a ordenar la captura que ni Funes ni él autorizaron entre el 2011 y el 2015?

¿El hecho que el juez español mandara una nota recordatoria? Improbable, porque no tiene ninguna fuerza.

¿El hecho que en los últimos meses haya cambiado la correlación de fuerza en la Corte Plena de Justicia? Tal vez, aunque la situación legal sigue siendo la misma: Cuando se cometió el delito (en 1989) no existía convenio de extradición con España; y tampoco existía la definición internacional de ‘crímenes de lesa humanidad’ ni el estatuto de Roma que dicta que estos crímenes no prescriben y no pueden ser sujetos de amnistías. Así que el crimen contra los padres jesuitas, cometido en 1989, no aplica nada de esto, por tanto no hay base jurídica para la extradición.

Lo único que realmente ha cambiado, paulatinamente hasta llegar a una nueva práctica política y jurídica, es la posición del gobierno de Estados Unidos de América. La administración Obama ha promovido, con éxito, juicios en diferentes cortes, contra ex militares salvadoreños residentes en Estados Unidos. Dos ex ministros de defensa, los generales Eugenio Vides Casanova y Guillermo García, ha sido deportados a El Salvador por su rol en la puesta en práctica de los planes de contrainsurgencia de Estados Unidos. Y el coronel Inocente Montano, será deportado a España, por solicitud de la administración Obama.

O sea, lo nuevo es que Estados Unidos les está dando en la nuca a sus fieles aliados en el tiempo de la guerra fría, y en particular a los militares salvadoreños. No solo dejan de proteger a sus ex aliados, sino los echan a los leones. El proceso que la Audiencia Nacional española quiere hacer en el caso Jesuitas, necesitaba de por lo menos un acusado – y los gringos se van a encargar de mandárselo: el coronel Montano.

Siempre se hablaba de que “la revolución come sus hijos”. Hoy vemos una nueva  versión de esta historia vergonzante: “La contrarrevolución entrega a sus hijos.”

Pero lo realmente nuevo es que el gobierno del FMLN, presidido por su ex-comandante Sánchez Cerén, acata fielmente este giro en la política norteamericana. Luego de no hacer caso a las ordenes de captura españoles y la difusión roja de Interpol por 5 (!) años, el día que se conoce la decisión gringa de extraditar al coronel Montano a España, el gobierno salvadoreño se cuadro y dice: A sus órdenes. Porque el gobierno salvadoreño no hace caso a España, pero sí a Estados Unidos.

Es irónico: La persecución de estos militares  surge de la necedad de algunas organizaciones de Derechos Humanos viven de la explotación del resentimiento; de la lucha de la Audiencia Nacional por defender sus privilegios; y del deseo hipócrita  de Estados Unidos de desvincularse de sus pecados imperiales. Definititivamente no es la sociedad salvadoreña que necesita castigar a los militares y así provocar nuevas (viejas) cadenas de venganza. 

(El Diario de Hoy)