Carta a “la Sala”

Estimados magistrados de la Sala de lo Constitucional:
Elías Antonio Saca tiene el derecho de enfrentar la voluntad de los votantes. Y los ciudadanos tenemos derecho a votar por él, los que así decidan; o de votar contra él, los que decidan llevar al poder a ARENA, el proyecto político declarado muerto por quien fue su máximo dirigente durante su presidencia.

Es esencial para nuestra democracia que en un caso tan clave como el de Elías Antonio Saca el veredicto esté en manos de los ciudadanos, y no de una Sala de la Corte. ¿Por qué? Porque la pretensión de Saca de recuperar el poder no es un problema jurídico, sino un problema eminentemente político, que no se resuelve por una sentencia judicial. Sólo se resolverá por la decisión del votante. Ustedes, como jueces, pueden sacarlo de la carrera, pero no pueden curar la enfermedad política y ética detrás de la candidatura de Saca. El único punto final irreversible es cuando sufra la clara derrota electoral que se le avecina. Una sentencia de ustedes, que inhabilite su candidatura, sería todo lo contrario - le daría oxígeno a Saca, convirtiéndole en víctima y ahorrándole la humillación del desastre electoral.

Estoy seguro que ustedes no se harán cómplices de la peligrosa tendencia de judicializar la política en nuestro país. La justicia (sobre todo la constitucional que ejercen ustedes en la Sala) es para defender los derechos constitucionales de los ciudadanos. La justicia tiene que intervenir en procesos políticos exclusivamente cuando estos atentan contra los derechos ciudadanos. En el caso de las múltiples demandas de inconstitucionalidad que existen contra varias candidaturas presidenciales, no sólo contra la de Saca, el único derecho irrevocable de los ciudadanos en juego es nuestro derecho al voto.

La práctica de intervenir en procesos electorales mediante la inhabilitación de candidatos es propia de regímenes autoritarios. Veamos lo que está pasando en Venezuela: El gobierno se hizo del control de instituciones originalmente creadas para controlar el poder, como la fiscalía, la Corte de Cuentas (que allá se llama Contraloría General), y las usa para abrir expedientes contra candidatos opositores y luego declararlos “inhabilitados” a ser electos. En estos días, faltando dos semanas a las elecciones municipales, nuevamente los periódicos de Venezuela están llenos de estos casos.

Apliquemos la fórmula básica de la democracia: Que decida el pueblo. Sólo en casos muy extremos y cristalinamente claros deberíamos permitir que sobre las candidaturas decidan magistrados de la Corte de Cuentas o de la Corte Suprema de Justicia. Esto obviamente no es el caso en las demandas que existen contra las candidaturas de Saca, Quijano y Sánchez Cerén.

Confío en su sabiduría y su responsabilidad, magistrados. Hasta ahora, (casi) no me han fallado. Y la vez que sentí que sí fallaron, fue precisamente cuando cometieron el error de judicializar la política - sin defender un derecho constitucional de la ciudadanía. Fue cuando inhabilitaron a dos ex-militares a ejercer cargos de seguridad pública, y con esto descarrillaron toda una política de seguridad pública.

Por esto repito: Cuidado con la inhabilitaciones vía sentencias. Dejen que inhabilitemos en las urnas a candidatos corruptos o autoritarios.

Saludos, Paolo Lüers
(Más!/EDH)