La verdad es que sólo sé que el Comité de Ética de la Asamblea Legislativa existe, aunque nunca lo he visto actuar. No he visto noticias sobre ustedes analizando o sancionando la extraña relación entre Sigfrido Reyes y sus asesor y socio de negocios.
Tampoco he visto noticias sobre el Comité de Ética pronunciándose sobre los viáticos que pagaron a Guillermo Gallegos para viajes fantasma que nunca hizo.
Pero alguna función de vigilancia, me imagino, deben tener ustedes. Dice en el reglamento de la Asamblea que ustedes tienen que “promover entre todos los Diputados y las Diputadas el respeto y la observancia de las normas éticas contenidas en el presente Reglamento.” Y la norma #1 para los diputados que encuentro en el reglamento es: “Observar en todo momento conducta correcta y honorable, así como la compostura, la dignidad y el decoro correspondiente a su cargo”.
Les pregunto: ¿Es acaso “conducta honorable” cuando un diputado, además vicepresidente de la Asamblea, públicamente instiga a delitos graves (por ejemplo homicidio)?
El diputado Guillermo Gallegos publicó, el día 28 de julio, una serie de mensajes en Twitter:
“Muerte a los mareros” todavía se podría entender como parte de su campaña por la pena de muerte. ¿Pero con las frases siguientes: “Lo q debe pasar es que tomemos la justicia en nuestras manos” y “Es hora q uno por 5 yaaaa”, el diputado inequívocamente está llamando a los ciudadanos a que apliquen la pena de muerte, como en la Asamblea no tiene posibilidad de aprobarse, tomando la justicia en sus propias manos.
También es apología de delito, mejor dicho de las ejecuciones extrajudiciales de supuestos pandilleros que ya se están cometiendo.
La justificación es, como siempre en boca de los populistas: Estoy expresando lo que el pueblo piensa. Puedo perfectamente entender que ciudadanos que viven la violencia creada por las pandillas, en su desesperación y ante la incapacidad del Estado de protegerlos, reaccionen así. Lo vemos todos los días en los comentarios en las redes sociales. Pero un funcionario público, en vez de recoger esta desesperación y frustración de la gente y llevarlo a su molino partidario, tiene la responsabilidad de insistir que los delitos se persigan dentro de la ley.
Un diputado no puede apropiarse de los impulsos irracionales que nacen de la desesperación de la gente, y así darles legitimidad. Tiene que confrontar los resentimientos populares con la racionalidad de la ley con la ética del Estado de Derecho. Esto lo convierte en líder. Ponerse a la cabeza de la exigencia de nuevos escuadrones de la muerte lo convierte en cómplice y delincuente.
Este populismo y oportunismo, en vez de reparar el tejido social dañado por tanta violencia, lo termina destruyendo.
Además del problema ético es un asunto penal. Los llamados del diputado Gallegos constituyen un delito, incluso, suficiente grave como para abrirle un antejuicio. La Asamblea no puede tolerar este tipo de comportamientos en su seno, y para esto existe el Comité de Ética Parlamentaria. Actúen, entonces, por el bien y la credibilidad de la Asamblea Legislativa.
Respetuosamente, Paolo Lüers
(Mas!/El Diario de Hoy)
