El día viernes 5 de febrero, cuando este
fallo se conoce en El Salvador, la PNC lanza un operativo para arrestar a los
17 militares acusados en España que supuestamente se encuentran en el país.
Esta misma noche se capturan a 4 de ellos.
El sábado 6 der febrero, el presidente de
la República, en el marco de su reality
show ‘Gobernando con la Gente’, dice que la “captura de militares acusados por caso jesuitas es
por compromiso de gobierno a respetar normas internacionales. La PNC ha cumplido con
deber de acuerdo a difusión roja.”
Si
Salvador Sánchez Cerén aplicó esta lógica para ordenar la captura de los
militares, tendrá que explicar porqué los dos gobiernos del FMLN (el primero,
donde él fue vicepresidente, y el presidido por él) no han cumplido su
“compromiso con normas internacionales” durante 5 años – porque la orden de
captura emitida por España y la subsiguiente difusión roja de Interpol existen
desde el 2011. Si lo que hoy dice el presidente es su verdadero criterio,
tendrían que haber ejecutado la difusión roja en el 2011, en el 2012, en el
2103, en el 2014 o en el 2015.
No
es que en enero del 2016 haya llegado a las autoridades salvadoreñas una nueva
orden de captura o una nueva difusión roja. No, es la misma que existe desde el
2011. Las ordenes de captura no vencen, no se repiten cada rato. Son vigentes
hasta que el acusado esté apresado o muerto.
¿Qué
ha cambiado entonces desde el 2011, que ahora puede haber movido a Salvador
Sánchez Cerén a ordenar la captura que ni Funes ni él autorizaron entre el 2011
y el 2015?
¿El
hecho que el juez español mandara una nota recordatoria? Improbable, porque no
tiene ninguna fuerza.
¿El
hecho que en los últimos meses haya cambiado la correlación de fuerza en la
Corte Plena de Justicia? Tal vez, aunque la situación legal sigue siendo la
misma: Cuando se cometió el delito (en 1989) no existía convenio de extradición
con España; y tampoco existía la definición internacional de ‘crímenes de lesa
humanidad’ ni el estatuto de Roma que dicta que estos crímenes no prescriben y
no pueden ser sujetos de amnistías. Así que el crimen contra los padres
jesuitas, cometido en 1989, no aplica nada de esto, por tanto no hay base
jurídica para la extradición.
Lo
único que realmente ha cambiado, paulatinamente hasta llegar a una nueva
práctica política y jurídica, es la posición del gobierno de Estados Unidos de
América. La administración Obama ha promovido, con éxito, juicios en diferentes
cortes, contra ex militares salvadoreños residentes en Estados Unidos. Dos ex
ministros de defensa, los generales Eugenio Vides Casanova y Guillermo García,
ha sido deportados a El Salvador por su rol en la puesta en práctica de los
planes de contrainsurgencia de Estados Unidos. Y el coronel Inocente Montano,
será deportado a España, por solicitud de la administración Obama.
O
sea, lo nuevo es que Estados Unidos les está dando en la nuca a sus fieles
aliados en el tiempo de la guerra fría, y en particular a los militares
salvadoreños. No solo dejan de proteger a sus ex aliados, sino los echan a los
leones. El proceso que la Audiencia Nacional española quiere hacer en el caso
Jesuitas, necesitaba de por lo menos un acusado – y los gringos se van a
encargar de mandárselo: el coronel Montano.
Siempre
se hablaba de que “la revolución come sus hijos”. Hoy vemos una nueva versión de esta historia vergonzante: “La
contrarrevolución entrega a sus hijos.”
Pero
lo realmente nuevo es que el gobierno del FMLN, presidido por su ex-comandante
Sánchez Cerén, acata fielmente este giro en la política norteamericana. Luego
de no hacer caso a las ordenes de captura españoles y la difusión roja de Interpol
por 5 (!) años, el día que se conoce la decisión gringa de extraditar al
coronel Montano a España, el
gobierno salvadoreño se cuadro y dice: A sus órdenes. Porque el gobierno
salvadoreño no hace caso a España, pero sí a Estados Unidos.
Es irónico: La
persecución de estos militares surge de la necedad de algunas organizaciones de Derechos Humanos viven de la
explotación del resentimiento; de la lucha de la Audiencia Nacional por
defender sus privilegios; y del deseo hipócrita
de Estados Unidos de desvincularse de sus pecados imperiales. Definititivamente no es la sociedad salvadoreña que necesita
castigar a los militares y así provocar nuevas (viejas) cadenas de venganza.
(El Diario de Hoy)
