Pero ahora los señores Sánchez Cerén,
Ortiz y Lorenzana son gobierno. Lo dirigen. Mentir o encubrir la realidad como
gobierno es otra cosa mucho más seria que falsas promesas electorales. Al
gobierno se exige transparencia. Y todo lo que desde la toma de poder a la
fecha ha pasado con Petrocaribe carece de transparencia.
Al solo tomar posesión, el nuevo gobierno
solicitó en forma el ingreso de El Salvador a Petrocaribe, el grupo de países
que sostiene convenios petroleros con Venezuela. Fue de hecho su primer acto de
gobierno. Para este fin, El Salvador fue anfitrión de una cumbre de Petrocaribe,
aprovechando la presencia de presidentes y ministros en la toma de poder de
Sánchez Cerén. Así que nos desayunamos la noticia que ahora somos parte de
Petrocaribe, pero el desayuno no tuvo sustancia:
Hubo una serie memorable de entrevistas
sobre el tema. Memorables, porque desfilaron los funcionarios que supuestamente
saben del tema (o sea, que por su cargo estarían obligados a saber y a
informar) sobre Petrocaribe y sus implicaciones. Y en toda estas entrevistas
fue imposible enterase de cómo iba a funcionar: Habló la flamante viceministra
de Economía, la doctora Luz Estrella Rodríguez. Nadie esperaba que a esta
altura que como médico y ex-alcaldesa de Apopa supiera mucho de las tareas que
la esperan en su nuevo cargo, pero de este tema específico no puede fingir
ignorancia: en los últimos años se desempeñaba como directora de Alba
Petróleos, el joint venture entre el FMLN y PDVSA, la estatal compañía
petrolera al cargo de administrar Petrocaribe. Tampoco el nuevo ministro de
Economía, Tharsis Salomón López, supo explicar nada sobre Petrocaribe – excepto
que es bueno y va a dar liquidez al gobierno. Y así Hugo Martínez, el canciller
que recientemente había firmado el documento de ingreso de El Salvador a
Petrocaribe.
Nadie supo (o quiso) explicar quién va a
comprar el combustible a Venezuela. ¿Será el gobierno? Entonces, ¿con qué
infraestructura logística? Y sobre todo, ¿el gobierno como tal se va a encargar
de vender a los distribuidores? ¿Tiene el gobierno esta capacidad, y cómo va a
evitar trabas burocráticas, corrupción, etc.?
¿O será que el importador seguirá siendo
la empresa Alba Petróleos, cuyo socio local es el partido FMLN? En este caso,
sí tiene la infraestructura logística - pero ¿cuál es la base legal que
obligaría a las otras distribuidoras de combustible a comprar a su competidor
Alba Petróleos?
Nadie de los funcionarios tuvo una sola respuesta
a estas preguntas. Y mucho menos a la interrogante central, que por cierto
ninguno de los entrevistadores supo (o quiso) formular: ¿Cómo va a hacer el
gobierno para que TODO el combustible que consume El Salvador sea comprado a
PDVSA, cuando ahora cada uno de los distribuidores compra a sus contactos en el
mercado internacional, Texaco El Salvador a la Texaco Internacional, Alba Petróleo
a PDVSA, etc.?
¿Van a nacionalizar la importación de
combustible? No, dijo el ministro de Economía, ¿cómo va a pensar, si somos una
economía libre? Pero tampoco tuvo idea de qué otra manera mágica se iba a
lograr el truco que todos compraran su gasolina a Venezuela.
¿Por qué es tan central esta pregunta?
Bueno, porque sólo si el acuerdo
Petrocaribe con Venezuela abarca TODA la cuenta petrolera de nuestro país, las
condiciones de pago que ofrece PDVSA redundan en los famosos 450 millones de
liquidez adicional que el FMLN promete para asegurar sus gastos sociales.
Acuérdense del cuento de hadas (o más bien de las cuentas mágicas) de la
campaña electoral: nuestra cuenta petrolera es de X millones al año; pero los
venezolanos nos permiten que sólo paguemos Y %; y el resto es préstamo a tantos
años a bajo interés, por tanto tendremos 450 millones disponibles al año para
financiar el gasto social.
Esta cuenta solamente cuadra bajo dos
condiciones que lamentablemente nadie quiere discutir o transparentar: Primero,
todos los distribuidores tienen que comprar todo su combustible exclusivamente
a PDVSA. Segundo, para que el beneficio de las condiciones de pago (los famosos
450 millones) le quedan al gobierno y no a Alba Petróleo y otros, tiene que ser
el Estado la contraparte en el negocio con Venezuela. ¿Cuáles son entonces, los
mecanismos legales y comerciales, para que Texaco, Alba Petróleos, Puma, UNO y
hasta los distribuidores de bunker se abastezcan exclusivamente de Venezuela,
pero que permitan que el único que tendrá los beneficios financieros de este
monopolio será el gobierno? Esto quiero que alguien me explique.
Y ahí surge inmediatamente la otra
pregunta obligatoria: ¿Está el FMLN, que con Alba Petróleo ha sido el exclusivo
beneficiario de los precios y condiciones preferenciales ofrecidos por
Venezuela, dispuesto a ceder esta mina de oro al gobierno? No es poca cosa. El
FMLN estaría cediendo al Estado la fuente de cientos millones de dólares que lo
han convertido en el partido con más fondos propios y que controla toda una red
de empresas e inversiones en el consorcio ALBA, abarcando agricultura,
ganadería, leche, alimentos, etc.
¿O están tratando de inventar un
mecanismo que permita que ambos (gobierno y partido) se puedan beneficiar de
esta gran torta que tendrían sobre la mesa si encuentran la forma de
monopolizar la importación de combustible? Una parte para el gobierno, otra
para Alba Petróleo y el partido..
Esta es mi tesis: Nadie quiere hablar de
cómo va a funcionar Petrocaribe, porque están tratando de encontrar mecanismos que
sean favorables al gobierno y también al partido y sus empresas. Y estos
mecanismos, por supuesto, serían inconfesables.
(El Diario de HOY)
