Es obvio que necesitamos una Ley de Partidos Políticos. Hasta los mismos responsables del desgaste de los partidos ya no tienen boca para poner en duda la necesidad de esta ley, por el simple hecho que la ciudadanía así lo exige. Ningún partido puede darse el lujo de permitir que otro tome ventaja apropiándose de la bandera de una mayor transparencia y democratización del sistema partidario.
Entonces, el mayor obstáculo para la Ley de Partidos ya no es que alguien se oponga abiertamente, sino que los promotores de los diferentes anteproyectos plantean un exceso de regulación.
Si bien es cierto que esta ley será una acto de regulación del Estado, hay que aplicar el mismo principio que a cualquier otra regulación del Estado en las esferas de los individuos, la ciudadanía y la economía: “Tanta libertad como sea posible, tanto Estado como sea necesario.”
Cualquier legislación que se pase de la regulación necesaria es contraproducente y abre espacios para la restricción de los principios que dice defender y promover: el pluralismo político, la libre competencia entre las corrientes de pensamiento, la libertad de organización e incluso la transparencia.
Entonces, definamos ‘lo necesario’.
No me compete entrar en detalles, prefiero concentrarme en los principios que habría que discutir antes de que los legisladores produzcan, con cientos de artículos, una camisa de fuerza en vez de una ley que asegure las libertades, el pluralismo y la libre competencia política.
Esta ley tiene que ser simple y clara. Sin trampas, sin nuevas burocracias. Tiene que concentrarse en las verdaderas necesidades y no meterse en otros temas que perfectamente las puede resolver la libre competencia política y electoral, una vez que esta ley le remueva los obstáculos.
Necesitamos fortalecer el pluralismo. Entonces, la ley tiene que remover los engorrosos obstáculos existentes para que los ciudadanos se organicen libremente en partidos políticos para competir con las banderas existentes. No puede ser que sigan siendo los partidos establecidos, mediante su control sobre el TSE, los que permitan o no la inscripción de sus futuros competidores. Si organizarnos en partidos es un derecho constitucional elemental, debe volverse tan fácil como un acto notarial que exprese la voluntad de sus fundadores. Sin necesidad de recoger miles de firmas. Sin requisitos de un mínimo de votos obtenido en elecciones para seguir inscrito.
Necesitamos más transparencia de las finanzas de los partidos y sus campañas electorales. Entonces, transparentemos - ¡y punto! Si obligamos a los partidos a transparentar todas sus fuentes de financiamiento, ¿por qué regular los montos que los ciudadanos o empresas queremos aportar? Si nos crea desconfianza que ciertos sectores financian ciertos partidos, seremos los ciudadanos que castiguemos a estos partidos, no el Estado mediante una burocracia supervisora. Los supervisores somos los ciudadanos, y lo único que necesitamos para ejercer este derecho es tener pleno acceso a la información financiera de los partidos.
Necesitamos partidos democráticos. Está bien, suena bonito. ¿Pero por ley? La regulación estatal debe limitarse a lo necesario en materia de democracia interna: garantizar que las direcciones salgan electas en cumplimiento de los estatutos; que no pueda haber golpes de estado (o autogolpes) dentro de un partido. Y asegurar, nuevamente, la transparencia de los procesos internos: La militancia y los ciudadanos tienen que saber de qué tipo de procesos han surgido direcciones, candidaturas, y otras decisiones importantes de los partidos. No es la ley que debe decretar de qué manera los partidos decidan en sus estatutos elegir direcciones o candidatos. Con tal que la ley asegura que los procesos internos de cada partido estén a la vista pública, seremos los ciudadanos los que sancionemos a los partidos, no la ley, ni mucho menos una Dirección Nacional de Partidos Políticos (sólo el nombre ya da miedo).
Necesitamos que los partidos promuevan la formación política de sus militantes y simpatizantes. ¿Pero por ley? La ley puede determinar que el Estado provea fondos u otros incentivos para que los partidos que lo deseen creen mecanismos de formación política. Pero nada más. Un partido con militantes bien formados ganará ventaja en la competencia con otros partidos. Es esta competencia que va a obligar a los partidos encargarse de programas de educación cívica, no la ley.
Hay que crear una situación (y sólo para esto necesitamos la ley) para que la transparencia, la democracia interna, los esfuerzos de formación cívica se conviertan en factores decisivos en la competencia de los partidos por el apoyo popular. Un partido que tiene fuentes dudables (pero públicamente conocidos) de financiamiento, que se niega a hacer elecciones internas, y que no invierte en la formación de sus bases, obviamente tendrá desventaja en la opinión pública y en las elecciones. Lo único que necesitamos es que la Ley de Partidos y las reformas al código electoral establezcan de verdad la libre competencia y el pluralismo en el sistema partidario. Cualquier regulación estatal que va más allá es restricción de libertades.
Guarden (o mejor quemen) los tres mamotretos de anteproyectos de Ley de Control de Partidos que se presentaron. Escriban una simple, corta y clara Ley de Libre Competencia Política.
(El Diario de Hoy)
