Y comienza una especie de guerra
religiosa entre la secta que hace culto a lo estatal y la otra que idolatra
todo lo privado. Obviamente, así nunca llegaremos a un acuerdo sobre el problema de las pensiones. Tal vez
esta sea la intención: imposibilitar acuerdos para preparar el asalto.
Este tema, o se discute de manera técnica,
con números, o se habla paja. El gobierno, en vez de invitar a los mejores
expertos en sistemas previsionales (tanto nacionales como internacionales) a
una mesa técnica, provoca una discusión donde se movilizan todos los miedos (fundados
e infundados) de los cotizantes, y todos los resentimientos que en la sociedad
existen sobre el tema.
Todo indica que detrás de esta cortina de
humo de una discusión irracional, que además crea la sensación de una gran
crisis y las correspondientes miedos existenciales, de repente intentarán pasar
por la Asamblea una reforma inconsulta. Todo indica que el verdadero interés (y
la urgencia) no es resolver a largo plazo el sistema de pensiones, sino sanar a
corto plazo un problema fiscal que el gobierno ya no sabe enfrentar de otra
manera. O sea, pasar al gobierno los fondos ya ahorrados en el sistema privado
de pensiones, reflejados en cuentas personalizadas de cada cotizante – e
igualmente buena parte de las futuras cotizaciones. Etas mes entrarían al
gobierno y le resolverían su problema de flujo de efectivo.
La única manera de evitar esto y las
subsiguientes tensiones políticas y sociales que causaría este nacionalización
disfrazada, es el análisis técnico, libre de prejuicios ideológicos y pretextos
políticos. Para esto se necesita crear una mesa técnica con participación de
gobierno, empresa privada, sindicatos y expertos.
Lo primero que tendría que hacer una mesa
técnica es separar limpiamente el problema de las pensiones del problema fiscal
del gobierno. Son dos cosas que no se deben mezclar. O sea, una reforma de
pensiones hecha con la intención (y necesidad urgente) de resolver el problema
fiscal del gobierno está condenada a fracasar.
Pero hay que hacer otra separación, con
todo rigor técnico: una cosa es ver como mejoramos y hacemos sostenible el
sistema ahorros de pensiones, para que al final salgan las pensiones más altas
posibles. Este problema tiene que ver con la administración de los fondos de
pensiones, con la edad de jubilación, y con el calculo correcto y justo de las
cotizaciones mensuales.
Otra cosa es lo que el gobierno llama
‘pensión universal’. Esta idea de que el Estado
garantice a cada ciudadano que a cierta edad reciba una pensión,
independientemente si ha cotizado y cuánto ha cotizado, no es asunto del
sistema de pensiones. Ninguna reforma al sistema de pensiones puede lograr
esto. Es un asunto de política social. En mi criterio, de paso sea dicho, un
asunto legítimo. Pero hay que tener claro que esto jamás se puede financiar de
los fondos de ahorros de pensiones, esto es un proyecto social que tiene que
financiarse con impuestos. En este modelo todo ciudadano que no ha cotizado
suficiente para aspirar a una pensión digna, sea porque no ha trabajado
suficientes años, o porque no ha tenido suficientes ingresos, tendrá derecho a
una pensión mínima financiado por la sociedad en su total. O sea, no por los
cotizantes del sistema de pensiones, sino por los contribuyentes de impuestos.
Si estamos dispuestos a pagar unos puntos adicionales de IVA, dedicados a
financiar esta pensión estatal universal, sería un enorme avance. Yo
personalmente estoy a favor de una política de este tipo.
Lo que no se puede hacer es mezclar est pensión
estatal con el sistema de ahorro de pensiones. Este sistema, bien administrado
y sin tener que subsidiar al gobierno, podrá garantizar que quien cotiza toda
su vida, al final tendría una pensión digna. Pero no puede subsidiar la pensión
de los sectores (ahora mayoritarios) que o son informales, o trabajan en alguna
forma de subempleo. A esto tiene que responder la sociedad entera, con
impuestos.
Sobre estos dos sistemas hay que instalar
mesas técnicas, para llegar a soluciones técnicas.