Ahora Chávez y su partido van a las siguientes elecciones (las de gobernadores estatales en diciembre 2012 y de alcaldes en mayo 2013), con la amenaza de construir "el Estado comunal". La politóloga venezolana Margarita López Maya describe que con "este Estado se deja atrás las características democrático-liberales, que hasta ahora habían marcado nuestro régimen político". Ella originalmente apoyó la llamada Revolución Bolivariana y se volvió una de sus más agudas críticas de Chávez cuando en 2007 promovió un referéndum para cambiar la Constitución y establecer el Estado socialista y comunal, reforma que el pueblo mayoritariamente rechazó en las urnas. Igual que Margarita López Maya, la oposición denuncia que Hugo Chávez, abusando del poder delegado por la Asamblea en el presidente de gobernar por decretos, aprobó pedazo por pedazo los cambios en la estructura y el carácter del Estado, que como paquete de reforma constitucional habían sido rechazados en el referéndum que perdió Chávez en 2007. Con razón Hugo Chávez dijo en 2007, el día que le tocó reconocer el resultado negativo del referéndum: "Por ahora..."
Poquito por poquito Chávez transfirió a los Consejos Comunales poderes, competencias y presupuestos por la Constitución reservadas a las alcaldías municipales y gobernaciones estatales. Hay que tomar en cuenta que los Consejos Comunales y otros "poderes populares", creados por Chávez no nacen de elecciones, como los gobiernos municipales y las gobernaciones, sino de "asambleas populares".
Esta ruptura constitucional tiene un propósito concreto, como describe Margarita López Maya: "En 2009, al iniciarse la campaña por el referendo a una enmienda constitucional propuesta por el presidente para remover los obstáculos constitucionales que impedían su reelección indefinida, la ministra del 'Poder Popular para la Participación Social' llamó a los Consejos Comunales a incorporarse a la campaña por el SÍ, apoyando al partido del presidente, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Con ello, los Consejos Comunales comenzaron a ser conceptualizados oficialmente como brazos del partido de Chávez, con propósitos de movilización política en tiempos electorales".
A finales del 2009, se aprueba la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, donde estas se ratifican como instancias directamente reguladas por el Gobierno central. En la misma ley dice que su propósito es construir un "modelo de sociedad socialista". La politóloga López Maya explica: "Se les añaden funciones militares (colaborar con las milicias bolivarianas en la defensa de la soberanía nacional), productivas, incentivando la propiedad social, y vuelven a incorporarse funciones planificadoras, pero dentro de una planificación ahora no participativa, sino fuertemente centralizada en el Ejecutivo Nacional, que es quien establece las políticas estratégicas, planes y programas que éstos gestionarán".
En diciembre del 2010 se aprobó la Ley Orgánica de las Comunas, la cual otorga a los Consejos Comunales prioridad sobre los municipios y los estados en la transferencia de servicios y recursos y no necesitan obedecer la territorialidad asentada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aparecen como parte de un nuevo "Estado Comunal" que comienza a dibujarse. Ese Estado Comunal fue definido en esta ley como un "espacio socialista".
Describe la investigadora Margarita López Maya: "Toda organización comunitaria debe regirse por esta nueva ley, es decir, debe construir el modelo socialista. Las comunas pueden constituir ciudades comunales y federaciones comunales, cuyas características serán determinadas por el Gobierno nacional".
Para entender esto bien hay que aclarar que los Consejos Comunales y las Comunas que menciona la ley no tienen nada qué ver con los concejos municipales y las municipalidades constitucionalmente establecidos en elecciones, sino por el contrario son instancias precisamente para sustituir a estas "expresiones de la democracia burguesa", como las llama Hugo Chávez. Son instancias que nacen del "movimiento social" en asambleas y dependen directamente del partido oficial.
De esta manera perversa, lo que parece ser un paso a la descentralización del Estado, resulta ser lo contrario: marca el regreso al Estado centralizado, en el cual todo es decidido y controlado por el Gobierno central, no mediante las instancias constitucionales (gobernaciones, alcaldías), sino mediante instancias partidarias y del movimiento social, que dependen de la chequera de Casa Presidencial y de PDVSA, la empresa estatal de petróleo.
¿Por qué escribir sobre esto en El Salvador? Porque posiblemente explica de qué diablos se están refiriendo los amigos de Chávez en el FMLN, cuando hablan de democracia participativa, directa o popular...
(El Diario de Hoy)
